Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 8 de Agosto de 2001

Ponente:ADAN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2001
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN, EN REPRESENTACIÓN DE WILBERTO JARAMILLO, CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: WILBERTO JARAMILLO VS INTEL, S. A. O CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A

 
CONTENIDO

VISTOS:

El

licenciado S.M., en representación de W.J. ha propuesto

recurso de casación laboral contra la Sentencia de 18 de septiembre de 2000,

emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial,

dentro del proceso laboral: W.J. vs INTEL, S.A. o CABLE &

WIRELESS PANAMA, S. A.

La

pretensión del casacionista consiste en la revocatoria total de la sentencia de

segundo grado, y en su lugar se acceda a reconocer a WILBERTO JARRAMILLO el

pago de las siguientes prestaciones laborales, que según indica, adeudadas por

el INTEL, S.A. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

  1. B/.466.66 de salarios no pagados.

  2. B/.42.36 de vacaciones proporcionales.

  3. B/.32.32 de décimo tercer mes proporcionales.

  4. B/.323.05 de prima de antigüedad de servicios.

  5. B/.2003.27

    de indemnización pactada y sustitutiva del artículo 225 del Código de Trabajo.

  6. B/.100.00 de intereses no pagados por haber incurrido en mora en el pago de 5

    meses de salarios caídos dispuesto en la sentencia de 19 de septiembre de 1997

    del Tribunal Superior de Trabajo (ver artículo 169 del Código de Trabajo).

  7. B/.100.00 de recargo legal por haber incurrido en mora en el pago de 5 meses de

    salarios caídos dispuestos en la Sentencia de 19 de septiembre de 1997 del

    Tribunal Superior de Trabajo (ver artículo 170 del Código de Trabajo).

  8. 10% de

    intereses legales (ver artículo 169 del Código de Trabajo).

  9. 10% de

    recargo legal (ver artículo 170 del Código de Trabajo).

  10. 25% de

    costas judiciales.

    ANTECEDENTES DEL RECURSO DE CASACION

    Los

    precedentes de este recurso de casación tienen sus inicios en un proceso común

    laboral en reclamo de prestaciones laborales.

    El Juzgado

    Segundo de Trabajo de la Primera Sección, dictó la Sentencia No.2 de 14 de

    enero de 1999, mediante la cual absolvió a la empresa CABLE & WIRELESS

    PANAMA, S. A. (antes INTEL, S.A.) del pago de salarios caídos, vacaciones y

    décimo tercer mes proporcional y la CONDENO a pagar el pasivo laboral de B/.692.25,

    consistente en B/.599.95 de indemnización y B/.92.30 de prima de antigüedad,

    más las costas.

    Disconformes

    con la decisión de primera instancia el trabajador, así como la empresa

    demandada, propusieron recurso de apelación. No obstante, el A quo sólo concedió

    dicho recurso a favor de la parte demandante.

    DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

    TRABAJO

    El

    Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, se pronunció sobre

    el recurso de alzada por medio de la Resolución de 18 de septiembre de 2000,

    confirmando la Sentencia de Primera Instancia.

    Las

    razones en que se fundamentó el Tribunal Superior fueron básicamente las

    siguientes:

  11. No le

    asiste el derecho al trabajador para demandar el pago de los salarios caídos

    más allá de lo dispuesto en el fallo del Tribunal Superior de Trabajo.

  12. Esta

    Superioridad ha señalado que los salarios caídos no dan derecho al pago de

    vacaciones y décimo tercer, y mucho menos en este caso en que ni siquiera se

    han producido dichos salarios.

  13. El

    señor W.J. al no haber sido despedido, no tiene derecho al pago

    de la indemnización prevista en el artículo 225, más un recargo del 120%

    pactado en la Convención Colectiva.

  14. El

    Estado asumió la responsabilidad del pago de las prestaciones de los

    trabajadores con motivo de la reestructuración de INTEL, S.A, asumiendo de

    igual forma el pago de cualquier diferencia que sugiera el cálculo de las

    mismas.

