Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Junio de 1998

PonenteELIGIO A. SALAS
Fecha de Resolución11 de Junio de 1998
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario que A.P.L. y G.D.P. le siguen a MARIO A.A.C., los apoderados judiciales de ambas partes, las firmas GALINDO, ARIAS & LÓPEZ y SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, respectivamente, han presentado recursos de Casación contra la resolución de 21 de mayo de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Luego que ambos recursos fueran corregidos, por haberlo ordenado así la S., se procedió a establecer el término de ley para que las partes alegaran en cuanto al fondo, lo cual aprovecharon según se observa en los escritos que corren de fojas 724 a 730 (parte demandante) y de fojas 731 a 737 (demandado).

Antes de entrar al examen de cada uno de los recursos se expondrán brevemente los antecedentes del caso.

A.P.L. y G.V. DE PALM presentaron demanda contra M.A.A., solicitando se hicieran las siguientes declaraciones:

PRIMERA

Que el Contrato de Promesa de Compraventa de la finca Nº 49586, inscrita al Tomo 1160, F.4., ubicada en el Corregimiento de Gorgona, Distrito de Chame, celebrado entre MARIO ACEDO (promitente vendedor) y ALEJANDRO PALM y G.D.P., quede rescindido (sic) en virtud de la violación directa por parte del promitente vendedor de las cláusulas séptima y décimo primera del contrato.

SEGUNDA

Que, como consecuencia de la rescisión (sic) del contrato, el demandado adeuda a los demandantes la cantidad de B/.30,000.00 en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento, más los intereses costas y gastos tasados por el tribunal. (Fs. 1-2).

El demandado contestó la demanda (fs. 30-33) y, a su vez, presentó demanda de reconvención (visible de fojas 42-47), donde pretende se formulen las siguientes declaraciones:

PRIMERA

Que ALEJANDRO PALM y G.D.P. han incumplido la obligación que contrajeron mediante contrato de promesa de compraventa, celebrado el 21 de febrero de 1990 con MARIO ACEDO, al incurrir en mora del saldo deudor, dentro de los plazos establecidos en la cláusulas tercera, literal b), cuarta y quinta.

SEGUNDA

Como consecuencia de tal incumplimiento por mora, los demandados en reconvención están obligados a pagar el saldo deudor insoluto del precio pactado en el contrato, que es de B/.12000.00, más intereses legales desde la mora (de 7% anual), más la indemnización pactada en la cláusula décima del contrato, que es el 5% del precio de venta acordado y que asciende a B/.1,350.00.

TERCERA

Como consecuencia del incumplimiento señalado y el desistimiento de celebrar la compraventa al pedir la rescisión del contrato, están obligados a pagar B/.250.00 mensuales desde febrero de 1990 y por todo el tiempo en que permanezcan ocupando el inmueble.

CUARTA

Que por ser los promitentes compradores los que incumplieron sus obligaciones y por haber cumplido sus prestaciones el promitente vendedor, los primeros están obligados a celebrar el contrato de compraventa de la finca y cumplir con las condiciones pactadas en el contrato.

QUINTA

Que, como consecuencia de la medida precautoria que interpusieron los demandados en reconvención contra los bienes de MARIO ACEDO por razón de una pretensión injusta y con abuso del derecho de litigar, están obligados a indemnizar daños materiales y morales causados.

SEXTA

Que los demandados en reconvención están obligados a pagar costas y gastos del proceso, más los intereses legales de la condena por daños y por los canones de arrendamiento.

El Juzgado Tercero de Circuito Civil, mediante sentencia Nº 74 de 20 de agosto de 1993 (fs. 392-435), decidió el proceso en primera instancia declarando:

"PRIMERO: No APROBAR la Excepción de Contrato no cumplido.

SEGUNDO

APRUEBA la Excepción de Petición antes de Tiempo, formulada ambas excepciones (sic) por los apoderados de la parte demandada;

TERCERO

ESTABLECER el plazo de seis (6) meses a partir en que quede debidamente ejecutoriada al (sic.) presente sentencia para que las partes cumplan con lo que se comprometieron por Ley de contrato. El Promitente Vendedor deberá entregar el contrato prometido al último pago recibido en el término anteriormente establecido. El bien deberá estar libre de cualquier gravamen;

CUARTO

SE NIEGA (sic) las demás declaraciones pedidas.

QUINTO

No se CONDENA en COSTAS;

..."

Contra esta sentencia los apoderados judiciales de ambas partes interpusieron recurso de apelación, en virtud de lo cual el Primer Tribunal Superior dictó resolución de 21 de mayo de 1996 (fs. 615-627) confirmando el fallo del inferior. Es contra esta decisión que también las partes del proceso han promovido recurso de casación.

La S. procederá a examinar, en primer lugar, el recurso presentado por la parte demandante y luego el del demandado.

I- Recurso de Casación interpuesto por A.P.L. y G.V. DE PALM: (fs. 682-689).

La causal única de fondo es la "Violación de normas sustantivas de derecho por violación directa de la ley sustantiva, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Se establecen tres motivos como fundamento de la causal, en los que se expresa lo siguiente:

