Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 2002

PonenteJOSÉ A. TROYANO P.
Fecha de Resolución30 de Octubre de 2002
EmisorSala Primera de lo Civil

VISTOS:

Mediante auto de 8 de noviembre de 2001, esta S. admitió la causal única en el fondo, del recurso de casación incoado por el Licenciado Tomás Vega Cadena, en representación de la señora DELMIRA NIETO DE ADAMS, dentro del proceso de divorcio que le sigue ARTURO ADAMS.

El recurso se interpuso contra la sentencia de 23 de enero de 2001, dictada por el Tribunal Superior de Familia, que confirmó la sentencia N1 166 de 18 de septiembre de 2000, proferida por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Tercer Circuito Judicial de Panamá, que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre ARTURO ADAMS y DELMIRA NIETO VALIENTE, advirtió a las partes que podrían contraer nuevas nupcias, negó la petición de expensas de litis de la señora DELMIRA NIETO VALIENTE a cargo del demandante, y ordenó el archivo del expediente.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y precluído el término de alegatos, que fue utilizado por ambas partes y por el Procurador General de la Nación, a través de su Vista N1 1 de 11 de febrero de 2002, procede dictar la sentencia de mérito, previas las siguientes consideraciones.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo, cuya única causal consiste en AInfracción de normas sustantivas de Derecho por ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, la cual ha influído sustancialmente en lo dispositivo del Fallo.@

Dicha causal se sustenta en 4 motivos, a saber:

APRIMERO:El Tribunal de Familia al apreciar los testimonios vertidos al proceso le da un valor de Plena Prueba, cuando en realidad éstos no tienen esa categoría ya, que se trata de testigos sospechosos y de referencia (fojas 46y 47)

SEGUNDO

El Tribunal Superior de Familia no Apreció conforme a la sana crítica, la Prueba Testimonial que corre a foja 46 del Expediente exteriorizada por el señor C.A., quien indica que el señor A.A. (Demandante) era compañero de trabajo de él, hecho que hace suponer que tal compañerismo da parcialidad al momento de declarar. Sin embargo, le dió (sic) valor de Plena a este Testimonio, cuando en realidad se trata de un testigo sospechoso y por ende su dicho es relativo.

Por otro lado, el testigo A. dice conocer a la señora D.N. de A., pero ni siquiera indica donde(sic) quedaba su domicilio conyugal con su esposo A..

TERCERO

La Sentencia recurrida no Apreció en su conjunto los testimonios vertidos al proceso, ya que con su omisión no pudo notar que los testimonios de Cesar Adames y L.G.P.D. se contradecian(sic).

El sr. L. al contestar su cuestionario indica que los esposos Adams-Nieto le indicaron que ellos estaban separados, sin indicar en qué momento. Además, indica que el sr. A. tiene de vivir en Arraiján como >dos años y piquito=. Más adelante indica que el sr. A. vivía en Chanis (Panamá) y que la esposa tenía casa en San Antonio.

CUARTO

El A-Quem no apreció en su justa dimisión la prueba que corre a foja 15 del Expediente, consistente en el Certificado de Nacimiento de D.A.A.N., que aún cuando cumplió la mayoría de edad, unos meses antes de la interponerse(sic) la Demanda, ha seguido estudiando y que por tal hecho es obligación del Padre seguirle brindando alimentos a su hijo mientra se mantenga en este Status de manera positiva. En consecuencia, el Divorcio no debió dictarse sin haber establecido la Pensión correspondiente.@

En otro sentido, la casacionista expuso como normas violadas, con la explicación de cómo lo han sido, los artículos 770, 904, 896 y 909 del Código Judicial, y los artículos 218 y 377 del Código de la Familia.

CRITERIO DE LA SALA

El primer cargo de injuridicidad está contenido en los dos primeros motivos, y estriba en que el ad-quem le confirió valor pleno a los testimonios de CÉSAR AUGUSTO ADAMES AYALA y L.G. PEÑA DUFOND (fs. 46 y 47), que no lo tienen por ser testigos sospechosos y de referencia, ya que el primero dijo ser compañero de trabajo del demandante, lo cual supone una amistad entre los dos, lo que se traduce en parcialidad.

