Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Julio de 2001

Ponente:ROGELIO A. FÁBREGA Z
Fecha de Resolución:19 de Julio de 2001
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CECILIA MERCEDES GARCÍA PONCE

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La firma RIVERA, BOLÍVAR & CASTAÑEDAS, apoderados judiciales de la sociedad INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A., interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de 22 de noviembre de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que ha instaurado en su contra, la señora C.M.G.P..

En vista de que mediante resolución de 4 de abril de 2001, esta S. declaró admisible el recurso de casación en el fondo presentado por la firma RIVERA, BOLÍVAR & CASTAÑEDAS, así como concluido el término de alegatos que fue aprovechado por ambas partes, se procede a decidir el mérito del mismo, previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

El proceso ordinario se inició ante el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, por la señora C.M.G.P., mediante apoderado judicial, contra la sociedad INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A. (PABO, S. A.), con el propósito de que esta última sea condenada al pago de la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS con 20/1000 (B/.131,487.20) en concepto de capital, más los intereses legales, costas y gastos que se generen en el presente proceso.

Mediante Sentencia Nº35 de 30 de junio de 1997, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, se resolvió lo siguiente: "1) DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción alegada por la parte demandada INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A. (PABO, S. A.) dentro del presente proceso que en su contra le sigue C.M.G.P.; 2) NO HAY CONDENA EN COSTAS por no haber mala fe de la actora, con la excepción que debe pagar los gastos del proceso." (V. fojas 345 a 349).

Esa decisión fue apelada por la parte demandante, por lo que el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia de 22 de noviembre de 2000 (fs. 392 a 427), impugnada en casación, decidió revocar la sentencia de primera instancia, cuya parte resolutiva expresa lo siguiente:

"REVOCA la Sentencia No.35, proferida el 30 de junio de 1997, por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario incoado por C.M.G.P. contra INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A.; y, en su lugar, DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción de la acción alegada por la demandado, CONDENA EN ABSTRACTO a la empresa INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A. a pagar a la señora C.M.G.P. los daños causados a consecuencia del accidente ocurrido en las instalaciones de la demandada el día 15 de mayo de 1993, quedando establecido que dicho daño consiste en el valor de reemplazo del vehículo marca FAB/NAL, TIPO remolque, MODELO F-NAC, motor TTT4038, capacidad de 20 toneladas, color plateado del año 1977 que portaba la Placa No.8R-877/93 y quedando entendido que la cuantía de dicho valor deberá ser determinada mediante el procedimiento de liquidación de condena en abstracto contemplado en el artículo 983 del Código Judicial. SIN CONDENA en costas, por la razón señalada."

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación es en el fondo, en el que fueron admitidas tres causales, consistente la primera en "Infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida"; la segunda en "infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida"; y, la tercera en "infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Seguidamente pasa la Sala al examen de las distintas causales invocadas con la debida separación y, consecuentemente, al estudio de la cuestión de legalidad planteada en cada una de ellas.

PRIMERA CAUSAL:

La primera causal de fondo consiste en: "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Dicha causal fue sustentada en tres motivos, que a continuación se transcriben:

PRIMERO

El fallo proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá desconoció lo preceptuado y exigido por el Código Civil en cuanto a las normas sobre la prescripción de las acciones contenidas en el Capítulo III, Título XVIII del Libro IV del Código Civil, toda vez que le atribuyó un sentido y alcance amplio al término acreedor, asemejando el mismo, a los sujetos activos y pasivos de toda clase de relaciones jurídicas, por lo que para el juzgador de segunda, la demandante en el presente caso, posee la calidad de acreedora en el vínculo obligacional que se le exige a la demandada.

SEGUNDO

La resolución que revoca la Sentencia Nº35, proferida el 30 de junio de 1997 por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil, del Primero (sic) Circuito Judicial de Panamá, al declarar no probada la excepción de prescripción alegada por la demandada, dejó de reconocer que las reclamaciones extrajudiciales efectuadas por la parte actora, no fueron en su condición de acreedora de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A., pues entre éstas no ha habido ninguna acreencia derivada de los hechos que se contrae esta demanda.

TERCERO

Al dejar de reconocer el Primer Tribunal Superior de Justicia un derecho expresamente consagrado en una norma, tal cual es la prescripción de las acciones por el transcurso del tiempo, declaró no probada la excepción de prescripción ensayada, por nuestra representada, decidió la controversia vulnerando una disposición legal, que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

En adición, el recurrente cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 1711 y 1706 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA EN LA PRIMERA CAUSAL

El cargo de injuridicidad que el casacionista atribuye a la sentencia en el primer motivo consiste en que el Tribunal Superior violó de modo directo por comisión los artículos 1711 y 1706 del Código Civil, que hacen referencia a los actos que interrumpen la prescripción, y el término de prescripción de un (1) año, para la acción de exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, respectivamente, ya que consideró el recurrente, en la primera norma invocada como infringida, que el Tribunal Superior mediante una definición genérica de un diccionario, otorgó al término "reclamación judicial efectuada por el acreedor" un alcance metalegal, asemejándolo a la relación demandante-demandado (acreedor-deudor) que se da en el presente proceso, con motivo del accidente ocurrido el 15 de mayo de 1993, sufrido por el cisterna de propiedad de la parte actora.

El recurrente señala que el tribunal de segunda instancia violó de manera directa por comisión el artículo 1711 del Código Civil, ya que esta norma no hace distinción alguna del término acreedor cuando se refiere a la interrupción de la prescripción, por reclamaciones extrajudiciales de este último, por lo que no le es dable al Primer Tribunal Superior, según el recurrente, entrar en elaboraciones sobre el particular, considerando definiciones académicas o doctrinales, para hacer extensiva la aplicación de la norma civil citada.

También señala el recurrente que el Tribunal Superior violó de modo directo por comisión el artículo 1706 del Código Civil al haberle dado la sentencia apelada una condición de acreedora a la señora C.M.G.P., ya que esta norma establece claramente el término de un (1) año para la acción de exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 de la excerta legal citada, desde que lo supo el agraviado.

En virtud de lo anterior, el recurrente fundamenta que al desconocerse el derecho consagrado en el artículo 1706 del Código Civil, se ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución objetada, ya que el término correcto de prescripción que debe tenerse en cuenta, de conformidad con la norma citada, es el de un (1) año desde que lo supo el agraviado, es decir, desde el 15 de mayo de 1993 al 15 de mayo de 1994.

Siendo así, considera oportuno esta Superioridad analizar las dos disposiciones legales invocadas por el recurrente como infringidas por el Tribunal Superior, en relación con los hechos que se acreditan en el proceso.

Primeramente, observa la Sala que el accidente ocurrido el día 15 de mayo de 1993, en que el camión remolque con cisterna, marca FAB/NAL, modelo F-NAC, motor (chasis) TTT4038, año 1977, con matrícula de 1993 Nº8R-877, propiedad de la demandante C.M.G.P., al momento en que se encontraba realizando la operación de succión del aceite de palma a los tanques de depósito de la empresa PANAMA BOSTON S. A. (PABO, S.A.) y en la que se produjo un "apachurramiento" de la estructura del cisterna, es el hecho generador de la responsabilidad exigida por la mencionada parte demandante, y que ésta tuvo conocimiento de los daños causados al cisterna el mismo día.

También se acredita con claridad en el expediente, que la demanda fue presentada el día 12 de mayo de 1994, pero no fue hasta el día 17 de mayo de 1994, la fecha en que se hizo la publicación de la certificación que exige el artículo 658 del Código Judicial para que la presentación de la demanda pueda interrumpir el término de la prescripción.

Siendo así, pareciese a simple vista que la acción de la parte actora estaba prescrita. Sin embargo, ésta alega, en su momento oportuno, de contestación de la excepción de prescripción, que se había interrumpido la prescripción de la acción, de conformidad con lo que establece el artículo 1711 del Código Civil, con múltiples reclamaciones extrajudiciales.

Dicho artículo 1711 de la excerta legal citada reza así:

"Artículo 1711: La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor."

(Subraya la Sala)

De lo anterior se colige, que existen tres supuestos para la interrupción de la prescripción de las acciones, siendo una de ellas, la reclamación extrajudicial del acreedor, alegada por la parte actora en la contestación de la excepción de prescripción de la acción.

Referente a este supuesto de la interrupción de la prescripción, el casacionista alega que el Tribunal Superior declaró no probada la excepción de prescripción, basándose en una definición genérica de un diccionario, al otorgarle al término acreedor, un alcance y sentido amplio, por lo que para el tribunal A-quem, según la parte recurrente, la demandante tiene la calidad de acreedora en el vínculo obligacional que se le exige a la demandada y de allí que las reclamaciones efectuadas por la señora C.M.G.P. a INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A. tienen la calidad de reclamaciones extrajudiciales del acreedor, con fuerza suficiente para interrumpir la prescripción.

No cabe duda que el cómputo para iniciar procesos de indemnización con fundamento en el artículo 1644 del Código Civil, se inicia desde que la persona lo supo. Sin embargo, conviene, para dilucidar esta controversia, reproducir los comentarios del catedrático en Derecho Civil en España, M.A., en "Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales", referente a la prescripción de las acciones, así:

"Efectivamente, el criterio de la interpretación restrictiva de las normas sobre prescripción se hace depender de una sutil censura a la existencia misma o a la utilización por el deudor de este instituto. La jurisprudencia se hace eco de aquella vieja teoría negativa de la prescripción, basada en criterios atécnicos o morales, según la cual esta figura debe reputarse injusta porque, por ejemplo, el deudor no deja de tener esa condición por el hecho de que el acreedor reclame tardíamente su crédito. El deudor, se dirá, en este caso, tiene una obligación natural de pagar el crédito prescrito.

Sin embargo, a mi entender no tiene sentido calificar de injusto un efecto establecido directamente por la ley, máxime cuando ésta contempla expresamente la posibilidad de que el titular del derecho prescrito pueda hacer uso de medios suficientes para evitar aquel efecto (v. gr., interrupción de la prescripción). Además, si tuviera algún fundamento el criterio de la interpretación restrictiva de las normas sobre prescripción, debería aplicarse sólo para tratar de limitar los efectos de la prescripción, pero sin generalizarse a todas las normas reguladoras del instituto.

En todo caso, merece subrayarse que el Tribunal Supremo ha experimentado recientemente un cambio radical en su doctrina sobre la interpretación de las normas sobre prescripción de derechos y acciones. Así, de sostener que la interrupción de la prescripción es materia que debía interpretarse restrictivamente, ha pasado a propugnar un tratamiento menos estricto respecto a las causas de interrupción (cfr. S.T. de 9 marzo, 21 abril y 7 julio 1983)."

(Subraya la Sala)

(ALBALADEJO, M.. "Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales", Tomo XXV, Vol.1, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1993, p. 51 y 52)

Para fines prácticos de entendimiento del término "acreedor", la Sala considera conveniente analizar dicho término, toda vez que el casacionista manifiesta que el Tribunal Superior le dio una definición asemejándolo a la relación demandante-demandado (acreedor-deudor), con motivo del accidente ocurrido el 15 de mayo de 1993, sufrido por el cisterna de propiedad de la parte actora, es decir, que la señora C.M.G.P. posee un vínculo o relación de acreencia con Industrias Panama Boston, S.A..

Así tenemos, que utilizando un diccionario, pero relacionado con las ciencias jurídicas, como es el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de G.C., la palabra ACREEDOR, la define así:

En la proyección jurídica más amplia, todo el que tiene derecho o acción para pedir una cosa o exigir el cumplimiento de una obligación.

(Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, G.C., Tomo I, Editorial Heliasta, 21ª ed., Buenos Aires, 1989, p.111.)

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de M.O., señala como acreedor, así:

"El que tiene acción o derecho de pedir el cumplimiento de alguna obligación. El que tiene acción o derecho para pedir alguna cosa, especialmente el pago de una deuda, o exigir el cumplimiento de alguna obligación."

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de M.O., Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994, p.42.)

De las anteriores definiciones citadas a la palabra acreedor, este tribunal considera que la parte actora encaja en dicho término impugnado, toda vez que con el accidente ocurrido el 15 de mayo de 1993, sufrido al cisterna de su propiedad, en las instalaciones de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A., dicha parte actora se considera que tiene un derecho o acción de pedir el cumplimiento de una indemnización, como sería el reclamo de los daños sufridos por la supuesta negligencia de los empleados de la empresa PANAMA BOSTON, S.A., al momento de efectuarse la operación de succión de aceite de palma que se encontraba en el cisterna antes mencionado a los tanques de depósito de la empresa demandada, dando como resultado el "apachurramiento" del cisterna.

Como corolario de lo anterior, L.D.-PICAZO en su obra "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II (Las relaciones obligatorias)", Editorial Civitas, Madrid, 1993, 4ª ed., p.157, nos enseña lo siguiente:

La relación obligatoria, como todas las relaciones jurídicas, precisa la existencia de dos partes o sujetos. Usualmente se denomina a estos sujetos acreedor y deudor. Es acreedor el titular del derecho del crédito y deudor la persona sobre quien pesa el deber de prestación.

Una vez aclarado el término acreedor, que posee la parte actora al solicitarle un reclamo a la deudora (INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A.), por los daños sufridos al cisterna de su propiedad, la Sala estima necesario analizar con profundidad, si en autos, se acredita la existencia de reclamaciones extrajudiciales alegadas por la demandante, señora C.M.G.D.P., a fin de establecer que el tribunal Ad-quem aplicó debidamente el artículo 1711 del Código Civil, impugnado como infringido, y no el 1706 de la excerta legal citada, como pretende el casacionista.

Siendo así, la Corte observa con claridad, que los documentos visibles a fojas 72 a 77 del expediente, corresponden a reclamaciones realizadas por la parte actora, mediante sus apoderados judiciales, Consorcio de Juristas, a la firma de abogados que representa a la parte demandada, con la finalidad de que le cancelen la suma de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.82,500.00) en concepto de daños y perjuicios sufridos al camión cisterna tantas veces mencionado.

Para la Sala, resulta evidente que la comunicación a la demandada del pago de la suma supuestamente adeudada constituye un documento idóneo de interrupción de la prescripción, hecho ocurrido el día 19 de enero de 1994, es decir, antes de vencerse el término de prescripción que postula el artículo 1706, es decir, el 16 de mayo de 1993, fecha del accidente, por lo que la prescripción ocurría el 16 de mayo de 1994, de no haberse interrumpido la misma. Aún cuando se aceptase como fecha del accidente la señalada por la demandada, esto es, el 15 de mayo de 1993, la interrupción de la prescripción se produjo antes de la prescripción que decreta el artículo 1706 del Código Civil.

Concretando el tema de la interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial, la Enciclopedia Jurídica Básica, Volumen III, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1ª ed., 1995, página 5012, expresa lo siguiente:

"...

Para que pueda entenderse interrumpida la prescripción por reclamación judicial o extrajudicial es preciso: a) que la reclamación procede del titular de la pretensión de cuya prescripción se trate, o de su representante legal o voluntario, aunque lo sea por mandato verbal; y que se haya hecho frente al sujeto pasivo de la pretensión o su representante (no frente a un tercero, aún por error excusable, pese a algunos fallos jurisprudenciales en sentido opuesto...)...y b) que haya versado precisamente sobre la pretensión de cuya prescripción se trata, y no sobre otra más o menos semejante."

De lo anterior, es del criterio esta Superioridad, al analizar exhaustivamente la disposiciones legales señaladas por el casacionista como violadas por el Tribunal Superior, de manera directa por comisión, que no le asiste razón al recurrente, ya que el juzgador aplicó la norma debidamente, al considerar que la parte actora interrumpió la prescripción de la acción, mediante reclamación extrajudicial, de conformidad con el artículo 1711 del Código Civil.

En virtud de lo que viene expuesto, debe desestimarse la primera causal invocada, puesto que los vicios de ilegalidad que se formulan en contra de la sentencia recurrida no se producen, por lo que pasa esta Superioridad al examen de la segunda causal de fondo invocada.

SEGUNDA CAUSAL:

La segunda causal de fondo consiste en: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Dicha causal fue sustentada en cinco motivos, que a continuación se transcriben:

PRIMERO

El fallo de 22 de noviembre de 2000, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá no le dio la fuerza probatoria establecida específicamente por la Ley, al dictamen pericial rendido por D.V.B., Perito Profesional de Carga y Descarga, que obra a foja 275 donde se explica las causas del accidente ocurrido sobre el cisterna el 15 de marzo de 1993, de propiedad de la demandante.

SEGUNDO

El fallo objeto de censura, tampoco le dio la fuerza probatoria a la nota suscrita y reconocida por el Perito Domingo Viluce, que consta a foja 276 donde explica las funciones de las válvulas de seguridad que usan los tanques cisternas. Esta nota está acompañada con fotografías que corren de fojas 277 a foja 290. El Primer Tribunal Superior de Justicia, tampoco valoró la diligencia de reconocimiento de los documentos aportados y la explicación de las válvulas que aparecían en las fotografías antes mencionadas. (Esta Diligencia fue llevada a cabo el 5 de marzo de 1997 tal como consta a fojas 293 a la foja 297 inclusive).

TERCERO

La Resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, le restó el valor que la Ley le confiere a la prueba pericial, sin tomar en consideración los principios en que se fundamentan los mismos, la competencia del perito y la relación de estas pruebas, con otras allegadas al expediente, tales como la prueba de Inspección Judicial realizada en las instalaciones de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A., la prueba testimonial rendida por el Ingeniero J.V., pruebas que en su conjunto establecían irrefutablemente las responsabilidades del chofer en cuanto a su deber se (sic) abrir la escotilla superior del cisterna y vigilar la labor de descarga del aceite. No obstante lo antes probado, el tribunal de apelación, estimó que en el expediente no se había acreditado la responsabilidad del chofer en la labor de descarga del aceite.

CUARTO

Al apreciar o valorar erróneamente el fallo dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá el peritaje, el documento aportado por D.V., y la diligencia de reconocimiento de documentos, donde se confirmaba la explicación de las funciones de las válvulas de seguridad con que deben constar los citernas (sic), pruebas éstas antes citadas, en conjunto con el cúmulo de pruebas allegadas y practicadas en el expediente, tales como la Inspección Judicial practicada a las instalaciones de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A. (Ver fojas 260 a 262 del expediente) y la declaración testimonial rendida por J.V. (ver fojas 229 a 237 del expediente), pruebas estas, que establecen claramente la responsabilidad del conductor o chofer del camión con su cisterna de abrir la escotilla superior y vigilar la labor de descarga del aceite de palma, por lo que la resolución objeto de censura, decidió la causa y el fondo de la controversia con evidente error de Derecho en la apreciación de la prueba pericial, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución objeto de este recurso, por cuanto que el Primer Tribunal Superior de Justicia, concluyó erróneamente que el accidente sobre el cisterna se debió a que los empleados de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A., encargados de la labor de succión no apagaron la bomba de succión a tiempo, con lo cual se produjo el daño, restándole inclusive toda importancia a los actos llevados a cabo por el conductor del camión el día del accidente.

QUINTO

El error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba Pericial y del documento aportado por Domingo Viluce, contenida en el fallo objeto de censura, se hace evidente ya que el Primer Tribunal Superior, no tomó en consideración las otras practicadas y allegadas al expediente, tal como lo dispone el Artículo 967 del Código Judicial, por lo que al haber apreciado erróneamente la prueba el Primer Tribunal Superior de Justicia, decidió la causa con evidente error de derecho en la apreciación de la prueba lo que definitivamente influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida."

En adición, el recurrente cita como disposiciones legales infringidas y explica cómo lo han sido, los artículos 967y 945 del Código Judicial, y el artículo 1644 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA EN LA SEGUNDA CAUSAL

Concretamente, el vicio de ilegalidad que la parte recurrente atribuye al tribunal Ad-quem radica en que al dictamen pericial rendido por DOMINGO VILUCE (fs.275) no se le dio la fuerza probatoria establecida en el artículo 967 del Código Judicial, en la que se explica las causas del accidente ocurrido el día 15 de mayo de 1993 sobre el cisterna de propiedad de la demandante; no se le dio fuerza probatoria a la nota suscrita y reconocida por el perito DOMINGO VILUCE (fs.276), en la que explica las funciones de las válvulas de seguridad que usan los tanques cisternas; se le restó el valor que la ley le confiere a la prueba pericial mencionada en relación con la inspección judicial realizada en las instalaciones de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A. (fs.260-262), así como la declaración testimonial rendida por el ingeniero J.V. (fs. 229-237), pruebas éstas que en su conjunto, según el recurrente, establecían la responsabilidad del conductor del cisterna accidentado, en cuanto a su deber de abrir la escotilla superior del cisterna y vigilar la labor de descarga del aceite.

Por otro lado, el recurrente fundamenta que se violó el artículo 945 del Código Judicial, ya que no se le dio el valor que corresponde a la prueba de inspección judicial, toda vez que en el presente caso, el tribunal Ad-quem consideró que no se había acreditado que fuera responsabilidad del conductor, vigilar la labor de descarga del aceite de palma, ni abrir la escotilla para llevar a cabo la descarga del citado producto.

Referente a lo anterior, el casacionista expresa que en la inspección judicial practicada en las instalaciones de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A., el Ingeniero CÉSAR VERGARA expuso en su condición de testigo, que en el procedimiento de descarga del aceite de palma, el conductor del camión cisterna debe estar siempre presente junto a su vehículo, además de abrir la escotilla superior del cisterna. (fojas 260 a 262)

Finalmente, el recurrente invoca como norma conculcada por el Tribunal Superior de manera directa por omisión, el artículo 1644 del Código Civil, referente a la reparación del daño causado el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, ya que según el casacionista, el conductor del camión cisterna, señor R.S., actuó de manera omisiva y negligente, al declarar a fojas 266, 267 y 269 del expediente, que él se encontraba durmiendo en una cama que tenía la misma mula, mientras se daba la labor de descarga y que abandonó totalmente el área de descarga, para irse a conversar con su jefa, señora C.M.G.. Además, de observarse la conducta negligente de la propia dueña del camión cisterna al manifestar no tener conocimiento de la importancia de que su vehículo de transporte de aceite de palma contase con las válvulas de protección. (V. fojas 245 del expediente).

De esta manera, observa la Sala que la sentencia recurrida hace un análisis del acto culposo o ilícito, de los daños causados y del nexo causal, a fin de establecer la responsabilidad civil extracontractual por hechos de terceros, establecida en los artículos 1644 y 1645 del Código Civil.

