Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 17 de Marzo de 1997

PonenteRAFAEL A. GONZÁLEZ
Fecha de Resolución17 de Marzo de 1997
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Mediante auto del veintiocho (28) de febrero de 1994 (foja 315 y 316), esta Sala de la Corte admitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES AHÍNCAN, R.L. contra la sentencia fechada veintiocho (28) de octubre de 1993 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario propuesto por ROBERT L. SCHNACK contra COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L.

Una vez agotados los términos de alegatos en cuanto al fondo, los cuales no fueron aprovechados por las partes, se encuentra la causa pendiente de decisión, a lo cual procede la Sala, previas las siguientes consideraciones:

EL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso interpuesto es en el fondo y el mismo está fundamentado en la causal de "Infracción de Normas sustantivas de Derecho en el concepto de Violación Directa que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Esta causal se apoya en los siguientes motivos:

"PRIMERO: El Tribunal Superior al confirmar la sentencia dictada de primera instancia dictada por el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, incurrió en error jurídico porque,a pesar de reconocer que para la fecha de la renuncia, 19 de junio de 1989, todavía la economía del país no se había recuperado de la crisis que motivó las restricciones bancarias que la Comisión Bancaria Nacional impuso en el año de 1989, la cual obligó a la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L. a reformular sus reglas y directrices mediante la Resolución que ésta dictó distinguida como número 88-2 de 15 de noviembre de 1988, dejó de reconocer que esas restricciones constituían fuerza mayor que impedía que al momento de la renuncia, de la demanda y la contestación, la demandada devolviera al demandante sus ahorros, situación que era de incidencia sustancial en la decisión.

SEGUNDO

De igual forma, el Tribunal a-quem, al confirmar la sentencia, dictada en primera instancia, incurrió en error jurídico porque a pesar de reconocer que el literal "a" del artículo 39 de los Estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L. facultaba al Consejo de Administración para reglamentar los retiros de fondos por parte de los asociados, lo que se hizo a través de la Resolución Nº 88-2 de 15 de noviembre de 1988, desconoció que al momento de la presentación de la demanda los efectos de la resolución no había cesado porque persistían las condiciones que la motivaron y que esa resolución condicionaba esos retiros, para todos los asociados, a la suma de B/.50.00 mensuales, situación que debió tomarse encuenta al decidir por su influencia sustancial en lo dispositivo de la resolución recurrida.

TERCERO

El Tribunal Superior, a pesar de reconocer que la Resolución Nº 88-2 estaba vigente al momento de contestar la demanda, 19 de octubre de 1989 y que la Cooperativa demandada estaba facultada por sus estatutos para dictarla, incurrió en error jurídico al desconocer esa situación bajo el simple argumento de que es evidente, que a la fecha de la decisión, las restricciones bancarias habían sido levantadas y no podía servir de argumento dicha situación para que la Cooperativa negara a sus socios renunciantes la devolución integra de sus dividendos, cuando esa devolución tenía que ser enjuiciada en las condiciones que se daban al momento de la renuncia y cuando se trabó la relación jurídica procesal, error que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido".

En opinión de la recurrente se han infringido los artículos 34d, 990 y 99 del Código Civil.

ANTECEDENTES

El 31 de agosto de 1989 (foja 3), el señor R.L.S., varón, panameño, con cédula de identidad personal Nº 8-370-296, a través del licenciado A.F.Q.M., interpuso demanda ordinaria ante el Juzgado Quinto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá contra COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L., para que "mediante los trámites de ley, este Tribunal declare lo siguiente:

"A. Que el DEMANDANTE C.R.L.S.L. fue miembro de la DEMANDADA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L.;

B. Que el DEMANDANTE señor ROBERT L, SCHNACK,DEJÓ DE SER MIEMBRO DE LA DEMANDADA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L. por razón de RENUNCIA DE SU MEMBRESIA de acuerdo con su derecho consagrado en el artículo 77 de los estatutos de la Cooperativa demandada.

C. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el DEMANDANTE señor C.R.L.S.L. TIENE DERECHO A RETIRAR SUS AHORROS que mantiene en la cuenta de ahorros Nº 10176 con la demandada, y la DEVOLUCIÓN DEL VALOR DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN, de acuerdo al artículo 77 de los estatutos de la Cooperativa demandada;

CH. Como consecuencia de la declaración anterior, la DEMANDADA ESTA OBLIGADA A DEVOLVER al DEMANDANTE señor C.R.L.S.L., la suma de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES CON UN CENTAVO (B/.18,483.01) que tiene con la DEMANDADA en calidad de AHORROS, más LOS INTERESES DEVENGADOS, más EL VALOR DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN y los intereses devengados; más lo intereses por devengar;

D. Como consecuencia de la declaración anterior, la DEMANDADA HA INCUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN de devolver los ahorros al DEMANDANTE al no cumplir con el artículo 77 de los estatutos que la rige;

E. Como consecuencia de las declaraciones anteriores el DEMANDANTE HA SUFRIDO DAÑOS Y PERJUICIOS derivados del cumplimiento por parte de la DEMANDA, de sus estatutos, al entregar los ahorros y el valor del Certificado de Aportación, más los intereses devengados, al DEMANDANTE cuando por esos mismos estatutos está obligada a hacerlo;

F. Como consecuencia de la declaración anterior, la DEMANDADA ES RESPONSABLE de los DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados al DEMANDANTE por no haber entregado hasta la fecha la suma de dinero ahorrada, valor del Certificado de Aportación, más sus intereses;

G. Como consecuencia de la declaración anterior, la DEMANDADA ESTA OBLIGADA A PAGAR a nuestro poderdante una indemnización por daños y perjuicios que tasamos en la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES (B/.20.000.00), o mejor tasación, mediante la condena en abstracto del artículo 983 del Código Judicial;

H. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, la DEMANDADA ESTA OBLIGADA al pago de las costas, gastos e intereses devengados y por devengar, de este proceso".

Dentro del presente proceso, el Juzgado Quinto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó secuestro "sobre los bienes muebles de la demandada y además sobre todas las cuentas bancarias que tenga en cualquier banco de Panamá hasta la suma de cuarenta y seis mil quinientos cinco balboas con noventa y seis centavos en concepto de capital costas y gastos", secuestro este que fue levantado mediante auto del dos (2) de octubre de 1989, solamente en lo que respecta a los bienes muebles.

Admitida la demanda ordinaria, se ordenó darla en traslado a la demandada, quien contestó la misma a través de la firma forense M., V., A. y Asociados. Precluído la etapa de pruebas y alegatos, el juzgador de primera instancia dictó resolución de fecha seis (6) de mayor de 1992, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"1º Que el demandante señor C.R.L.S.L., fue miembro de la demandada COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L.

  1. Que el señor R.L.S.L., renunció a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L., el día 19 de junio de 1989.

  2. Que el señor R.L.S.L., tiene derecho a retirar sus ahorros de la cuenta Nº 10176 que mantiene con la demandada COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L., más los intereses respectivos.

  3. Que en función de lo anterior se ORDENA a la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., la devolución de la suma de B/.18.483.01 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON UN CENTAVO, más intereses a la fecha a favor del señor R.L.S.L., y en cuanto al certificado de aportación en atención al artículo 25 de los estatutos de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L., se ORDENA igualmente su devolución, siempre y cuando no este comprometido como garantía o embargo legal.

En cuanto a las declaraciones solicitadas por el demandante, en los punto D.E.F.G.Y.H., como quiera que el Tribunal advierte que la demandada actuó por circunstancias que le impedían obrar en forma diferentes, no estima que hay violación del artículo 77 de los estatutos y como consecuencia de ello no es responsable de pagar daños y perjuicios como lo exige el demandante.

Siendo esto así, este administrador de justicia DENIEGA efectuar las declaraciones solicitadas por el actor en los puntos D, E, F, G Y H los cuales son consultables de foja 16 y 17 de esta encuesta".

Resolviendo apelación presentada por las apoderados judiciales de las partes, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial reformó la decisión previamente transcrita en el sentido de condenar en costas de primera instancia a la parte demandada las que se fijaron por el trabajo en derecho en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (B/.3,696.00) y confirmó en todo lo demás, como puede observarse en la resolución de fecha veintiocho (28) de octubre de 1993, visible a fojas 281-290 del presente negocio. Esta sentencia es la que se impugna en el recurso que ocupa la atención de esta Sala de la

EL CARGO DE INJURICIDAD Y LA OPINIÓN DE LA CORTE

La sala considera que el recurso presentado involucra fundamentalmente un cargo de injuricidad: la resolución de segunda instancia debe ser casada porque se incurrió en un error jurídico al no reconocer que las restricciones bancarias que la Comisión Bancaria Nacional impuso en 1989 constituían fuerza mayor que impedía que al momento de la renuncia, de la demanda y de la contestación, la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L. devolviera al demandante sus ahorros. El casacionista entiende que la devolución integra de los dividendos a los socios tenía que ser enjuiciada en las condiciones que se daban al momento de la renuncia y cuando se trabó la relación jurídica procesal; y no, a la fecha de la decisión de primer grado, cuando las restricciones bancarias habían sido levantadas.

