Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 14 de Enero de 1994

Ponente:RODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución:14 de Enero de 1994
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

MICHAEL PIERCE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A THE CHASE MANHATAN BANK, N. A

 
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense VÁSQUEZ & VÁSQUEZ, apoderados especiales de M.P., parte actora en el proceso ordinario seguido contra THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 23 de marzo de 1992 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Declarado admisible el recurso, se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto al fondo del mismo, término que no fue aprovechado por ellas.

El recurso se encuentra, por tanto, en estado de fallar y a ello procede la Corte previas las consideraciones que a continuación adelanta:

Los autos de la presente litis ilustran que M.P. interpuso demanda ordinaria contra THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. a objeto que fuese declarado: 1) que los intereses del 24% anual (2% mensual) que le cobra dicho banco por el uso de las tarjetas de crédito VISA/MASTERCARD exceden en un 17% a los intereses legales; 2) que la entidad bancaria citada está obligada a devolver los intereses cobrados en exceso, más una suma igual como penalidad; 3) que además debe pagar costas, gastos e intereses que se causen en el proceso.

Mediante sentencia de 21 de noviembre de 1990, el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, NIEGA la demanda y condena en costas al actor por la suma de B/.1,250.00.

La decisión del a-quo fue apelada por el demandante ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, que resolvió CONFIRMAR la sentencia recurrida y condenar en costas al apelante.

Es pues, contra esta última sentencia, que la parte demandante ha interpuesto el recurso de casación que la Corte debe conocer y pronunciarse, a tenor de lo dispuesto por el artículo 1169 del Código Judicial.

En ese sentido se procede antes al examen previo y de rigor de las causales invocadas y los motivos que les sirven de fundamento.

El recurrente establece como primera causal de fondo la de "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la norma de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

Se establece como motivo único en apoyo a la causal determinada, el siguiente:

"MOTIVO ÚNICO.

La sentencia se funda en la norma sustantiva de derecho que regula el interés bancario en los negocios jurídicos crediticios bancarios. Al fallar conforme a ello dejó de aplicar la norma en la que se subsane los hechos probados en autos, que regulan las materias de intereses en las obligaciones mercantiles, fijando la tasa máxima de los mismos. De no haber cometido ese error in judicando, habría fallado reconociendo la pretensión del demandante."

El cargo de infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa, que el casacionista le imputa a la sentencia acusada, se centra, según el aludido motivo que sirve de fundamento a la causal, en que el Tribunal Superior basó la sentencia acusada en la disposición jurídica que regula el interés bancario en los negocios de crédito bancario, no aplicando la norma que regula el interés de los negocios mercantiles. De ahí, la violación de los artículos 1450 del Código Civil (reformado por la Ley 7 de 1928), 795 del Código de Comercio, y 2 de la Ley 4 de 1935.

El recurrente arguye que ambas normas fueron infringidas por el fallo acusado, en forma directa por inaplicación.

Expresa que el artículo 1450, antes citado, "consagra la acción de usura en favor del deudor a quien se le cobre intereses en exceso a la tasa legal". Mientras que la Ley 4 de 1935 establece como interés máximo anual, el siete por ciento (7%) para obligaciones comerciales y, el nueve por ciento (9%) para las civiles.

En ese sentido acusa al fallo de instancia de desconocer "ese derecho de acción de usura ejercido por nuestro poderdante", acción que obedeció a la obligación que contrajo mediante tarjeta de crédito, por la que le fue cobrado como interés el dos porciento (2%) mensual, o veinticuatro porciento (24%) anual.

A juicio de la censura, en este caso se trata de "una obligación mercantil derivada de un contrato innominado, no regulado, como lo es la tarjeta de crédito, la cual puede ser pactada entre particulares sin restricción ni ninguna especialidad. Es decir que se trata de un contrato sinalagmático perfecto, que por su naturaleza se resuelve según las reglas para las obligaciones contractuales generales, establecidas en el Código de Comercio y Civil.

La Sala ha podido constatar, que el fallo de segunda instancia no ha desconocido el derecho del recurrente a ejercer la acción de usura, ni la posibilidad de aplicar las normas que a juicio del casacionista debieron ser la idóneas para el caso. En tal sentido, expresa:

"... la firma forense VÁSQUEZ & VÁSQUEZ, apoderados judiciales de la parte actora, M.P., sostienen que THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. ha estado cobrando a su representado un interés del 24% anual por el uso de la tarjeta de crédito VISA/MASTER CARD, excediendo de esta manera en un 17% los intereses legales. En consecuencia, sostienen, THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. son usureros y deben devolver a su poderdante, señor M.P., la cantidad cobrada en exceso, más una suma igual, como penalidad impuesta por la ley.

...

El apelante sostiene que el uso de las tarjetas de crédito implica un crédito `común y corriente' sujeto al interés legal establecido por el Código Civil, regulado en el artículo 1450 y reformado por la Ley 7 de 1928 y la Ley 4 de 1935.

Este Tribunal no comparte el argumento expuesto por el recurrente, ya que el servicio de uso de Tarjeta de crédito que vienen prestando los bancos de la localidad no es otra cosa que un contrato de crédito. Las facilidades crediticias son una de la típicas actividades bancarias (véase literal b. del artículo 2 del Decreto de Gabinete 238 del 2 de julio de 1970) y cuando éstas son prestadas por una entidad bancaria las mismas quedan sujetas al Decreto de Gabinete 238, del 2 de julio de 1970. Y dicho Decreto, en su artículo 47 establece que:

`ARTICULO 47: Las disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1935, no serán aplicables a los bancos autorizados conforme al presente Decreto de Gabinete. Cuando sea necesario para el logro de los objetivos a que se refiere el artículo 4º, la Comisión podrá, mediante resolución adoptada con el voto favorable de cinco (5) de sus miembros, fijar la tasa máxima de interés que, directa o indirectamente, pueda ser cobrada por los bancos en los préstamos o facilidades de crédito locales concedan, esto es, los invertidos o utilizados económicamente dentro de la República de Panamá. Los intereses serán calculados sobre los saldos adeudados.'

De modo, pues, que a fin de determinar si THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. cobró intereses en exceso de la tasa máxima de interés que pueden cobrar los bancos, esta Colegiatura ofició a dicha Comisión para que nos certificara cuál era la tasa de interés máxima fijada por dicha entidad a los bancos, dentro del período comprendido de los años 1983 al 1988.

A dicha solicitud la Comisión Bancaria Nacional contestó diciendo que mediante Resolución Nº 15-87 del 8 de mayo de 1987, que está vigente, se fijó en 2% mensual el interés máximo y que con anterioridad a dicha fecha la Comisión dejó a libre voluntad de las partes la determinación de los intereses que regirían la relación crediticia entre el Banco y su prestatario, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato correspondiente.

Siendo que la tasa de 2% mensual cobrada por THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. no excede los límites impuestos por la Comisión, ni constituye delito de usura conforme al Código Penal, no existe en el presente caso cobro de intereses en exceso y, en consecuencia, no hay nada que devolver. ..." (Fs. 225-227)

Con lo que se deja expuesto, queda claro entonces, que el Ad-quem realizó un examen de las diversas normativas jurídicas aplicables al servicio de tarjetas de crédito prestado por los bancos del país, concluyendo en la utilización del Decreto de Gabinete 238 de 2 de julio de 1970, en el que expresamente se excluye (artículo 47), respecto a la fijación de intereses en esta materia bancaria, las disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1935.

Aunado a lo anterior, por razón de este caso en particular, el Tribunal de segunda instancia solicitó a la Comisión Bancaria Nacional (entidad que por ley es la encargada de fijar la tasa máxima de interés respecto a las facilidades crediticias otorgadas por los bancos) una certificación de cuál es el interés máximo establecido entre los años 1983 y 1988. Al contestar se indicó que "mediante Resolución Nº 15-87 del 8 de mayo de 1987, que está vigente, se fijó en 2% mensual el interés máximo", y que antes, dicha Comisión dejó tal determinación al querer o voluntad de las partes.

En consecuencia, la obligación bajo estudio, está comprendida en un contexto especial y diferente con respecto a las que describe en forma general el artículo 2 de la Ley 4 de 1935, que fija "como interés máximo en las obligaciones comerciales el siete porciento (7%) anual y en las civiles el nueve porciento (9%) anual", considerando "usurario" un mayor tipo de interés. En este último caso establece que el tribunal debe reducirlo, aunque el deudor no haya propuesto la acción de usura.

Por tanto, dicha legislación no ha sido infringida por la sentencia impugnada, pues la misma se acogió a lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto de Gabinete No.238 de 2 de julio de 1970, que en forma clara expresa "Las disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1935, no serán aplicables a los bancos autorizados, conforme al presente Decreto de Gabinete".

La acción de usura, no tenía cabida en el caso subjúdice, por lo que tampoco se verifica violación alguna del artículo 1450 del Código Civil, más aún cuando es visible que el mismo se refiere al interés en materia "DEL SIMPLE PRÉSTAMO", cual es el título del capítulo que lo consagra.

Conforme lo establece la doctrina actualizada, el instrumento conocido como tarjeta de crédito, emitido y respaldado por el sistema bancario, fundamentalmente revela una estructura jurídica considerada como la de un contrato de apertura de crédito. Aunque presenta notas especiales, lo que no desnaturaliza esa estructura equivalente.

La primera causal, por tanto, no está justificada, al no prosperar el cargo de que se acusa a la impugnada sentencia.

La segunda y última causal de fondo ha sido determinada en los siguientes términos: "Infracción de normas sustantivas de derecho por indebida aplicación de la norma de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido".

Se establece como MOTIVO ÚNICO, lo que a continuación se transcribe:

"...

El demandante ejerció la acción de usura por el cobro excesivo de intereses por el uso de una tarjeta de crédito expedida por la parte demandada. Pero el fallo la denegó, por considerar que la misma es una facilidad crediticia bancaria comprendida entre los negocios de banca, en los cuales el interés es fijado por resolución de la Comisión Nacional Bancaria. Al aplicar esa norma, lo hizo indebidamente, por cuanto que los hechos probados se refieren a un negocio jurídico al cual no se aplica la ley bancaria. De no haber cometido ese error, habría fallado de conformidad a lo pretendido.

En base al cargo formulado en el motivo que antecede, se consideró que la resolución de mérito violó los artículos 1º, 2º - literales a), b) j), y 47 del Decreto de Gabinete No. 238, de 2 de julio de 1970 (que reforma el régimen bancario y crea la Comisión Bancaria Nacional), esto, "al aplicar el fallo recurrido las normas citadas sobre régimen bancario, lo hizo indebidamente, por cuanto no se está ante el supuesto fáctico de una operación de negocio bancario.

Al explicar la mencionada infracción, sostiene el recurrente que los bancos "también pueden realizar otros negocios no bancarios", entre los que señala los relativos a las tarjetas de crédito "al punto que la ley 20 de 1986, en su artículo 2º, individualiza las operaciones que se efectúen a través de tarjetas de crédito, de las operaciones de préstamos efectuadas por bancos y demás entidades reguladas por la Comisión Bancaria Nacional".

Así las cosas, fácilmente se puede apreciar lo infundado del cargo de que se acusa al fallo impugnado en casación dentro de esta segunda causal, ya que el mismo guarda relación con las acusaciones hechas en la primera causal, que no prosperó.

El casacionista fundamenta el error de la sentencia del Ad-quem en haber aplicado ciertas disposiciones del Decreto de Gabinete 238 de julio de 1970, al caso subjúdice, que no considera negocio bancario, pretendiendo su regulación por la Ley 4 de 1935.

Sin embargo, el artículo 47 del Decreto de Gabinete antes citado, es claro al señalar:

Las disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1935, no serán aplicables a los bancos autorizados, conforme al presente Decreto de Gabinete.

De lo que se infiere que dicho artículo preceptúa la no aplicación de tal ley a los bancos autorizados por dicho Decreto, sin aludir al tipo de contrato o la naturaleza de la actividad de esos bancos realicen.

La realidad de autos, sin embargo demuestra que la sociedad bancaria demandada es de las excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 4 de 1935, por tanto no está obligada a ceñirse a los intereses determinados por las normas mercantiles de carácter general. De modo que, los intereses del 2% mensual o 24 % anual, cobrados en virtud del acuerdo suscrito entre las partes por el uso de tarjeta de crédito, son los legalmente permitidos, pues una de las parte es uno de los bancos autorizados por el Decreto de Gabinete 238 de 1970, y la Resolución No. 15-87 del 8 de mayo de 1987 de la Comisión Bancaria Nacional por la cual se fijó dicho interés como máximo en este tipo de relaciones crediticias.

Por ello la Sala de la Corte comparte el criterio del sentenciador colegiado, y considera que el cargo no prospera por lo que esta segunda causal de fondo tampoco está justificada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 23 de marzo de 1992, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el Proceso ordinario, que el recurrente en casación, M.P. le sigue a THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

Las obligantes costas de casación a cargo de la parte demandante recurrente se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) C.L.L.T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria.