Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 16 de Julio de 2001

Ponente:ELIGIO A. SALAS
Fecha de Resolución:16 de Julio de 2001
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

JAIME TAWACHI Y GABRIEL TAWACHI RECURREN EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S. A

 

VISTOS:

El licenciado D.E.C.G., en representación de G.T., J.T. y OTROS, formalizó recurso de casación contra el Auto de 24 de agosto de 1999, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual fue denegada la solicitud de que se declare en quiebra al BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (BANAICO, S.A.), en liquidación, y se dieran otras órdenes.

Como causal de forma se invocó "Por haberse omitido un trámite o diligencia considerado esencial por la ley (Ordinal 1 del artículo 1155 del Código Judicial".

Una vez admitido el recurso y habiéndose dado cumplimiento a los trámites correspondientes, la Sala ha de pronunciarse en torno al conflicto planteado.

En los motivos de la causal se sostiene que el Tribunal Superior incurrió en omisión de un trámite o diligencia considerado esencial por la ley porque reconoció que el Banco podía ser declarado en quiebra si el requerimiento lo hacía el liquidador con fundamento en la imposibilidad del pago de acreedores, conforme el avance del proceso de liquidación de los activos del Banco, pero en su pronunciamiento no aceptó practicar sumariamente las pruebas que confirmaran el estado de quiebra, sin haber ponderado que la ley no impone limitaciones a los acreedores legítimos para solicitar la quiebra de quien hubiere dejado de honrar sus obligaciones comerciales. Agregó en los motivos de la causal que es un hecho notorio que el Banco no podía cumplir las obligaciones que asumió con sus depositantes, aún después de realizado la totalidad de sus activos. Aún así la resolución objetada dispuso que fuese el liquidador quien debía solicitar la quiebra. El Auto impugnado no ordenó practicar las "diligencias sumarias tendientes a determinar la posición del liquidador con relación al requerimiento hecho por los depositantes del Banco ni del avance de la liquidación, aún cuando los procedimientos especiales sobre concurso de acreedores debían prevalecían(sic) sobre los ordinarios". Añadió que: "La presentación de la demanda definía la necesidad de su traslado al liquidador, a fin que procesalmente asumiera la posición que considerara adecuada para resguardar los intereses de los depositantes, conforme los propios elementos materiales determinados por el Auto objetado". Se termina asegurando que el pronunciamiento recurrido negó la tramitación del procedimiento tendiente a que el liquidador del Banco pudiera ejercer su función y controlar los avances de la liquidación que le había sido encomendada.

Se cita el artículo 1545 del Comercio de Comercio, donde se establece:

"1545. Si la solicitud, fuere hecha por uno o más acreedores o por el Ministerio Público, el Juez podrá ordenar que se practiquen sumariamente, y aún sin audiencia del deudor, si el Juez tuviere por conveniente omitirla, las diligencias previas que estimare conducentes a establecer el derecho de los acreedores y la procedencia de la declaratoria de quiebra.

Practicadas dichas diligencias, el juez adentro del término de veinticuatro horas dictará auto declarando o no el estado de quiebra, el cual deberá contener, además, de los requisitos establecidos por el Código Judicial:

  1. Fijación con calidad de "por ahora" y en perjuicio de tercero de la fecha en que se hubiere caracterizado el estado de quiebra. A falta de determinación especial, se reputará que la suspensión de pagos tuvo lugar el día de la presentación de la solicitud respectiva.

  2. Prohibición al fallido de ausentarse del domicilio de la quiebra sin licencia del Juez bajo el apercibimiento de ser juzgado por desacato a la autoridad de conformidad con lo que establece el Código Judicial si dejare de estar a derecho."

También se cita la infracción del artículo 1919 del Código Judicial que es del siguiente tenor:

"1919. Los procedimientos especiales sobre concurso de acreedores son definitivos y excluyen la vía ordinaria".

