Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 17 de Enero de 1997

Ponente:RAFAEL A. GONZÁLEZ
Fecha de Resolución:17 de Enero de 1997
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

La firma forense M. y F., representante judicial de la sociedad LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA), formalizó recurso de casación en el fondo contra el auto de 31 de octubre de 1995, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por WEXFORD HOLDINGS LTD. CORP. contra la parte recurrente en casación.

El presente proceso se inició con la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por la empresa WEXFORD HOLDINGS LTD. CORP. el 3 de enero de 1994, contra la sociedad LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S.A. (en adelante LARSA), con el objeto de que mediante embargo y venta judicial de la Finca Nº 17,772, inscrita al Folio 320 del Tomo 438 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, la sociedad demandada pagara la suma de B/.163,684.29 en concepto de saldo adeudado, más los intereses, costas y gastos legales, producto de la obligación contenida en la Escritura Pública Nº 854 de 22 de enero de 1993 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, mediante la cual WEXFORD HOLDING LTD. CORP. otorga un préstamo a LARSA y ésta lo garantiza con primera hipoteca y anticresis sobre la finca de su propiedad anteriormente señalada.

Mediante Auto Nº 250 de 4 de febrero de 1994, el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó formal embargo sobre la Finca Nº 17,772 a favor de la sociedad demandante, por la suma antes señalada.

El 30 de noviembre de 1994 la firma forense M. y F., actuando como apoderada judicial de LARSA, presentó escrito de oposición a solicitud de fecha de remate efectuada por el apoderado de la sociedad WEXFORD HOLDING LTD. CORP., alegando que LARSA se encontraba intervenida por la Comisión Nacional de Reaseguros desde el 6 de abril de 1990 y, consecuentemente, no procedía ningún tipo de ejecución de bienes de esa compañía, razón por la cual la sociedad demandante debió hacer valer sus derechos dentro de la liquidación forzosa de LARSA, que se tramita ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Esta solicitud fue negada por el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto Nº 4206 de 27 de diciembre de 1994.

Igualmente, la apoderada judicial de LARSA introdujo incidente de nulidad por falta de competencia, el cual fue declarado inadmisible en el Auto Nº 1246 de 17 de marzo de 1995.

El 19 de mayo de 1995 el Juzgado Tercero dictó el Auto Nº 1862, por medio del cual adjudicó definitivamente a título de compra en remate judicial, libre de gravámenes a CONSORICO LILYSAT INTERNACIONAL, S.A. por la suma de B/.460,000.00 la finca Nº 17,772, inscrita al Folio 320, Tomo 438 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá.

Estas dos decisiones fueron apeladas por la apoderada judicial de LARSA y decididas por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en sentencia fechada 31 de octubre de 1995 que confirmó ambos autos.

Contra esta resolución del Tribunal Superior se ha interpuesto el presente recurso de casación en el fondo, aunque es preciso señalar que el recurso se refiere únicamente al Auto Nº 1862 de 19 de mayo de 1995 o sea, al de adjudicación definitiva de la Finca Nº 17,772.

La única causal invocada consiste en la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa." Los motivos que le sirven de fundamento son los siguientes:

"PRIMERO: En este proceso se libró y continuó una ejecución a pesar de que la empresa recurrente se encontraba en estado de intervención, por mandato de la autoridad administrativa competente (Comisión Nacional de Reaseguros) en desconocimiento de la norma sustancial que establece que una empresa reaseguradora en estado de intervención o reorganización no es susceptible de ser ejecutada en sus bienes.

SEGUNDO

A pesar de haberse acreditado en el proceso que la ejecutada se encontraba en estado de intervención desde el 6 de abril de 1990 (fs. 6 y vta., fs. 20 y 21 del cuaderno de incidente de nulidad que forma parte del presente proceso) el auto impugnado desconoció la norma sustancial que establece - en interés público - que mientras dure la intervención o la reorganización la empresa reasegurada no puede ser demandada, embargada ni ejecutada.

TERCERO

El auto impugnado desconoció la norma sustancial que establece que la representación de las sociedades en liquidación corresponde a los liquidadores, toda vez que a pesar de haberse acreditado en el proceso el estado de liquidación judicial de LARSA y la designación de un liquidador - E.L.V. (ver foja 54 y ss del cuaderno principal) (9 y ss del cuaderno de incidente) - en fecha anterior a la notificación del auto ejecutivo, el mismo se tramitó con la comparecencia de persona distinta, quien no tenía la representación legal.

CUARTO

El anterior error incidió en la parte resolutiva del auto impugnado." (Fojas 167 y 168)

El recurrente en casación considera que la resolución recurrida infringió el primer inciso del artículo 52 de la Ley 56 de 1984, mediante la cual se reglamentan las operaciones de las Empresas de Reaseguros y el artículo 53 de esa misma Ley, que se transcriben a continuación:

"ARTÍCULO 52. Durante la intervención o reorganización, según sea el caso, no procederá solicitud de quiebra o liquidación forzosa de la empresa y se suspenderá la prescripción de los créditos y deudas de la misma, así como la tramitación de cualesquiera acciones en su contra o de ejecución de sus bienes, ..."

ARTÍCULO 53. Mientras dura la intervención, ningún bien de la empresa intervenida podrá ser secuestrado o embargado."

De lo anteriormente transcrito se colige que el recurso de casación se fundamenta, en primer lugar, en que el embargo y posterior ejecución de la Finca Nº 17,772 de propiedad de LARSA tuvo lugar cuando ésta se encontraba en proceso de intervención, período durante el cual no puede ser demandada, embargada ni ejecutada, de acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley 56 de 1984.

No es cierto, sin embargo, que la empresa reaseguradora no pueda ser demandada, embargada ni ejecutada durante el período de intervención o reorganización, como sostiene el recurrente en casación, ya que el artículo 52 de la Ley 56 de 1984 establece esa limitación únicamente en relación con las "obligaciones adquiridas con anterioridad al plan de reorganización".

De acuerdo con el Auto Nº 848 proferido por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá el 28 de abril de 1994, consultable de foja 54 a 61 del expediente principal, la Comisión Nacional de Reaseguros decretó la reorganización de LARSA, mediante Resolución CNR de 6 de septiembre de 1991.

La obligación que dio origen al presente proceso ejecutivo hipotecario se constituyó mediante Escritura Pública Nº 854 expedida por la Notaría Décima del Circuito de Panamá el 22 de enero de 1993, inscrita en el Registro Público de la Propiedad desde el 9 de agosto de 1993 o sea, con posterioridad a la reorganización de LARSA.

Por otra parte es preciso señalar que el artículo 64 ibídem establece, en relación con las empresas reaseguradoras que se encuentran en etapa de liquidación, lo siguiente:

ARTÍCULO 64. Las disposiciones que en materia de quiebra y liquidación forzosa contienen los Códigos de Comercio y Judicial serán aplicables a la quiebra y liquidación forzosa de empresas reaseguradoras en cuanto no sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley.

En ese sentido, el artículo 1873 del Código Judicial contempla que el acreedor de un crédito privilegiado con un derecho real como el que tiene en este caso la parte demandante, tiene la facultad de exigir el pago de su crédito por separado. Unicamente si renuncia a ese privilegio entrará dicho crédito a la masa de bienes, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1591 del Código de Comercio que señala lo siguiente:

ARTÍCULO 1591. Todo crédito calificado en el concurso sea cual fuere su fecha, dará derecho al acreedor para ser pagado con el producto de los bienes del fallido en el orden y con la prelación que establece el Código Civil.

Exceptúanse de esta disposición los créditos garantizados con prenda, hipoteca u otra garantía real, los cuales no entrarán al concurso sino previa renuncia de su privilegio o cuando seguida ejecución y verificado el remate de los bienes gravados, hubiere quedado un saldo sin cubrir, y en tal caso concurrirán con los acreedores quirográficos en la distribución del resto del activo.

Consecuentemente, no se han infringido los artículos 52 y 53 de la Ley 56 de 1984.

En segundo lugar el recurrente en casación alega que el presente proceso ejecutivo se tramitó sin la comparecencia del señor E.L.V., quien fue nombrado liquidador de LARSA en fecha anterior a la notificación del auto ejecutivo y que por tanto, ostentaba la representación legal de la sociedad demandada, violando así el artículo 540 del Código de Comercio que a la letra dice:

"ARTÍCULO 540. La representación de la sociedad en liquidación corresponderá exclusivamente a los liquidadores, quienes estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los administradores, por el cumplimiento exacto del mandato y de las prescripciones de la ley.

Los liquidadores deberán ceñirse en su gestión a las reglas especiales de la sociedad que liquiden."

A foja 22 del expediente principal consta el poder especial otorgado por el señor E.L.V. en su calidad de liquidador de LARSA, "a fin de que nos represente en el Proceso Ejecutivo Hipotecario instaurado por WEXFORD LTD. CORP. contra la Compañía a quien represento LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA)." Dicho poder fue presentado ante el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 7 de julio de 1994 y los apoderados han gestionado en el proceso evidenciando estar en conocimiento del auto ejecutivo (fs. 51, 69, 90, 105); así, desde ese entonces se entiende hecha la notificación del auto ejecutivo Nº 250 de 4 de febrero de 1994, al tenor de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 1007 del Código Judicial que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1007. Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal. ...

Por tanto tampoco se da la alegada violación del artículo 540 del Código de Comercio.

En mérito de lo anteriormente expuesto se concluye que no se ha configurado la causal invocada por el recurrente, razón por la cual se descarta y con ella, el presente recurso de casación.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 31 de octubre de 1995, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por WEXFORD HOLDING LTD. CORP. contra LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA).

Las costas a cargo de la parte recurrente en casación se fijan en trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) solamente.

N..

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) E.A. DE ALBA

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria