Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Febrero de 1994

PonenteCARLOS LUCAS LÓPEZ T
Fecha de Resolución25 de Febrero de 1994
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Mediante resolución de 16 de julio de 1993, esta Sala Civil de la Corte Suprema declaró admisible el Recurso de Casación interpuesto por el apoderado judicial de la señora J.C.M. DE CORONEL, contra el auto dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 8 de marzo de 1993, que confirma en todas sus partes, el que fue dictado por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el cuaderno de medidas conservatorias de protección introducidos dentro del proceso ordinario propuesto por L.F.C. CORONEL Y FRANCISCO CORONEL CORONEL contra FINANCIERA GIPSY, S. A. Y OTROS.

Vencido el término de alegatos en el fondo, pasa la Sala a resolver el negocio, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El 27 de agosto de 1991, la firma forense M. y M., en su capacidad de apoderados judiciales de los señores L.F.C. CORONEL Y FRANCISCO CORONEL CORONEL, solicitaron al Juez Primero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que decretara las medidas conservatorias o de protección en general que contempla el artículo 558 C.J. contra FINANCIERA COMERCIAL GIPSY, S.A. y el resto de los demandados.

En efecto, una vez consignada la fianza de perjuicios por parte de los demandantes, el Juzgado Primero decretó la medida solicitada, por medio de auto de fecha 3 de septiembre de 1991.

Posteriormente, el 7 de abril de 1992, la firma de abogados S., Endara, D. y G., en representación de la señora J.C.M. DE CORONEL, presentó dos solicitudes, pidiendo en ambas el levantamiento de las anteriores medidas conservatorias de protección. En la primera de ellas solicitaban que las medidas fueran levantadas, previa consignación de la caución de perjuicios que el Juez determinara. La segunda se fundamentaba principalmente en el hecho de que, "ha transcurrido, desde la presentación de la demanda, el día 20 de agosto de 1991 y desde su corrección, 4 de octubre de 1991, más de tres (3) meses, sin que la demanda haya sido notificada a todos los demandados, dándose así el supuesto normativo a que se refiere el numeral 11, literal b) del artículo 521 del Código Judicial, como ha quedado con la modificación y adición que le introdujo la ley Nº 15 de 1991, lo que da lugar a que se levante la medida tomada mediante el auto de fecha de 3 de septiembre de 1991." (fs. 21)

El 28 de mayo de 1992, el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, no accedió al levantamiento solicitado, por lo que la parte agraviada apeló del citado auto.

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 8 de marzo de 1993, CONFIRMA en todas sus partes el auto impugnado. En su parte medular, señala lo siguiente:

"En conclusión, no procede el levantamiento de las medidas conservatorias y de protección, por vía de la consignación de caución, al tratarse de una pretensión real y tampoco resulta viable decretar la caducidad de instancia, ya que con ella se sancionaría a quien no ha transgredido las normas procedimentales, habida cuenta del precepto contenido en el Artículo 460 del Código Judicial, que depara al Juez el impulso y la dirección del proceso "quien cuidará de su rápida tramitación sin perjuicio del derecho de defensa de las partes ..." (fs. 60)

Es en contra de esta última resolución que se ha interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, los cuales pasa a analizar esta Corporación en forma separada.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

La causal invocada es la de "no estar la decisión en consonancia con lo pedido porque se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de la controversia."

El casacionista utiliza tres motivos como fundamento de la causal todos los cuales giran en torno al mismo cargo de injuridicidad, el cual se encuentra resumido en el motivo tercero, que es del tenor siguiente:

"TERCERO: El error procesal a que se refieren los dos motivos anteriores condujo al Tribunal Superior a incurrir en incongruencia al resolver sobre un punto, la caducidad de la instancia, que no había sido objeto de la controversia, en circunstancias en que la decisión debió recaer sobre el punto controvertido a que se refiere la petición, el levantamiento de las medidas cautelares de conservación y protección en general." (fs.66)

Se considera infringido el inciso primero del artículo 470 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA

El cargo de injuridicidad alegado por el casacionista se refiere a que el Tribunal Superior no decide lo relativo al levantamiento de las medidas conservatorias y de protección en general, que era lo solicitado, sino que entra a resolver y termina por negar la caducidad de la instancia.

La Sala observa que el ad-quem al referirse al punto controvertido, lo hizo en base al Numeral 11 del Artículo 521 del Código Judicial, el cual otorga la facultad de levantar la medida cautelar, en los dos supuestos que se transcriben a continuación:

"a. Cuando el demandante no presentare su demanda dentro de los seis (6) días siguientes a la fecha de practicadas las (sic) medidas; o b. Cuando no se hubiere hecho la notificación dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazamiento, o si puestos a su disposición los edictos para su publicidad no los haya hecho publicar en los treinta (30) días siguientes."

El Tribunal Superior estimó que no procedía decretar el levantamiento de la medida cautelar, en vista de que el segundo supuesto que hemos citado, no se había dado, ya que "el impulso procesal corría a cargo del juzgador el cual debía emitir el Edicto Emplazatorio." (Fs.60)

Resulta evidente que no podía decretarse el levantamiento de las medidas conservatorias y de protección, en vista de que no se habían configurado los elementos necesarios para ello, al menos no por causas imputables al demandante, ya que existe constancia de la solicitud de emplazamiento de algunos de los demandados, presentada por la parte actora al Juez de primera instancia, quien era el encargado de proporcionar los edictos a los que se refiere la norma transcrita, para su respectiva publicación.

En cuanto a la falta de congruencia señalada por el recurrente en relación a lo solicitado por él y la decisión del ad-quem, no encuentra la Sala fundamento alguno para el cargo alegado, ya que el propio casacionista en la petición del levantamiento visible a fojas 20 y 21, se basó en el mismo artículo del Código Judicial que hemos citado que, como se dijo anteriormente, fue el que utilizó el Tribunal Superior para proferir su decisión.

Por tanto, no existe violación alguna del Artículo 470 del Código Judicial que consagra el principio de congruencia de la sentencia, por lo que se desestima el cargo señalado y con él, el presente recurso de casación en la forma.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Se invoca como única causal "la infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El casacionista fundamenta su causal en seis motivos, que le hacen tres cargos de injuridicidad al auto recurrido, y que a la letra dicen:

"PRIMERO: El Tribunal Superior confirmó el Auto dictado en primera instancia, en cuanto en éste se negó el levantamiento de la medida cautelar de conservación y protección en general mediante el ofrecimiento de caución, porque consideró que a estas medidas le son aplicables todas las normas del Título II, del Libro II del Código Judicial, sin tener en cuenta que la petición de ese tipo de cautela se tramitará y decidirá, sólo en lo conducente, de acuerdo con las reglas de ese Título.

TERCERO

El Tribunal Superior al incurrir en el error jurídico de darle a la pretensión el carácter de pretensión real, desconoció el derecho que permite a los demandados levantar las medidas mediante la consignación de caución suficiente a juicio del Juez.

QUINTO

El Tribunal a-quem (sic), al confirmar el Auto recurrido, incurrió en error jurídico al considerar que la solicitud de emplazamiento de algunos demandados y la orden dictada en el sentido de que se hiciera el emplazamiento cerraba la oportunidad de que se produjera el fenómeno de la terminación anormal del proceso cautelar (levantamiento de las medidas que confundió con la caducidad), por la simple razón de que el impulso procesal corría a cargo del juzgador quien debía emitir el edicto emplazatorio, sin tomar en cuenta el criterio objetivo que emerge de la norma que debió aplicar que parte de la exigencia del impulso procesal hasta el momento de la notificación de la demanda, sin distinguir sobre quien recae el impulso, teniendo en cuenta que los deberes procesales y las cargas procesales vinculan a los tres sujetos de la relación jurídico procesal." (fs. 67-68)

Se consideran infringidos los Artículos 460, 468, 521 Numerales 7 y 11, 536 y 558 del Código Judicial.

POSICIÓN DE LA SALA

En esta segunda causal el recurrente imputa al auto impugnado el cargo de haber negado el levantamiento de la medida cautelar conservatoria o de protección general, sobre la base de que la misma se rige por las normas del Código Judicial que prohíben el levantamiento de la medida cautelar que persiga el aseguramiento de una pretensión real. Según el recurrente esta decisión desconoce el último inciso del artículo 558 del Código Judicial, que admite la aplicación de las normas que rigen las demás medidas cautelares, pero tan solo "en lo conducente".

Para el casacionista, la posición del Tribunal ad-quem viola las normas pertinentes del Código Judicial, especialmente el artículo 521, Numeral 7, que permite el levantamiento de las medidas cautelares cuando el afectado ofrezca suficiente garantía, exceptuando los casos de pretensión real, el artículo 536, que en lo fundamental establece la misma provisión en su artículo 1o. y el artículo 558 que en principio no excluye la aplicación de dichas normas cuando se ha decretado una medida conservatoria o de protección general.

Planteada así la controversia conviene establecer, en primer término, cuáles son las normas legales aplicables al caso que nos ocupa. Por una parte, no hay duda que la regla general es la de que "las medidas cautelares deben practicarse de manera que se eviten al afectado daños, perjuicios y molestias innecesarias". De allí que el J. esté obligado a levantarlas siempre que, a su juicio, se hayan ofrecido bienes suficientes en garantía. No otra cosa dispone la normativa general contenida en el artículo 521 (específicamente los numerales 5, 6 y 7 del Código Judicial).

No obstante, el propio ordenamiento a manera de excepción señala algunos supuestos en los que la medida no debe ser levantada, aún en el evento de que se ofrezca caución con ese propósito. Tal es el caso de la excepción prevista en el propio numeral 7 del artículo 521 y en el último párrafo del primer inciso del artículo 536 del Código Judicial, referente al secuestro decretado para asegurar una pretensión real en la que se persigan inmuebles o muebles determinados y el secuestro se haya dirigido exclusivamente sobre tales bienes.

De igual manera, esta prohibición se aplica a la medida de suspensión que se decrete en base a lo dispuesto en el artículo 554 del Código Judicial. A este respecto el numeral tercero del artículo 555 extiende a la suspensión, la prohibición prevista en el artículo 536 que ya hemos examinado. Si bien es cierto que el citado numeral tercero del artículo 555, hace referencia a la caución, salta a la vista que se trata de un error, puesto que la prohibición que impide levantar la medida, recae sobre la suspensión y no sobre la caución.

Sin embargo, es fácil observar que, en principio, tal protección no se extiende a la "medida conservatoria o de protección general", que contempla el artículo 558 del Código Judicial, a la cual por su propia naturaleza y amplitud no encuentra la Sala razones de peso para dejar de aplicarle la regla general prevista en el artículo 521 del Código Judicial. Obsérvese que para la conducencia de esta medida no se exige que la pretensión a que accede sea de carácter real, lo cual sí ocurre con la medida de suspensión que contempla el artículo 554 del Código Judicial, todo ello, en virtud de lo que dispone el literal A del artículo 557.

Por otra parte, al examinar la pretensión cuyo aseguramiento persigue la medida conservatoria o de protección general decretada por el Juez Primero del Circuito de Panamá, la Sala observa que, en efecto, la demanda corregida no se limita a pedir que se restituya a los demandantes las acciones al portador emitidas por las sociedades Financiera Comercial Gipsy, S.A. y Financiera e Inversiones Mimosa, S.A., sino que, se pretenden otras pretensiones, como las de que, en defecto de la restitución, se disponga la anulación y reposición de los títulos; se prohiba la realización de actos de disposición por parte de las sociedades que emitieron las acciones que no provengan de los demandantes; y, subsidiariamente, que se condene a los demandados J.C.M. DE CORONEL Y A.P.C. a indemnizar a los demandantes los daños y perjuicios que les hayan irrogado con su acción.

Todo lo anterior revela que en estricto derecho no nos encontramos ante una pretensión real.

Como por otra parte, los demandantes fueron claros al solicitar que se decretara, no la medida de suspensión prevista en el artículo 554 del Código Judicial, sino la conservatoria o de protección general que contempla el artículo 558, para la Sala es también claro que esta medida no está sujeta, en principio, a la prohibición que rige para la suspensión y para el secuestro en el caso específico que se contempla en el artículo 536 del Código Judicial. De allí que, a juicio de la Sala, tanto el artículo 558 del Código Judicial, como los artículos 521 y 538 resultaron violados en forma directa por la resolución impugnada.

En vista de todo lo anterior, procede anular el fallo de segunda instancia y disponer lo conducente para que la parte afectada con la medida cautelar de protección general pueda levantarla, dando caución suficiente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el recurso de casación en la forma y, en relación con el de fondo, CASA la resolución proferida por el Primer Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 8 de marzo de 1993, en el cuaderno de medidas conservatorias y de protección, y previa revocatoria del auto de 28 de marzo de 1992, proferido por el Juzgado Primero del Circuito de Panamá, dentro del proceso ordinario propuesto por L.F.C. CORONEL Y FRANCISCO CORONEL CORONEL contra FINANCIERA GIPSY, S. A. Y OTROS, ORDENA el levantamiento de la medida cautelar decretada por ese mismo Juzgado, mediante resolución fechada 3 de septiembre de 1991, dentro del proceso ordinario arriba mencionado, previa consignación de la cuantía de la demanda.

N..

(fdo.) C.L.L.T.

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

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