Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Febrero de 1994

PonenteCARLOS LUCAS LÓPEZ T
Fecha de Resolución25 de Febrero de 1994
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma forense MORGAN Y MORGAN, actuando como apoderada judicial de la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., ha presentado recurso de casación contra el auto de fecha 2 de abril de 1993, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se confirma el de 6 de enero del mismo año, dictado por el Juzgado Primero de Circuito del Tercer Distrito Judicial, conforme al cual se Rechaza de Plano el incidente de nulidad y levantamiento de secuestro decretado contra la recurrente, a petición de la sociedad BACVEL, S. A.

Se trata de un recurso de casación en la forma, en el que se invoca una sola causal: "infracción de normas adjetivas de derecho por haber sido dictada la resolución por un Tribunal incompetente." El recurso fue admitido por la Sala mediante resolución de 8 de julio de 1993, y habiéndose surtido el trámite legal que corresponde, se procede a dictar la sentencia de mérito.

Antes, sin embargo, se hace necesario hacer un recuento de los antecedentes que sirven de soporte a la resolución impugnada dado el enmarañamiento que ha creado el Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí, al darle trámite a un secuestro que por ministerio de la ley, debió ser tramitado por el Juzgado Segundo del Circuito, esto es, el Tribunal que venía conociendo tanto del Proceso Ordinario instaurado por F. delC. De Puy de Romero contra R.G. de V. y BACVEL, S.A., como de la demanda de reconvención que la última habría de presentar contra la señora De Puy de R..

ANTECEDENTES

  1. Los apoderados judiciales de la señora F. de Puy De Romero, presentaron el 10 de agosto de 1992, ante el Juzgado Segundo de Circuito del Tercer Distrito Judicial proceso ordinario de mayor cuantía contra la señora R.G.B. de V. y BACVEL, S.A., en el que se solicitó, previamente, secuestro sobre los bienes de las demandadas, por suma representativa de la demanda.

  2. Antes de darle contestación a la demanda, el 2 de diciembre de 1992, una de las demandadas en aquél juicio, la sociedad BACVEL, S.A., solicitó secuestro ante el Juzgado Primero del Circuito del Tercer Distrito Judicial, sobre los bienes de la señora De Puy de R..

  3. El secuestro fue admitido y decretado por el Juzgado Primero de Circuito mediante Auto Nº1022 de 2 de diciembre de 1992, con pleno conocimiento de este Juzgado de que la gestión se había formulado con base a un poder que le otorgaron al Licenciado F.I.P. las demandadas R.G.B. de V. y BACVEL, S.A. para que las representara en el proceso ordinario a que hacemos referencia en el punto 1), el cual se venía tramitando en el Juzgado Segundo del mismo Circuito. Tan evidente es lo anterior, que el poder fue dirigido al Juzgado Segundo y previa tachadura hecha a mano, se hizo el cambio al Juzgado Primero.

  4. Por practicado el secuestro, el 9 de diciembre de 1992, el apoderado de las demandadas B. de V. y BACVEL, S.A., toma las siguientes iniciativas:

    4.1. La acción de secuestro que se estaba tramitando en el Juzgado Primero, solicita que sea enviada "al Juzgado Segundo de Circuito por estar allí radicado el proceso que motivó nuestra acción". (sic).

    4.2. En el Juzgado Segundo presenta contestación de la demanda principal instaurada por la Señora De Puy Romero y simultáneamente procede a presentar demanda de reconvención a nombre de las dos demandadas contra la demandante De Puy de R..

  5. Con fecha 15 de diciembre de 1992, los apoderados de la señora F. de Puy de R. interpusieron incidente de nulidad y de levantamiento de secuestro ante el Juzgado Primero de Circuito, alegando, por una parte, la falta de competencia de éste para tramitarlo y, por otra, la no presentación oportuna de la demanda a la cual accede el secuestro.

  6. El Juez Primero del Circuito, haciendo caso omiso de las pruebas aducidas por el incidentista, y mediante resolución de 6 de enero de 1993, rechazó de Plano el incidente, de acuerdo a los siguientes razonamientos:

    1. En cuanto a la nulidad, señaló el Juez que debía ser negada por cuanto que la situación planteada no se encuentra entre las causales de nulidad que enumera el artículo 722 del Código Judicial. Por otro lado advierte que la solicitud de secuestro es una "acción autónoma de índole cautelar que requiere una rápida atención tribunalicia" y que ese Tribunal desconocía la existencia de un acto procesal incompatible con la medida solicitada (fs.14), por lo que lo actuado no es nulo, "habida cuenta que con ello no se esta (sic) aprehendiendo de inmediato la competencia de un proceso sino el conocimiento de una medida completamente accesoria cuya suerte dependerá de la interposición oportuna que se haga en un futuro de la acción principal" (Fs.14)

    2. Con relación a la solicitud de levantamiento del secuestro señala el Juez que el incidentista cuenta con una serie de normas legales a las que puede acudir para solicitar el levantamiento del secuestro. Considerando que la vía utilizada no era la más idónea para lo impetrado.

    SEGUNDA INSTANCIA

    Habiendo apelado los apoderados de la demandante, De Puy de R., contra la Resolución de 6 de enero de 1992, y habiéndose surtido la alzada, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante resolución de 2 de abril de 1993, confirmó el auto apelado, fundamentalmente por dos razones: Porque considera que en atención a la cuantía, el Juzgado de Circuito era competente para conocer del secuestro, que inicialmente, esto es, a su presentación se trata de una acción autónoma que debe ser atendida por el Juez, bastando para ello la simple petición que formule el interesado. En cuanto al levantamiento del secuestro, consideró improcedente la petición en vista de que el Tribunal comprobó que la demanda de reconvención que accede al secuestro en este caso fue presentada oportunamente en el proceso principal.

    EL RECURSO

    El recurso de casación contempla una única causal de forma, a saber: "Infracción de normas sustantivas de derecho por haber sido dictada una resolución por un Tribunal incompetente." Son dos los motivos que fundamentan esta causal, que son del siguiente tenor:

    "Primero: Mediante la resolución recurrida se ha convalidado una actuación que adolece de un error en la actividad realizada por el Juez A-quo, quien decretó una acción de secuestro dentro de un proceso cuya competencia ya había sido previamente adquirida por un Tribunal distinto.

Segundo

La resolución recurrida no tomó en cuenta la regla procesal que dispone que el Tribunal que ha adquirido la competencia de un proceso de mayor cuantía, es el competente para conocer también de las respectivas demandas de reconvención y de las acciones accesorias de éstas."(Fs.56)

Señaló como normas infringidas las siguientes: artículos 237, 240, 251, 521 y 524 del Código Judicial.

Plantea la firma recurrente que la resolución impugnada viola en forma directa por omisión el artículo 251, en sus numerales 2 y 4, por cuanto que convalida el criterio del Juez de Circuito al señalar que la acción de secuestro es autónoma de la acción principal, pues de acuerdo con el ordinal segundo del artículo en mención "las medidas cautelares se tramitan en cuaderno separado, que forma parte del expediente principal. No debe ser, entonces, objeto de discusión el que si la acción de secuestro deba o no entenderse como una acción incorporada o accesoria al proceso principal, pues según (sic) el tenor del inciso 2 del artículo 521 del Código Judicial ... la propia L. le da a la acción de secuestro el carácter de parte integral del expediente principal."(Fs.61)

La violación del artículo 524 del Código Judicial es consecuencia de la desatención que tuvo el Juez a-quo del artículo 521 del Código Judicial, cuya observancia es obligatoria de acuerdo con el artículo 524.

Analizando los cargos imputados a la resolución del Tribunal Superior a la luz de la causal invocada, se observa que la controversia gira en torno al hecho de haberse practicado una medida cautelar (secuestro) en un Tribunal (A), para asegurar las resultas de una demanda de reconvención que se debía ventilar en otro Tribunal (B), como consecuencia de una demanda de mayor cuantía interpuesta en este último Tribunal. Lo que se debe dilucidar es la legalidad del secuestro en cuanto a la legitimidad del Tribunal (A) para conocer de un secuestro, cuya demanda principal se presentaría en el Tribunal (B). Para ello es necesario hacer un análisis doctrinal de las medidas cautelares y una revisión de las normas que rigen esta materia.

LA POSICIÓN DE LA SALA

Dados los antecedentes que explican cómo el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí tramitó y decretó secuestro dirigido a asegurar las resultas de una demanda de reconvención que por ministerio de la Ley habría de presentarse ante el Juzgado Segundo del mismo Circuito, no cabe la menor duda de que con este comportamiento el Juzgado primero usurpó competencia asignada por el artículo 521, numerales 2 y 4 al Juez que conoce del proceso principal, en este caso el Segundo del Circuito.

Sobre el particular, el artículo 521, numerales 2 y 4 del Código Judicial es claro al disponer:

"Artículo 521: Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas cautelares se regirán por las siguientes reglas:

  1. Las medidas se tramitarán sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en cuadernos separados, que forma parte del expediente principal."

  2. Las medidas serán requeridas al Juez competente para conocer del proceso principal, sin necesidad de repartos."

    Además, la usurpación de competencia se explica claramente, si se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 237 y 240 del Código Judicial y, sobre todo, los artículos 1248 y 1249 del Código Judicial, que ordenan la tramitación de la demanda de reconvención bajo una misma cuerda con la demanda principal.

    La circunstancia de que la acción de secuestro haya sido erróneamente presentada, como si se tratara de una acción autónoma e independiente del proceso principal iniciado por la Señora De Puy de Romero contra BACVEL, S.A. y la Señora de V. e independiente también de la eventual demanda de reconvención que había de ser presentada posteriormente por la última contra la demandante, no excusa al Juzgado Primero de haber persistido en el mismo error que surge de bulto de la sola lectura del poder que BACVEL, S.A. le otorgó al Licenciado Ponce para solicitar dicho secuestro. Si el J.P. no lo advirtió, la omisión es imperdonable, ya que es deber indelegable del Juez o de su Secretario examinar el poder para establecer en calidad o en representación de quién actúa el apoderado judicial que formula una petición al Tribunal. Lo cierto es que el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí estaba obligado por ley a darle al proceso cautelar el trámite correcto y remitirlo al Juez competente, de conformidad con lo que disponen los artículos 471 y 702 del Código Judicial, que rezan así:

    Artículo 471: El Tribunal debe darle a la demanda, petición, recurso o incidente, el trámite que legalmente le corresponda, cuando el señalado por las partes esté equivocado.

    "Artículo 702: El Tribunal al cual se dirija una demanda para cuyo conocimiento no sea competente, dictará a continuación un auto, de carácter irrecurrible, en que se expresará:

  3. Las razones en virtud de las cuales se abstiene de conocer del proceso, con cita de las disposiciones legales correspondientes y,

  4. El Tribunal al cual compete el conocimiento.

    La designación a que se refiere el ordinal 2 anterior, se hará también cuando la resolución se dicte en virtud de un incidente de nulidad por incompetencia, aunque no lo pida el incidentista."

    La doctrina en torno al carácter autónomo de la acción cautelar, tampoco ha sido correctamente interpretada y aplicada, tanto por el Juez Primero, como por el Tribunal Superior. Y es que, tal como explica J.F.P., en su obra: "MEDIDAS CAUTELARES, Panamá, 1984, página 270: "Esta autonomía se refiere al objeto de la pretensión, más no en cuanto a la estructura del proceso". Para corroborar lo expresado, F. transcribe a renglón seguido una añeja jurisprudencia de la Corte, cuya claridad nos ahorra mayores comentarios:

    "La acción de secuestro no es viable para que surta efectos en juicios distintos de aquél en que ha sido pedido y al cual accede". (Auto, febrero 4, 1935, R.J. 18, pág.362)."

    En este punto, la Sala desea consignar con toda claridad que bajo ningún concepto se justifica que otro Tribunal del mismo rango asuma la tramitación de cuestiones accesorias e incidentales que deben ser del conocimiento exclusivo de los Tribunales que tramitan el proceso principal, tal como en este caso ocurrió con la acción precautoria decretada a petición de BACVEL, S. A. Comportamientos de esta naturaleza van contra la unidad del proceso y se prestan a situaciones contradictorias como la que se planteó al Juzgado Primero cuando tuvo que decidir la petición de levantamiento de secuestro con base en una demanda de reconvención que había sido presentada en un proceso que se ventilaba en otro Juzgado.

    Por lo que hace a la declaratoria de nulidad de lo actuado, es fácil colegir que, ante la comprobación de que el secuestro lo practicó un Juzgado que carecía de competencia para decretarlo, se impone declarar la nulidad de lo actuado por estar contemplada "la falta de competencia" como "causal de nulidad comunes a todos los procesos", (artículo 722, numeral 2 del Código Judicial). Al respecto, tampoco existe constancia de que se haya dado en el expediente algún supuesto de convalidación del vicio apuntado, a tenor de lo que dispone el artículo 723 del Código Judicial. Por otra parte, la petición de nulidad se formuló de acuerdo con lo que prescriben los artículos 739 y 742 del Código Judicial. La declaratoria de nulidad de la acción de secuestro es, pues, en principio procedente.

    Un último extremo queda por resolver, pese a no haber sido advertido a lo largo de todo el proceso. En efecto, conviene tener en cuenta que mediante el incidente decidido por la resolución que se impugna, se plantea la nulidad e invalidez de lo actuado en la acción precautoria por virtud de la declaratoria de incompetencia del Juez Primero del Circuito de Chiriquí que la decretó y practicó. Pues bien, al respecto existe en el Código Judicial de 1987 una norma que no aparecía en el Código Judicial derogado, conforme a la cual "En ningún caso la declaratoria de incompetencia afectará las medidas cautelares o provisionales practicadas ... etc." (artículo 707 del Código Judicial).

    Frente a semejante prohibición ¿Procede declarar nulo lo actuado por el Juez Primero del Circuito en la acción precautoria que se cuestiona?

    Para resolver este punto, la Sala considera que esta norma va dirigida exclusivamente a la declaratoria de incompetencia que afecte al Tribunal que conoce del proceso principal y que, por virtud de decisión del propio Tribunal o de su superior jerárquico, declina competencia o resulta separado de tal conocimiento.

    En el caso que nos ocupa, por el contrario, se trata de un vicio que afecta o incide sobre la propia acción precautoria y no de un vicio que por apuntar a la acción principal, podría actuar de rechazo contra las acciones accesorias que se ventilaron dentro o como consecuencia de aquel proceso principal. Y es que, conforme al sistema de nulidad que adoptó el nuevo Código, tales cuestiones accesorias por considerarse independientes, en principio, no les afecta el vicio que incide sobre los actos procesales que los preceden, según lo dispone el inciso 2do. del artículo 721 del Código Judicial.

    Por todo lo anterior, no sólo se impone CASAR la resolución impugnada, sino llamar la atención al Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, por la tramitación a todas luces irregular que se ha dado a esta acción precautoria en detrimento de las partes y del propio proceso.

    En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, INVALIDA el auto de 2 de abril de 1993 proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial; DISPONE devolver el expediente al Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, para que anule lo actuado en la acción de secuestro decretada a petición de BACVEL, S.A. contra la Señora FELICIA DEL CARMEN DE PUYA DE R., ordene el levantamiento del referido secuestro y remita la actuación al Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí.

    N. y D..

    (fdo.) C.L.L.T.

    (fdo.) R.M.A.

    (fdo.) R.T.M.

    (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

    Secretaria

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