"PRIMERO: El Primer Tribunal Superior analizó erróneamente la parte de la Cláusula Quinta del Contrato de Promesa de Compraventa (celebrado entre los Sres. P., como Promitentes Compradores y el Sr. A., como Promitente Vendedor) en la que se estipuló que prorrogarían por un período de seis (6) meses las mensualidades que los promitentes compradores (demandantes en este proceso) debían pagarle al promitente vendedor si al 28 de febrero de 1991 los primeros no podían cancelar el saldo que a la sazón adeudaban. Y el error está en que consideró que la prórroga se pactó en beneficio de ambas partes. Empero, en este análisis el Tribunal no tomó en cuenta varios extremos, a saber: primero, que el tenor literal de esa parte de cláusula es claro al disponer que lo que se prorrogaban eran las mensualidades ("... deberán pagar un abono del 25% del saldo a la fecha, PRORROGANDOSE LAS MENSUALIDADES por un período de seis (6) meses adicionales."); segundo, que si los promitentes compradores no se hubiesen acogido a la prórroga y hubiesen pagado la totalidad del saldo del precio el 28 de febrero de 1991, el promitente vendedor hubiese tenido que cumplir sin dilación ni renuencias ni evasivas con su obligación de firmar el contrato prometido (de compra y venta) y, tercero, que el promitente vendedor no se beneficiaba en nada de dicha prórroga, ya que no percibía intereses sobre el saldo deudor, ni ganaba nada con que le pagaran seis (6) meses después y no de inmediato, especialmente porque no deja constancia en el contrato ni le advirtió a los promitentes compradores que sobre la finca prometida en venta pesaban gravámenes hipotecarios que él requería cancelar. De este modo el Tribunal violó las normas contenidas en nuestra legislación sobre interpretación de los contratos.

SEGUNDO

El error incurrido por el Tribunal al analizar la parte erróneamente interpretada de la Cláusula Quinta del Contrato de Promesa de Compraventa, al estimar que la prórroga de las mensualidades beneficiaba a ambas partes en el contrato y no sólo a los promitentes compradores, lo llevó de la mano a no aplicar la norma contenida en el artículo 1012 del Código Civil que estatuye que, dependiendo de las circunstancias, los plazos pueden ser puestos en favor de una o de otra parte y no de ambas.

TERCERO

Los errores del Tribunal, anotados en los dos motivos anteriores, lo llevaron a considerar, equivocadamente, que la demanda había sido interpuesta extemporáneamente, esto es, en forma anticipada, como si no hubiese habido mora de parte del demandado declarando erróneamente probada la excepción de petición antes de tiempo alegada por la parte demandada/ reconvencionista y negando la petición demandada de resolución del contrato de promesa de compraventa por incumplimiento del promitente comprador, todo ello como una consecuencia de que se violaron directamente normas sustantivas de derecho que, como bien se ve, influyeron de manera sustancial en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

Las normas que se citan como infringidas son los artículos 1132, 1012 y 1009 del Código Civil.

De lo expuesto en los motivos vemos que el cargo finalmente recae en que el sentenciador consideró equivocadamente que la demanda había sido interpuesta en forma anticipada "declarando erróneamente probada la excepción de petición antes de tiempo" y, en consecuencia, denegando la petición de resolución del contrato de promesa de compraventa.

Pero, según el casacionista, para arribar a tal determinación, se interpretó erróneamente parte de la cláusula quinta del contrato, vulnerándose el artículo 1132 del Código Civil; situación que produjo que se estimara que la prórroga de la mensualidades beneficiaba a ambas partes y no sólo a los promitentes compradores, por lo que no aplicó el artículo 1012 del Código Civil.

La S. procede, entonces, a verificar si en efecto se realizó la interpretación errónea alegada que conllevaría, en tal caso, la infracción de las normas de derecho.

El artículo 1132 del Código Civil dispone:

"Artículo 1132. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas".

Sostiene el recurrente que en este caso existe una discrepancia entre lo que él entiende que está previsto en una parte de la cláusula quinta del contrato, que a su juicio es claro, y lo resuelto por los juzgadores. Así, señala que se "violó en forma directa por falta de aplicación, la norma contenida en el primer inciso del artículo 1132 del Código Civil".

La referida cláusula quinta del contrato de promesa de compraventa establece lo siguiente:

"QUINTA: LOS PROMITENTES COMPRADORES se comprometen a pagar el saldo adeudado luego de deducido el abono inicial y los pagos mensuales señalados en las cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato, antes del 28 de febrero de 1991. Si vencido este plazo los PROMITENTES COMPRADORES no han podido cancelar el saldo ni obtener el préstamo bancario por cualquier motivo, deberán pagar un abono no menor del 25% sobre el saldo a la fecha, prorrogándose las mensualidades por un período de seis (6) meses adicionales. Luego de este período el saldo restante deberá ser cancelado en su totalidad".

Expresa la censura que en el contrato está claro que lo que se prorrogaba era el plazo otorgado a los promitentes compradores para el pago del precio. En otras palabras, si para el 28 de febrero de 1991 los promitentes compradores no pudieran pagar el saldo, se les daba seis meses más para que consiguieran el dinero, pero con sujeción a que en esos seis meses, debían pagar mensualidades de B/.500.00. Por ello en la cláusula se estipulaba que se prorrogaban las mensualidades que debían pagar los promitentes compradores.

Sin embargo, alega que, a pesar del texto claro sobre el punto de la prórroga para el pago del saldo del precio, "el Tribunal entendió que se prorrogaba el contrato en su totalidad, incluyendo el plazo que tenía el promitente vendedor para llevar a cabo la venta del inmueble prometido".

A continuación, veamos el análisis que realizó el Ad-quem, en cuanto al aspecto cuestionado por el recurrente sobre el contenido del contrato de promesa compraventa:

"En ese sentido observa el Tribunal que el contrato de promesa de compraventa fue suscrito por las partes el 21 de febrero de 1990, que el precio de la futura venta de la finca antes descrita era de B/.27,000.00, que la forma de pago acordado por las partes fue la siguiente: B/.5,000.00 a la firma de este contrato, o sea al 21 de febrero de 1990, el saldo restante, es decir, B/.22000.00, serían pagados en efectivo mediante préstamo hipotecario con cualquier banco de la localidad; no obstante, acordaron las partes que mientras el préstamo era concedido, los promitentes compradores se comprometían a pagar la suma de B/.500.00 mensuales los cuales serían restados del saldo resultante. Si antes del 28 de febrero de 1991, los promitentes compradores no hubiesen cancelado el saldo o no habían obtenido el préstamo bancario, se comprometían a hacer un abono del 25% sobre el saldo a la fecha, el cual según consta en autos, era de B/.16,000.00.

Siendo que, efectivamente, el 28 de febrero de 1991, los promitentes compradores no habían cancelado el saldo restante, los mismos tuvieron que hacer el pago de B/.4,000.00 que representaba el 25% del saldo adeudado, en consecuencia, según la cláusula quinta del contrato de promesa de compraventa, el mismo se prorrogó por un período de seis (6) meses en los cuales debían seguir pagando la suma de B/.500.00 mensuales, los cuales serían deducidos del saldo final, B/.12000.00.

De lo expuesto se infiere que el contrato de promesa de compraventa, se había prorrogado hasta el 28 de agosto de 1991, fecha en que según la cláusula quinta del mismo debía cancelarse el saldo adeudado en su totalidad; sin embargo, pese a lo establecido, la parte actora de este proceso presentó formal demanda el cuatro (4) de junio de 1991, fecha en que no era exigible el cumplimiento de la promesa del promitente vendedor. (véase art. 1221 del C.C..

Efectivamente, esta Judicatura comparte el criterio del Juez a-quo en cuanto a declarar probada la excepción de petición antes de tiempo, por lo tanto, se desestima el argumento del recurrente demandante de este proceso". (Fs. 624-625).

Vemos que lo expresado inicialmente por el sentenciador se ciñe al contenido literal de las cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta del contrato de promesa de compraventa, visible a fojas 25 y 25 vlta. de los antecedentes.

A continuación, confronta lo estipulado en el contrato con los hechos que se tienen como probados en el proceso y que han sido reconocidos por las partes, y de tal examen arriba a la conclusión de que la demanda se promovió antes de tiempo.

A juicio de la S., no existe una interpretación contraria al verdadero sentido del contrato, ni el texto de tal documento se ha tornado problemático para el tribunal, como pretende hacer ver el recurrente. Por el contrario, la situación regulada en la cláusula quinta es clara y se refiere a la imposibilidad de pago del promitente-comprador en una fecha específica (28 de febrero de 1991), así como al plazo y a la forma que se le concede para cancelar la obligación.

De ninguna forma se puede interpretar que tal norma (cláusula quinta) consagra una obligación para el promitente-vendedor, o que ella implique una opción para el promitente-comprador de escoger entre realizar los pagos de acuerdo al contenido de esta cláusula o conforme al contenido de las cláusulas precedentes (tercera y cuarta), pues estas últimas establecen la forma como inicialmente se debe cumplir la obligación y, en su defecto, cuál sería la forma de cumplir conforme a la prórroga que se le otorga por no haber obtenido el respectivo préstamo hipotecario.

No puede considerarse que se produce una interpretación errónea de la aludida cláusula quinta del contrato porque el tribunal haya señalado que por el incumplimiento del pago el 28 de febrero de 1991 y la aplicación de los seis meses de prórroga para continuar los pagos y cancelar -de acuerdo a la cláusula quinta-, el contrato de promesa de compraventa se había prorrogado hasta el 28 de agosto de 1991, pues, estima esta S. que, efectivamente, esa es la consecuencia del incumplimiento por parte del promitente-comprador y mal podría alegarse (como acusa la censura) un incumplimiento del vendedor de llevar a cabo la venta del inmueble prometido, si antes el comprador no había cancelado la totalidad de lo adeudado. En este sentido, la cláusula séptima del contrato establece que: "Las partes convienen suscribir el Contrato de Compraventa una vez se cumplan las condiciones y plazos aquí estipulados y se obligan a suministrar los Paz y Salvo y demás requisitos para el traspaso de la finca ..., obligándose EL PROMITENTE VENDEDOR al saneamiento en caso de evicción". De modo que, como aún el promitente-comprador no había cumplido con las correspondientes condiciones y plazos, era imposible proseguir con la suscripción del Contrato de Compraventa.

Por tanto, el criterio del Tribunal se ajustó a la ley, al concluir que para la fecha (4 de junio de 1991) en que la parte actora presentó formal demanda aún no era exigible el cumplimiento de la promesa del promitente vendedor.

En este caso no se produce desconocimiento de la norma interpretativa invocada en este recurso, por lo que no se genera, entonces, la violación de las normas materiales y, consecuentemente, la causal no prospera.

II- Recurso de casación interpuesto por MARIO A.A.C.: (fs. 704-717)

PRIMERA CAUSAL: "infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

En ocho motivos el recurrente fundamenta la causal previamente citada, expresando lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO: Con quebrantamiento de la norma sustantiva que, para el caso de las obligaciones recíprocas, establece que ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe, el Tribunal Superior al decidir sobre la excepción de contrato no cumplido la declaró no probada, lo que constituyó error de juicio y el error consistió en que estimó que esa excepción, en el caso concreto, sólo procedía si el actor hubiese exigido el cumplimiento del contrato de promesa y no así cuando la pretensión consiste en que se declarara resuelto el contrato, a pesar de que el presupuesto que establece la norma, de manera clara, es la defensa que tiene el demandado frente a las acciones de resolución o cumplimiento que haya planteado el demandante, en circunstancias en que se haya ejercido cualquiera de estas acciones por un contratante incumplido.

SEGUNDO

El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior, influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida en cuanto que, al declarar no probada la excepción de contrato no cumplido, en la forma que lo hizo, desconoció el derecho de defensa de nuestro patrocinado contra quien, el demandante, era contratante incumplido, que estaba obligado a cumplir antes y no le podía atribuir incumplimiento al demandado y pedir, con ese motivo, la resolución del contrato.

TERCERO

Con violación de la norma sustantiva que establece derecho autónomo de opción que tiene el perjudicado, en los contratos con obligaciones recíprocas, para escoger, frente al incumplimiento del otro contratante, entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, el Tribunal Superior en la sentencia que dictó, negó la pretensión referida a que los promitentes compradores estaban obligados a cumplir en contrato de promesa de compra venta, lo que constituyó error jurídico y éste consistió en que a pesar que la norma permite al ejercerse la opción de pedir el cumplimiento del contrato y la indemnización, en la sentencia se consideró que por haberse pedido el cumplimiento, no se podía exigir el pago de la indemnización.

CUARTO

El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida en la medida que, a causa de ese error, se negó la pretensión de nuestra patrocinada dirigida a que se declarara que los promitentes vendedores (sic.) estaban obligados a cumplir con el contrato de promesa de compraventa y operó en detrimento del legítimo derecho ejercido en la demanda de reconvención.

QUINTO

Con quebranto de la norma sustantiva que permite, en las obligaciones con cláusula penal, exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, el Tribunal Superior, en la Sentencia que dictó, negó las declaraciones que en demanda de reconvención estaban dirigidas a exigir la pena civil estipulada para el caso de incumplimiento o desistimiento de celebrar el contrato, lo que se tradujo en error jurídico que se produjo porque el Tribunal Superior consideró que la cláusula penal sólo era exigible en el supuesto de desistimiento de celebrar el contrato y siempre que no hubiese oposición del promitente vendedor, a pesar de que conforme a la norma, la pena es exigible en todos los casos en que se hubiese estipulado, sin el acondicionamiento que el Tribunal adoptó.

SEXTO

El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, en cuanto que, por ese error, se desconoció en la sentencia el derecho de nuestra patrocinada de exigir el cumplimiento de la cláusula penal, tal como se había pactado.

SEPTIMO

Con detrimento de las normas sustantivas que se refieren a la interpretación de los contratos, el Tribunal Superior al dictar la sentencia de segunda instancia, condicionó la aplicación de las cláusulas en que se pactó pena civil, sólo al supuesto de que los promitentes compradores hubiesen desistido de celebrar la compraventa, sin oposición del promitente vendedor, lo que constituyó error de juicio que se produjo porque en la interpretación del contrato no tomó en cuenta que esas reglas obligan a respetar la literalidad de sus cláusulas e interpretar las unas por las otras.

OCTAVO

El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida porque, por no haber aplicado las reglas de interpretación que debió aplicar, interpretó erróneamente el contrato de promesa de compraventa y por esa vía entendió que la cláusula penal sólo podía exigirse en el supuesto de que se hubiese desistido de realizar la venta y no hubiese oposición del promitente vendedor, cuando en una recta interpretación, la penalidad civil era aplicable, además, en caso incumplimiento de cualquiera de las obligaciones".

Como normas de derecho infringidas, se citan y explican el concepto de la siguientes: artículo 985, inciso segundo (numeral 1) e inciso tercero, artículo 1009 en sus incisos primero y segundo, artículo 1039, artículo 1132 y artículo 1136, todos del Código Civil.

Al iniciar el examen de rigor, la S. observa que los dos últimos motivos establecen un cargo que no es compatible con la causal invocada, pues se refieren a la causal de interpretación errónea de la ley. Igualmente los dos últimos preceptos citados (artículos 1132 y 1136 del Código Civil) son propios de la aludida causal -no invocada- ya que establecen reglas para la interpretación de los contratos y de sus cláusulas. Por tanto, esta Corporación no tomará en cuenta estos aspectos ajenos a la causal invocada.

Del contenido de los motivos se desprenden tres cargos de injuricidad contra la sentencia, los que a continuación se pasan a examinar:

1- El primer y segundo motivos y la norma inicialmente citada como infringida, artículo 985 del Código Civil, se refieren al cargo del error de juicio en que incurrió el tribunal al declarar no probada la excepción de contrato no cumplido.

Veamos lo que establece la disposición y la explicación que hace el recurrente sobre su violación.

"Artículo 985. Incurrirán en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicialmente o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

No será, sin embargo, necesaria la intimidación del acreedor para que la mora exista:

  1. cuando el deudor no ha cumplido la obligación dentro del término expresamente estipulado;

  2. ...

  3. ...

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro".

Sostiene el casacionista que la norma contiene diferentes reglas, entre las que destacan dos que, a su juicio, fueron violadas por el Tribunal Superior al dejarlas de aplicar, y son: la no necesidad de requerimiento del acreedor para que la mora exista cuando el deudor no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; y, que ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe, siendo que desde que cumple uno empieza la mora para el otro.

Explica que contractualmente los promitentes compradores estaban obligados a pagar mensualidades de B/.500.00 después de haberse prorrogado el contrato, sin embargo, no hicieron tales pagos y procedieron a demandar (dentro de ese plazo) la resolución del contrato, cuando ellos tenían que cumplir primero pues eran los contratantes incumplidos, "lo que indica que la mora para el promitente vendedor no había empezado y hacía surgir para éste al ser demandado, como defensa, la excepción de contrato no cumplido".

A pesar de lo sucedido, el sentenciador argumentó que la excepción sólo es invocable cuando el actor exige el cumplimiento sin haber cumplido lo que le corresponde y no cuando lo que exige es la resolución. La violación de la norma se produce porque, "según ésta el presupuesto para que surja la excepción es la inexistencia de mora para el deudor demandado", cuando el acreedor acciona sin haber cumplido o sin haberse allanado a cumplir debidamente lo que le corresponde.

Sobre este aspecto el fallo impugnado señaló:

"Por otro lado, este Tribunal considera que no le asiste razón al demandado reconvencionista, al señalar que se encuentra probada la NON ADIMPLETI CONTRACTUS, por definición, ésta es una excepción que el demandado invoca cuando el actor le exige el cumplimiento del contrato, sin haber cumplido por su parte la obligación que a él le imponía el pacto. Para el caso concreto, el demandante lejos de solicitar el cumplimiento de lo pactado, pretendió que el mismo se declarara resuelto, luego, debe este ente jurisdiccional compartir el criterio que a este respecto esgrimió el Juez de la causa". (Fs. 626).

Previo al examen del caso particular, es conveniente referirnos a algunas consideraciones consignadas en la doctrina sobre el supuesto establecido en el párrafo final del citado artículo 985 del Código Civil, denominado la mora simultánea de ambos contratantes o la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus).

Se considera que tal excepción consiste "en que cuando los contratantes deben ejecutar a un mismo tiempo las prestaciones nacidas de un contrato sinalagmático o bilateral, cada uno puede aplazar el cumplimiento hasta que el otro lo ejecute"(DERECHO CIVIL, A.V.Z., Tomo III, octava edición, 1990, p. 335). Como antecedente histórico se ha indicado que los romanos hacían aplicaciones concretas de esta excepción, como por ejemplo:

"Si el vendedor reclama el precio de la cosa antes de entregarla, o también si el comprador reclama la cosa antes de pagar el precio, el demando puede oponer a este reclamo o a esa demanda la excepción dilatoria de que el demandado (sic.) no ha ejecutado aún su obligación". (Ob. cit. p. 335).

En reciente jurisprudencia, fallo del 23 de abril de 1998, esta S. de la Corte examinó esta excepción, señalando entre otras consideraciones, lo siguiente:

"La S. considera que estos hechos no corresponden a los supuestos de la excepción de contrato no cumplido. De acuerdo con lo que señala A.T.L., ("Manual de Obligaciones", Santa Fe de Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 1994, pág. 87), "En virtud de la exceptio non adimpleti contractus o excepción del contrato no cumplido, cada una de las partes del contrato bilateral puede negarse a ejecutar su obligación mientras la otra parte no la ejecute o no se allane a hacerlo. Por eso se le denomina también, en la doctrina reciente, `excepción de inejecución'." En otras palabras, cuando una de las partes contratantes no ha cumplido con su obligación en el tiempo debido, pero, aún así, demanda a la otra parte para que sí cumpla, ésta última puede negarse a hacerlo, invocando la excepción de contrato no cumplido; supuesto que, evidentemente, no se da en el presente proceso." (Distribuidora Daimir -vs- Corporación Industrial, S.A., 23/4/98).

Conforme a lo expuesto y a lo que se tiene como demostrado en el proceso, nos encontramos ante el caso de obligaciones recíprocas de cumplimiento no simultáneo pues, conforme a lo pactado en el contrato, las obligaciones de cada parte se producen sucesivamente. Así, por ejemplo, conforme a las cláusulas tercera, cuarta y quinta, el promitente comprador estaba obligado a pagar el precio de la finca de una manera específica y según la cláusula séptima convinieron que cuando se cumpliesen las condiciones y plazos que se habían estipulado se procedería a la suscripción del contrato de compraventa, al suministro de Paz y Salvo, "obligándose el PROMITENTE VENDEDOR al saneamiento en caso de evicción"; todo esto para entonces proceder al traspaso de la finca.

Resulta, luego del examen del caso, que el primer obligado, o sea, el promitente comprador, no cumplió la totalidad de la obligación que le incumbía y a pesar de ello, demandó anticipadamente al otro contratante, sin que se venciera la totalidad del plazo que este tenía a su favor. De manera que este último no se encontraba en mora, pues las obligaciones a su cargo no habían vencido todavía, por lo que el vendedor-demandado (reconvencionista) no podía interponer en su defensa la excepción de contrato no cumplido, como lo hizo, ya que no era pertinente porque la misma supone el incumplimiento de ambas partes.

A juicio de la S., la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus) invocada por el recurrente en casación, no es procedente, pues aún cuando el demandante (promitente-comprador) demandó el incumplimiento de la correspondiente obligación por parte del vendedor anticipadamente y sin haber cumplido el promitente comprador con la obligación que previamente le imponía el pacto, todavía no había vencido, para el promitente vendedor, el término establecido a su favor en el contrato para el cumplimiento de su obligación.

Por tanto, el cargo formulado en los dos primeros motivos no está justificado.

El tercer y cuarto motivos expresan un cargo que recae en la vulneración del primero y el segundo inciso del artículo 1009 del Código Civil, que establecen lo siguiente:

"Artículo 1009. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos".

Se alega que el Tribunal violó esta norma en forma directa por comisión, ya que frente a las declaraciones que se pidieron en la demanda de reconvención, donde se ejerció el derecho de opción que establece la norma, solicitando el cumplimiento total de la obligación que contrajo el promitente comprador, más la indemnización concretada en las cláusulas penales, fue negado lo pedido, porque el juzgador consideró que las pretensiones de pedir el cumplimiento y la indemnización eran incongruentes. Sin embargo, el precepto citado establece reglas claras para estos casos de pactos bilaterales, ofreciendo a los contratantes el derecho de elegir, ante el incumplimiento de la contraparte, entre exigir el cumplimiento o peticionar la resolución del contrato, permitiendo en cualquiera de estos supuestos, además, el reclamo de indemnización de perjuicios.

En consideración a este aspecto el Ad-quem manifestó lo siguiente:

"Las pretensiones del demandado reconvencionista a criterio de esta Superioridad, son excluyentes entre sí; es decir, incongruentes ya que cuando se ha incumplido un contrato se puede optar, según se desprende del artículo 1009 del Código Civil, entre exigir su cumplimiento o la resolución, no así las dos opciones al unísono.

Se observa, pues, que el demandado reconvencionista solicita que los promitentes vendedores (sic) sean obligados a celebrar el contrato prometido; además, solicita la aplicación de las cláusulas novena y décima del contrato de promesa de compraventa. Si se analizan detenidamente las cláusulas mencionadas, se tiene que su aplicación sólo sería posible en el evento de que al desistir los promitentes compradores de realizar la compraventa prometida, no hubiese oposición del vendedor, y contrario a esto, en el presente proceso lo que se pretende es que los promitentes compradores sean obligados a celebrar el contrato prometido, luego entonces siendo esto así, no puede exigirse además el pago de indemnización". (Fs. 625-626).