El Tribunal Superior decidió negar la declaratoria de quiebra solicitada por los recurrentes basándose en lo establecido por el artículo 135 del Decreto Ley Nº9 de 26 de febrero de 1998 que regula el Régimen Bancario en Panamá, donde expresamente se contempla la imposibilidad de solicitar la declaratoria de quiebra de los Bancos. La disposición es del siguiente tenor:

ARTICULO 135. IMPROCEDENCIA DE LA QUIEBRA. No se podrá solicitar la declaratoria de la quiebra de los Bancos. Sin embargo, a la liquidación forzosa se aplicarán con carácter supletorio las normas del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Judicial en lo que no sean incompatibles con las disposiciones de este Decreto-Ley.

No obstante lo anterior, tan pronto como el Superintendente considere que se configuran los supuestos de la quiebra culposa o fraudulenta de que trata el Código de Comercio, remitirá al Ministerio Público copia de la actuación pertinente para los efectos penales que correspondan.

Acotó el Tribunal que en nuestro país es innegable que el proceso de disolución y liquidación de los Bancos carece de una regulación legal específica, lo cual ha traído como consecuencia el empleo de figuras de la disolución y liquidación mercantil y de la quiebra que no permiten precisar, con absoluta seguridad, cuál es la legislación aplicable. Recordó el Tribunal que, con anterioridad al Decreto Ley Nº9, el artículo 90 del Decreto de Gabinete Nº238 de 2 de julio de 1970, que regulaba el Régimen Bancario, ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que ningún bien del Banco estaría sujeto a secuestro, embargo o retención mientras la entidad bancaria se hallase intervenida, disposición que, a su juicio, constituía también un impedimento para que se declarase la quiebra de un Banco en liquidación, a partir de una solicitud formulada por los acreedores. A juicio del tribunal, la norma ha de entenderse aplicable a la liquidación forzosa de los Bancos en virtud de que su objetivo es establecer una garantía sobre los bienes de la entidad, primero intervenida y luego liquidada.

En opinión de la Corte, la argumentación del Tribunal Superior, basando su negativa a acceder a la solicitud de quiebra solicitada, es perfectamente aceptable, ya que, si una de las consecuencias inexorables de la quiebra es el embargo y el depósito de los bienes, libros, papeles, documentos, etc. del Banco, una decisión contraria impediría la ejecución universal de los bienes perseguidos en el proceso de liquidación forzosa.

No encuentra la Sala, por otra parte, que la resolución haya vulnerado el contenido del artículo 1919 del Código Judicial o del artículo 1545 del Código de Comercio, dando lugar al error in procedendo consistente en haber omitido un trámite o diligencia considerado esencial por la ley. En primer lugar, el Tribunal Superior aplicó disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº9 de febrero de 1998 por el cual se reforma el Régimen Bancario que, a no dudarlo, contiene normas procedimentales especiales en esta materia. En cuanto a la supuesta violación del artículo 1545 del Código de Comercio, lo mismo se puede decir.

El juzgador actuó dentro de la amplitud discrecional que le otorga esa disposición, pues en ella se indica que el juez podrá ordenar que se practiquen aquellas diligencias previas que estimare conducentes para establecer el derecho de los acreedores y la procedencia de la declaratoria de quiebra, pero el artículo no lo obliga a que necesariamente obedezca y acceda a lo peticionado por los acreedores que formulen el pedido. Las consideraciones hechas por el Tribunal Superior son claras y esta S. aprecia que se resolvió lo solicitado sin pretermitir ningún trámite o diligencia al cual la ley caracterice como esencial. De conformidad con las regulaciones legales aplicables en esta materia el J. no tenía la obligación de declarar la quiebra solicitada y tampoco la obligación de ordenar la práctica de ninguna diligencia previa que accediera a esa solicitud.

No encuentra la Sala que se amerita la causal invocada y por tanto no casa la resolución impugnada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 24 de agosto de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso que J.T.Y.G.T. le siguen a BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (BANAICO, S. A.).

Las costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/250.00).

N..

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil