Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Junio de 1995

PonenteRODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución21 de Junio de 1995
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Esta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró admisible el presente recurso extraordinario interpuesto por el profesional del derecho, V.G.C., apoderado judicial de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L., (en adelante Cooperativa de Ahorros y Créditos Ancón, R.L.) contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de justicia el día catorce de julio de 1994 la cual resuelve: "... DECLARA NO PROBADA la excepción de petición de modo indebido invocada en esta segunda instancia por la parte demandada; REFORMA la sentencia Nº 283 de fecha 17 de diciembre de 1991 y el Auto Nº 565 de fecha 5 de mayo de 1992, dictados por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de condenar a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L.(Cooperativa de Ahorros y Créditos Ancón, R.L.) a pagarle al señor A.L. la suma de B/.48,549.05 en concepto de capital, más las costas, las cuales se calculan en la suma de B/.8,532.36 y los intereses legales que serán liquidados por la Secretaría del Juzgado de origen ..."

Precluido el término de alegatos en cuanto al fondo, el negocio se encuentra en estado de decidir, a lo cual se procede previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

  1. Mediante escrito que corre de fojas 48 a fojas 50 del presente negocio el licenciado DANIEL HENDERSON MORA ejerciendo el poder conferido por el señor A.L. presentó demanda con acción de secuestro en contra de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ANCÓN, R.L. (COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE ANCÓN, R.L.) a fin de que sea condenada a pagar la suma de SESENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE BALBOAS CON SETENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.60,811.75) en concepto de capital más intereses, costas y gastos. La demanda se nutrió de nueve (9) hechos y como fundamento de derecho se señalaron los Artículos 973 y siguientes del Código Civil; artículos 651, 652, 654, 657, 1055, 1056, 1066, 1245 y siguientes del Código de Procedimiento.

    Admitida la demanda y corrido en traslado a la demandada, la cual no compareció a hacer valer sus derechos, se designó a la licenciada N.S. de M. como defensora del ausente. Una vez contestada la demanda, se abrió el negocio a pruebas y vencido el mismo la etapa de alegatos.

  2. Mediante sentencia Nº 283 del 17 de diciembre de 1991, el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil desató la controversia, (véase fs. 88-94) condenado a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L. (COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS ANCÓN, R.L.) a pagar la suma de B/.60,811.75 al señor A.L., más los intereses y gastos generados en el presente proceso. Las costas fueron señalados en la suma de B/.2,500.00 a cargo de la demandada. La representación judicial de la actora solicitó la corrección sobre las costas y, el Juzgado de instancia, mediante auto Nº 565 del 5 de mayo de 1992 modificó la sentencia proferida en este negocio en cuanto a costas del proceso y la fijó en la suma de B/.9,621.76.

  3. Mediante resolución del diez (10) de junio de 1992 se concedió en el efecto suspensivo las apelaciones hechas por el licenciado V.G.C.. Remitido el expediente al Primer Tribunal Superior de Justicia, previo reparto de rigor, el proceso se abrió a pruebas de conformidad con lo señalado en el artículo 1264 en relación con el artículo 1255 del Código Judicial. Precluido dicho término, se fijó en lista para que las partes alegaran, término que fue aprovechado por ambas.

  4. La apelación interpuesta por la representación judicial de la demandada provocó el pronunciamiento del Primer Tribunal Superior de Justicia el día catorce (14) de julio del pasado año; y, en el mismo se consideró prudente: 1 declarar no probada la excepción de modo indebido invocada en la segunda instancia por la demandada; 2. Reformar la sentencia Nº 283 de fecha 17 de diciembre de 1991 y el auto Nº 565 de fecha 5 de mayo de 1992, dictados por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Contra el aludido acto jurisdiccional anunció y formalizó recurso extraordinario de casación, en el fondo, el licenciado V.G.C., visible a fojas 348 a fojas 362.

    CONTENIDO DEL RECURSO

    Se trata de un recurso extraordinario de casación, cuya causal única es la "Infracción de Normas Sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba y que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

    Siete (7) motivos en total fundamentan la causal invocada, pero, a juicio de la Sala los cargos de injuridicidad están contenidas en los cinco (5) primeros, los cuales se exponen así:

    "PRIMERO: La resolución impugnada consideró que el documento privado que aparece a foja 66 del expediente, que consiste en la resolución Nº 914 del 18 de abril de 1991, del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L. y que fuera aportada por la parte que representamos en este proceso, como un documento auténtico, cuando dicho documento fue reconocido por nuestra representada en la forma que señala la ley, por lo tanto tiene el valor de un documento privado auténtico.

SEGUNDO

Esta valoración equivocada condujo al tribunal a sostener que la parte, que representamos no aportó las pruebas necesarias para probar la excepción de petición de modo indebido incoada en la segunda instancia, cuando la prueba señalada en el motivo anterior comprueba la excepción planteada.

TERCERO

La resolución impugnada no valoró en toda su integridad, la prueba que aparece a fojas 182 a 226 del expediente, que contiene una copia auténtica de los estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., a pesar de que dicho documento privado debió ser valorado en toda su integridad, por tratarse de un documento privado auténtico en los términos que señala la ley.

CUARTO

Esta valoración equivocada, condujo al tribunal a sostener que la parte que representamos en este proceso, no aportó las pruebas necesarias que comprobaran, cuando la prueba señalada en el motivo anterior constituye una prueba más de la validez de la excepción planteada en esta segunda instancia.

QUINTO

La resolución impugnada, valoró la prueba pericial como completa, para establecer que la Cooperativa tenía que pagarle al demandante la suma de B/.42,549.05 en concepto de capital, más las costas, cuando con esta prueba sólo se establece la cantidad que tiene ahorrada el demandante en la Cooperativa, pero la misma no prueba si el demandante realizó todos los trámites necesarios para tener derecho a la devolución de la suma señalada, cuando ese trámite constituye un requisito indispensable para que el demandante tuviera el derecho a la devolución, por lo que la resolución ha violado claramente la Ley".

El casacionista hace derivar de los cargos esgrimidos la infracción de los artículos 820,823, 844 ordinal 2º, 845, 859 y 967 del Código de Procedimiento, así como también los artículos 2º y 28 literal D de la Ley 38 del 22 de octubre de 1980. Adicional a ello considera infringido el artículo 42 del Decreto Nº 31 del 6 de noviembre de 1981 por la cual se reglamenta la Ley 38 de 22 de octubre de 1980.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

La resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia y a la que hemos hecho referencia en líneas que preceden constituye el fallo censurado en casación, lo cual motiva que a continuación detallemos los puntos más relevantes del mismo. (fallo de segunda instancia).

  1. Con respecto a la excepción de petición de modo indebido que introduce la representación judicial de la demandada en el segundo nivel jurisdiccional la misma es desestimada, no obstante coincidir el Tribunal Colegiado con el apoderado de la Cooperativa en lo referente a la interpretación que dicho profesional hace del artículo 104 de los Estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L. y el artículo 2º de la Ley Nº 38 de 22 de octubre de 1980 por cuanto que la demandada no adujo en la segunda instancia elementos de convicción que demuestren que el actor incumplió el procedimiento requerido en el artículo 104 de los Estatutos.

  2. Que como la disconformidad del A. se centró en el error de apreciación que se dice incurrió el juzgador primario, la sentencia consideró que el numeral 4 del artículo 844 del Código Judicial que le sirvió de fundamento legal básico al Juez primario para darle valor a los documentos privados auténticos a las fotocopias de fojas 64, 65, 66 y 68 anteriormente descritas, no tiene aplicación en el presente negocio, ya que de acuerdo con dicha norma jurídica, para que tales fotocopias puedan tener valor de prueba, se hacía necesario, que la parte que se alega las suscribió las haya reconocido en autos de forma expresa o tácita, lo que no se dio en el caso subjúdice, ya que por una parte, la Cooperativa demandada hasta antes de dictarse la sentencia de primera instancia estuvo representada en el proceso por un defensor de ausente que fue nombrado por el juzgador a-quo, por lo que no pudo ser citado personalmente para que determinara sobre la autenticidad de ellos (reconocimiento expreso). Tampoco, sigue señalando la sentencia de segunda instancia se pudo dar el reconocimiento tácito del que habla el artículo 848 del Código Judicial, pues, por la misma razón la demandada representada por un defensor de ausente, el hecho de no haberse tachado o redargüido de falsas las fotocopias meritadas al momento de su traslado no implica que la Cooperativa las haya reconocido de forma tácita, habida cuenta que el defensor de ausente no tiene la calidad de apoderado legal de la recurrente, aún cuando era responsable para con ella en los mismo términos de este último, tal cual se desprende del contenido de los artículos 645, 883 numeral 2 y 1005 del Código Judicial.

  3. Con las fotocopias de fojas 70, 71 y 72 se sigue un criterio similar al aplicado a las pruebas documentales de fojas 64, 65, 66 y 68.

  4. En cuanto a las pruebas documentales de fojas 67 y 69, las cuales no fueron tomadas en consideración por el Juez A-quo como fundamento de la condena en contra de la demandada, tales elementos probatorios no guardan relación con la pretensión perseguida.

  5. Que no obstante el error probatorio en que incurrió el sentenciador primario al valorar los documentos privados de que se ha hecho mención, el Tribunal consideró prudente establecer la autenticidad del documento privado de fojas 64 mediante la práctica oficiosa de una acción exhibitoria con asocio de peritos a los archivos, registros y libros contables de la Cooperativa, iniciativa procesal que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia; y en la que, se pudo determinar mediante los informes rendidos por los peritos nombrados a instancia tanto por la parte demandante como el perito designado a solicitud de la Cooperativa al igual que del informe suministrado por el perito nombrado en forma directa por el Tribunal, que el señor A.L. a la fecha mantenía depositadas a su nombre ahorros que alcanzan la suma de B/.48,549.05, suma de dinero ésta cuya retención no ha sido justificada por la COOPERATIVA en el presente proceso ordinario, y de consiguiente se impone la condena de la parte demandada, si bien por cuantía y razones distintas a las señaladas por el Juez a-quo.

    CRITERIO DE LA SALA

    La causal de fondo invocada por el casacionista "Infracción de Normas Substantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba y que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida" constituye lo que ha sido denominado por la doctrina una causal indirecta, es decir, que el error en sí apenas es un medio para llegar a la determinación de la infracción de la norma substantiva de derecho; por consiguiente, no es suficiente demostrar que se ha cometido error en la apreciación de la prueba. Pues las exigencias a las cuales tiene que verse sometida la causal de infracción de normas substantivas de derecho en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba son: 1. El error y su demostración; 2. Que cause un perjuicio al casacionista; 3. Que incida sobre la parte resolutiva del fallo; 4. Que se determine con claridad y precisión la prueba o pruebas mal valoradas; 5. El error debe conducir a la infracción de la (s) norma (s) substantivas de derecho; y 6. Deben señalarse las disposiciones legales infringidas y la explicación de cómo lo han sido.

    Bajo esta óptica, es labor de la Sala averiguar si el Primer Tribunal Superior de Justicia realizó una valoración equivocada a las pruebas señaladas por el recurrente. De resultar equivocada la valoración hecha en el fallo proferido por el sentenciador ad-quem, nos encontramos ante un error de derecho que puede conllevar a la infracción de normas substantivas de derecho; y por ende, procederá casar la sentencia, o sea, invalidar el fallo impugnado y dictar el que corresponda. Por el contrario, si del examen resulta que la valoración se ajusta a la normativa entonces lo conducente será no casar el fallo.

    Ahora bien, al examinar el primer cargo que se esgrime contra sentencia de segunda instancia que consiste en que "la resolución impugnada consideró que el documento privado que aparece a foja 66 del expediente ... como un documento que no fuere reconocido, por lo que no le dio el valor de un documento auténtico, cuando dicho documento fue reconocido por nuestra representada en la forma que señala la ley, por lo tanto tiene el valor de un documento privado auténtico", la Sala llega a la conclusión que no prospera por cuanto que:

  6. Un documento privado es auténtico cuando ha sido reconocido ante Juez o Notario, o si judicialmente se tiene por reconocido.

  7. Un documento privado es auténtico cuanto habiéndose aportado al proceso, no hubiere sido tachado u objetado en los términos del artículo 848.

    Sabido es, que el defensor de ausente por disposición legal está obligado a oponerse a las pretensiones de la parte contraria a sus defendidos, negando lo pedido, los hechos y el derecho invocado por aquella y son responsables para con sus representados en los mismos términos que los apoderados; ello no obstante, no significa que adquiere la condición de tal (apoderado judicial). De allí pues, que mal puede argumentarse que el documento que consta a fojas 66 del presente negocio fue reconocido por la profesional del derecho que defendía los intereses de la Cooperativa cuando, dada su condición de defensor de ausente negó las pruebas presentadas por el demandante (fs. 59), toda vez que el defensor de ausente tiene ciertas limitaciones que no la tiene el apoderado judicial; y, para considerar un documento privado como medio de prueba, el juzgador tiene que estar seguro de su autenticidad, habida cuenta que los instrumentos públicos gozan de una presunción de autenticidad, lo cual no sucede con el privado. En consecuencia, el documento de marras no ha sido reconocido; y, por ende, no está revestido de autenticidad. Sin la prueba de su autenticidad o legitimidad "no se puede saber con certeza si el documento es legítimo o falso, no es posible imputárselo a quien aparece como su autor jurídico y mucho menos deducir de su contenido una consecuencia que le resulte adversa. La necesidad de este requisito se hace más patentes en los últimos tiempos, en virtud del auge que ha tenido los métodos para la falsificación de firmas y adulteración del contenido de los escritos" (DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría General de la Prueba Pericial, Tomo 2, pág. 536).

    En síntesis, pues, hay que concluir al igual que el Primer Tribunal Superior de Justicia que la excepción invocada por la demandada dentro del recurso de apelación interpuesto no puede ser reconocida por la carencia de pruebas que demuestren la misma (excepción).

    El segundo de los cargos y el cual aparece contenido en los motivos tercero y cuarto guardan relación con la prueba documental que aparece de fojas 182 a 226 del presente negocio. La prueba en mención, consistente en la copia autenticada de los Estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., fue aducida en la segunda instancia por el licenciado V.G.C., apoderado judicial de la Cooperativa. La aludida prueba no fue admitida por el Magistrado Sustanciador, pero, el resto de la Sala al resolver la apelación interpuesta consideró que dado el hecho de que la parte demandada estuvo representada por defensor de ausente durante el período probatorio lo prudente era admitir todas las pruebas presentadas por la misma (demandada); por consiguiente, revocó la resolución del 31 de julio de 1992.

    Lo aseverado en líneas anteriores nos lleva de la mano al cargo esgrimido por el casacionista cuando señala que "... dicho documento privado debió ser valorado en toda su integridad, por tratarse de un documento privado auténtico en los término que señala la ley". Contrario a lo aseverado por el recurrente la sentencia del catorce (14) de julio de 1994, valora en toda su integridad la prueba documental que consta de fojas 182 a 226, inclusive el sentenciador de segunda instancia coincide con la interpretación que hace el apoderado legal de la Cooperativa del artículo 104 de los Estatutos, es decir, que en ningún momento le negó su condición de documento privado auténtico a tenor de lo dispuesto en el artículo 844 del Código de Procedimiento. Empero, es indudable que el documento que consta a fojas 66 y la copia autenticada de los estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L. no constituyeron elementos de convicción para el tribunal colegiado de la segunda instancia porque las mismas (pruebas) son inconducentes para el objeto que se persigue, es decir, demostrar los hechos en que se fundamenta la excepción de petición de modo indebido, criterio este del cual no se aparta esta Sala de la Corte por lo cual tampoco prospera el cargo.

    El último de los cargos de injuricidad se concretiza en la valoración equivocada de la prueba pericial por parte del tribunal superior, puesto que al considerar la misma (prueba pericial) como completa lo condujo a condenar a la Cooperativa a pagarle al demandante la suma de B/.42,549.05 en concepto de capital, más las costas cuando, en realidad con esta prueba sólo se establece la cantidad que tiene ahorrada, pero, no prueba si el demandante realizó todas los trámites necesarios para tener derecho a la devolución de la suma antes aludida.

    Con ocasión del recurso de casación interpuesto por PEAT, MARWICH, MTCHELL & CO. dentro del proceso sumario que le sigue a J.R., esta S. dictó la sentencia con fecha veintitrés (23) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995); y, en al misma, dejó sentado que para la eficacia probatoria de un dictamen pericial se hace necesario que concurran ciertos elementos, entre las cuales cabe destacar: a- Que el dictamen esté debidamente fundamentado; b- Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos; c- Que las conclusiones sean convincentes y no aparezcan improbables, absurdas e imposibles; y d- Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. No cabe la menor duda que en el caso que nos ocupa se cumplen a cabalidad con los requisitos necesarios para la eficacia probatoria del dictamen pericial practicado dentro del proceso como consecuencia de la iniciativa probatoria oficial. A falta de pruebas que lo desvirtúen o lo hagan dudoso, es obvio que constituye una prueba completa. Resulta, en consecuencia, correcto y jurídicamente inobjetable la valoración dada por el sentenciador de segundo grado.

    En vista de lo anterior, se impone el rechazo de los cargos formulados en los motivos en que se apoya la causal invocada.

    En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia recurrida.

    Las costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de Doscientos Cincuenta Balboas (B/.250.00) solamente.

    N. y D..

    (fdo.) R.M.A.

    (fdo.) R.T.M.

    (fdo.) R.A.G.

    (fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO

    Secretario Encargado

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