Como es sabido, la responsabilidad extracontractual requiere que el afectado por el daño causado acredite o pruebe que dicho daño se produjo por la demandada interviniendo culpa o negligencia, que el daño se ha producido y que existe una relación de causalidad entre el acto culpable y el daño causado. Por ello, el actor debió acreditar que la empresa demandada, a través de sus operadores, causó el accidente, hecho que ha sido acreditado, como se verá, y la obligación del chofer de la demandante de participar en el proceso de descarga, como sostiene el recurrente, no ha sido probado a satisfacción, a juicio de la Sala, toda vez, se repite, que la responsabilidad de la descarga le correspondía a la demandada, cuya culpa se presume por los hechos llevados a cabo por sus operarios, salvo si acreditó que utilizó toda la diligencia y el cuidado de prevenir el accidente, lo que ciertamente no hizo.

Sobre el análisis del acto culposo sostuvo la sentencia recurrida:

"...

Sobre quien es la persona encargada de realizar la operación de succión, entendiendo por tal conectar la manguera succionadora al carro cisterna, prender y apagar la bomba succionadora, no existe duda que tal tarea correspondía, por lo menos el día del accidente, a los empleados de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A. Decimos lo anterior, no sólo porque así lo refiere el conductor del vehículo en su declaración, sino porque así también lo sostuvieron en sus declaraciones diferentes empleados de la demandada. El conductor del cisterna declaró que a él como conductor sólo le correspondía pasar a la pesa y luego estacionarse en el área de descarga y de que de allí los empleados de la empresa se encargaban del resto, abrir escotillas, conectar las mangueras de succionar y abrir válvulas (fojas 263-271). El señor V., Gerente de la empresa declaró "El empleado de Industrias Panamá Boston, encargado de conectar la manguera de succión y de prender la bomba de succión..." "La responsabilidad de apagar la bomba de descarga es del personal de INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, una vez recibe la indicación del chofer del carro de que la descarga se ha completado". (ver fojas 231). El señor A.R. empleado de la demandada encargado del pesaje de los carros cisternas "Después se manda al departamento de descarga y ellos toman una muestra para el laboratorio y entonces ellos autorizan la descarga de acuerdo como esté el análisis del aceite." (Ver fojas 95).

Sobre el hecho de que la persona encargada en INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A. de apagar la bomba de succión no lo hizo cuando terminó la descarga, o sea en el momento oportuno, tampoco existe duda, y no sólo porque el conductor del cisterna declaró que él trató de buscar a los muchachos que estaban encargados de la descarga y no había ninguno de ellos por allí y que él logro apagar la bomba (ver fojas 264), sino también porque el propio Gerente de la empresa, Sr. V. declaró que "el encargado de conectar la manguera de succión de prender la bomba de succión, aproximadamente esa hora, durante la descarga del carro cisterna, debió estar verificando los tanques de recibos de aceite crudo de palma, porque ese día se recibieron varios carros de aceite crudo de palma y el tanque estaba lleno y corría el riesgo que se derramara el aceite crudo de palma en dicho tanque". (ver fojas 231).

...". (Fs.414-416)

Respecto a la culpa de la demandada, la Sala observa a fojas 263 a 268 del expediente, correspondiente a la declaración testimonial del conductor del carro cisterna, objeto del presente proceso, señor R.S.R., específicamente a foja 264 lo siguiente: "...al momento que yo iba para el trailer el tanque como que se estremeció y algo produjo un estruendo, yo me acerqué corriendo a la mula y vi que el tanque estaba chupado, traté de buscar a los muchachos que estaban encargados de la descarga y no había ninguno de ellos por allí; yo me fui a buscarlo para que vinieran a ver lo sucedido; anterior a eso yo logré parar la bomba."

Continuó expresando el testigo S.R. a pregunta que se le hiciera respecto si al inicio de sus labores para la empresa EXTRACTORA DEL BARÚ, S. A. (EBASA) como conductor del camión cisterna, objeto del accidente, se le puso en conocimiento, ya sea verbal o escrito, por parte de los propietarios o los empleados de la empresa demandada INDUSTRIAS PANAMA BOSTON ,S.A. sobre la existencia de un tipo de reglamento interno relacionado con la descarga de aceite en dichas instalaciones, que la empresa EXTRACTORA DEL BARÚ, S. A. (EBASA) se encarga de la carga y los compradores de aceite (INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A.), se encargan de la descarga, de abrir la escotilla y conectar su manguera y abrir sus propias válvulas. Sin embargo, el conductor R.S.R., a foja 266 y 268, del presente proceso manifestó que, posterior al día 15 de mayo de 1993, fecha en que ocurrió el accidente del camión cisterna 8R-877, tantas veces mencionado, se le dio la orden verbal de que el chofer tiene que estar presente al abrir la escotilla y verificar que esté abierta, lo que presume que con anterioridad el día del accidente los operarios de la empresa INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A. era quienes debían encargarse de toda la fase de descarga.

Por otro lado, se tiene la declaración del Gerente de la Empresa Industrias Panamá Boston, S.A., señor J.A.V., visible a fojas 229 a 235 del expediente, específicamente a foja 231, cuando éste expresa que "La responsabilidad de apagar la bomba de descarga es del personal de Industrias Panama Boston, una vez recibe la indicación del chofer del carro de que la descarga se ha completado."

Es evidente, para la Sala, que la causa del accidente debe achacarse a la demandada, por cuanto que actuaron con negligencia sus operarios al momento de verificar la descarga, cuya obligación le correspondía, al punto de ausentarse del sitio de descarga cuando se estaba llevando a cabo la misma, es decir, antes de su conclusión. La empresa, por su parte, no desplegó cuidados para prevenir el accidente, como pudo ser al dictar reglamentaciones o la metodología para llevar a cabo la descarga con seguridad, que no existían (véase inspección ocular a foja 262: "Estas obligaciones han sido establecida por la costumbre, ya que no hay nada escrito al respecto; y a foja 268)

Corresponde, por tanto, valorar la prueba pericial, cuya errada valoración censura el recurrente.

Referente a la prueba supuestamente mal valorada, visible a foja 276 del expediente, correspondiente a la nota suscrita por el perito DOMINGO VILUCE, de fecha 23 de junio de 1994, donde explica las funciones de las válvulas de seguridad que usan los tanques cisternas, así como las fotografías que corren a fojas 277 a 290 del presente proceso civil, es del criterio esta Superioridad que el juzgador de segundo grado no le dio el valor que corresponde a las mismas, de conformidad con la sana crítica y la uniformidad o disconformidad de la opinión vertida por el mencionado perito, toda vez que en el dictamen pericial visible a foja 275 del expediente, dicho perito expresó que la causa del accidente se debió a error humano, sin establecerse de manera objetiva a quién le correspondía el mismo, y sin tomar en cuenta otras pruebas, que colocaban en cabeza del demandado la operación de descarga hasta su conclusión.N

Esta Sala es del criterio que toma más fuerza el análisis de las pruebas señaladas por el casacionista como no valoradas conforme la ley, específicamente en la prueba pericial visible a foja 275 del expediente, cuando de la misma se desprende que el cisterna objeto del proceso no contaba con las válvulas de expansión ni de contracción, tal como explicó el perito en carga y descarga DOMINGO VILUCE B., señalando que las mismas son necesarias para prevenir la ocurrencia de siniestros como el ocurrido al cisterna propiedad de la demandante, señora C.M.G.P..

Un análisis del informe pericial denota que el accidente, en apreciación del perito, se ubica en dos causas, a saber: Primero, no haberse cerrado la escotilla que produjo la succión de la bomba del tanque, y segundo, que el transporte carecía de válvulas de expansión y contracción. Se desprende de ello que existe concurrencia de culpa tanto del demandante como del demandado. La responsabilidad del primero emerge por cuanto eran los operarios de la demandada quienes tenían a su cargo la responsabilidad de la descarga y la actuación negligente por tal conducta ha de ubicarse en el demandado, quien no desplegó la diligencia debida de control sobre sus operarios, al punto de que no permanecieron todos en el área hasta terminar la descarga (véase dictamen pericial a foja 275 y la declaración del señor R.S.R., específicamente a foja 264) .

En este sentido, este tribunal considera que la valoración de la prueba pericial para acreditar los daños y perjuicios causados, visible a foja 275 del expediente, no fue apreciada debidamente por el juzgador de segunda instancia, toda vez que no se aplicó las reglas de la sana crítica, cuando se procedió a analizar el dictamen pericial rendido por el señor DOMINGO VILUCE B. (fs.275), perito profesional de carga y descarga.

Interesa destacar en este punto que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante en lo relacionado con la autoría del accidente, la culpa desplegada por el agente y la correspondiente relación de causalidad, que ha de ser adecuada para producir el accidente. Tales acciones han sido acreditadas por la parte demandante, por lo que corresponde, a su turno, a la parte demandada, aportar o acreditar la prueba de la culpa del transportista al no encontrarse el transporte equipado con las válvulas de seguridad, por el lado del demandado, como alegó en los hechos expuestos en la contestación de la demanda, como defensa.

Por dicha razón, se estima probado el cargo contra la sentencia, circunstancia que hace innecesaria la consideración de la tercera causal, con arreglo a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 1180 del Código Judicial.

