Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Febrero de 2000

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución 9 de Febrero de 2000
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Mediante auto de 28 de octubre de 1999, la Sala admitió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la firma de abogados PEREIRA & PEREIRA en nombre y representación de LU TEXTILES, S. A. dentro de la Medida Conservatoria o de Protección interpuesta en contra de SONITE LIMITED, dentro de la Acción de Secuestro que ésta interpuso en contra de JIN PANAMA, S.A. y otros.

El recurso se interpuso contra la resolución de treinta (30) de junio de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que CONFIRMA el auto No. 405 de 22 de marzo de 1999, proferido por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, Ramo Civil, y además condena en costas a la recurrente, las cuales fija en la suma de B/.100.00.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y precluido el término de alegatos el cual fue utilizado únicamente por la recurrente, se procede a dictar sentencia de mérito, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

De acuerdo a las constancias del proceso, la firma de abogados PEREIRA & PEREIRA, actuando en nombre y representación de LU TEXTILES, S.A., presentaron dentro de la acción de secuestro interpuesta por SONITE LIMITED, contra JIN PANAMA, S. A y otros, solicitud de Medidas de Conservación o de Protección dirigida a que el Juez Segundo del Circuito de C. no levante la caución constituida por la fianza de Seguro No. 2300081 de fecha 7 de febrero de 1996, girada a favor de ese Tribunal por la compañía American Assurance Corp. por la suma de B/.130.000.00.

La referida caución corresponde a la fianza señalada para responder por los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la parte demandante en el proceso ordinario con acción de secuestro, interpuesto por SONITE LIMITED, contra JIN PANAMA, S.A. y otros.

Consta asimismo que a la recurrente, LU TEXTILES, S.A. en la acción de secuestro antes referida, sin ser parte en el proceso le fueron secuestrados bienes de su propiedad, razón por la cual la Sala, en virtud de recurso de casación interpuesto, mediante resolución de 10 de noviembre de 1998 (fs. 6-12), levantó el secuestro decretado sobre los bienes de la incidentista, ahora recurrente, LU TEXTILES, S. A.

Que es en vista de los posibles perjuicios percibidos en virtud de la acción de secuestro interpuesta, que la recurrente solicitó al Juez a-quo la medida de conservación o protección, para que no se levante la caución constituida sobre la fianza de seguro y garantizar así el resarcimiento de los posibles perjuicios, lo que lo obliga a solicitar la medida ya que según lo afirma, "le asiste un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho a ser indemnizado sufrirá un peligro irreparable". (f. 4).

La Juez Segunda del Circuito de Colón, Ramo Civil, al resolver la solicitud de medidas conservatorias y de protección, mediante Auto No. 405 de 22 de marzo de 1999, NIEGA la solicitud y por ende la práctica de dicha medida.

La solicitante de la medida de protección apeló de dicho auto, lo que dio origen a la resolución de 30 de junio de 1999 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que CONFIRMA lo resuelto por el a-quo. Es en contra de la referida resolución de segunda instancia que se ha anunciado y formalizado el recurso de casación en el fondo que ahora nos ocupa.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo en el que se invoca "infracción de normas sustantivas de derecho, por el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada, tal como esa causal está recogida en el artículo 1154 del Código Judicial."

La causal alegada viene fundamentada en cinco motivos, que se transcriben a continuación:

"PRIMERO: El Tribunal Superior, al dictar el Auto que se impugna, incurrió en error probatorio y el error consistió en que advirtió en la petición, para que se decretara la medida cautelar solicitada, algo que no existe o no encontró en ésta lo que sí dice, en cuanto consideró que lo pretendido era una medida cautelar de secuestro sobre la fianza consignada, en circunstancias en que lo pedido fue que no se levantara la caución ya constituida mediante fianza para que ésta respondiera, precisamente, de unos perjuicios que ya se habían causado al momento en que se solicitó la medida conservatoria y protección en general.

SEGUNDO

El error probatorio en que incurrió el Tribunal Superior se tradujo en violación de la norma adjetiva que establece que los documentos sirven de prueba. Hubiese bastado con que en la resolución recurrida se hubiera tomado en cuenta lo que se pidió en el libelo para que el Tribunal admitiera que, en efecto, lo peticionado era la medida conservatoria apropiada para que la caución se mantuviera vigente.