Este cargo se sustenta en la presunta violación de los artículos 770 (ahora 781), 904 (ahora 917), 896 (ahora 909) y 909 (ahora 922) del Código Judicial.

Según el actor, el artículo 781 (dice que las pruebas deben analizarse según la sana crítica) del Código Judicial fue presuntamente violado directamente por omisión por la sentencia de segundo grado, porque un testigo era sospechoso por ser amigo, y el otro referencial por conocer los hechos por escucharlos de los protagonistas, por lo que no son suficientes para probar el abandono por más de dos años, que alegó ARTURO ADAMS.

Este argumento es el mismo que sustenta la presunta violación del artículo 917 (señala que el Juez apreciará las circunstancias o motivos que confirmen o no, la fuerza de las declaraciones, según la sana crítica) de la misma excerta.

Las dos normas que la casacionista supone violadas, establecen la valoración de las pruebas por parte del juzgador mediante el sistema de la sana crítica (lógica y experiencia), y especialmente el artículo 917, señala que el J. apreciará las circunstancias o motivos que confirmen o no, la fuerza de las declaraciones, es decir, que deberá el juzgador valorar las declaraciones de acuerdo al apoyo que le brinden o no, los demás elementos probatorios allegados al expediente.

En cuanto a la afirmación de que el primer declarante, C.A.A.A., es testigo sospechoso por ser compañero de trabajo de ARTURO ADAMS, es necesario traer a colación la presunta violación del numeral 41 del artículo 909 del Código Judicial (que dice que son sospechosos para declarar el amigo íntimo de la parte que lo presenta y el enemigo manifiesto de la parte contraria), que según la recurrente, fue violado de forma directa por omisión por la sentencia de segundo grado, al no aplicarla, ya que al decir A.A. que AARTURO ERA COMPAÑERO DE TRABAJO MIO@, eso le restaba valor a dicho testimonio.

Esta Corporación de Justicia considera que es ostensible que la norma no se refiere a compañeros de trabajo, sino a Aamistad íntima@, razón por la que no cabe violación alguna de dicha norma; además, tal como lo señaló el Procurador General de la Nación en su Vista N1 1 de 11 de febrero de 2002, el hecho de que declarante y demandante sean compañeros de trabajo no significa que exista amistad íntima entre ambos, por lo que el testigo CÉSAR AUGUSTO ADAMES AYALA no es testigo sospechoso.

No obstante y si se aceptase, en vía de discusión, que el testimonio analizado proviniera de un testigo sospechoso, ello no significa que el juzgador queda impedido para valorar su testimonio, caso en el cual juega un papel preponderante la sana crítica, como ya lo dejó sentado la Sala, entre otros, en fallo de 15 de junio de 1999, cuya parte pertinente reproducimos a renglón seguido:

AEl procesalista panameño J.F.P., se ha referido a la valoración de los testimonio sospechosos, y afirma:

>El Juez recibe la declaración del testigo sospechoso y la aprecia en la sentencia, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Al efecto ha de aplicar las >reglas de la sana crítica=, la lógica de los hechos. El sistema de la sana crítica -que siguen numerosos códigos procesales modernos y recomiendan los autores y los congresos procesales internacionales- suprime las >inhabilidades por falta de imparcialidad= -que responde al propósito de abandonar el régimen de prueba tasada. (En el derecho anglosajón se eliminaron las >disqualifications= y en el derecho francés las >tachas=).

La calificación de testigos de >sospechoso= es una mera orientación, una guía, para el Juez, pero no significa que por el solo hecho de aparecer calificado así por la Ley no merezca fe o credibilidad. Como hemos señalado, el Juez debe examinar escrupulosamente, detenidamente, en un estado de alerta, con cautela, la declaración=.

(J.F.P., >1 Medios de Prueba, 2 La prueba en Materia Mercantil=, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998, pág. 220)@

Por su parte, la afirmación consistente en que el testigo L.G.P.D. es referencial, por A. su dicho de los propios protagonistas@, según afirma la recurrente en la explicación del artículo 917 del Código Judicial, induce a la Sala a revisar su declaración, a foja 47, en la que, al preguntársele cómo y por qué le constaba la separación de los esposos ADAMS y NIETO, respondió que Aa mi me consta, porque ambos me lo han dicho y ambos viven (CORRIJO) y no viven juntos y tienen dos (2) hijos@.

Considera esta Sala que, si bien las aserciones del testigo fueron por referencia, esa referencia es de las dos partes, es decir, que tanto el demandante ARTURO ADAMS como la demandada en este proceso de divorcio, D.N.V., afirmaron al declarante PEÑA DUFOND, su separación.

Esto implica una aceptación de la separación, por parte de la demandada, sin perjuicio de que, lo que atacó el Licdo. V.C. en el recurso de apelación y en el presente recurso de casación, fue el hecho de que la afirmación de PEÑA DUFOND era referencial y no por percepción directa, ocurriendo que nunca cuestionó la veracidad de la afirmación, es decir, nunca dijo que dicha afirmación fue falsa, lo que induce a la Corte a considerar que esta declaración testimonial sí tiene un valor probatorio, pues además la Sala observa de la lectura íntegra de la declaración y del interrogatorio efectuado por el Juez, que el testigo conoce de la separación no solo por comunicárselo los cónyuges, sino también por percepción directa al declarar que visitaba al demandante a su domicilio y que éste vivía solo.

Todo esto significa que el ad-quem no violó el principio de la sana crítica, contenido en los artículos 781 y 917, ni el 909 (sobre testigos sospechosos) del Código Judicial.

Para terminar el análisis del segundo motivo, se advierte que en su último párrafo, el letrado afirma que el testigo ADAMES dijo conocer a la demandada, pero no indicó dónde quedaba su domicilio conyugal cuando vivió con el demandante.

La atenta lectura de la declaración testimonial del testigo en comento (f. 46) revela que nunca se le preguntó al señor CÉSAR ADAMES dónde estaba localizado el domicilio conyugal del demandante y demandada cuando vivían juntos.

En efecto, se le preguntó si frecuentaba el hogar conyugal de los esposados (no dónde quedaba), y dónde reside actualmente el demandante; por lo tanto, este aspecto del cargo de ilegalidad no tiene ningún asidero, y por lo tanto, no prospera.

Este cargo también se sustenta en la supuesta violación del artículo 922 del Código Judicial, que dice así:

A922. (909) No hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta.@

La sustentación de la violación de esta norma se funda exactamente en el planteamiento inicial de la causal, esto es, que al preguntársele al testigo LUÍS PEÑA por qué sabía que los esposos ADAMS-NIETO estaban separados, contestó que porque ambos se lo habían dicho, lo que supone que este testigo no obtuvo la información de su propia percepción, por lo que el testimonio no podía tener el valor de plena prueba que le confirió el ad-quem.

Yerra el recurrente, toda vez que ya contemplamos esta declaración testimonial anteriormente (f. 47), y concluimos que además de que PEÑA se enteró de la separación de los cónyuges en pleito judicial, lo hizo por manifestación expresa de Aambos cónyuges@, también constató el hecho por percepción directa, lo que a nuestro juicio, no admite duda alguna sobre la veracidad del hecho declarado (la separación), lo que constituye una situación que trasciende el contenido de la norma cuya violación se acusa.

Sobre este tópico y para despejo de dudas, advierte la Sala que, al ser preguntado el testigo CÉSAR AUGUSTO ADAMES por el Juez de la causa, con qué regularidad visitaba la casa de señor ARTURO ADAMS y cuándo fue la última vez que lo visitó (f. 46), éste respondió que cada 20 días, y la última vez hacía como 2 meses.

Esta aseveración demuestra que al testigo le constaba por percepción directa, que el demandante ARTURO ADAMS vivía solo.

De igual manera, al testigo L.G.P. le preguntó el Juez (f. 47) con qué regularidad visitaba la casa del señor ARTURO ADAMS y cuándo fue la última vez que lo visitó, a lo que respondió que lo visitaba dos veces por semana Ay de repente una vez por quincena@, lo que demuestra que también le consta por percepción directa, en gran medida, que el demandante ARTURO ADAMS vivía solo.

Por lo tanto, el artículo 922 del Código Judicial no ha sido violado, y no prospera este cargo de injuridicidad.

El segundo cargo de injuridicidad está ubicado en el tercer motivo, y consiste en que el Tribunal Superior de Familia sobrevaloró los testimonios de los señores CÉSAR ADAMES y L.P., porque se contradecían; que PEÑA declaró que los esposos ADAMS-NIETO le dijeron que estaban separados, pero no dijo en qué momento (desde cuándo).

Que ADAMS tenía de vivir en Arraiján como dos años y piquito@; que después dijo que éste vivía en Chanis (Panamá) y que la esposa tenía casa en San Antonio.

Esta Corporación de Justicia considera que, pese a que L.. T.V.C. no sustentó este cargo de ilegalidad en la violación ninguna norma legal, el recurso fue admitido, y por ello debe decidirse la veracidad de dicho cargo.

Por consiguiente, supone la Sala que el cargo que nos ocupa tiene su asidero en la presunta violación del artículo 919 de la excerta procedimental, que reza así:

A919. (906) Cuando las declaraciones de los testigos presentados por una misma parte o por ambas sean contradictorias entre sí, de manera que respecto de cada parte haya número plural de testigos hábiles, debe el juez tomar en cuanta la vinculación que los testigos tengan o puedan tener con alguna de las partes y si afecta su imparcialidad; lo fundado de la razón de su dicho; el resultado del careo, si hubiere, y asimismo las demás circunstancias que puedan formar su convicción, conforme las reglas de la sana crítica.@

Se advierte que no existe tal contradicción entre ambas declaraciones; lo que ocurre, es que no se le formularon las mismas preguntas a los testigos.

En efecto, se observa en las declaraciones de los dos testigos (fs. 46-48), que a ambos se les preguntó si conocían a los ex-cónyuges, si sabían de la separación de ambos; al preguntárseles si sabían desde cuándo estaban separados, C.A. dijo que A. mi conocimiento como once (11) años@, mientras que L.P. afirmó que A. mas (sic) de ocho (8) años@; al primero se le preguntó si sabía con quién vivía actualmente el demandante, mientras que al segundo se le preguntó dónde y con quién; si el primero frecuentaba el hogar conyugal de los esposados, y al segundo si frecuentaba el hogar de la señora NIETO (lo que supone una situación distinta).

Todo esto significa que las declaraciones de los testigos no se contradicen.

En cuanto a que PEÑA dijo que ambos le afirmaron que estaban separados pero no desde cuándo, previamente dijo que tenía conocimiento que los esposos ADAMS-NIETO tenían 8 años de separados.

Por lo demás, las afirmaciones de PEÑA relativas al domicilio del demandante en los últimos años (denunciadas en el cargo de ilegalidad) en nada desvirtúan el valor de dicha declaración, a juicio de esta S..

En consecuencia, al no haber contradicción en las declaraciones, el artículo 919 del Código Judicial no es susceptible de ser violado, razón por la que no prospera el segundo cargo de ilegalidad de la causal.

Por su parte, el último cargo de injuridicidad está en el cuarto motivo, y consiste en que el ad-quem no valoró de manera justa el certificado de nacimiento de D.A.A. NIETO (f. 15), hijo del demandante y la demandada, quien pese a cumplir la mayoría de edad meses antes de la presentación de la demanda, ha seguido estudiando y por ello el padre está obligado a seguirle brindando alimentos; por ello, el divorcio no debió declararse sin haber establecido dicha pensión alimenticia.

Este cargo se funda en la presunta violación de los artículos 218 y 377 del Código de la Familia y del Menor.

El artículo 218 de dicha excerta dice así:

A218. En los casos previstos en los numerales 9 y 10 del Artículo 212, el Juez solamente podrá decretar el divorcio cuando en el proceso esté acreditado que se encuentra resuelto lo concerniente a la guarda, régimen de comunicación y de visita y los alimentos de los hijos o hijas que tengan derecho a ellos.

En cualquier fase del proceso, una o ambas partes podrán acreditar estas circunstancias.@ (Subraya de la Corte)

La transgresión consiste en que el ad-quem apreció Aen forma restringida@ el certificado de nacimiento del hijo menor de ARTURO ADAMS, porque se limitó a señalar que era menor de edad, sin investigar si estaba estudiando, razón por la que concedió el divorcio sin establecer una pensión alimenticia para D.A.A. NIETO.

Considera la Sala que, para determinar de manera correcta la comisión o no, de la violación denunciada, es necesario incorporar al estudio, la presunta violación del artículo 377 de la misma excerta, que se complementa con el artículo 218.

El artículo 377 del Código de la Familia y del Menor, dice:

A377. Los alimentos comprenden una prestación económica, que debe guardar la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las necesidades de quien o quienes los requieran. Éstos comprenden:

  1. ...

  2. La obligación de proporcionar los recursos necesarios a fin de procurar la instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un arte u oficio, aun después de la mayoría de edad hasta un máximo de veinticinco (25) años, si los estudios se realizan con provecho tanto en tiempo como en el rendimiento académico, salvo si se trata de un discapacitado profundo, en cuyo caso hasta que éste lo requiera; ...@

La presunta violación de esta norma estriba en que el Tribunal Superior de Familia no valoró el mencionado certificado de nacimiento de D.A.A. NIETO, porque no verificó si éste estaba estudiando, o si había terminado sus estudios secundarios e iba a ingresar a la universidad.

Tampoco estimó que éste cumplió 18 años en septiembre de 1999, y que la demanda fue presentada en diciembre de ese año; es decir, que tenía 18 años y 3 meses, y que la ley obliga al alimentista a proveer alimentos hasta los 25 años de edad.

En cuanto a este aspecto, el Procurador de la Nación señaló en su Vista N1 1 de 11 de febrero de 2002 (f. 133), que además de que las normas invocadas como violadas no son congruentes con la causal ni con los motivos (criterio no viable en esta etapa del recurso), también afirmó que la recurrente nunca alegó ni probó que su hijo D.A.A. NIETO era estudiante, sin perjuicio de que éste puede hacer valer sus derechos, autónomamente, por separado y en cualquier momento, por ser mayor de edad.

Esta Sala advierte, al revisar el fallo impugnado, que el ad-quem sólo señaló que se puede constatar mediante los certificados de nacimiento respectivos, la existencia de los dos hijos habidos en el matrimonio ADAMS-NIETO (fs. 15 y 53), donde consta la paternidad del señor ARTURO ADAMS.

Observa la Sala que, tanto en el hecho octavo de la contestación de la demanda (f. 39), como en el hecho tercero del recurso de apelación (f. 71), la demandada-apelante adujo que uno de sus hijos era estudiante y que, en base a las normas bajo análisis, el Juez primario no podía fallar sin establecer la debida pensión alimenticia a favor de ese hijo.

Lo anterior demuestra que la casacionista sí adujo que D.A.A. NIETO era estudiante y que no se debió dictar sentencia sin que se estableciera una pensión alimenticia a su favor.

Empero, tal como lo señaló el Procurador de la Nación, la recurrente no probó el status de estudiante de D.A. en ninguna de las instancias del proceso y mucho menos el provecho y rendimiento académico de sus estudios; además, el obtener éste la mayoría de edad antes de que se iniciara el proceso de divorcio, lo habilitó para solicitar independientemente por sí mismo, la pensión alimenticia de su padre, razón por la que esa pretensión no es viable dentro de este juicio de divorcio.

Además, la lectura del libelo de contestación de la demanda (fs. 37-39) revela que la demandada nunca solicitó pensión alimenticia para su hijo D.A.A.N., razón por la que ni el ad-quem ni el a-quo no solo no tenían, sino que no podían fijar dicha pensión alimenticia antes de dictar sentencia.

Por lo tanto, el fallo venido en casación no violó los artículos 218 y 377 numeral 31 del Código de la Familia y del Menor, lo que implica que no prospera la causal planteada, y el presente recurso de casación.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 23 de enero de 2001, proferido por el Tribunal Superior de Familia de Panamá.

C., N. y D..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) V.T.L.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario Encargado

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