  15. La

    empresa demandada no accionó en contra de la no concesión del recurso de

    apelación y al manifestar en el escrito de sustentación que se confirme la

    sentencia mediante la cual se le condena al pago del pasivo laboral, esta

    Superioridad debe confirmar el fallo de primera instancia.

    DECISION DE LA SALA

    Encontrándose

    el recurso en este estado la Sala procede a resolver lo pertinente.

    La parte

    actora sostiene que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 222 del

    Código de Trabajo, el cual preceptúa:

    ARTICULO 222. El trabajador podrá dar por terminada la relación de

    trabajo, sin causa justificada, mediante notificación escrita al empleador con

    quince días de anticipación, salvo que se trate de trabajador técnico, caso en

    el cual la notificación debe darse con dos meses de anticipación. La

    notificación que no fuere firmada con la intervención de una autoridad

    administrativa de trabajo o delegado, o ratificada ante ella, no podrá ser

    invocada posteriormente por el empleador.

    El

    concepto de la violación lo explica el actor señalando que en la sentencia de

    segundo grado no se aplicó el artículo 222 del Código de Trabajo para la

    determinación de la fecha cierta de la terminación de la relación de trabajo

    por la renuncia presentada por el trabajador a objeto de liquidarle su pasivo

    laboral. Que la citada disposición sustantiva fue infringida como consecuencia

    del error de derecho en la apreciación de las pruebas documentales que constan

    a fojas 125 y 126 del expediente.

    Frente a

    los argumentos vertidos por el casacionista, observa la Sala a foja 125 del

    expediente administrativo, la carta de renuncia presentada en los siguientes

    términos:

    "Yo W.J., Cédula No. 9-183-371 según lo previsto en el

    numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 9 de febrero de 1995 y a fin de que se

    me hagan efectiva la totalidad de mis prestaciones laborales, incluyendo la

    indemnización, presento formal renuncia de la relación laboral al 15 de junio

    de 1997, en los artículos 4º y 6º.

    Esta renuncia esta condicionada a la previa suscripción de un nuevo

    contrato de trabajo por tiempo indefinido con Cable and Wireless (Panamá), S.

    1. (antes Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A.) que regirá a partir

      del 16 de junio de 1997, en los mismos términos y condiciones que tengo al

      momento de la liquidación." (El subrayado es de la Sala)

      Consta

      además, que el trabajador solicitó la liquidación de su prestación laboral en

      efectivo, incluyendo la indemnización. (Ver foja 126)

      Cabe

      destacar, que el señor J. al 21 de noviembre de 1997 no se había

      presentado a trabajar, de lo cual se aprecia nota de comunicación de la empresa.

      El 23 de diciembre éste trabajador manifestó por escrito que no aceptaba el

      puesto que le ofrecía la empresa porque se encontraba laborando en otra empresa

      pública. (F.127)

      Hay que

      aclarar, que el 28 de noviembre el trabajador presentó su renuncia ante el

      Ministerio de Trabajo.

      Con

      relación al pasivo laboral del trabajador, consta a foja 133 el cálculo

      realizado que asciende a SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 25/100

      (B/.692.25), desglozados en QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 95/100 (B/.599.95)

      en concepto de indemnización y NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 30/100 (B/.92.30)

      correspondientes a la prima de antigüedad, el cual el Juzgado Segundo de

      Trabajo dispuso que debe ser pagado por CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

      El monto

      establecido comprende hasta el 15 de julio de 1997, ya que posterior a esta

      fecha en que el señor J. renunció al cargo, el mismo no volvió a

      laborar, tal como lo revelan las constancias procesales.

      Por tanto,

      debe desestimarse la pretensión del actor de que se considere el 28 de

      noviembre de 1997, como fecha de terminación de esta relación laboral.

      También

      considera el actor que el artículo 26 de la Ley No.5 de 1995, fue infringido en

      concepto de violación directa por omisión, cuya parte pertinente reproducimos a

      continuación:

      "ARTICULO 26. Al momento de la transferencia de activos y pasivos al

      INTEL, S. A. de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley, la nueva empresa asumirá

      y mantendrá a todos los trabajadores del INTEL al momento de la promulgación de

      esta ley y su correspondiente pasivo laboral, así como su organización

      sindical. El Código de Trabajo, el Reglamento Interno vigente y una convención

      colectiva que mantenga como mínimo las prestaciones, derechos y garantías

      establecidas en la Ley 8 de 1975, regirán las relaciones laborales a partir de

      la promulgación de esta Ley. Mientras no se haya celebrado la respectiva

      Convención Colectiva, regirán las disposiciones de la Ley 8 de 1975.

      Los trabajadores del INTEL, S.A. después de la venta de cualquier

      porcentaje de las acciones, tendrán las siguientes opciones:

      1. Mantener y continuar acumulando sus prestaciones laborales con todos

      sus derechos; o

      2. Solicitar la liquidación de sus prestaciones laborales en efectivo,

      incluyendo la indemnización; con garantía de un nuevo contrato de trabajo por

      tiempo indefinido, en los mismos términos y condiciones del que tenía al

      momento de la liquidación ...

      Señala el

      recurrente que en el INTEL, S.A. o CABLE & WIRELESS, de acuerdo a la norma

      transcrita, se rigen por el Código de Trabajo, pero que en la sentencia

      recurrida se aplicó el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.33 de 19 de mayo de

      1997, para denegarle la liquidación y pago del pasivo laboral.

      Agrega,

      que el artículo 26 le da derecho al trabajador para solicitar la liquidación de

      todas sus prestaciones laborales (pasivo laboral), incluyendo la indemnización.

      Con

      relación al cargo presentado, destaca la Sala que por medio de la Ley No.5 de

      1995, se reestructura el INTEL convirtiéndolo en una sociedad anónima, en cuyo

      artículo 26 se establece que serán aplicables a las relaciones obrero patronal,

      las normas del Código de Trabajo, el Reglamento Interno vigente y una

      Convención Colectiva que contenga como mínimo las prestaciones, derechos y

      garantías establecidas en la Ley No.8 de 1975.

      El

      artículo 26 de la Ley No.5 de 1995, fue desarrollado por medio del Decreto

      Ejecutivo No.33 de 19 de mayo de 1997, disposición que en su artículo primero

      considera el actor no es aplicable a la presente litis. La reglamentación establecida

      en el mencionado Decreto señala:

      PRIMERO: El Estado se hace responsable y en consecuencia asume el

      pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre que

      resulte en concepto de liquidación de prestaciones laborales de los

      trabajadores del INTEL. Incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo

      establecido en el artículo 26 de la Ley 5 de 1995 como gastos de privatización

      del INTEL, S. A. El pago de dichas prestaciones se efectuará mediante el mecanismo

      de fideicomiso. Cualquier diferencia que surja del cálculo de estas

      liquidaciones será responsabilidad del Estado.

      SEGUNDO: Los trabajadores de INTEL, S. A. que deseen ejercer la opción

      contemplada en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 1995, deberán

      presentar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la Fecha del

      cierre, una carta dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos según modelo

      provisto oportunamente por dicha gerencia.

      La fecha del Cierre y la fecha de vencimiento del plazo de quince días calendarios

      para ejercer la opción de liquidación se notificarán a los trabajadores

      mediante publicación en dos (2) diarios de circulación nacional por tres (3)

      días calendario consecutivos.

      TERCERO: El cálculo de las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización,

      a que se refiere el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 1995, se efectuará

      al 15 de junio de 1997. Las prestaciones laborales se calcularán aplicando la

      regla contenida en el artículo 149 del Código de Trabajo y la prima de antigüedad

      según el artículo 224 del Código de Trabajo.

      Como bien

      hemos manifestado en líneas anteriores, al momento de la venta de acciones del

      INTEL, S.A., el señor JARAMILLO optó por la liquidación de sus prestaciones

      laborales en efectivo, incluyendo la indemnización y la suscripción de un nuevo

      contrato de trabajo.

      La

      decisión tomada por el trabajador está contemplada en el numeral segundo del

      artículo 26 de la Ley No.5 de 1995, a lo cual observamos que la empresa realizó

      las gestiones pertinentes ante PROPIVAC para que se hiciera efectivo el mismo.

      No obstante lo anterior, no se celebró un nuevo contrato con el señor J.

      en virtud que el mismo se encontraba laborando en otra empresa pública.

      A estos

      efectos, debemos reiterar que resulta improcedente la disconformidad de la

      parte trabajadora en considerar que se le ha negado la liquidación y el pago

      del pasivo laboral que le corresponde por el período laborado, debido a que la

      diferencia solicitada se produce en un período en que el mismo ya no trabajaba

      para la empresa.

      De lo

      anterior se colige, que el criterio del Tribunal Superior de Trabajo de

      considerar como válido el cálculo del pasivo laboral hasta el 15 de junio de

      1997, se ajusta a derecho.

      Por otro

      lado, alega el casacionista que se ha transgedido la cláusula No.18 y el anexo

      B, literal A, de la Convención Colectiva de Trabajo del INTEL, según las

      cuales:

      CLAUSULA No.18- Compensación Convencional por Privatización.

      Las partes convienen, en que a partir de la fecha de venta por parte del

      Estado, del primer bloque de acciones de la Empresa al Operador Privado, todos

      los trabajadores que hubieran sido contratados por el INTEL, antes de la

      vigencia de la Ley No.5 de 9 de febrero de 1995, gozarán por una sola vez, de

      un período de protección especial de 36 meses, por razón de la privatización de

      la empresa, que da lugar al pago de una compensación en la forma prevista más

      adelante. Si dentro del período antes mencionados un trabajador fuese despedido

      injustificadamente o su relación terminase por renuncia, Mutuo Acuerdo entre

      las partes o causa naturaleza económica o tecnológica, la Empresa pagará al

      trabajador además de sus prestaciones laborales, una compensación única y

      sustituva del artículo 225 del Código de Trabajo de conformidad con la tabla

      que sea aplicable al caso de los Anexos No. A y B y que forman parte integral

      de esta Convención Colectiva. La tabla del Anexo A se aplicará a los

      trabajadores que decidan mantener su antigüedad, al momento de la venta del

      primer bloque de acciones y la tabla del Anexo B se aplicará, a los trabajadores

      que decidan liquidar sus prestaciones e indemnizaciones en ese momento.

      De igual manera, queda convenido que en los casos de despido de carácter

      disciplinario o no imputable, dentro del período de protección y que resulte

      injustificados el pago de esta compensación conforme a la tabla del Anexo A

      cubrirá cualquier recargo aplicable por Ley.

      Una vez concluido en el período especial antes mencionado, se aplicará lo

      que disponga el Código de Trabajo.

      ANEXO B

      TABLA DE INDEMNIZACION PARA TRABAJADORES QUE SE ACOJAN A LA LIQUIDACION

      A. Si la terminación se produce dentro de los primeros doce meses del

      período de protección especial de 36 meses la indemnización será: Del ciento

      veinte por ciento (120%) de la liquidación bruta que el trabajador haya

      recibido conforme al artículo 26 de la Ley No.5 de 9 de febrero de 1995.

      Sostiene

      la parte actora, que si la sentencia recurrida hubiese aplicado el contenido de

      dicha cláusula, habría reconocido que el trabajador o demandante tenía derecho

      a que se le liquidara y pagara la indemnización pactada y sustitutiva del

      artículo 225 del Código de Trabajo, más un recargo del 120% pactado en la

      Convención Colectiva, como consecuencia de la renuncia que presentó ante la

      autoridad del Ministerio de Trabajo y que consta a fojas 125 y 126 del

      expediente.

      Al

      respecto coincide este Tribunal Colegiado con lo indicado por el Tribunal

      Superior de Trabajo, en el sentido que el señor J. no tiene derecho al

      pago de dicha indemnización, toda vez que la misma tiene como finalidad

      proteger a los trabajadores que se acogieran al pago total de sus prestaciones

      y renunciaran al INTEL, S.A. para suscribir un nuevo contrato y que fueran

      despedidos sin causa justificada en un período de 36 meses.

      En el caso

      bajo estudio el trabajador no fue despedido, dado que el mismo no aceptó el

      cargo que le ofrecían porque estaba laborando en otro lugar.

      Finalmente,

      con respecto a la supuesta infracción de la cláusula 7ª (7.3) del contrato de

      compraventa de acciones del INTEL, S. A. celebrado entre el Estado y la

      sociedad CABLE & WIRELESS PANAMA el 20 de mayo de 1997, indica el

      casacionista que de haberse aplicado la misma en la sentencia recurrida no se

      habría liberado de responsabilidad a la parte demandada ante el reclamo laboral

      formulado.

      El

      contenido de dicha cláusula es el siguiente:

      7.3 Leyes laborales y la Convención Colectiva de Trabajo.

      El comprador reconoce: (i) el alcance jurídico del Contrato de

      Fideicomiso, las leyes laborales de la República de Panamá, incluyendo las

      provisiones del Artículo 26 de la Ley No.5, y las obligaciones del INTEL, S.A.

      acordadas en la Convención Colectiva de Trabajo, (ii) las obligaciones del

      INTEL, S.A. de responder, pagar, asumir e indemnizar cualquier reclamo o

      responsabilidad de dicha empresa por prestaciones u otras obligaciones

      laborales por servicios prestados por sus trabajadores antes de la firma de

      este Contrato.

      Es de

      lugar resaltar que la Sentencia recurrida confirma la decisión del juzgador de

      primera instancia mediante la cual se absolvió a la empresa CABLE &

      WIRELESS PANAMA, S.A. del pago de los salarios caídos, vacaciones y décimo

      tercer mes proporcional y la condenó a pagar el pasivo laboral de SEISCIENTOS

      NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 25/100 (B/.692.25), que son las prestaciones que le

      corresponden al señor JARAMILLO en base a las condiciones pactadas en el

      documento que reposa a foja 125 del expediente administrativo (renuncia con

      promesa de nueva contratación).

      Bajo este

      marco de ideas, no es cierto que se haya desconocido la obligación de la

      empresa demandada de cumplir con el pago del pasivo laboral.

      La

      cláusula 7.3 en referencia no ha sido violentada en virtud que se ha dicho a lo

      largo de la presente resolución que el señor JARAMILLO no tiene derecho a

      demandar más allá de los SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 25/100

      (B/.692.25), ya que luego del 15 de junio de 1997 no volvió a laboral en la

      empresa demandada.

      De las

      razones anotadas y documentadas se concluye que los artículos 222 del Código de

      Trabajo; 26 de la Ley No.5 de 1995; primero del Decreto Ejecutivo No.33 de 19

      de mayo de 1997; 18 y Anexo B del literal A de la Convención Colectiva de

      Trabajo del INTEL, S.A. y la cláusula 7ª (7.3) del contrato de compraventa de

      acciones del INTEL, S. A. celebrado entre el Estado y la sociedad CABLE &

      WIRELESS PANAMA el 20 de mayo de 1997, no han sido violados por la Sentencia de

      18 de septiembre de 2001 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer

      Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: W.J. vs INTEL, S.

    2. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.

      En

      consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACION LABORAL)

      de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por

      autoridad de la Ley, NO CASAN la Resolución dictada por el Tribunal Superior de

      Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: WILBERTO

      JARAMILLO vs INTEL, S.A. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

      Notifiquese.

      (fdo.)

      A.A.A. L.

      (fdo.)

      MIRTZA A.F. DE AGUILERA

      (fdo.)

      A.H.

      (fdo.)

      J.S.

      Secretaria