Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 22 de Febrero de 1994

PonenteRODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución22 de Febrero de 1994
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte, en resolución de 17 de agosto de 1993, declaró admisibles los recursos de casación (de forma y de fondo) propuestos por HOTELERA EL PANAMÁ, S.A. y por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra la resolución de 27 de enero de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el Incidente de Nulidad por Distinta Jurisdicción y Falta de Competencia, dentro del proceso ordinario declarativo que CONSORCIO HOTELERO, S.A. le sigue al BANCO NACIONAL DE PANAMÁ y a HOTELERA EL PANAMÁ, S. A.

Posteriormente, se concedió a las partes el término de seis días para que alegaran en cuanto al fondo del negocio, lo que fue aprovechado sólo por los recurrentes, como consta en los escritos visibles de fojas 201 a 208 y 209 a 213.

Corresponde a la Corte emitir el pronunciamiento de rigor, para lo cual examinará cada una de las causales, en forma separada, y sus fundamentos en cada recurso en el orden en que fueron anunciados y sustentados.

I- Recurso de Casación propuesto por HOTELERA EL PANAMÁ, S. A.

CASACIÓN EN LA FORMA

La causal única de forma invocada por el recurrente, es la contenida en el numeral 4 del artículo 1155 del Código Judicial, que expresa en los siguientes términos: "POR CARENCIA DE COMPETENCIA IMPRORROGABLE EN EL TRIBUNAL SENTENCIADOR".

Esta causal de forma, aparece fundamentada en los motivos que a continuación se transcriben:

PRIMERO: La resolución recurrida soslaya el orden, contenido y naturaleza jurídica de las declaraciones formuladas por la pretensión de la demanda para determinar su competencia.

SEGUNDO: En forma exclusiva y excluyente se concentra en la última declaración planteada en la demanda, atinente a la nulidad de la Escritura Pública No.8863 de 30 de Agosto de 1989, pasada en la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, contentiva del Contrato de Compraventa de bienes de propiedad del Banco Nacional de Panamá.

TERCERO: En ese sentido desconoce que la adjudicación como etapa precontractual constituye un acto administrativo que se integra luego al procedimiento y formalización del contrato.

CUARTO: Limitada la resolución recurrida a la declaración de nulidad del contrato, considera es un acto de carácter civil, por tanto, es competente para conocer de dicho proceso ordinario declarativo el Juez de la causa.

Como disposiciones de derecho infringidas se citan los artículos 665, 666, 228, 234 literal b) y 98 numeral 2 del Código Judicial.

Veamos los sostenido en el concepto de infracción de cada una de las aludidas normas procesales.

1- El artículo 665 del Código Judicial preceptúa:

"ARTICULO 665. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  1. Que el Juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrá acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía;

  2. Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como principales y subsidiarias; y

  3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

    En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse la condena líquida respecto de las causadas y de las que se llegaren a causar entre la presentación de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias. También podrán acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

    En este caso, conocerá de las pretensiones acumuladas el Juez de mayor jerarquía que sea competente respecto de cualquiera de ellas."

    El casacionista expresa que la resolución recurrida infringió la disposición antes citada, por omisión, debido a que no examinó el conjunto de las declaraciones pretendidas en la demanda, "toda vez, que son ellas las determinantes de la competencia de este proceso".

    A su juicio, luego de analizar la totalidad de dicha declaraciones, indica que de acuerdo a la norma mencionada, en caso de que las pretensiones fuesen conexas, aunque independiente, no contienen los requisitos que la misma preceptúa sino que por el contrario "se excluyen por tratarse las tres primera de actos concernientes a otra jurisdicción y también por no haberse distinguido ni planteado en principales y subsidiarias".

    De allí que se infrinja en forma directa el numeral 3 del artículo 665, pues dicha pretensiones "no pueden tramitarse por el mismo procedimiento".