TERCERO

Como consecuencia del error probatorio en que incurrió el Tribunal Superior arribó a la conclusión equivocada de que lo pedido había sido una medida cautelar de secuestro y que la medida conservatoria o de protección en general no era la vía adecuada, error este que indudablemente lo indujo a infringir las normas sustantivas de derecho que establecen en qué supuestos procede el secuestro; así como lo que dispone en qué casos sí procede la medida cautelar peticionada porque ella no recae sobre un bien mueble o inmueble en posesión del presunto demandado, siendo que incidía en la vigencia de una caución constituida como fianza personal.

CUARTO

De igual forma, por razón del error probatorio, se incurrió en infracción de la norma sustantiva de derecho según la cual la fianza puede constituirse en garantía de una obligación futura y que es exigible cuando la deuda sea líquida, lo que supone su vigencia hasta ese momento.

QUINTO

La infracción de las normas sustantivas de derecho en que incurrió el Tribunal Superior, a causa del error probatorio, influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida en la medida en que dio lugar a que ésta fuera confirmada, siendo que, sin ese error, la conclusión hubiese sido distinta, dando lugar a que se revocara la decisión apelada y al reconocimiento del derecho de nuestra mandante de contar con una medida de protección que le asegurara la vigencia de la fianza constituida en garantía de la reparación de los perjuicios que sufrió en el proceso en la que fue consignada." (Fs. 68 a 70).

En otro sentido, la impugnante expuso como disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo fueron, los artículos 769, 523 y 558 del Código Judicial y el artículo 1515 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

Observa la Sala que los cargos de injuricidad de la resolución impugnada contenidos en los motivos de este recurso, consisten en que el Tribunal Superior consideró como una medida cautelar de secuestro, la petición de medida de conservación o protección solicitada sobre la fianza de garantía de la Compañía de Seguros consignada para garantizar los posibles perjuicios de un secuestro decretado en un proceso ordinario.

En ese mismo sentido anota la recurrente que como consecuencia del error probatorio en que incurrió el ad-quem, llegó a la conclusión equivocada de que lo pedido había sido una medida cautelar de secuestro y que la medida conservatoria o de protección en general no era la vía adecuada, infringiendo con ello las normas de derecho que establecen en qué supuestos procede el secuestro y en cuáles la medida cautelar peticionada.

Para decidir sobre la viabilidad de los cargos expuestos, la Sala considera necesario remitirse a lo manifestado por el Tribunal Superior en la resolución recurrida, respecto al punto controvertido.

En este sentido dijo el Tribunal Superior:

"La presente encuesta, versa en torno a una medida cautelar que el ordenamiento judicial conceptúa en forma innominada, a cargo del juzgador quien por intermedio del artículo 558 de la excerpta (sic) en referencia, ejerce una "potestad cautelar general". El contenido de la norma que sirve de fundamento jurídico a esta medida es el siguiente:

"ARTICULO 558. Además de los casos regulados, a la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al juez las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además la correspondiente fianza de daños y perjuicios.

La petición se tramitará y decidirá en lo conducente de acuerdo con las reglas de este Título."

El "leit motiv" que justifica la existencia de esta figura tiene como basamento en otras legislaciones, como la ZPO alemana que "se permite la adopción de medidas de seguridad provisional con respecto al objeto del litigio cuando se tema que por una modificación del estado actual, se podría frustrar o dificultar notablemente la efectividad del derecho de una parte. El Tribunal determinará a su arbitrio las medidas, que estime necesarias para el objeto de que se trate". (FABREGA, J.; PROYECTOS Y CODIGOS PROCESALES CIVILES, Panamá, 1972, p. 174)

Es así que en el caso subjudice, la medida implica que se decrete medida conservatoria a fin de evitar que la fianza de seguro No. 2300081 de fecha de 7 de febrero de 1996 girada a favor de esta por el tribunal por la Compañía American Assurance Corp. por la suma de B/.130,000.00 consignada para responder por los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar la parte secuestrante SONITE LIMITED en la Acción de secuestro que interpuso contra J.P.S.A. y otros, sufra un peligro irreparable, mientras se decide el proceso, o como ha sido denominado en la doctrina "Periculum in mora".

La norma del Código Judicial citada ha instituido la medida conservatoria para el caso que exista temor justificado que antes de darse el reconocimiento judicial "su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable", lo cual quiere decir que la adopción de la medida está íntimamente ligada con la pretensión, ya que el fin es asegurar que el objeto litigioso vaya a sufrir una modificación que afecte, justamente, el estado actual del derecho reclamado. En el caso que se examina, se hace palpable, que la medida solicitada no cumple con las exigencias que habla el artículo 558 del Código Judicial, ya que lo que se pretende obtener realmente es una medida cautelar de secuestro sobre la Fianza consignada por la sociedad SONITE LIMITED, no siendo la medida conservatoria o de protección en general, la vía adecuada para tramitar este asunto. Dicho de otra manera, cuando existe una medida cautelar típica para conseguir determinado fin, no se puede utilizar las medidas genéricas o innominadas para sustituir la medida específica." (Fs. 59-61)

La Sala observa que el punto medular de la injuricidad reclamada se centra en que según el Tribunal Superior, el casacionista no debió fundamentar su petición de medida cautelar en el artículo 558 del Código Judicial que se refiere a las medidas cautelares innominadas, sino que debió solicitar una medida cautelar específica, como el secuestro, desconociendo el Tribunal la existencia de una petición concreta contenida en el documento en el que consta la solicitud dirigida a obtener la medida de protección general solicitada.

De lo hasta aquí expuesto es obvio que la inconformidad se plasma en la interpretación e inaplicación al presente caso del artículo 558 del Código Judicial por lo que se considera prudente traer a colación fallo reciente de fecha 26 de octubre de 1999 en el que se tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a la interpretación y alcance de las medidas conservatorias o de protección en general, contenidas en el referido artículo, indicándose lo siguiente:

"Al examinar la resolución atacada en aquella parte que atañe a la aplicación del artículo 558 del Código Judicial y la procedencia de las medidas conservatorias o de protección en general (las llamadas innominadas) consagradas en la norma, preciso es manifestar lo siguiente. No es lo apropiado, en opinión de la Sala, otorgarle a las medidas innominadas el carácter de subsidiarias, ya que estas se pueden solicitar y se pueden decretar de manera autónoma, en atención a su finalidad, donde el objetivo es distinto al que se persigue con la aplicación de las medidas cautelares típicas, como lo son el secuestro (art. 523) y la suspensión (art. 554).

La distinción entre unas y otras también se desprende de los requisitos y de las notas características ínsitas en las tres medidas. Es evidente que no son los mismos, por la sencilla razón de que tienen distinta finalidad. Igualmente, ni la Ley procesal ni la doctrina dominante establecen o admiten que las del artículo 558 del Código Judicial son subsidiarias de las medidas cautelares típicas.

Conviene no perder de vista que los efectos de las medidas cautelares innominadas o atípicas son distintos a los que se producen con las medidas cautelares reguladas de manera específica. Mientras que las innominadas buscan asegurar "los efectos de la decisión sobre el fondo" (art. 558), las reguladas persiguen asegurar la cosa objeto de la demanda (art. 554) o asegurar la ejecución del proceso (art. 523).

Esa situación nos obliga a analizar la necesidad a la que responde ambos tipos de medidas, que es también diferente en el caso de las innominadas y en el caso de las otras medidas cautelares. En ese sentido, para justificarlas, se sostiene que con las innominadas lo que "se pretende es impedir que el desarrollo de una situación de hecho venga a frustrar en concreto la solución jurídica de un conflicto de intereses" (Las Medidas Cautelares Indeterminadas en el Proceso Civil, M.P.C., pág. 130); de allí que en las de esta clase, a diferencia de las otras, se exige, como lo hace nuestra legislación procesal, la presentación de la prueba sumaria de la necesidad de la medida.

Las características que se dejan anotadas nos permiten extraer la conclusión de que no se debe aceptar la subsidiaridad de las medidas innominadas, coincidiendo en este punto con la opinión del Dr. J.F., quien, al referirse a este tema en particular, considera que nuestra legislación no les da ese carácter, ya que ello "supone desconocer el fundamento lógico de las medidas cautelares ..." (Medidas Cautelares, pág. 232).

En el caso bajo estudio, teniendo en cuenta los hechos en que se basa la petición, las pruebas sumarias que la acompañaron y la fianza consignada, hay que aceptar que, por la finalidad perseguida, lo solicitado es una medida cautelar innominada de las que puede decretar el juzgador con fundamento en el artículo 558 del Código Judicial, razón misma por la que no podía ser sustituida por otra y menos por la del secuestro, ya que la finalidad de esta cautelación específica o típica, a diferencia de lo que ocurre con las innominadas, es lograr la efectividad de la ejecución de la pretensión, para que no resulte ilusoria, a diferencia del propósito perseguido por las innominadas, cuya finalidad es la de asegurar la efectividad de la sentencia, impidiendo que se vayan a realizar actos dañinos al derecho del peticionario durante la tramitación del proceso." (INMOBILIARIA E INVERSIONES CARIBE, S.A. recurre en casación en la medida cautelar de suspensión propuesta contra R.A.B.). (subrayado nuestro).