De las excertas legales que el casacionista considera violentadas por la sentencia de segunda instancia, el artículo 34d del Código Civil constituye la norma fundamental que debe analizarse, para determinar si en la sentencia impugnada se desconoció la naturaleza de fuerza mayor con los efectos que ésta produce en el cumplimiento de las obligaciones a la situación que planteó la decisión de la Comisión Bancaria Nacional. La aludida disposición legal se lee así:

"ARTÍCULO 34d: Es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigas, y otros semejantes.

Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole".

Tal como señalaremos en líneas anteriores, la recurrente interpreta esta norma partiendo de la premisa que en la fecha que el demandante presentó su renuncia a la Cooperativa estaba vigente la decisión tomada por el Consejo de Administración mediante su Resolución Nº 88-2 de 15 de noviembre de 1988 por lo que planteó su defensa, como causa de su conducta, su imposibilidad jurídica y económica de cumplir. A juicio de la Corte esta interpretación no es la correcta.

Vis major o fuerza mayor es una expresión justinianea, cuyo efecto principal es la exención de responsabilidad por incumplimiento de la obligación. Para su configuración deben concurrir copulativamente tres (3) elementos: causa extraña al deudor, imprevisibilidad del hecho, inevitabilidad o irresistibilidad del hecho. Al analizar estos tres (3) elementos integrantes de la fuerza mayor, naturalmente tenemos que concluir que al momento de la interposición de la demanda en el presente negocio se produce el nexo causal entre el acontecimiento que constituye fuerza mayor (restricciones bancarias que la Comisión Nacional impuso lo cual afectó los ahorros de las Cooperativas) y el efecto de incumplimiento. Este tópico ha sido ampliamente analizado por los sentenciadores de grado y es interesante reproducir el pensamiento del Primer Tribunal Superior de Justicia, contenido en la sentencia impugnada. En ella se señala que: "... De fojas 28 a 31 del expediente consta el documento contentivo de las estrategias propuestas al Cooperativismos de Ahorro y Crédito Nacional a que hace referencia la Resolución Nº 88-2 del 15 de noviembre de 1988. En síntesis las estrategias adoptadas por la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., consistieron en restringir el retiro de los Certificados de Aportación y los ahorros corrientes hasta un máximo de CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) por mes para cada asociado. Pese a la vigencia de la resolución Nº 88-2 se condicionó al hechos de que la Comisión Bancaria Nacional levantara las restricciones que afectaban los depósitos, no consta en autos que la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., haya efectivamente decretado el cese de las restricciones en fechas anteriores a la notificación de la demanda (19 de octubre de 1989). Sin embargo; dado el abundante transcurso del tiempo acaecido desde la fecha de la Resolución (15 de noviembre de 1988) hasta la fecha de esta decisión jurisdiccional es evidente que levantadas las restricciones bancarias ya no puede servir de argumento dicha decisión para que la Cooperativa la niegue a sus socios la devolución íntegra de sus dividendos". (fs. 289)

Resulta claro que si el impedimento constitutivo de la fuerza mayor es transitorio (obsérvese que la misma Resolución Nº 88-2 señala en su parte resolutiva, punto segundo que: "El Cese de la duración de estas estrategias será establecido por el Consejo de Administración de esta COOPERATIVA una vez que la Comisión Bancaria Nacional levante las restricciones que afectan los depósitos a la vista"); una vez superado el obstáculo excusable revive la exigilidad de la obligación. En otras palabras el retarde que se ha producido no exime a la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L. del cumplimiento de la obligación una vez superado el obstáculo.

Profundizando en el contenido del fallo impugnado, la Corte observa que el mismo confirmó el proferido por el Juzgado Quinto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en donde el punto referente a la fuerza mayor mereció amplia atención, incluso las normas que supuestamente se alegan fueron infringidas de modo directo por omisión se analizaron en el fallo de primera instancia.

Las explicaciones anteriores nos hacen concluir que la causal de casación invocada resulta infundada, ya que esta sala considera que la sentencia de segunda instancia, no ha infringido los artículos 34d, 990 y 999 del Código Civil.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada.

Las costas a cargo del recurrente se fijan en TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) solamente.

N. y D..

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

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