Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 12 de Octubre de 2001

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución12 de Octubre de 2001
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Mediante resolución de fecha 17 de mayo de 2001, esta S. decidió admitir el recurso de casación interpuesto por la firma de abogados INFANTE, GARRIDO & GARRIDO en representación de la empresa HISPAN, S. A. dentro del proceso ordinario que interpusiera contra SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S.A.

El recurso se interpuso contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior que MODIFICA y ADICIONA la proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, fechada 14 de enero de 1998.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso y concluida la fase de alegaciones, que fue aprovechada por ambas partes, procede entonces dictar la sentencia de mérito, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

HISPAN, S.A. presentó, quedando radicada en el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, demanda ordinaria en contra de SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S.A. con el propósito de que se declarase la nulidad absoluta del contrato de compraventa del vehículo Volvo modelo 850 GLT de 1993, color rojo vino, tipo sedán y además, para que se condene a los demandados a devolver la suma de B/.45,000.00, más la indemnización correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados a la demandante.

Contestada la demanda por las demandadas, interpusieron en adición demanda de reconvención contra la demandante H., S.A. a fin de que el Tribunal declarase que el contrato de compraventa suscrito entre HISPAN, S.A. y la demandada SCANDINAVIAN MOTORS, S.A., relacionado con el vehículo marca V., color rojo vino, del año 1993, modelo 850 GLT, es válido y se encuentra vigente: Que existe un contrato Anexo de GARANTIA DE VEHICULOS NUEVOS suscrito entre HISPAN, S. A. Y GRUPO SILABA fechado 28 de mayo de 1993 relacionado con el Auto marca Volvo, modelo 850 GLT; Que HISPAN, S.A. y GRUPO SILABA, S.A. tienen a la fecha, válido y vigente un CONTRATO POR COMISION DE VENTA de un vehículo marca Volvo, modelo 850 GLT por la suma de B/.35,000.00; Que los documentos anteriores cumplieron y cumplen con todas sus cláusulas y efectos pasados, presentes y futuras; Que no existe incumplimiento ni nulidad de los contratos en referencia y; Que a las demandadas se les ha ocasionado daños y perjuicios por la suma de B/.20,000.00 y que como consecuencia de la presente demanda (reconvención) HISPAN, S.A. está obligada a pagar intereses, costas y gastos.

Evacuado el procedimiento que corresponde a la naturaleza de este proceso, el Juez Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, desató la litis mediante la sentencia N°1 de 14 de enero de 1998 en la que DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION alegada por SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S.A. y en consecuencia, se abstiene de hacer las declaraciones pedidas por la demandante HISPAN, S.A.; NIEGA las declaraciones 1a., 3a., 5a., 6a., 7a. y 8a., solicitadas por las demandadas SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S.A. en la demanda de reconvención y ACCEDE a las declaraciones solicitadas por estas últimas consistentes en las siguientes: "2da. Que existe un Contrato Anexo denominado GARANTIA DE VEHICULO NUEVO suscrito entre HISPAN, S.A. y GRUPO SILABA, S.A. fechado el 28 de mayo de 1993 relacionado con el Auto Marca Volvo, Modelo 850 GLT AÑO 1993, VIN N°YVILS5506P12054659. y 4ta. Que el Auto mencionado en las declaraciones 1ra. y 2da. de la Demanda de Reconvención, es el mismo que se menciona en la declaración 3ra. de la indicada demanda".

La sentencia anterior fue apelada por ambas partes, correspondiéndole al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de fecha 31 de agosto de 2000, resolver los recursos interpuestos, lo cual hace en los siguientes términos:

"MODIFICA el segundo párrafo de la parte resolutiva de la Sentencia N°1, del 14 de enero de 1998, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y ADICIONA otro párrafo a la misma, de manera que lea así:

"NO ACCEDE a realizar las declaraciones tercera, séptima y octava solicitadas en la demanda de reconvención propuesta dentro del Proceso Ordinario interpuesto por HISPAN, S.A. contra SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S.A.; y ACCEDE a realizar las siguientes declaraciones:

1a. Que el contrato de compraventa suscrito entre HISPAN, S.A. y SCANDINAVIAN MOTORS, S.A., relacionado con el vehículo marca Volvo, modelo 850 GLT, año 1993, tipo Sedan, color rojo, motor 054659, placa 039663, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.45,000.00), es válido y se encuentra vigente;

2da. Que existe un Contrato Anexo denominado GARANTIA DE VEHICULOS NUEVOS suscrito entre HISPAN, S. A. Y GRUPO SILABA, fechado el 28 de mayo de 1993, relacionado con el Auto marca Volvo, modelo 850 GlT, año 1993, VIN N° YVILS5506P12054659;

4a. Que el Auto mencionado en las declaraciones 1a. Y 2a. Es el mismo;

5a. Que al ser válidos el contrato de compraventa a que alude la declaración 1a. anterior y el contrato Anexo denominado GARANTIA DE VEHICULO NUEVO a que se refiere la declaración 2a. anterior, los mismos cumplieron y cumplen a la fecha con todas sus cláusulas y efectos pasados, presentes y futuros; y

6a. Que al ser válidos el contrato de compraventa a que alude la declaración 1a. anterior y el contrato Anexo denominado GARANTIA DE VEHICULO NUEVO a que se refiere la declaración 2a. anterior, HISPAN, S.A. no estaba facultada para demandar a SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y a GRUPO SILABA, S.A., ya que no existe incumplimiento, ni nulidad de los contratos en referencia.

Condena a HISPAN, S.A. a pagar a la parte demandada la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), en concepto de costas de la primera instancia."

SE CONFIRMA la Sentencia apelada en todo lo demás." (fs.373-374)

Es contra esta sentencia del Tribunal Superior que se interpone el recurso de casación que nos corresponde analizar.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo en el cual se invoca como única causal "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", causal prevista en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que sirven de fundamento a la causal son siete y se transcriben a continuación:

"PRIMERO: El Tribunal Superior, al dictar la sentencia recurrida, desconoció el valor probatorio de la carta fechada 29 de septiembre de 1994, emitida por GRUPO SILABA, S.A., visible a fojas 28 y 29 del expediente, indicando que la misma no fue aceptada por la parte demandada al contestar la demanda ni consta que haya sido reconocida, cuando dicho documento debía tenerse por reconocido, toda vez que la parte demandada no tachó la firma de falsa y ha obrado en el proceso con conocimiento del apoderado de la parte demandada, incurriendo así en el error de apreciación de la prueba.

SEGUNDO

El Tribunal Superior, al dictar la sentencia recurrida desconoció el valor probatorio como documento privado fechada 29 de septiembre de 1994, emitida por GRUPO SILABA, S.A., indicando que la misma no fue aceptada por la parte demandada, al contestar la demanda y que no consta que haya sido reconocida, cuando la parte demandada expresamente manifiesta a foja 194 del expediente que la reconoce como emitida por GRUPO SILABA, S.A. cuando expresa "el informe y/o carta que emitiera GRUPO SILABA, S.A., el día 29 de septiembre de 1994, (foja 29) así lo corroborara", y además, la parte demandada al contestar la demanda negó la conducencia de la prueba pero nunca negó su autenticidad, incurriendo el Tribunal Superior en error de apreciación de la prueba.

TERCERO

El Tribunal Superior al proferir la sentencia impugnada, pese a que admite y valora los documentos privados consistentes en Orden de Reparación N°8506 (foja 16 A), Orden de Reparación N°8832 (foja 17); Factura N°6469 (foja 18), Orden de Reparación N°6766 (foja 19), Factura N°6086 (foja 20), Orden de Reparación N°6255 (foja 21), Orden de Reparación N°4758 (foja 22), Orden de Reparación N°5553 (foja 23), Factura N°5504 (foja 24), Orden de Reparación N°4903 (foja 25), Factura N°4976 (foja 26); Orden de Reparación N°5174 (foja 27), del expediente, para acreditar los desperfectos, fallos del vehículo, desconoce el valor probatorio y los hechos indicadores de los indicios derivados de dichos documentos, para demostrar los fallos y defectos, cuando la Ley no exige un medio probatorio específico.

CUARTO

El Tribunal Superior, al dictar la sentencia impugnada, desconoce el valor probatorio de los hechos indicadores de los indicios derivados de la conducta procesal y extraprocesal de las demandadas, que al contestar la demanda y presentar sus alegatos, afirman las demandadas que decían vender a HISPAN, S.A., un vehículo en perfectas condiciones mecánicas, nuevo, apto y apropiado para conducir personas o cosas en forma segura y sin riesgos, libre de todo defecto de fábrica del vehículo y de sus componentes y conforme a las especificaciones del manual del distribuidor; sin embargo, las órdenes de reparación y las facturas expresadas en el motivo anterior contentivos de hechos indicadores de indicios y la carta de fecha 29 de septiembre de 1994 que admite que "el problema o defecto del encendido de luces es bastante común en los vehículos que tienen una sola correa de distribución como lo tiene el VOLVO 850", y que además expresa "no tienen una solución al 100%", reflejan por inferencia lógica hechos indicadores conocidos y ciertos que determinaban la ausencia de consentimientos al no coincidir las voluntades, y la ausencia de causa lícita, cuando la Ley no exige un medio probatorio específico para demostrar la existencia o ausencia de los requisitos esenciales de un contrato de compraventa.

QUINTO

El Tribunal Superior de Justicia, al proferir la sentencia impugnada, desconoce el valor probatorio de los indicios derivados de la conducta procesal y extraprocesal de las demandadas que por medio de la carta fechada 29 de septiembre de 1994, visible a fojas 28 y 29, y el documento privado consistente en contrato de comisión de venta N°053, visible a fojas 62 y 63 del expediente, reflejan que las demandadas reconocían la existencia de los fallos y defectos del vehículo VOLVO, y admitían conocer dichos fallos incurriendo el Tribunal el Tribunal en el error de apreciación de la prueba, mientras las demandadas al contestar la demanda niega tales situaciones, produciéndose una conducta procesal mendaz en contra de las demandadas que el Tribunal Superior le desconoce el valor probatorio.

SEXTO

El Tribunal Superior, al proferir la sentencia recurrida, desconoce el valor probatorio de gran presunción al testimonio de la señora D.G.M.D.C. que a fojas 108 y 109 del expediente, expresa que "en el catálogo o manual del carro decía que llevaba el control hidráulico del timón y cuando ella preguntó su localización en el vehículo le contestaron que para estos países no hacía falta", lo cual indicaba la conclusión lógica de que el vehículo que las demandadas decían vender conforme el manual del vehículo, no era apto ni correspondía a las especificaciones, perfectas condiciones mecánicas, completamente equipado para el uso a que se le destinaría, ni conforme a lo expresado por el manual del distribuidor.

SEPTIMO

El Tribunal Superior al dictar la resolución recurrida, pasó por alto indicios tales como el reconocimiento de las demandadas de la existencia de los fallos y defectos del vehículo; la discrepancia entre las condiciones, calidad, elementos, perfectas condiciones mecánicas, apropiado, nuevo y completamente equipado para el uso a que se le destinaría, libre de todo defecto de fábrica del vehículo en sí o de cualesquiera de sus componentes y conforme a las especificaciones que el manual del distribuidor manifestaba; y finalmente la conducta procesal de las demandadas y menciones de SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S.A. que señalan claramente a las demandadas como responsables de la discordia o no coincidencia de las voluntades de las partes en el contrato de compraventa, que de haber sido estimados por el Tribunal Superior habría impuesto conclusiones distintas a las aducidas por el Tribunal Superior en cuanto a la no-demostración de la inexistencia de consentimiento válido y causa lícita, como requisitos esenciales del contrato de compraventa del vehículo VOLVO, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida." (fs.384-388)

Como disposiciones infringidas y concepto en que lo han sido, el recurrente señala los artículos 770, 843, 848, 845, 905, 971, 972 y 973, todos del Código Judicial, los artículos 1110, 1112, 1141 y 1151 del Código Civil, y los artículos 197 y 200 del Código de Comercio.

POSICION DE LA SALA

En los motivos primero y segundo el recurrente objeta que el Primer Tribunal Superior desconoció el valor probatorio de la carta de fecha 29 de septiembre de 1994 emitida por GRUPO SILABA, S.A., carta que consta a fojas 28 y 29 del expediente.

El cargo consiste, según alega, en que para el Tribunal Superior la referida carta no ha sido aceptada ni reconocida por la parte demandada, siendo que la misma debió tenerse por reconocida toda vez que no fue tachada su firma como falsa y obró en el proceso con conocimiento de la demandada. Alega además, que la demandada a fojas 194 del expediente reconoce la referida carta como emitida por GRUPO SILABA, S.A. y que si bien se negó la conducencia de la prueba, nunca se negó su autenticidad y no obstante ello, el Tribunal Superior indicó que la carta no ha sido aceptada ni reconocida por la demandada, desconociendo así el valor probatorio de la referida probanza.

En efecto y tal como lo alega la recurrente, en la sentencia cuestionada se aprecia a fojas 368 del expediente que el Tribunal Superior al valorar las pruebas aportadas por la demandante, a pesar de referirse a la prueba consistente en la carta de fecha 29 de septiembre de 1994 firmada por el representante de GRUPO SILABA, S.A., no le confiere valor probatorio a ésta ya que según se indica, "la misma no fue aceptada por la parte demandada al contestar la demanda ni consta que haya sido reconocida por quien la suscribió".

La Sala, luego del análisis al trato dado a la referida prueba dentro del proceso, tiene que manifestarse en desacuerdo con la conclusión probatoria a la que arribó el ad-quem por las siguientes razones:

1) Si bien la parte demandada al contestar la demanda objetó la prueba consistente en la carta de fecha 29 de septiembre de 1994, la objeción y tacha fue "por inconducentes" (f.57). La inconducencia de la prueba, al tenor de lo dispuesto en el artículo 772 del Código Judicial, tiene que ver con la relación que ésta tenga o no con la materia del proceso o con los hechos que se discuten, pudiéndose declarar su inadmisibilidad, lo que no ocurrió, sino todo lo contrario, ya que fue admitida mediante resolución que consta a fojas 94 del expediente.

2) En cuanto a que no hay constancia de que la referida prueba ha sido reconocida, la Sala opina, contrario a lo manifestado por el ad-quem, que sí hubo reconocimiento por parte de la demandada por cuanto que el documento obró en el proceso sin que la parte demandada hubiere objetado formalmente, no su inconducencia sino su firma o su contenido en los términos previstos en el artículo 848 del Código Judicial y además, es irrefutable la aceptación del contenido del documento y de que el mismo emanó de la demandada GRUPO SILABA, S.A. cuando su apoderado judicial en lugar de atacar el documento, lo que hace es reconocerlo como suyo y en su defensa valerse del mismo para demostrar que GRUPO SILABA, S.A., cumplió con su obligación, tal como se desprende de los alegatos que presentó en primera y segunda instancia y cuya parte pertinente transcribimos a renglón seguido:

"...HISPAN si bien es cierto llevó el carro al taller ocho veces u ocho días en un período de dieciséis (16) meses, era simplemente por que unilateralmente consideraba y bajo una apreciación muy particular que el carro tenía pequeños detalles que revisar.

El informe y/o la carta que emitiera GRUPO SILABA, S.A. el día 29 de septiembre de 1994 (foja 28) así lo corrobora..." (F.194).

"Los reclamos de la garantía siempre se atendieron de conformidad con lo indicado por HISPAN, S.A., a pesar de que cuando el auto estaba en el taller el mismo nunca presentó las vibraciones en el tablero de comando, el apagado de motor del auto inclusive fue probado en forma minuciosa por un técnico de la fábrica, ver prueba N°20 de la parte demandante (foja 28 tercer párrafo de la carta de 29 de septiembre de 1994), no encontrando falla éste falla alguna." (F.199) ...

"Lo anterior se corrobora con las pruebas presentadas, Ordenes de reparación ocho (8), facturas sin cargos que de acuerdo con su descripción no dejan ver que exista un peligro incluso como indica HISPAN, S.A., para con la vida y seguridad de quienes conduzcan el auto. La carta de 29 de septiembre de 1994, que le enviara GRUPO SILABA, S.A. a HISPAN, S.A., más clara no pudo ser (fojas 28 y 29) esta indica por ejemplo que: ..." (f.200).

"... En cuanto a nuestro representado la carta de 29 de septiembre de 1994 (ver fojas 28 y 29) se puede demostrar que la misma (GRUPO SILABA, S.A.), siempre ha estado al frente de su obligación y más alla de la misma....." (f.330) ...

"Así lo evidenció las veces que el carro entró al taller para diferentes revisiones. El taller SERVIVOL atendió tales revisiones, fue capaz en todo momento de solucionar los supuestos fallos y supuestos defectos, ya que tal cual como se expuso en la carta del 29 de septiembre de 1994, tales fallos y daños fueron declarados inexistentes,....." (F.333) (Todas las subrayas son de la Sala).

Más elocuente no puede ser la aceptación y reconocimiento por parte de la demandada de la prueba que consta a fojas 28 y 29 del expediente que consiste en la carta de fecha 29 de septiembre de 1994 emitida por GRUPO SILABA, S.A. por lo que la Sala no logra comprender la afirmación expuesta en el fallo impugnado (f.368), en el sentido de que la referida carta "no fue aceptada por la parte demandada al contestar la demanda ni consta que haya sido reconocida por quien la suscribió", incurriendo por este hecho en un error de apreciación de la prueba como lo alega la casacionista.

No obstante lo anterior, la Sala tiene necesariamente que analizar si el error probatorio apuntado en que incurrió el Tribunal Superior incidió en la parte resolutiva del fallo, ya que como es sabido para que la causal prospere debe darse una relación de causa a efecto, de manera que no es dable casar si el error cometido es intranscedente y no afecta lo dispositivo de la sentencia.

Sobre la necesidad de que la causal invocada influya sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, el DR. J.F. nos comenta:

"La doctrina y la norma conforme a la cual el error debe repercutir en la parte resolutiva, sólo significa que no es susceptible de denuncia en casación errores académicos, y dicha doctrina tiende a desvirtuar la tesis tradicional que escinde totalmente el fallo en parte motiva y parte resolutiva, pues como hemos explicado con antelación, es en los considerandos donde aparece la causa de pedir).

La jurisprudencia ha resuelto que si el fallo incurre en un error, pero la Sala puede sostener el fallo sobre otras premisas, noes dable casarlo. Procede distinguir. Si la otra premisa aparece en el fallo impugnado, consideramos que no debe invalidarse el fallo ya que el error, propiamente, no es causal. Si, por el contrario, la Sala de por sí señala otra premisa estimamos que tal jurisprudencia pudiera estar en conflicto con la competencia de la Corte en casación y con el texto de la Ley. Si la Corte encuentra que se justifica la causal, y si su competencia está circunscrita a conocer de la impugnación en contra del fallo de instancia, pareciera que no puede, en esa fase rescidente, mantener el fallo. Debe casar y, convertido en tribunal de instancia, fallar de nuevo rectificando así las motivaciones del tribunal de apelación." ("CASACION, J.F., 1995, pág.46")

En este sentido, la Sala observa que la referida prueba, (carta de 29 de septiembre de 1994), al igual que las demás pruebas consideradas por el Tribunal Superior como lo son las órdenes de reparación de los desperfectos y fallos de que adolecía el vehículo no lo hicieron impropio para su uso, o disminuyeron considerablemente dicho uso, así como tampoco podrían ser considerados estos hechos como prueba de que el contrato es nulo por vicios en el consentimiento y la causa.

Es decir, la prueba indebidamente valorada a que se refieren los dos primeros motivos en nada afectaría la parte dispositiva del fallo recurrido.

En los motivos tercero, cuarto y quinto el recurrente se refiere a la prueba de indicios consistentes en las órdenes de reparaciones, facturas, la conducta procesal de las partes al contestar la demanda y en sus alegatos, así como los indicios que se derivan de la carta fechada 29 de septiembre de 1994 y el Contrato de Comisión de venta, que demuestran por un lado la existencia de desperfectos y fallos del vehículo, y de donde se deduce la ausencia de consentimiento al no coincidir las voluntades, y la ausencia de causa lícita.

Respecto a estos hechos probados y que no se discuten, la Sala observa que la sentencia impugnada hace referencia y ponderación de los documentos probatorios que lo demuestran (a excepción de la carta de 29 de septiembre de 1994), llegando a la conclusión de que los mismos fueron debidamente valorados por el Tribunal Superior quien llegó a la conclusión y en ello concuerda la Sala en esta oportunidad, que los elementos probatorios o indicios en sí mismos ni en su conjunto, son idóneos para demostrar la nulidad del contrato de compraventa del automóvil V. objeto de este litigio ya que tales probanzas no hacen relación con error en el consentimiento cometido por el comprador en cuanto a las características o cualidades del bien objeto del contrato ni con la causa del mismo, así como tampoco hacen concluir que los defectos y fallas sean de tal magnitud que hacen al automóvil impropio para el uso que se le destina o lo disminuyan sustancialmente por lo que no se considera que el Tribunal haya realizado una indebida valoración de estas pruebas.

En los dos últimos motivos, sexto y séptimo, la casacionista le endilga al Tribunal Superior el haber desconocido el valor probatorio al testimonio de la señora D.G.M.D.C. que guarda relación con el hecho de que el vehículo no estaba equipado de acuerdo a las especificaciones ni para el uso a que se le destinaría, así como también se le endilga que el Tribunal pasó por alto indicios consistentes en que las demandadas reconocieron la existencia de fallos y defectos del vehículo y las discrepancias de éste respecto a las especificaciones del manual, y que las demandadas son responsables de la no coincidencia de las voluntades de las partes en el contrato de compraventa, que si se hubieran tomado en cuenta se habría llegado a conclusiones distintas como lo son la inexistencia de consentimiento válido y causa lícita que según la recurrente produjeron la nulidad del contrato de compraventa del automóvil.

De acuerdo al artículo 969 del Código Judicial para que un hecho sea considerado como indicio, éste debe estar debidamente probado en el proceso para que de la relación que exista entre ellos se pueda deducir el hecho que se trata de establecer, apreciándolos con arreglo a las reglas de la sana crítica y demás pruebas que obran en el proceso.

En el presente caso, las pruebas a que se refiere la recurrente en los motivos analizados y que según ella constituyen indicios, de ninguna manera logran probar ni deducir el hecho de que los defectos y fallas de que adolecía el automóvil que compró la demandante lo hacían impropio para su uso o lo disminuían considerablemente, así como tampoco son idóneas tales pruebas para probar la nulidad del contrato ya que como se señala en la sentencia impugnada "la existencia de desperfectos y fallas mecánicas y electromecánicas en el mencionado vehículo no afectan el consentimiento y la causa en el contrato de compraventa, por lo que si se hubiera probado la existencia de los mismos no hubiera afectado la validez del contrato".

Es decir, de lo expuesto y de las constancias procesales se concluye que aunque se hubiese probado, cosa que no ocurrió, la existencia de fallas y desperfectos que hicieran imposible el uso del automóvil de acuerdo a su destino, el contrato se mantiene válido y surtiendo sus efectos por cuanto que dentro de las causales de nulidad de los contratos contempladas en el artículo 1141 del Código Civil, no está contemplada la alegada por la demandante, quien a todas luces ha confundido los efectos jurídicos que producen los defectos o vicios ocultos y la obligación de saneamiento que recogen los artículos 1254 y 1255 ibídem, con los vicios que producen la nulidad e inexistencia de los contratos que son materias completamente distintas.

Así tenemos que, por ejemplo, al tratarse de la nulidad absoluta de los actos jurídicos o contratos, la jurisprudencia y doctrina generalizada, hace alusión a la gravedad de los motivos que la generan y dentro de éstos los más graves, como por ejemplo, la "falta de formalidades en los actos jurídicos solemnes (requisitos ad solemnitaten) exigidos por el legislador, incapacidad absoluta, falta de consentimiento, ausencia de objeto o de causa, ilicitud del objeto o de la causa. La nulidad, en tales casos, tiene su fundamento en la falta de uno de los elementos de validez del acto jurídico,..." ("Manual de Obligaciones", T.L., E.. Temis, Colombia, 1997, pág.227).

En cambio, siguiendo la doctrina, al tratarse de la evicción y vicios ocultos y la obligación de saneamiento, lo que importa no es si se da la falta de uno de los elementos esenciales o de validez del acto jurídico cuya ausencia acarrea su nulidad, sino que se mira es a los elementos de la naturaleza del acto jurídico o "naturalia negotii", siendo que la presencia de estos elementos depende de la voluntad de las partes, sin que su ausencia produzca como efecto jurídico la nulidad del contrato, como bien lo explica el autor T.L. en las líneas que para mayor claridad tanscribimos a continuación:

"Elementos de la naturaleza o naturalia negotii son aquellos que, sin ser esenciales al acto jurídico, se subentiende que le pertenecen y para ello no se requiere expresa manifestación de las partes.

De ordinario, los contratantes incluyen en su contrato cláusulas expresas acerca de estos elementos , pero si tal cosa no hicieron, ellos quedan incorporados de todas maneras al contrato por disposición de la ley.

Así como la voluntad de las partes puede incorporarlos expresamente al contrato, puede también excluirlos; su silencio, en cambio, los hace presumir. Por eso se dice que la ley es supletoria de la voluntad de las partes, pues entra a llenar los vacíos dejados por estas en el acto jurídico que celebraron. Al decir de URIBE HOLGUIN, el contrato comprende no solo lo que los contratantes pactaron sino también lo que no pactaron. Esto último lo suple la ley.

Así, el saneamiento por evicción y por vicios redhibitorios u ocultos son elementos de la naturaleza del contrato de compraventa.

La evicción es la pérdida total o parcial de la cosa comprada, en virtud de derechos de un tercero anteriores a la compra. Ante lo cual, el vendedor debe amparar al comprador en el dominio y la posesión de la cosa e indemnizarlo si la evicción llega a producirse.

Los vicios redhibitorios son los vicios ocultos de la cosa vendida, defectos inaparentes que el comprador no puede advertir en el momento del contrato y que hacen inepta la cosa para su fin natural o para el fin convenido por las partes.

El vendedor tiene obligación de sanear esos vicios, es decir, obligación de responder por esos defectos de la cosa (C.C., arts. 1893 y ss.; C. de Co., arts.934 y ss.).

Si en el contrato nada se dice sobre saneamiento por evicción y por vicios ocultos, es una cláusula que se presume incorporada al acto. Se sobrentiende que el vendedor está obligado al saneamiento por evicción y por vicios ocultos.

Esto no es otra cosa que una aplicación de aquel principio consagrado por el art. 1603 del Código Civil, de acuerdo con el cual los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino también a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. En similar sentido se expresa el art. 871 del Código de Comercio. Es el principio de la fidelidad contractual.

Pero esta garantía por evicción y por vicios ocultos no es un elemento de la esencia del contrato sino de su naturaleza. Por lo tanto, las partes pueden prescindir de estas reglas -descartarlas-, sin que por ello el contrato se vea afectado.

Por tener tales normas la calidad de supletorias, se pueden descartar. Así, las partes pueden estipular que el vendedor no será obligado al saneamiento (C.C., arts. 1895, 1909, 1914 y 1916).

Por eso dice L.C.F. que se trata de consecuencias, de efectos naturales, y no de elementos esenciales. Por lo tanto, se siguen del acto sin necesidad de estipularlos; o bien, las partes los pueden excluir sin que por ello el acto se desnaturalice o pierda su eficacia." (T.L., ob. cit., págs. 99, 100)

En virtud de lo expuesto y dado que ni para la doctrina ni la legislación comparada, ni la nuestra, los vicios ocultos son determinantes de la validez o existencia del contrato de compraventa, la Sala concluye que en el presente caso no tiene aplicación el artículo 1141 del Código Civil sobre nulidad de los contratos, razón por la cual no se produce la infracción indicada por la casacionista a la citada norma ni a las otras disposiciones legales que estima como violadas, por lo que no procede en el presente caso casar la sentencia.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha 31 de agosto de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario interpuesto por la recurrente HISPAN, S.A. contra SCANDINAVIAN MOTORS, S.A. y GRUPO SILABA, S. A.

Las costas a cargo de la casacionista se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

  1. y N..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) G.J.D.C.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

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