Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 1994

PonenteRODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución22 de Diciembre de 1994
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El Licenciado V.G.C., apoderado especial para pleitos de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L. (en adelante la Cooperativa), parte demandada en este proceso sumario interpuesto por C.H., anunció y formalizó recurso extraordinario de casación, en el fondo, contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el día diez (10) de febrero de 1993. La aludida sentencia APRUEBA la Nº 168 dictada el 8 de julio de 1992 por el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, la cual "... ORDENA a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L., pagar a C.H., cedulado Nº 8-341-708, la suma de CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS BALBOAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS (B/.5,126.94) que corresponden a los ahorros realizados por el demandante en esa Cooperativa ...".

Mediante auto del siete (7) de julio del pasado año esta Sala de Casación Civil de la Corte declaró admisible el recurso interpuesto por la Cooperativa; y, una vez ejecutoriada dicha resolución, se procedió a conceder el término de alegatos. Agotados los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, procede dictar la sentencia de mérito para lo cual la Sala se permite externar las siguientes consideraciones;

ANTECEDENTES

  1. Mediante demanda sumaria presentada el 16 de agosto de 1991 ante el Juzgado de Circuito de Turno en lo Civil, C.M.H. solicitó que se obligara a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L, inscrita al Tomo 6, F. 14, Asiento 909 de la sección de cooperativas del Registro Público a pagarle la suma CINCO MIL QUINIENTOS (B/.5,500.00) BALBOAS CON 00/100 más las costas, gastos e intereses por razón del incumplimiento de su obligación y los daños y perjuicios causados como consecuencia de dicho incumplimiento.

  2. Se alega en el libelo de demanda que el actor era socio de la cooperativa en la cual mantuvo una cuenta de ahorros y que en su afán de recuperar los ahorros renunció a la Cooperativa el día 17 de julio de 1991 solicitando la respectiva devolución o reintegro de los mismos (ahorros), sin que la referida solicitud fuera atendida por la demandada.

  3. Como respaldo de la fundamentación fáctica, en la demanda se presentaron como pruebas: el certificado del Registro Público donde consta la existencia y vigencia de la demandada; certificado del IPACOOP que acredita la personería jurídica de la demandada y su representación legal; certificación expedida por la demandada que demuestra la calidad de socio del actor, así, como la existencia de su cuenta de ahorro por B/.5,126.94; y la carta de renuncia del demandante a la Cooperativa.

  4. La base jurídica de la demanda se centró en los artículos 1245 y siguientes del Código de Procedimiento, al igual que el 976, 979, 981, 986 y 993 del Código Civil.

  5. La demanda fue admitida y corrida en traslado al demandado; notificándose de la misma el representante legal de la Cooperativa. Sin embargo, el mismo no compareció al proceso, lo que motivó se emplazara por edicto, haciéndose la advertencia de que si no comparecía se le nombraría un defensor de ausente. Y, es así como, ante la no comparecencia del representante legal de la demandada se le nombró al licenciado M.G. como defensor de ausente. Al contestar el libelo de demanda, negó los hechos, las pruebas y el derecho invocado. Al no haber pruebas que practicar en el proceso, se concedió el término de alegatos. Un vez precluido el mismo (término), la Secretaria puso el negocio en estado de resolver.

  6. El día 8 de julio de 1992 el juzgador primario dicta la sentencia que le pone fin a la primera instancia y en ella se accede a la pretensión del actor y se condena en costas a la demandada en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

  7. Remitido el expediente al Primer Tribunal Superior de Justicia para la consulta respectiva, ante dicho tribunal se apersonó la ausente en este proceso sumario y presentó certificación del Registro Público en donde consta que desde el 7 de agosto de 1991 se encuentra inscrito y vigente el poder especial para pleitos que le otorgó la Cooperativa al licenciado V.G.C. con cédula de identificación personal 3-27-893. Una vez ejecutoriado el bastanteo de poder la Secretaría llevó el expediente al despacho del sustanciador; y así, el día 10 de febrero de 1993 el Juzgador ad-quem APRUEBA la sentencia sometida a consulta. La representación judicial de la demandada contra dicho acto jurisdiccional anunció recurso extraordinario de casación.

    LA CAUSAL DE CASACIÓN

    Como causal de casación se invoca la de "Infracción de normas substantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba y que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida", sustentada en siete (7) motivos en los cuales el casacionista plantea que la sentencia impugnada ha realizado una valoración equivocada de tres documentos: la nota del 25 de junio de 1991 (visible a foja 5), la nota fechada 19 de julio de 1991 (foja 6 del expediente); y, la prueba que reposa a fojas 11 del expediente, es decir, los Estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R. L. En las pruebas mencionadas (notas del 25 de junio y 19 de julio de 1991) se estima que no se han producido las condiciones y requisitos necesarios para sostener que se ha dado el reconocimiento ficto y, por consiguiente, no son documentos auténticos como lo consideró el sentenciador de segunda instancia, habida cuenta, que en el proceso la demandada estuvo representada por un defensor de ausente. La equivocada valoración, según el casacionista, trajo como consecuencia que se considerara como probados los hechos primero, segundo y cuarto de la demanda. En cuanto a la prueba que reposa a foja 11, en los motivos quinto y sexto se alega que dicho documento no ha sido reconocido por la Cooperativa ni autenticado por la autoridad competente como lo sería el IPACOOP, por consiguiente, la falta de autenticidad del documento impedía que a éste se le atribuyera el valor que la ley le otorga a los documentos privados cuando son auténticos. El error en la valoración llevó al tribunal a considerar que la actora había probado también el hecho tercero de la demanda.

    De igual manera, se alega, que el fallo de segunda instancia ha violado en forma directa por omisión los artículos 820, 843, numeral 3º, 844, numeral 1º, 845, 849, 861, 883 y 1005 del Código de Procedimiento, así como también los artículos 21, 37, literal a) 47, 69, literal e) del Decreto Nº 31 de 6 de noviembre de 1981, por el cual se reglamenta la ley Nº 38 de 22 de octubre de 1980 (sobre Régimen Legal de las Asociaciones Cooperativas); así como también el artículo 974 del Código Civil. La violación es directa por comisión en los artículo 848 del Código judicial y 976 del Código Civil.

    Para un estudio profundo de los cargos que se esgrimen contra el fallo impugnado se hace necesario reproducir lo medular del mismo (fallo); y de esta manera conocer las consideraciones que le sirvieron de apoyo para confirmar la sentencia consultada. Dice así:

    "... se observa que los hechos primeros y segundo relativos con la condición de socio del demandante de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., y de las aportaciones en forma de cuenta de ahorros corriente cuyo último saldo refleja la suma de B/.5,126.94 a favor del actor, fueron debidamente acreditados en la encuesta, a través de la nota de fecha 25 de junio de 1991, legible a fojas 5 del expediente válido a tenor de lo dispuesto en el artículo 848 del Código Judicial.

    En cuanto al hecho tercero que dice relación con la falta de acreditación de los intereses pactados, se advierte que efectivamente éstos fueron convenidos por las partes, al señalar el artículo 81 de los Estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R. L. que "los intereses por pagar sobre los certificados de Aportación serán recomendados a la Asamblea General por el Consejo de Administración dentro de los noventa días siguientes a la finalización del ejercicio social. Los intereses por pagar se acreditarán a las cuentas de los depositantes", cláusula que no puede ser desconocida por los contratantes pues a tenor de los dispuesto en el artículo 976 del Código Civil, "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos".

    Y, por último en lo tocante al hecho cuarto gravitan en el expediente los documentos que cursan a fojas 7 y 6, respectivamente, que informan sobre la renuncia del actor como socio de la Cooperativa y su subsiguiente reclamo para que se le devolviesen sus ahorros y de la respuesta negativa que le imprimió la organización de índole social, con base a la iliquidez económica que dice estaba atravesando, documentos que también deben ser considerados conforme a lo dispuesto en el artículo 848 del Código Judicial.

    Según alegó el actor en la primera instancia, la organización social demandada ha incurrido en lo que la doctrina denomina como "culpa contractual", noción que prevalentemente "incide en el cumplimiento de las obligaciones recibe aplicación siempre que hay un vínculo establecido con anterioridad, sea que emane del contrato, del cuasicontrato o simplemente de la ley" (A.R., ARTURO, "Derecho Civil", Teoría de las Obligaciones, Tercera Edición, librería y editorial Z. y C., S. de Chile, pág. 74).

    Al examinar la actuación por vía de consulta, esta Corporación Judicial debe colegir que se ha comprobado en autos los extremos consustanciales a la pretensión, salvo la relativa a la reclamación de daños y perjuicios petición que no se acreditó, en razón a que a través del acervo probatorio de carácter documental que figura a fojas 4, 5 y 6 se contempla la calidad de ex-socio de la organización social demandada por parte del señor C.H., la aceptación de la Cooperativa de que el actor posee fondos en concepto de ahorros en esa institución social por el orden de la suma de B/.5,126.94 y el hecho de consignar que no ha podido devolver el dinero adeudado por causa de iliquidez económica.

    Por otro lado, el Tribunal observa que la pretensión tiene su basamento jurídico en lo estipulado por las partes a través de los estatutos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón que en el artículo 77, establece:

    "ARTÍCULO 77: Cualquier asociado podrá renunciar a la cooperativa y retirar el valor de sus Certificados de Aportación y Ahorros, siempre y cuando este retiro no reduzca el capital a menos de veinte (20) y si no es prestatario, codeudor o endosante de un préstamo. Cuando, en opinión del Gerente, el retiro del dinero ocasione dificultades financieras a la cooperativa, éste recomendará al Consejo de Administración que la entrega del monto correspondiente se efectúe treinta (30) días después de admitida la solicitud".

    Entonces, si se tiene presente que la renuncia que formuló el actor, fue recibida por la Cooperativa demandada el 17 de julio de 1991, se desprende que ha transcurrido en exceso el término de que trata la estipulación anteriormente transcrita sin que se haya materializado el pago pertinente con el valor de las aportaciones y ahorros que por esta vía reclama el actor".

    La parte del fallo transcrito evidencia que para el sentenciador de segunda instancia la nota de fecha 25 de junio de 1991, legible a fojas 5 del expediente, así como los documentos que cursan a fojas 6 y 7 constituyen documentos válidos a tenor de lo dispuesto en el artículo 848 del Código Judicial, lo cual llevó a este organismo jurisdiccional a considerar que se habían "comprobado en autos los extremos consustanciales a la pretensión"; es decir, la calidad de ex- socio de la organización social demandada por parte del señor C.H., la aceptación de la Cooperativa de que el actor posee fondos en concepto de ahorros en dicha institución social por el orden de la suma de B/.5,126.94 y el hecho de que no se ha podido devolver el dinero adeudado por causa de la iliquidez económica.

    La Sala considera que al darle plena validez a los documentos obrantes a fojas 5 y 6 del expediente, se pone de relieve que la sentencia impugnada en casación desconoció las excertas legales del Código de Procedimiento que tratan sobre documentos en general y documentos privados. La nota de fecha 25 de junio de 1991 al igual que la del 19 de julio del mismo año (visible a fojas 5 y 6 de este expediente), son documentos privados aportados al proceso en copias fotostáticas carentes de todo valor legal porque no han sido revestidas de autenticidad. Para considerar un documento privado como medio de prueba el juzgador tiene que estar seguro de su autenticidad, habida cuenta que los instrumentos públicos gozan de una presunción de autenticidad, lo cual no sucede con el privado. El negocio que ocupa la atención de la Sala es un proceso sumario, donde la parte demandada ha sido representada por un defensor de ausente, quien no tiene legalmente la calidad de apoderado, por lo cual mal puede argumentarse que los aludidos documentos privados obrantes en el proceso hayan sido reconocidos por el mismo (defensor de ausente). No obstante lo expuesto, es sabido que para que prosperen los cargos esgrimidos contra la sentencia de segunda instancia cuando se invoca la causal de infracción de normas de derecho en el concepto probatorio necesariamente tiene que pasar por los siguientes grados:

    1. el error y su demostración; b. la consiguiente infracción de la ley substantiva; y, c. la incidencia de ese error en la parte resolutiva del fallo.

    A juicio de la Sala, nadie duda que en el negocio que ocupa nuestra atención se han dado los dos (2) primeros grados, no así el tercero que es el que daría lugar a anular o invalidar la sentencia impugnada. Veamos.

    En el expediente existen una serie de circunstancias y argumentos probatorios que nos llevan a las siguientes conclusiones:

  8. Que HARMON era socio de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R. L.

  9. Que había depositado en concepto de ahorros la suma de B/.5,126.94;

  10. Que de acuerdo con los Estatutos de la Cooperativa tenía derecho a los intereses.

    Lo anterior de acuerdo con las reglas de la sana crítica que rige en el Código de Procedimiento para la apreciación de la prueba.

    En cuanto a los Estatutos que aparecen a fojas 11 del expediente se dice violado el artículo 820 del Código de Procedimiento. En realidad se trata de un folleto, por lo cual no es pertinente el artículo señalado como supuestamente violado sino el artículo 861. Dicha excerta legal expresa que los folletos podrán aceptarse como prueba y serán calificados como tales según las reglas de la sana crítica. Más adelante agrega que en su apreciación, el juez deberá tomar en cuenta las pruebas complementarias que se rindan.

    C. entonces que de acuerdo con la sana crítica y la apreciación en conjunto de la prueba, además de haber sido comprobada plenamente la existencia de la Cooperativa (fs. 4), estos Estatutos tienen validez y están debidamente probados.