En el precedente transcrito ya la Sala dejó sentado lo que en esta oportunidad reitera, en el sentido de que las medidas conservatorias o de protección en general, a que alude el artículo 558 del Código Judicial, no son subsidiarias de las medidas cautelares típicas, lo que incluye el secuestro, como equivocadamente se deja ver en el fallo recurrido al indicar que, " cuando existe una medida cautelar típica para conseguir determinado fin, no se puede utilizar las medidas genéricas o innominadas para sustituir la medida específica" (f. 61), indicando con ello, a contrario sensu, el carácter subsidiario de las medidas genéricas a las cuales se pueda recurrir cuando no existe una típica, lo que no es jurídicamente cierto ya que las primeras, en atención a su finalidad, son autónomas y su procedencia no depende de la existencia o no de una medida específica o típica.

Es que a diferencia de las medidas cautelares típicas, como el secuestro, las medidas conservatorias o de protección en general, llamadas también innominadas, a las que se refiere el artículo 558 del Código Judicial, tienen una finalidad distinta tal como ya lo sostuvo la Sala, concordando en este aspecto el Tribunal Superior bajo el principio de que la misma es aplicable "para el caso que exista temor justificado que antes de darse el reconocimiento judicial >, lo cual quiere decir que la adopción de la medida está íntimamente ligada con la pretensión, ya que el fin es asegurar que el objeto litigioso vaya a sufrir una modificación que afecte, justamente, el estado actual del derecho reclamado." (F. 60).

En efecto, si como ha quedado sentado, las medidas de conservación o de protección en general guardan relación directa con la pretensión o el derecho reclamado que se quiere proteger mientras se resuelva la litis, debe la Sala adentrarse al análisis de la petición de la medida, por cuanto que según el recurrente, la resolución impugnada cometió el error de desconocer una solicitud de medida de conservación en general, contenida en un documento y dirigida a obtener un fin específico, sugiriendo en cambio, que lo procedente era solicitar la medida cautelar de secuestro.

Veamos entonces si la solicitud presentada por el recurrente encierra una medida cuya finalidad es propia de las medidas cautelares de conservación o protección en general tal cual las concibe nuestra legislación y la doctrina, y que no obstante ello, ha sido tal petición desconocida por el Tribunal Superior.

En este sentido observamos, tal como se desprende de la solicitud, que el casacionista lo que pretende es que se mantenga vigente una caución consistente en una fianza otorgada por una compañía de seguros, fianza que fue constituida para garantizar los posibles perjuicios que pudiese ocasionar el secuestro decretado por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón en contra de JIN PANAMA, S.A., pero en el que resultaron secuestrados bienes de LU TEXTILES, S. A. (CASACIONISTA), que no era parte en la acción de secuestro mencionada, ni del proceso ordinario del cual es accesorio.

Levantado el secuestro sobre los bienes de tercero, indebidamente secuestrados, se observa que el recurrente pretende reclamar daños y perjuicios que según el se les causaron y que deben ser resarcidos con la fianza de la compañía de seguros que para tales fines fue constituida.

Es decir, el casacionista pretende una medida cautelar de protección general sobre una caución específica, consignada para un fin específico, una vez se demuestre previo el proceso correspondiente, tener derecho a dicha caución específica, o parte de ella y que cuando esto último ocurra, tener la seguridad de que el derecho que reclama sobre dicha caución, le va ser satisfecho.

Como es lógico, el reconocimiento y la ejecutabilidad de su derecho está sujeto, en primer lugar, al trámite de un proceso que requiere de tiempo para su decisión, que podría afectar la situación jurídica debatida, es decir, el derecho a la caución consignada y en segundo lugar a la incertidumbre de la ejecución de la misma pues está sirviendo de garantía en otro proceso en el que se desconoce cual será el destino final de la caución.

En otras palabras, como dice la autora M.P.C. al citar en su obra a P.P., "con esta modalidad de tutela cautelar lo que se pretende es impedir que el desarrollo de una situación de hecho venga a frustar en concreto la solución jurídica de un conflicto de intereses. No son simples efectos aseguratorios, es algo más, que sin embargo, bien por haber sido introducidos desde hace tiempo por el legislador, bien porque exactamente no satisfacen la pretensión, gozan de indudable naturaleza cautelar (o al menos es mayoritariamente reconocida), aunque consistan en una resolución provisional del conflicto que, de momento, es suficiente para las partes" (Las Medidas Cautelares Indeterminadas en el Proceso Civil. Editorial Civitas, S.A., España, pág. 130).

Lo anterior, ni más ni menos, es lo pretendido por el recurrente o la finalidad que persigue de acuerdo a lo que se entiende de la medida solicitada y que tiene su sustento jurídico en el artículo 558 del Código Judicial y que no obstante fue desconocida por el Tribunal Superior.

Por ello, no puede la Sala estar de acuerdo con el Tribunal Superior al sugerir, en el auto recurrido, "que lo que se pretende obtener realmente es una medida cautelar de secuestro sobre la Fianza ..."

Tampoco puede la Sala coincidir con el Tribunal Superior cuando este considera que en el caso que se examina, "se hace palpable, que la medida solicitada no cumple con exigencias que habla el artículo 558 del Código Judicial ...", ya que además de lo antes analizado con respecto a la finalidad perseguida por el recurrente al solicitar la medida, el mismo cumplió con los requisitos o presupuestos que de acuerdo a la doctrina y nuestra legislación deben preceder a la concesión de una medida de esta naturaleza, y que se extraen de la redacción del referido artículo 558 del Código Judicial, que dice así:

"ARTICULO 558: Potestad cautelar genérica. Además de los casos regulados, a la persona a quien asista un motivo justificado para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho sufrirá un peligro inmediato o irreparable, puede pedir al Juez las medidas conservatorias o de protección más apropiadas para asegurar provisionalmente, de acuerdo con las circunstancias, los efectos de la decisión sobre el fondo. El peticionario presentará prueba sumaria y, además, la correspondiente fianza de daños y perjuicios.

La petición se tramitará y decidirá en lo conduncente (sic) de acuerdo con las reglas de este Título.

[Sentencia de 21 de febrero de 1992. Declara que no es inconstitucional el párrafo primero del artículo 558]."

De lo que se desprende de su texto, tres son los presupuestos previos que deben darse para que el juzgador acceda a decretar una medida conservatoria o de protección en general o innominada, coincidiendo en ello con la doctrina. Estos son:

  1. Prueba sumaria del derecho a asegurar o cautelar, es decir de la existencia de una situación jurídica cautelable o "fumus boni iuris" que se ha de debatir en juicio.

  2. Peligro en la demora o "periculum in mora". Es decir, la existencia de un motivo justificado para temer que durante el tiempo que demore el reconocimiento judicial del derecho, se pueda sufrir un peligro inmediato o irreparable. Este presupuesto responda básicamente, "a la idea de que el simple retraso en conseguir la tutela solicitada puede significar para quien la obtuvo una inefectividad, incluso total de la sentencia" (M.P.C., ob. cit. Pág. 173).

  3. Obligación de constituir fianza para garantizar posibles daños y perjuicios que se pudiera causar al sujeto pasivo de la tutela.

De una revisión a las constancias procesales y a la documentación presentada para respaldar la solicitud de medida de protección general que nos ocupa, se observa la presencia de los presupuestos antes referidos, por lo que la Sala no encuentra obstáculo para acceder a la petición.

En virtud de lo anterior en opinión de la Sala, la petición de medida cautelar general está inserta en el documento presentado, incurriendo el Tribunal Superior en la causal alegada, lo que nos lleva a afirmar que el Tribunal Superior al aplicar el artículo 558 del Código Judicial no dándole el alcance en el contemplado respecto a la finalidad y razón de ser de las medidas cautelares conservatorias o de protección general, actuó de manera contraria a lo establecido en la referida disposición, violando también, en consecuencia, los artículos 769 y 523 del Código Judicial y el artículo 1515 del Código Civil.

Por ello, en opinión de la Sala, es procedente que se conceda la medida peticionada, por lo que procede casar el auto dictado por el Primer Tribunal Superior y convertida en Tribunal de Instancia proceder de conformidad.

Como consecuencia de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA el auto de 30 de junio de 1999, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, REVOCA el auto N°. 405 de 22 de marzo de 1999, dictado en primera instancia y en su lugar ACCEDE a la medida de conservación o protección general solicitada por LU TEXTILES, S.A., y en consecuencia ORDENA a la Juez Segunda del Circuito de Colón, Ramo Civil, no liberar la caución constituida a favor de ese Tribunal mediante la Fianza de Cumplimiento No. 2300081 de fecha 7 de febrero de 1996 girada por American Assurance Corp. por la suma de B/.130.000.00 y que fue consignada para responder por los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la empresa SONITE LIMITED dentro de la acción de secuestro interpuesta contra JIN PANAMA, S.A.; LU HE PING; LU GUO PING y ZOU JING.

  1. y N.;

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil

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