Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Noviembre de 1997
| Ponente | ELIGIO A. SALAS |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 1997 |
| Emisor | Primera de lo Civil |
VISTOS:
El licenciado TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA, abogado del demandante, don G.M.B., ha formalizado recurso extraordinario de casación con la finalidad de enervar los efectos de la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 24 de mayo de 1996, por medio de la cual se revocó la sentencia Nº 35 de 20 de abril DE 1995, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por su representado contra SUPERIMPRESORA Y VIDEO, S.A.Y.M.D.M..
Conforme dice el recurrente, la sentencia censurada se dictó con infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, causal que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Hace descansar el señalamiento en cuatro motivos cuyo resumen conviene ser consignado para una mejor comprensión de los cargos endilgados contra el fallo.
En primer lugar, se indica que el Tribunal Superior valoró indebidamente la prueba testimonial representada por las declaraciones de D.Z.R. y de J.A.C.I., conducentes ambas a corroborar que la parte demandada en su calidad de arrendador efectuó una conexión eléctrica indebida (puente) en una oficina arrendada, en el Edificio Castilla de Oro, a la parte actora de este juicio -G.M.B.-, lo que provocó que le fuera impuesta una sanción pecuniaria por el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICAS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), bajo el cargo de fraude o utilización indebida de energía eléctrica, con el consecuente acarreo de perjuicios materiales y daños morales generados en su contra.
Por el yerro similar de haberse apreciado al margen de las reglas de la sana crítica, se le censura a la sentencia la malvaloración de ciertos documentos incorporados a los autos que, si el Tribunal Superior los hubiese analizado en conjunto con las demás pruebas del juicio, "hubiera concluido que los puentes eléctricos del Edificio Castilla de Oro y del local que ocupó mi representado fueron instalados por la parte demandada", causándole un grave perjuicio en su contra. Sostiene el recurrente que las pruebas documentales, testimoniales, el peritaje practicado en este caso y la contestación de la demanda constituyen indicios que necesariamente demuestran que el administrador del Edificio Castilla de Oro fue quien instaló el puente eléctrico sobre el local Nº 22 que ocupó su representado, provocándole una enorme pena y ocasionándole una gran vergüenza al poner en entredicho la sólida reputación de que goza en este país.
Aparte de la infracción de los artículos 770 y 904 del Código Judicial que le imponen al juez la obligación de valorar las pruebas en general y las declaraciones en particular conforme a las reglas de la sana crítica, considéranse infringidos, además, los artículos 969 y 973 del Código de Procedimiento. El artículo 969 explica lo que ha de entenderse por la prueba indiciaria -cierto hecho que indica la existencia de otro-, y el artículo 973 refiérese al deber que tiene el juez de apreciar esta clase de hechos con arreglo a la sana crítica.
La resolución atacada mediante este recurso absolvió a la parte demandada porque, en su opinión, "no existen los suficientes elementos de prueba que conduzcan a considerar que en efecto, el posible fraude cometido a la administración pública, en este caso al IRHE, sea imputable a la administradora del edificio Castilla de Oro (demandados), '..." (fs. 231). Luego remata y concluye en su rechazo de la indemnización reclamada manifestando: "Pero esa determinación del daño moral, en este caso reclamado por el actor, no se puede establecer, a juicio de este Tribunal, ante la ausencia del hecho ilícito que lo origine" (fs. 232).
Situados en el centro de la controversia ventilada mediante este recurso tenemos que, mientras para el Tribunal Superior no se probó que el hecho dañoso le es atribuible a los demandados y, por consiguiente, éstos no pueden ser obligados a responder; para la parte actora, dicha responsabilidad fue debidamente acreditada a través de las pruebas y los indicios que constan en el proceso.
Empezaremos a examinar las probanzas de autos a fin de determinar en dónde se encuentra la razón; si del lado del recurrente, o si, por el contrario, fue recogida en la sentencia que se impugna.
El recurrente elabora su planteamiento a partir de que uno de los testigos -D.Z.R.- admitió que, cuando él adquirió el local Nº 21 del Edificio Castilla de Oro en arrendamiento, esa oficina tenía conectada la luz eléctrica, y que, cuando el inspector del IRHE -JEREMÍAS A.C.I.- detectó la existencia del puente eléctrico colocado en la oficina Nº 22 del demandante, eran varios los inquilinos que encontrábanse conectados irregularmente, o sea...
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