    Explica la censura, las pretensiones en el presente proceso ordinario, "con presunciones constitutivas", en los siguientes términos:

    ... plantea en la declaración (a) de su pretensión que Consorcio Hotelero, S.A., fue ADJUDICATARIA del contrato de venta de varias fincas de propiedad del Banco Nacional de Panamá, las cuales no son más que las contenidas en la Escritura Pública No.8863, adjudicadas a Hotelera El Panamá, S. A.

    Por tanto, no le compete a los Tribunales civiles hacer o ratificar la condición de presunta adjudicataria de la sociedad, porque la adjudicación como etapa precontractual se rige por el procedimiento administrativo, y sin confundirse con el contrato propiamente tal, se encuentra regulado como acto netamente administrativo.

    Esta primera declaración también resulta ser una PREMISA FALSA de la pretensión de la demanda, por cuanto considera que fue adjudicataria, no tiene necesidad de volver a pedir por esta vía, menos al mismo tiempo la nulidad de la Escritura que contiene el contrato relativo a esos bienes mediante otra adjudicación válida y apreciase que es la declaración principal y no la nulidad como consecuencia, señalada en la última declaración.

    En la declaración (b) la pretensión de la demanda, pide se declare que debido al cumplimiento y violaciones por el Banco Nacional de Panamá en el proceso de otorgamiento de la adjudicación definitiva del contrato de compraventa de los referidos bienes, cursan varios procesos, entre ellos, el contencioso-administrativo, luego de ser cierto, a los Tribunales civiles les está vedado hacer esa declaración, pues ella depende del procedimiento administrativo desarrollado en virtud del Reglamentación de venta pública del Hotel el Panamá, materia de competencia de la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) y no civil.

    La petición de la declaración (c) en relación con la anterior, irregularmente solicita que mientras no se decidan en definitiva los procesos (sic) que se mencionan en la declaración anterior, el Banco Nacional no puede disponer libremente de la finca en cuestión, lo que demuestra la intención directa invalidar por vía civil, los actos administrativos que se anteceden y que se encuentran en firme causando todos sus efectos jurídicos.

    Y, desde luego, en la declaración (d) que no puede ser consecuencia lógica de las anteriores, ni siquiera establecidas por corresponder a premisas falsas, se formula la nulidad de la Escritura No.8863, punto de apoyo de la resolución recurrida para sostener que por ese aspecto o circunstancia se trata de la impugnación de un acto de naturaleza civil y no administrativa.

    En este sentido, se cita, como apoyo a tales explicaciones, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 19 de diciembre de 1992, dictado en la demanda de inconstitucionalidad contra actos del Banco Nacional proferidos en el procedimiento administrativo de venta pública del Hotel El Panamá, que manifestó:

    "no existe la menor duda de que el aludido Reglamento de Venta fue dictado por el Banco a través de las autoridades a quienes la ley les atribuye la facultad reglamentaria (Cfr. art. 13 de la Ley No.20 de 1975) y declaren que se dictaron al amparo de sus normas, constituyen actos administrativos impugnables conforme el procedimiento previsto, ya para la vía contencioso-administrativa."

    Así, considera que no es posible un pronunciamiento, en lo civil, en cuanto a la nulidad de la Escritura No.8863 contentiva de la finca No. 18.942, que adjudicó el Banco Nacional a Hotelera El Panamá, S. A.

    Además, destaca del citado fallo de la Corte, el señalamiento respecto a que "CONSORCIO HOTELERO, S.A. NUNCA LLEGO A FORMALIZAR LA COMPRA DEL REFERIDO HOTEL, por la sencilla razón de que no cumplió con el pago del precio en los plazos estipulados".

    En consecuencia, expresa el casacionista que en vista del pronunciamiento de la Corte a nivel constitucional, los tribunales civiles no pueden decidir respecto a la pretensión de la demanda.

    2- La siguiente norma, considerada violada por omisión en la resolución del Ad-quem, es el artículo 666 del Código Judicial, que textualmente expresa:

    "ARTICULO 666. Cuando se acumulen varias pretensiones en una demanda la cuantía del proceso se determinará por la suma de los valores de todas ellas.