Y, finaliza el sentenciador de esta manera:

"En relación al resto de las declaraciones solicitadas por el demandado reconvencionista, se tiene que no le asiste la razón, toda vez que efectivamente, consta en autos, que los promitentes compradores, parte actora de la demanda principal, incumplieron con su obligación de celebrar el contrato prometido al solicitar antes de tiempo, y sin existir mora de parte del demandado reconvencionista, la resolución de la promesa de contrato".(Fs. 626, subrayado es de la Corte).

Según observa la S., no es cierto que la sentencia haya negado la indemnización consagrada en la cláusula penal al haber afirmado que las pretensiones del reconvencionista de pedir el cumplimiento del contrato y la indemnización eran incongruentes, como alega el recurrente, y que por ello haya violado el artículo 1009 del Código Civil.

Lo que expresó el Ad-quem, luego de revisar lo solicitado por el promitente vendedor, en relación a lo establecido en el artículo 1009 del Código Civil y a lo pactado sobre el particular en la promesa de compraventa, fue que, de acuerdo a la norma, ante el incumplimiento de un contrato, no se puede pedir al mismo tiempo su cumplimiento y su resolución; y, en este caso, eso es precisamente lo que implica la pretensión del demandado-reconvencionista, pues solicita que los promitentes compradores sean obligados a celebrar el contrato y a la vez que sean aplicadas las cláusulas novena y décima del pacto, que sólo son aplicables en caso de que los compradores hubiesen desistido de realizar el contrato sin que hubiese oposición de los vendedores. Pero en este proceso, aún cuando los demandantes (promitentes-compradores) desistieron de la celebración del contrato de compraventa, los demandados reconvencionistas (promitentes-vendedores) exigieron que se les obligara a celebrar el contrato prometido, quedando impedidos de demandar, al mismo tiempo, la indemnización que en esas cláusulas se contemplan.

Por tanto, en vista de que la acusación que manifiesta la censura no se ajusta a lo que realmente ha planteado la sentencia en relación al precepto citado, el cargo no prospera.

El siguiente cargo, contenido en los motivos quinto y sexto, guarda relación con el anteriormente analizado, pues se alega que el Tribunal incurrió en el error jurídico de considerar "que la cláusula penal sólo era exigible en el supuesto de desistimiento de celebrar el contrato y siempre que no hubiese oposición del promitente vendedor", violando con ello el artículo 1039 del Código Civil que permite que la cláusula penal sea exigible en todos los casos en que se hubiese estipulado. Así, se sostiene que esta norma fue violada por omisión, porque se dejó de aplicar.

Esta S. ha podido verificar que lo expresado por la sentencia impugnada, en relación a este cargo de injuricidad, es exactamente lo acordado por las partes en el documento contentivo del contrato de promesa de compraventa, específicamente en las aludidas cláusulas novena y décima que establecen lo siguiente:

"NOVENA: Las partes convienen en establecer, para el evento de que LOS PROMITENTES COMPRADORES desistiesen de la compraventa, un canon mensual de arrendamiento a razón de B/.250.00 (DOSCIENTOS BALBOAS) (sic) mensuales por todo el tiempo en que LOS PROMITENTES COMPRADORES hayan ocupado el inmueble.

DECIMA

Si LOS PROMITENTES COMPRADORES desisten de realizar la compraventa de la finca por cualquier motivo, o no cumplieran con cualesquiera de las obligaciones que por este medio contraen indemnizarán por daños y perjuicios a EL PROMITENTE VENDEDOR con el 5% del precio de venta acordado, comprometiéndose, entonces, EL PROMITENTE VENDEDOR a devolver a los PROMITENTES COMPRADORES las sumas recibidas en concepto de adelanto deduciendo de dichos adelantos el 5% de la indemnización acordada, el importe del canon de arrendamiento que se haya acumulado según lo prescrito en la cláusula Novena anterior y, finalmente, el importe de las reparaciones por cualquier daño al inmueble, si los hubiera, siempre que no fueran consecuencia del deterioro normal del mismo". (Fs, 25 vlta. y 26).

Por tanto, en cuanto a la aplicación de la cláusula penal al presente caso, el sentenciador se ha ceñido a la letra del pacto contractual, que circunscribe la indemnización al supuesto del desistimiento de realizar la compraventa por parte del promitente comprador, lo cual conlleva a su vez la obligación del promitente vendedor de devolver las sumas recibidas en concepto de adelanto, entre otras cosas. Sin embargo, como se ha visto en este caso, el promitente vendedor optó por exigir el cumplimiento del contrato, situación que no está estipulada como susceptible de indemnización dentro del contrato de Promesa de Compraventa que nos ocupa que, como es sabido, es ley entre las partes.

Consecuentemente, no se produce la infracción de la norma sustantiva invocada por el casacionista.

Al no encontrarse justificados los cargos formulados en los motivos, la S. encuentra infundada esta primera causal invocada.

SEGUNDA CAUSAL: "infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Como fundamento de esta causal se establecen nueve motivos (visibles de fojas 712 a 715), en los que se acusa al sentenciador de instancia de haber desconocido diversas pruebas, actuación que lo condujo a confirmar la sentencia apelada, negando así la declaración quinta de la demanda de reconvención y con ello violando la norma sustantiva que define y estructura la responsabilidad extracontractual, sobre la cual se asienta el derecho reclamado de ser indemnizado. Es decir, que el yerro probatorio consiste en que fueron ignoradas pruebas que demostraban el daño causado por conducta culpable de los demandantes, al pedirse un secuestro sobre bienes de los demandados dentro de un proceso que se inició a través de una demanda con la que se hicieron peticiones antes de tiempo.

Procedamos, entonces, a mencionar en forma sucinta las diversas pruebas señaladas como ignoradas por el fallo acusado y el efecto que, a juicio del casacionista, tuvieron en la decisión:

1- El documento privado visible a fojas 15 del cuaderno de secuestro, que consiste en la carta de 7 de junio de 1991, dirigida por V.M.D., Gerente del Banco General, S.A., al Juez Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, en respuesta al oficio de 29 de mayo de 1991 expedido por éste, donde se comunicó al Banco el secuestro decretado, a petición de los demandantes contra MARIO A.A., a pesar de que estaban ejerciendo pretensiones antes de tiempo, con lo que se demuestra el daño causado por la conducta culpable de los demandantes.

2- Tampoco se tomó en cuenta, aún cuando es una prueba legal aportada con la demanda de reconvención, el documento privado que figura a fojas 139, que consiste en la carta de 25 de junio de 1991, remitida por MARÍA DE LOURDES DE ARIAS, Gerente de la Sucursal del Dorado del Banco General, a MARIO A.A., cuando ese documento demuestra un hecho de incidencia en el proceso, representado por el daño al crédito bancario que tenía el demandado, a consecuencia de la acción de secuestro pedida.

3- El Tribunal no tomó en cuenta los documentos públicos que reposan a fojas 11, 12, 13, 14, 16 a 18, todos de fecha 29 de mayo de 1991, dirigidos por el Juez Tercero del Circuito de Panamá al Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, a la Dirección de Tránsito, a la Policía Metropolitana y a los Gerentes de 19 bancos de la localidad, comunicando el secuestro decretado sobre bienes y dinero de MARIO ACEDO. Igualmente ocurrió con el acta levantada en el secuestro practicado sobre un vehículo del demandado. Estos documentos demuestran la acción culposa atribuible a los demandantes, el daño causado al demandado y la relación de causalidad entre la medida cautelar pedida y lograda por razón de una pretensión ejercida antes de tiempo.

4- No se tomaron en cuenta los documentos públicos que constan a fojas 154 y 155 del expediente que consisten en los diplomas de la Universidad, con los cuales se acredita que el demandado es Licenciado en Química y Química Industrial y se demuestra la reputación del demandado como profesional.

5- También ignoró los documentos públicos que aparecen a fojas 156 y 157, o sea, los certificados de docencia del demandado como profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Panamá, que demuestran las consideraciones sobre su reputación, en su calidad de profesor universitario.

6- Igualmente, en la sentencia que se dictó no se tomó en cuenta la prueba testimonial consistente en declaraciones visibles de fojas 206 a 214, 216 a 221 y 248 a 251, que acreditan el daño moral y material causado al demandado con la práctica del secuestro ejecutado sobre el dinero y un bien mueble de éste afectándose su reputación crediticia y personal.

7- Finalmente, se ignoró y no se tomó en cuenta la prueba pericial que figura a fojas 304 a 309 y 315 a 317, que demuestra el daño moral y material causado, así como el monto económico del mismo.

Como disposiciones infringidas se citan el artículo 769 del Código Judicial y el 1644 del Código Civil.

La primera disposición, conforme tienen carácter de prueba a los documentos y actuaciones que fueron mencionados en los motivos, fue violada debido a que los referidos documentos públicos y privados, la actuación judicial, testimonios y peritajes relacionados con la medida cautelar practicada, han sido ignorados por la sentencia de segunda instancia, a pesar de que constan en el expediente, fueron legalmente producidos y tienen el carácter de prueba legal.

Indica el casacionista que tales pruebas demuestran hechos de incidencia en la decisión, tales como la conducta de los demandantes, representativa de una acción culpable, al presentar una demanda antes de tiempo con secuestro sobre bienes del demandado, sin que éste estuviera en mora o fuese contratante incumplido, lo que le causó daño moral y material.

Como consecuencia de la violación de la regla adjetiva que establece la norma, se estima vulnerado el artículo 1644 del Código Civil, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados".

Se alega que la norma fue violada en forma directa por omisión, en la medida en que se dejó de aplicar al presente caso, por el notorio error en que incurrió el Tribunal Superior, al dejar de tomar en cuenta las pruebas que reposan en el expediente "que demuestran la existencia del daño que se le ocasionó a nuestro patrocinado por razón de la injusta acción de secuestro que peticionaron y lograron practicar los demandantes", resultado de una demanda presentada antes de tiempo, "lo que se traduce en culpa atribuible a los actores y relación de causalidad entre esta y el daño".

Como es sabido, esta causal de error de hecho se configura cuando la resolución de segunda instancia ignora o no ha tomado en cuenta una prueba legalmente producida en el proceso y si de haberse estimado hubiera influido sustancialmente en la parte diapositiva del fallo.

Veamos, en primer lugar, si el fallo no tomó en cuenta las referidas pruebas, a fin de determinar si por ello se violó la norma que regula el mérito del caso.

Al revisar la sentencia de segunda instancia, obrante de fojas 615 a 627, vemos que, como señala el recurrente, la misma no tomó en cuenta ninguna de las pruebas descritas en esta causal y menos aún consideró en forma específica el tema de la indemnización que se demanda por motivo del secuestro, y simplemente dijo en términos generales:

"En relación al resto de las declaraciones solicitadas por el demandado reconvencionista, se tiene que no le asiste la razón, toda vez que efectivamente, consta en autos, que los promitentes compradores, parte actora de la demanda principal, incumplieron con su obligación de celebrar el contrato prometido al solicitar antes de tiempo, y sin existir mora de parte del demandado reconvencionista, la resolución de la promesa de contrato. (Fs. 626). (Subrayado es de la Corte).

A pesar de que el Ad-quem no alude al aspecto de la indemnización que reclama el demandado-reconvencionista por motivo del secuestro, con base en una supuesta responsa-bilidad de los actores, si reconoce que los demandantes solicitaron antes de tiempo la resolución del contrato de promesa de compraventa, "sin existir mora de parte del demandado reconvencionista".

Antes de proceder al examen de los elementos probatorios ignorados, la S. debe recordar que para que tenga éxito la acción o el derecho sustantivo que alega tener el casacionista/reconvencionista, se precisará que las pruebas aportadas acrediten los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, el daño y el nexo de causalidad entre esos dos elementos y la culpa del demandante.

Se ha podido verificar, de fojas 11 a 18 del cuaderno de secuestro, la existencia de los documentos descritos en los motivos primero y tercero, demostradores de que se realizó el secuestro sobre los bienes del demandado, o sea, el hecho.

A fojas 139 del tomo segundo de los antecedentes se aprecia el documento a que alude el motivo segundo, que consiste en una carta enviada por la sucursal de El Dorado del Banco General al demandado (señor A., como recibo de su tarjeta cinco estrellas, por solicitud del banco, debido a que su cuenta fue cerrada.

A juicio de la S. esta prueba demuestra, hasta cierto punto, las limitaciones del demandado propietario de la tarjeta, como sujeto de crédito, pero no que esa circunstancia sea consecuencia del hecho acusado (acción de secuestro), pues la nota no expresa que la cuenta se cerró debido a la acción de secuestro, por lo que no es prueba suficiente de lo alegado.

No son pertinentes para demostrar ninguno de los elementos de la responsabilidad extracontractual acusada los documentos que acreditan la idoneidad profesional y la calidad de docente del demandado mencionados en los motivos cuarto y quinto.

Veamos, entonces, los testimonios y dictámenes periciales a que se refieren los motivos sexto y séptimo y que, según el casacionista, acreditan el daño moral y material causado por el secuestro practicado sobre el dinero y un bien inmueble, con lo que se afectó su reputación crediticia y personal.

Los dos primeros testigos son vecinos del señor A. (casacionista-demandado-reconvencionista).

El primero de estos, cuyo testimonio figura de fojas 206 a 214, relata como se llevó a cabo el secuestro del automóvil del señor A. por miembros de la policía, de forma escandalosa (carros con sirenas y armas), lo cual llamó la atención del vecindario. También alude a su amistad personal con el señor A. y a que éste le contó la causa de la controversia y del secuestro, señalando entre otras cosas que, por motivo de la venta que se había comprometido a efectuar de su finca en Gorgona a favor de los señores P., llegó un momento en que estos lo llamaron para la cancelación del contrato de compraventa, pero como tales personas se negaban a devolverle unos muebles que estaban en la casa y que no estaban incluidos en el contrato, él rechazó el pago ofrecido hasta que se le devolvieran todos esos bienes. Entonces el señor P. investigó el inmueble objeto de la compraventa y descubrió que se encontraba hipotecado, lo cual, según se determinó posteriormente, se debía a un error administrativo de la Caja de Ahorros.

En opinión del testigo, si los señores P. hubieran informado de esa circunstancia al señor A., (la del gravamen que pesaba sobre la finca), el señor A. les hubiera podido demostrar que actuaba de buena fe, en el sentido de que si la finca no estaba liberada era por causa ajena a su voluntad, pues años antes había hecho el pago para levantar la hipoteca, y hubiera procedido a presentar el reclamo a la Caja de Ahorros para que cumpliera con liberarla, evitándose así la controversia.

De lo dicho por el testigo se evidencia que si se considera que el secuestro provocó un daño directo al señor A., por la forma en que fue realizado, este no es imputable a los señores P., sino, en todo caso, a las autoridades de policía que lo realizaron. Además, de lo manifestado se colige que los señores P. se creían con derecho a demandar al señor A., por el estado en que se encontraba el bien (hipotecado) al tratar de formalizar el acuerdo de venta, lo que justifica su actuación y la pertinente acción de secuestro que se promovió.

Igualmente, sostuvo el testigo tener conocimiento de las consecuencias del secuestro sobre la cuentas bancaria del señor A., al habérsele retirado el privilegio de tener su tarjeta 5 estrellas e impedirle tener cualquier tipo de cuenta en la banca de la República.

Sin dudas, las mencionadas pueden ser las consecuencias perjudiciales de cualquier secuestro, pero si esta medida está razonablemente justificada, dándose la convicción en el ánimo del secuestrante de la necesidad de esa actuación para proteger sus legítimos intereses, no se puede hablar con propiedad de que se haya generado responsabilidad alguna.

El siguiente testimonio, visible de fojas 216 a 221, no es tan extenso como el primero, pero se refiere a los mismos puntos. Por lo tanto, nada nuevo se llega a deducir de la prueba.

La siguiente testigo es la Gerente de la Sucursal del Dorado del Banco General (fs. 248 a 251). En síntesis, se refiere al hecho de que la cuenta del señor A. fue cerrada, obedeciendo al embargo judicial proveniente del Juzgado Tercero de Circuito, peticionado por A.P.. También contestó que el crédito de una persona con un banco puede verse afectado si en sus referencias de crédito se reporta secuestro o embargo de sus cuentas. Pero, igualmente, admitió que ha visto casos de personas secuestradas, donde su crédito no ha sido afectado.

La S. considera que este testimonio no demuestra plenamente el daño supuestamente causado y, menos aún, la configuración de la culpa del demandante.

Con la prueba pericial se pretendió demostrar el monto del supuesto daño material que sostiene el demandado haber sufrido por razón del secuestro. Sin embargo, la Corte no entrará en mayores consideraciones sobre este aspecto, pues mal podría hacerlo, cuando no se ha probado dicho daño, lo que implica que no hay obligación indemnizatoria. A. que tampoco se ha demostrado que exista culpa en la actuación de los demandante principales al instaurar el proceso con su respectiva medida cautelar.

Por tanto, la causal no prospera, pues no se ha conculcado la norma sustantiva citada con base en los yerros probatorios denunciados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, S. de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 21 de mayo de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso que A.P.L. y G.V.D.P. le siguen a MARIO A.A..

Las costas de casación entiéndense compensadas para las partes al no prosperar los recursos interpuestos por cada una de ellas.

N. y D..

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO

Secretario Interino