Como es sabido, cuando la acción desplegada por la parte demandada es atribuible a culpa (no a dolo) compartida con la parte demandante, la indemnización a que resulta condenada la demandada, puede ser moderada por los tribunales de instancia, y la Sala, una vez casada la sentencia, adquiere tal carácter, conforme se desprende del segundo párrafo del artículo 1180 del Código Judicial. De acuerdo al artículo 988 del Código Civil, dicha indemnización puede moderarse por los tribunales cuando se aprecia que ha existido concurrencia de culpas, como ha tenido ocasión de puntualizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, al interpretar el artículo 1103, de idéntica redacción. Dicha norma, también ha dicho la entidad jurisdiccional española, es aplicable tanto en el caso de responsabilidad contractual, como extracontractual, ámbito este último en el cual se mueve la Sala. Es evidente, para la Sala, que si bien la culpa ha de ubicarse la parte demandada en los operarios y no acreditar que desplegó la debida diligencia en prevención con el accidente al descuidar su obligación, por otro lado, la empresa de transporte también actuó con negligencia, pues no colocó en el camión accidentado las válvulas de seguridad para prevenir el accidente en el transporte.

Esta posición jurisprudencial española puede apreciarse en el extracto de jurisprudencia, que se transcribe:

"El art. 1103 es de aplicación tanto a las obligaciones contractuales como a las extracontractuales, de forma que la posibilidad de moderación que recoge el precepto ha de extenderse a cualquier tipo de obligaciones, con base en las siguientes razones: A) De acuerdo con el tenor literal del susodicho art.1103, y al margen de la localización sistemática del mismo, éste es un "precepto aplicable a toda clase de obligaciones", como en realidad lo son también otros artículos inmediatos del mismo Capítulo del Código (así arts. 1104, 1106 y 1107), que habitualmente se aplican y proyectan tanto al campo de las obligaciones dimanantes de convención o contrato como en el de los que nacen de acto ilícito. B) La parca regulación de nuestro Código en materia de responsabilidad extracontractual obliga -tal como acertadamente ha puntualizado la mejor doctrina- a integrar lagunas a través de la aplicación por analogía de preceptos relativos a las obligaciones en general, pues aún existiendo, como es bien sabido, indiscutibles y claras diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, no pueden negarse tampoco las grandes semejanzas que posibilitan esa aplicación analógica que ciertamente evitará, en el caso del art. 1103 es que la responsabilidad se exige "en toda clase de obligaciones", pero si procede de negligencia (con exclusión tácita de la conducta dolosa del anterior art. 1102), esa exigencia puede resultar injusta en un caso concreto por las circunstancias específicas que en él concurran, lo que obliga en tales supuestos a moderar precisamente la cuantía o cuantificación de la responsabilidad, sin que para ello sea obligada la apreciación de concausas o concurrencia de actitudes culposas o negligentes, bastando con comprobar y estimar -tal como acontece en el presente caso- que los cuantiosos daños producidos superan ostensiblemente lo que sería previsible para el grado de negligencia observado o, admitida una responsabilidad objetiva, procede la moderación de sus consecuencias con base precisamente objetiva, proceda la moderación de sus consecuencias con base precisamente en que esa responsabilidad nacida de la negligencia a que se refiere el tantas veces repetido art. 1103, de aplicación a toda clase de obligaciones, admite ser disminuida "según los casos", lo que supone, como queda dicho, una inequívoca remisión a una valoración acorde con la equidad de las circunstancias que matizan y configuran el caso concreto."

En virtud de lo anterior, la Sala ha de modificar el monto de la indemnización en que incurrió la demandada, a la mitad del costo del transporte, cuya cuantificación precisa ha de hacerse por medio del procedimiento de la condena en abstracto que regula el artículo 983 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia de 22 de noviembre de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, y actuando como tribunal de instancia, RESUELVE:

  1. REVOCAR la Sentencia No.35, proferida el 30 de junio de 1997, por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario incoado por C.M.G.P. contra INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A.;

  2. CONDENAR EN ABSTRACTO a la empresa INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S. A. a pagar a la señora C.M.G.P. los daños causados a consecuencia del accidente ocurrido en las instalaciones de la demandada el día 15 de mayo de 1993, quedando establecido que dicho daño consiste en la mitad del valor de reemplazo del vehículo marca FAB/NAL, TIPO remolque, MODELO F-NAC, motor TTT4038, capacidad de 20 toneladas, color plateado del año 1977 que portaba la Placa No.8R-877/93 y quedando entendido que la cuantía de dicho valor deberá ser determinada mediante el procedimiento de liquidación de condena en abstracto contemplado en el artículo 983 del Código Judicial.

  3. LAS COSTAS, conforme se hayan causado, en base a la buena fe de las partes en la conducta procesal.

  4. CONFIRMA todo lo demás.

N..

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario Ad-hoc