    Cuando se formulen pretensiones principales y subsidiarias, sólo se computará el valor de las primeras.

    Si la demanda contuviera varias pretensiones y fueren contrarias, se tendrá como principal la primera y como subsidiarias las restantes."

    Sostiene la censura que en la demanda respectiva, "las tres primeras declaraciones se han formulado como principales", pues se pretende que a consecuencia de ellas se declare la nulidad de la Escritura No.8826, de modo que "el Tribunal se vería en la obligación de computar las el valor de las primeras", las cuales competen a los procesos contencioso-administrativo y no civil.

    3- Se alega la infracción del artículo 228 del Código Judicial, que establece:

    "ARTICULO 228. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de todo asunto que no esté atribuido por la Ley a jurisdicciones especiales."

    El recurrente, acusa al fallo de segunda instancia de basarse en la premisa falsa de que "la demanda pretende la exclusiva nulidad de la Escritura Pública contentiva del contrato de compraventa celebrado entre el Banco Nacional de Panamá y la sociedad Hotelera El Panamá, S. A.", cuando las declaraciones de la demanda, que anteceden a aquella (la de nulidad) y le sirven de sostén, "tiene marcada su jurisdicción en leyes especiales como son la No.135 de 1943 y 33 de 1946, en relación con el artículo 98 del Código Judicial".

    En consecuencia se infringe la disposición legal citada, ya que "es determinante en cuanto a que la jurisdicción civil ordinaria conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por ley a jurisdicciones especiales".

    4- La siguiente norma del Código de Procedimiento es el artículo 234, en cuanto su literal b), veamos:

    "ARTICULO 234. La competencia de un Juez para conocer en determinados procesos se fija:

    1. ...

    2. Por la naturaleza del asunto;

    ..."

    Se explica que la infracción se debe a que, se prestó caso omiso a las declaraciones principales de la pretensión para determinar la competencia, atendiéndose sólo la última.

    Señala, que en el procedimiento de contratación que entraña una Licitación, resultan diferentes los actos administrativos que llevan a crear la voluntad contractual (orden administrativo), y el acto formal de contratación de naturaleza civil.

    Que en este caso, para conseguir la nulidad del contrato "el impugnante se remonta a los actos administrativos como es la declaración de adjudicación" y no impugna "directamente el contrato fundado en dolo o error en su contenido o formalidades".

    Que dicha situación no conlleva a un conflicto de competencia sino a su ausencia, puesto que "de la premisa falsa de que el accionante es adjudicataria", como declaración principal se pretende la declaratoria de nulidad de la Escritura Pública contentiva del contrato de compraventa, lo que "obligaría al Tribunal civil examinar los actos administrativos atinentes al procedimiento de esa Licitación," lo que es propio de la jurisdicción contencioso administrativa.

    5- Finalmente, se considera violado el numeral 2 del artículo 98 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

    "ARTICULO 98. A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales o municipales y las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

    En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:

    ...

  4. De los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los Gerentes o de las Juntas Directivas o de Gobierno, cualesquiera que sea su denominación, de las entidades pública autónomas o semiautónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos reglamentarios o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos;

    ..."

    Se acusa a la resolución recurrida de violar esta norma por omisión, debido a que determinó "que la competencia en este caso es de naturaleza civil, sin atender el planteamiento íntegro de la pretensión de la demanda.

    Comenta el casacionista que, no pueden confundirse los vicios pre-contractuales o los relativos a la formación de la voluntad contractual, con los contractuales o sea los que son propios del contrato.

    Se atribuye a la resolución recurrida, error en el examen de "la forma y planteamiento de la pretensión de la demanda que parte de la premisa falsa de la adjudicación" (de la que carece la actora), "sin advertir que la impugnación aquí no es directa del acto independiente del Contrato "(contenido en la Escritura Pública No.8863), pues lo que se pretende realmente es "invalidar tácitamente todo el procedimiento desarrollado para configurar la voluntad contractual".

    De allí que los tribunales civiles no son competentes para conocer lo demandado, sino la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que el demandante equivocó la jurisdicción ante quien planteó su demanda.

    SENTENCIA IMPUGNADA EN CASACIÓN:

    El Tribunal Ad-quem, sostuvo sobre el punto en conflicto, en el fallo de instancia lo siguiente:

    "...

    No obstante ello, el Tribunal se ha de manifestar en desacuerdo con el criterio exteriorizado por los apoderados legales de los recurrentes, en el sentido de que, lo que el actor impugna en el proceso ordinario de marras es una acto administrativo y por tanto debe ser conocido por la vía de lo contencioso administrativo.

    Y no comparte tal afirmación, por cuanto, a pesar de los razonamientos del incidentista, se advierte, que la sociedad demandante, Consorcio Hotelero, S.A., lo que persigue es que se declare la nulidad de la Escritura Pública No.8,863 del 30 de agosto de 1989, de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá que contiene el contrato de compra y venta sobre bienes de propiedad del Banco Nacional de Panamá, celebrado con la sociedad Hotelera El Panamá, S.A., como una actividad comercial y no como los actos o resoluciones previas a dicho contrato, dictadas por la entidad bancaria demandada, en el ejercicio de sus funciones administrativas, las que sí constituyen actos administrativos.

    Sin embargo, el contrato de compraventa contenido en la escritura pública que solicita se declare nula, constituye, como bien lo señala el J.A.-quo en la resolución apelada, un acto de derecho civil, por cuanto que, una entidad autónoma del Estado actúa en tal forma que se convierte en un sujeto de derecho semejante a un particular, por lo tanto se somete a las reglas del derecho civil.

    En casos similares al que se analiza, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, ha dejado consignado que ella no es competente para conocer asuntos en que se impugna un acto de naturaleza mercantil; así lo señala en auto de fecha 13 de septiembre de 1983, dictado en la demanda contenciosa administrativa de nulidad propuesta por el señor C.A.M., para que se declare ilegal el acto mediante el cual la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá autorizó a su Gerente General para celebrar contrato de promesa de compraventa sobre varias fincas de su propiedad. Dijo en esa ocasión nuestra más alta Corporación de Justicia:

    "...

    En el presente caso se impugna un acto de naturaleza mercantil que no puede, en modo alguno, impugnarse por vía contencioso-administrativo, según lo establecido en el ordinal del Artículo 17 de la Ley 33 de 1946 siendo característicamente un acto celebrado entre el Banco Nacional de Panamá y un particular. Y es como dice J.R. (Droit Administratif-Thermis, Perú 1971), `la incompetencia es el vicio que afecta una decisión cuando su autor no tenía poder legal para tomarla', la cual ocurre en el presente caso. Y tratándose de un acto que por ministerio de la Ley está adscrito a la jurisdicción civil, no ve la Sala como puede ser conocido por ella, en presencia de lo que dispone el Art. 28 numeral 3º de la Ley 135".

    De lo expuesto, se concluye en que lo pedido por la parte actora Consorcio Hotelero, S.A., es decir, la nulidad de la escritura pública contentiva del contrato de compraventa celebrado entre el Banco Nacional de Panamá y la sociedad Hotelera El Panamá, S.A. es de carácter civil, por tanto, es competente para conocer de dicho proceso ordinario declarativo el Juez de la causa. ..."

    CRITERIO DE LA CORTE:

    Luego de todo lo expuesto, la Sala pasa a la confrontación y análisis, del cargo imputado a la resolución recurrida con los fundamentos expresados en la misma.

    Lo que se plantea es un error en la constitución de la relación procesal, consistente en que el juzgador se arrogó una competencia que no le correspondía. Es decir, que el juez se equivoca al determinar su competencia en el asunto que le ha sido sometido, pues considera que es él quien debe conocerlo, cuando le corresponde a otro órgano jurisdiccional.

    Básicamente dentro de esta causal, única del recurso de casación en la forma, el cargo se reduce al hecho de que el juzgador erró en la determinación de la competencia correspondiente al caso, puesto que no atendió el orden, contenido y la naturaleza de todas las pretensiones de la demanda. Sino que tomó como base sólo una de ellas.

    O sea que, consideró que la causa era civil, atendiendo a la naturaleza de la última pretensión de la demanda, que corresponde a la solicitud de nulidad de la Escritura contentiva del contrato de compraventa celebrado por el Banco Nacional sobre bienes de su propiedad.

    Para determinar si se han dado la violaciones de las normas de derecho señaladas por la censura, en base al cargo imputado, es preciso revisar específicamente el libelo de demanda, ya que el contenido de sus pretensiones es fundamental al efecto.

    Así, el actor solicita al Juzgado de Circuito Civil, se hagan las siguientes declaraciones:

    a). Que la sociedad `CONSORCIO HOTELERO, S.A.' fue adjudicatario del contrato de venta de varias fincas de propiedad del Banco Nacional de Panamá, hoy todas fusionadas en la finca No. 18,942, inscrita al folio 274 del Tomo 1,742 de la sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, que consiste en un globo de terreno con cabida de 39,240.13 metros cuadrados, en donde se encuentran los edificios e instalaciones del Hotel Panamá.

    b). Que, debido a incumplimientos y violaciones cometidas por el Banco Nacional de Panamá en el proceso de otorgamiento de la adjudicación definitiva del contrato de compraventa de la finca 18,942 antes mencionada, cursan procesos civiles, penales y contencioso- administrativos ante los respectivos tribunales de la República.

    c). Que mientras no se decidan, en definitiva los procesos que se mencionan en el petitorio anterior, el Banco Nacional de Panamá no puede disponer libremente de la finca 18,942, inscrita al folio 274 del Tomo 1,742 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá.

    d). Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, es nula la escritura pública No.8,863 de fecha 30 de agosto de 1989, otorgada en la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, mediante la cual el Banco Nacional de Panamá, entre otras cosas, aparece vendiendo a la sociedad anónima denominada `Hotelera El Panamá, S. A.' la finca 18,942, inscrita al folio 274 del Tomo 1,742 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, al tiempo que se celebra un contrato de préstamo con hipoteca sobre la misma finca.

    e). Que, por tanto, el Registro Público debe cancelar la inscripción de la escritura mencionada en el petitorio inmediatamente anterior.

    De las declaraciones solicitadas, antes transcritas, se colige con claridad que, básicamente la primera pretensión, que parece ser la principal, es aquella en la el Consorcio Hotelero solicita al tribunal civil se le reconozcan derechos como adjudicataria de las fincas, de propiedad del Banco Nacional, y que posteriormente fueron sometidas a venta pública. Las declaraciones b), c), d) y e), podrían considerarse accesorias a la anterior.

    En ese orden de ideas, el punto b), más bien alude, a la razón por la que el demandante se considera adjudicatario de las fincas en mención (violaciones cometidas por el Banco Nacional de Panamá en el procedimiento de otorgamiento de la adjudicación definitiva).

    En este sentido haciendo un análisis de las declaraciones solicitadas en la demanda es que el recurrente en casación desarrolla el concepto de la infracción del artículo 665 del Código Judicial, sosteniendo que no se cumplen los requisitos que describe dicha norma, aunque se considerasen las pretensiones conexas e independiente.

    Esta superioridad comparte el criterio expuesto por la censura, pues en efecto las tres primeras declaraciones se refieren a actos propios de otra jurisdicción (contencioso administrativa), mientras que las dos últimas podrían atribuirse a la esfera civil.

    Estas últimas pretensiones, están condicionadas a que la autoridad competente reconozca el derecho que alega la parte actora, de ser la adjudicataria de los bienes inmuebles o fincas aludidas.

    En este caso se presenta una acumulación de pretensiones de la demandante, por lo que hay que determinar si el objeto de las mismas es idóneo en relación con la naturaleza del proceso escogido, o sea si puede ser logrado por dicho proceso, pues de no ser así la sentencia no podrá resolver en el fondo sobre la pretensión.

    En el caso sub júdice no eran acumulables las pretensiones propuesta por la sociedad demandante, puesto que no son conexas, el juez (civil) no es competente para conocer todas, ya que se excluyen y no pueden tramitarse por el mismo procedimiento.

    Es notorio que la causa de pedir del actor es, fundamentalmente, un acto o hecho administrativo, consistente en ser declarada adjudicataria para la celebración de un contrato de compraventa de determinadas fincas pertenecientes al Banco Nacional de Panamá. De allí que la petición secundaria o accesoria sería la nulidad del contrato civil, que no puede prevalecer sobre la principal para determinar la competencia.

    Consecuentemente, si la causa principal de pedir es de naturaleza administrativa, es excluyente respecto a la de naturaleza civil, y no pueden dilucidarse en un mismo proceso, por lo que la competencia del juzgador civil no puede prorrogarse a tales pretensiones de diversas naturalezas Igualmente, a juicio de la Corte, si a pesar de lo anterior se considera viable la acumulación, es notoria la distinción entre la pretensión principal y las subsidiarias, por lo que el juzgador debió considerar el valor sólo de las primeras para determinar su competencia, conforme lo dispone el artículo 666 del Código Judicial. De modo que esta norma también resulta violada, al haberse establecido la competencia en base a lo que se persigue (declaración de nulidad de la Escritura contentiva del contrato de compraventa) como consecuencia de la primera pretensión (adjudicación), que compete al procedimiento contencioso administrativo.

    De la infracción incurrida en cuanto a las normas antes aludidas, resulta obvia la violación alegada de los artículos 228 y 234 (núm. b) del Código Judicial.

    En tal sentido, si de acuerdo a la naturaleza de la pretensión principal de la demanda le viene atribuida por ley (art. 98 C. Jud.) una jurisdicción especial (Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946), no es posible el conocimiento del asunto por la jurisdicción civil ordinaria.

    Si bien el Ad-quem consideró procedente la competencia del juez civil, en base a la solicitud de nulidad del contrato de compraventa, realizado entre el Banco Nacional y Hotelera El Panamá,S.A., que plantea una de las pretensiones de la demanda propuesta por Consorcio Hotelero,S.A., hay que ver que la misma no está fundamentada en alguna causal sustantiva de nulidad del contrato, sino en el cuestionamiento y verificación de la validez legal de un acto administrativo de adjudicación. De modo que el juzgador tendría que evaluar este tipo de supuestos y pronunciarse al respecto para así resolver la pretensión de nulidad del contrato.

    En orden a los señalamientos que anteceden la Corte considera que la causal que motiva el recurso de casación en la forma, propuesto por HOTELERA EL PANAMÁ, S.A., se encuentra debidamente fundamentada, por lo que no procede entrar a considerar otras causales, ni el recurso propuesto por el Banco Nacional de Panamá.

    Por tratarse de la causal de forma prevista en el numeral 4 del artículo 1155 del Código Judicial, la Corte procede a invalidar el fallo recurrido y disponer que se devuelva el expediente al Tribunal de origen, determinando a su vez el estado en queda el proceso, según lo dispone el artículo 1183 del mismo Código.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA el Auto de 27 de enero de 1993 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia; DECLARA PROBADO el Incidente de Nulidad por Distinta Jurisdicción y Falta de Competencia interpuesto por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ dentro del proceso ordinario declarativo seguido por CONSORCIO HOTELERO, S.A. contra BANCO NACIONAL DE PANAMÁ y HOTELERA EL PANAMÁ, S.A. y,; DISPONE la devolución de este expediente al tribunal de origen.

    N. y D..

    (fdo.) R.M.A.

    (fdo.) R.T.M.

    (fdo.) C.L.L.T.

    (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

    Secretaria