    En lo atinente a la violación del artículo 843, ya hemos señalado que el documento que obra a fojas 5 no tiene validez como tal porque el demandado no se apersonó al proceso y no tuvo oportunidad de tacharlo y objetarlo en los términos del artículo 848 de la ley bajo estudio. A este respecto la Sala observa que, si bien es cierto que no ha de tenérsele como reconocido porque el defensor de ausente no lo redarguyó de falso, al relacionarlo con otras pruebas y circunstancias del proceso, contribuye a comprobar la causa de pedir. Así tenemos que a fojas 13 del expediente aparece comprobado que a la Cooperativa se le citó al juzgado "... para la práctica de una diligencia judicial en el proceso sumario promovido por CHARLES HARMON contra COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R.L ..."; ello, no obstante no se presentó al tribunal.

    En este mismo orden de ideas tenemos que señalar que si al defensor de ausente se le niega la capacidad de acreditar por omisión un documento privado es, precisamente, para que su representado ausente no sea sorprendido de manera artificiosa. La atenta lectura del caso que nos ocupa pone de relieve que no hay malicia porque el actor HARMON indicó en el poder que otorgó (fs. 1), el domicilio y dirección de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R.L., y que en efecto, esta fue citada.

    Adicional a lo expuesto, el documento de fojas 5 es copia de una carta dirigida al CHASE MANHATTAN BANK en un trámite ante esta institución, en el que aparentemente estaba interesado H.. Es difícil pensar que este documento se hubiera creado para los efectos del presente proceso, por consiguiente, se trata de un indicio que conjuntamente con los otros elementos probatorios nos permiten arribar a la conclusión que es cierto el hecho de que los ahorros de H. ascendían a la suma de B/.5,126.94. Y, es que al proceso, en efecto, concurrió la demandada antes que se dictara la sentencia de segunda instancia, sin expresar, que dicho documento era falso. Ni ese documento, ni ningún otro presentado como prueba.

    La supuesta violación del artículo 844, ordinal 1º del Código Judicial se refiere al documento que obra a fojas 6. Ya hemos señalado que el hecho de que el documento no tenga valor por sí solo es irrelevante, porque a fojas 7 aparece documento en que consta la renuncia de H., con nota de recibo original de la Cooperativa, conjuntamente llevan a la convicción, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y otras circunstancias del proceso de que el actor en efecto renunció de la Cooperativa.

    Otra de las normas de derecho que se considera infringida es el artículo 849 del Código Judicial y guarda relación con los Estatutos que aparecen a fojas 11 por lo que huelga cualquier comentario al respecto, habida cuenta que ya hemos hecho anotaciones sobre el valor probatorio del aludido documento a la luz de lo que dispone el artículo 861.

    En cuanto a lo atinente a la supuesta violación del artículo 883, ordinal 2 del Código Judicial se considera que no hay ninguna confesión que la sentencia recurrida en casación haya tomado en cuenta para su fallo.

    La violación del artículo 1005, a juicio de la Sala tampoco se produce porque, ya lo hemos comentado, el defensor de ausente con su silencio no hace valedero el documento privado, pero, las pruebas valoradas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica determinan que sí era socio y que la Cooperativa si se le debía la suma que demanda.

    En cuanto a los artículos del Decreto Nº 31 de noviembre de 1981 por el cual se reglamenta la Ley Nº 38 de 22 de octubre de 1980 (sobre Régimen Legal de las Asociaciones Cooperativas), los cuales se dicen violados en forma directa por omisión, se observa que el artículo 37 guarda relación directa con el documento de fojas 11, o sea, los estatutos. La realidad muestra que la disposición no se refiere directamente al caso por lo que valen los mismos argumentos que hemos considerado anteriormente. la violación del artículo 47 del aludido Decreto se refiere a la consecuencia de los artículos violados anteriormente. Si partimos de una premisa que no es aceptada, lógicamente que no se produce consecuencia alguna. Igualmente sucede con el artículo 69, literal e) y el artículo 21 en donde no hay consecuencia sin el punto de apoyo.

    Los artículos 1, 100, 974 y 976 del Código Civil evidentemente que no resultan violados porque no se ha podido demostrar que el error probatorio trajo consigo la infracción de la ley substantiva.

    C. entonces que, no prosperan los cargos esgrimidos contra la sentencia de segunda instancia por lo que procede no casar la misma (sentencia).

    En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el diez (10) de febrero de 1993 dentro del proceso sumario que C.M.H. le sigue a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L.

    Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA (B/.250.00) BALBOAS solamente.

    N. y D..

    (fdo.) R.M.A.

    (fdo.) R.T.M.

    (fdo.) R.A.G.

    (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

    Secretaria

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