Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 27 de Julio de 2000

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución:27 de Julio de 2000
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

CARLOS RIZCALLA O CARLOS RENE RIZCALLA TESTA RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD DEL TÍTULO PRESENTADOPOR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR RAPID FACTORING, S. A. CONTRA CARLOS RIZCALLA O CARLOS RENE RIZACALLA TESTA

 
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CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense Carrera y Asociados, apoderada judicial del señor C.R.R.T., interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de noviembre de 1998, que resolvió en segunda instancia la excepción de falta de idoneidad de título propuesta por el recurrente, dentro del proceso ejecutivo que le sigue RAPID-FACTORING, S.A.

El recurso fue admitido por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra pendiente de decidir en el fondo, tarea que se emprende luego de un breve recuento sobre sus antecedentes procesales.

La sociedad RAPID-FACTORING, S.A. interpuso demanda ejecutiva ante el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, contra el señor C.R.R.T., por la suma de B/90,180.00 en concepto de capital, más las costas, gastos e intereses, presentando como recaudo ejecutivo el documento consultable a foja 4 del expediente principal.

Mediante Auto N° 286 de 7 de febrero de 1996 el Juzgado Cuarto libró mandamiento de pago por la suma reclamada y posteriormente dictó el Auto N° 707 fechado 10 de abril de 1996, en el que elevó a embargo el secuestro que había decretado por medio de Auto N° 699 de 9 de abril de 1996, a favor de la sociedad ejecutante y contra el señor RIZCALLA TESTA.

Por su parte, el ejecutado interpuso excepción de falta de idoneidad del título que fue negada por el Juzgado Cuarto, mediante Sentencia N° 114 de 16 de octubre de 1997.

El señor RIZCALLA TESTA apeló de esa decisión, la cual fue confirmada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la sentencia fechada 6 de noviembre de 1998, que ahora se impugna en casación.

El recurso es en el fondo y se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que la fundamentan expresan lo siguiente:

"PRIMERO: RAPID FACTORING, S.A., promovió proceso ejecutivo contra nuestro representado y a tal efecto aportó como recaudo ejecutivo un contrato de cesión de crédito, un documento de fianza solidaria y un pagaré. Dentro del tiempo oportuno el ejecutado introdujo la excepción de falta de idoneidad del título ejecutivo y el Primer Tribunal de Justicia, en la sentencia recurrida, estimó que de los tres documentos el que presentaba mérito ejecutivo era el pagaré y por tal motivo confirmó la sentencia No. 14 de 16 de octubre de 1997 proferida por el Juez Cuarto del Circuito Ramo Civil que había denegado la excepción propuesta. Al fallar así el Primer Tribunal Superior de Justicia no tuvo presente las disposiciones legales que regulan los documentos negociables, que de haberlas tomado en cuenta y aplicarlas al presente caso, habría fallado en forma distinta a como lo hizo en el fallo recurrido.

SEGUNDO

El pagaré presentado como recaudo ejecutivo es un pagaré al descuento, desglosado en una serie de letras, en el que se estipuló que la mora en el pago de una letra producirá la morosidad del total adeudado. El pretendido título ejecutivo consistente en el pagaré, sin las letras de cambio, está incompleto, lo que le quita el carácter de negociable a este documento y por ello el Primer Tribunal Superior de Justicia al no aplicar las normas que regulan esta materia violó la Ley.

TERCERO

Al no exigir el Tribunal al ejecutante las letras morosas, no se cumple con el requisito de la suma cierta que exige la ley de documentos negociables y al ignorar el Tribunal este requerimiento en lugar de cumplir la Ley, la violó.

CUARTO

El aludido pagaré está extendido por la suma de B/.140,076.07 y la demanda ejecutiva fue presentada por la suma de B/.90,180.00, lo cual quiere decir que el ejecutado pagó parte de la obligación, y el Tribunal Superior debió exigir al ejecutante que complementara el pretendido título ejecutivo con las letras no pagadas, pero al omitir el Tribunal esta exigencia, el pagaré presentado carece del requisito de la suma cierta, lo que le quita el carácter de negociable, por lo que el Tribunal debió tener en cuenta este elemento indispensable y al no hacerlo violó la Ley." (Fs. 68-69)

Como consecuencia de los cargos expuestos en los motivos anteriormente transcritos, la parte recurrente alega que el Tribunal Superior violó los artículos 1 y 2 de la Ley 52 de 1917 y el numeral 11 del artículo 1639 del Código de Comercio.

La Sala observa que los argumentos planteados por el recurrente en esta causal de violación directa se reducen a los siguientes puntos:

1) Que el pagaré presentado como título ejecutivo está incompleto, puesto que se trata de un "pagaré al descuento" y no se aportaron las letras de cambio que lo complementan, lo que le quita el carácter de negociable a dicho documento.

2) Que en vista de que el Tribunal Superior no le exigió al ejecutante la presentación de las letras morosas, no se ha cumplido con el requisito de la suma cierta que prescribe la Ley 52 de 1917 para los documentos negociables, ya que el pagaré presentado como recaudo ejecutivo está extendido por la suma de B/140,076.07, mientras que la demanda fue interpuesta por la suma de B/90,180.00, de lo cual se desprende que el ejecutado pagó parte de la obligación.

No obstante, la Sala advierte igualmente que la sentencia impugnada no se pronunció con respecto a estos puntos, en vista de que los mismos no fueron materia de debate durante la primera y segunda instancia del proceso, como se desprende de los hechos que le sirvieron de fundamento a la presente excepción y también al escrito de sustentación de la apelación, los cuales se referían a lo siguiente: 1) Que el señor C.R.R.T. suscribió el Pagaré N° 225 fechado 31 de mayo de 1994 y una fianza solidaria en una doble condición: como representante legal de la sociedad G.C.S., S.A. y como codeudor en su propio nombre; 2) Pero, que en vista de que el representante legal de la citada sociedad anónima es una persona distinta al ejecutado, ambos documentos están irregularmente extendidos toda vez que contienen una declaración falsa; y, 3) Que al estar irregularmente constituida la obligación de la deudora principal, es inexistente la obligación accesoria de fianza, toda vez que ésta no puede existir sin la validez de la obligación principal. (Fs. 2-3 y 28-30)

Sobre estos mismos hechos se pronunció el Tribunal Superior, cuando al referirse a la validez del título ejecutivo, concluyó lo siguiente:

"Ante lo expresado, el Pagaré No.000000025 (ver foja 4 del expediente principal) demuestra la existencia de una obligación líquida y de carácter exigible a favor de RAPID FACTORING, S.A., a la cual están obligados a responder G.C. SUMINISTROS, S.A. y el señor CARLOS RIZCAYA de manera solidaria. Por tanto, es el criterio del Tribunal que ante la claridad consignada en dicha (sic) documento negociable, respecto de la obligación pecuniaria a la cual el señor C.R. debe responder personalmente en calidad de co-deudor solidario de la sociedad G.C. SUMINISTROS, S.A., carece de relevancia jurídica la censura impetrada por el apelante referente a si éste no es o si era el R. legal de dicha sociedad al momento de suscribir dicha obligación.

De lo expresado se colige, que RAPID FACTORING, S.A. podía exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios, y en el evento de que lo hubiese hecho contra G.C. SUMINISTROS, S.A., es que cobraría importancia jurídica el debate respecto de si el señor C.R. tenía la facultad para contraer obligaciones en nombre de la referida sociedad, no así en el caso sub júdice donde el ejecutado es él, pero en su calidad de co-deudor solidario, estatus del cual no existe ninguna duda, máxime cuando la firma fue reconocida ante Notario Público y nunca ha sido objetada por el propio suscribiente." (Fs. 42-43)

De lo anteriormente expuesto se colige que el recurrente intenta hacer valer en casación argumentos de hecho que no fueron objeto de la controversia en primera y segunda instancia, situación que guarda relación con lo que se conoce como la doctrina de los "medios nuevos".

En relación con esta materia, el D.J.F.P. en su obra "Casación" (Imprenta Varitec, S.A., Panamá, 1995) señala lo siguiente:

"Bajo la influencia de la doctrina francesa, la Corte ha reconocido la doctrina de los "medios nuevos" y que aparece sintetizada así:

El fallo de segunda instancia cierra la cognición y por ello una parte no puede, al estructurar el recurso, introducir nuevas cuestiones, nuevos detalles.

"La Corte tiene resuelto que para que una cuestión cualquiera pueda ser impugnada, como motivo de casación es indispensable que haya sido materia del debate, en la primera y en la segunda instancia, porque no es dable atribuirle errores en la aplicación del derecho a un Tribunal, en relación con puntos que no estuvieron sometidos a su consideración (Casación, 3 de mayo de 1938. R.J.N.° 5, pág. 456, T. IV.) (S. 3 de octubre de 1957, J.L.A. y R.W. vs.A. de León)".

...

El Código Judicial consagra la regla de los medios nuevos, salvo que se trata de cuestiones de orden público que el Juez debe reconocer (art. 1156). Se hace depender de la naturaleza de pretensión impugnativa que constituye el recurso de casación.

...

Respecto a la jurisprudencia colombiana, H.M. (Técnica de Casación) ha escrito:

"Casos de medios nuevos:

Son varias las sentencias en las cuales la Corte ha declarado inadmisibles los cargos en casación, por tratarse de medios nuevos: las de julio 30 de 1912 (XXI, 360), agosto 1° de 1932 (XL, 430) y abril 28 de 1934 (XL, 298) expresan que el extremo o hecho de la prescripción no incoada en las instancias, es medio nuevo en casación; la de noviembre de 1932(XLI, 14) rechaza el planteamiento de la nulidad de un contrato por motivo diferente al presentado en el juicio; la de octubre 18 de 1935(XLIII, 731) repudia el extremo de invalidez de una hijuela por falta de formalidades, no atacada en el juicio por este respecto; la de diciembre 15 de 1936(XLIV, 687) considera que plantear la nulidad de la prueba del matrimonio, cuando no fue atacada en el proceso, es medio nuevo; la de octubre 23 de 1939 (XLVIII, 727) rechaza la alegación de nulidad de una cesión de derechos litigiosos, no formulada en instancia; la de julio 6 de 1945 (LIX, 137) niega la casación apoyada en el planteamiento de ser nulas las partidas de estado civil, por no haber sido objetadas antes; la de febrero 9 de 1953 (LXXIV, 27) repudia el ataque a las declaraciones por medio de las cuales se puso por escrito un testamento verbal, por no haber sido planteado en instancia; la de agosto 17 de 1953 (LXXXV, 237) declara inadmisibles los reparos contra una partición, no introducidos durante el juicio; la de diciembre 11 de 1954 (LXXX, 237) niega el cargo por envolver un extremo no incluido en la demanda de indemnización de perjuicios, etc"." (Págs. 54-56) (Enfasis de la Sala)

De lo anteriormente expuesto se puede colegir que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional y extranjera, al igual que nuestro propio Código Judicial, consideran que no es posible reclamar mediante el recurso de casación, nuevas cuestiones o detalles que no hayan sido sometidos a la consideración de los juzgadores de primera y segunda instancia.

No obstante, el artículo 1156 del Código Judicial dispone como excepción a este principio, que podrán ser objeto de casación en el fondo aquellas cuestiones que aunque sean medios nuevos, "el J. está en la obligación de decidir".

Por su parte, el P.J.F.P. en la obra ya citada, señala que en Francia no se reconocen como medios nuevos, los siguientes casos:

"No se consideran medios nuevos, entre otros: 1° Los medios que implícitamente surgen en las instancias; 2° Los medios nuevos examinados por el fallo impugnado; 3° Los medios de orden público; 5° Los medios que ni el demandante ni el demandado estaban en la posibilidad de invocar en apelación. (V.B., op. cit. N°2540). 6° Lo que la doctrina francesa denomina 'la pérdida de fundamento jurídico' por motivo de un hecho que es posterior, como la expedición de una ley nueva aplicable a la situación de autos, durante el trámite de casación, que incide -- especialmente, normas de orden público, retroactivas." (Op. Cit. P.. 55-56)

En el caso que nos ocupa, como ya se ha señalado anteriormente, el recurrente ataca la validez del documento presentado como recaudo ejecutivo por razones distintas a las que fundamentaron la presente excepción de falta de idoneidad del título, argumento que, a juicio de la Sala, no encaja en ninguna de las excepciones antes señaladas ni constituye, por ninguna otra razón, materia sobre la cual tenga la obligación de decidir, por lo que debe concluir que se trata de un medio nuevo y, como tal, no debe ser examinado en casación.

Por otra parte, antes de finalizar la Sala quiere señalar también que resulta claro que el Tribunal Superior no incurrió en la violación directa de ninguna de las disposiciones legales citadas por el recurrente, razón por la cual concluye que tampoco existen méritos para casar el fallo impugnado por la causal invocada.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de noviembre de 1998, dentro de la excepción de falta de idoneidad del título presentada por la parte demandada, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad RAPID FACTORING, S.A. contra el señor C.R.R.T..

Las costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de trescientos balboas (B/300.00).

  1. y N..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil