Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 22 de Marzo de 2002

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:22 de Marzo de 2002
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO AURELIO LINERO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO SCHIRALDI Y/O PANAITALY ENTERPRISE S.A., CONTRA LA SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DE 2002, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MARIO SCHIRALDI Y/O PANAITALY ENTERPRISE S.A. -VS- YISS... (ver resumen completo)

 
CONTENIDO

VISTOS:

El licenciado A.L., apoderado especial de M.S. y/o

PANAITALY ENTERPRISE, S.A., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el día 24 de enero de 2002, dentro del proceso laboral promovido por MARIO SCHIRALDI y/o PANAITALY ENTERPRISE, S.A. -VS- YISSELA DEL CARMEN LEZCANO.

El fin perseguido con el presente recurso consiste en que el Tribunal de Casación revoque en todas sus partes la resolución recurrida, y en su defecto, absuelva a la empresa PANAITALY ENTERPRISE, S.A. de las pretensiones reclamadas en su contra.

Se trata de un proceso abreviado de impugnación de mandamiento de reintegro, interpuesto por MARIO SCHIRALDI y/o PANAITALY ENTERPRISE, S.A. , contra el Auto No. 247 de 28 de diciembre de 2000, librado por el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, contentivo del mandamiento de reintegro inmediato de la trabajadora YISSELA DEL CARMEN LEZCANO, por considerar que fue despedida sin que mediara autorización judicial para tal efecto y sin causa justificada, toda vez que gozaba de fuero de maternidad. Mediante sentencia de 2 de marzo de 2001, el juzgado en mención resolvió revocar la inamovilidad de YISSELA DEL CARMEN LEZCANO, por inexistencia de la relación de trabajo para con M.S. y, en consecuencia mantiene la inamovilidad de la trabajadora para con la sociedad anónima denominada PANAITALY ENTERPRISE, S.A., y la condena al pago de los salarios vencidos a partir de la fecha del despido (13 de diciembre de 2000), hasta la fecha en que se de cumplimiento a la orden de reintegro, adicionados (los salarios caídos) con los intereses y recargos de los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo.

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, a través de la Sentencia No. 216-01 de 24 de enero de 2002, confirmó la decisión del juzgador primario, por considerar que, en efecto, la relación de trabajo que existía entre las partes había finalizado por despido..

Dentro de este contexto, procede el Tribunal de Casación, a efectuar el análisis de los cargos que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

La parte actora sostiene que la sentencia impugnada ha infringido las disposiciones 67, 75, 737 y 872 del Código de Trabajo.

El Tribunal de Casación examinará de forma conjunta los cargos relativos a los artículos 67 y 75, toda vez que mantienen un fundamento común, relativo a que fueron infringidos en el concepto de violación directa por indebida interpretación, pues, a su juicio, tanto el juzgador de primera como de segunda, "afirmaron que la excepción de tener que realizar contrato de trabajo por escrito que se permite a los trabajadores accidentales u ocasionales que no excedan de tres meses dejó de existir, ya que la Ley 44 de 12 de agosto de 1995 derogó los artículos 80 y 81 del Código de Trabajo, referentes a los contratos de trabajo eventuales y ocasionales o accidental. Desconoce el Juzgador que esta misma ley dejó vigente en el artículo 67, numeral 3, relativo a que las actividades o trabajos accidentales y ocasionales que no excedieran de tres meses no requerían de confeccionar un contrato escrito de trabajo...", arguye además que desconoció que el artículo 75 contempla la excepción de que una relación de trabajo definida se puede realizar en forma verbal, cuando las funciones o labores a realizar sean de carácter ocasional y lo permita la naturaleza del trabajo (Cfr. fojas 7 y 8).

El Tribunal Superior de Trabajo concluyó que no hay duda que la relación de trabajo finalizó por despido, toda vez que el artículo 75 del Código de Trabajo dispone que la duración definida sólo será válida si consta expresamente por escrito, excepto en los casos señalados en el artículo 67.

La obra Derecho Panameño del Trabajo, en cuanto al trabajo eventual y ocasional, expresa lo siguiente: " Tratamos estas dos clases de trabajo definidos en nuestra legislación laboral en este apartado porque ambas clases de trabajo revisten características de temporalidad y pueden ser objeto de contratos de trabajo por tiempo definido y para obra determinada. Trabajo eventual es el que no pertenece a la categoría de planta, pero que se refiere a las tareas relacionadas directamente con la actividad típica de la empresa ( Art. 80 C.T.). De acuerdo con lo establecido en la ley el plazo máximo de duración del contrato de trabajo cuyo objeto es un trabajo eventual es de 6 meses. Trabajo ocasional o accidental es en nuestra legislación aquel de corta duración, que corresponde a una prestación de servicio derivada de una exigencia momentánea del empleador relacionada directamente con el giro de actividades normales de la empresa (Art. 81 C.T) El plazo de duración de este tipo de contrato no puede exceder de 1 mes" (H., A.. Litografía e Imprenta LIL, S.A. Panamá, 1982, pág. 234.)

Es preciso advertir que los artículos 80 y 81 fueron derogados por el artículo 70 de la Ley 44 de 1995.

Considera la Sala que no le asiste razón al casacionista, toda vez que el juzgador de segundo grado no ha desconocido que en el artículo 67 se contempla, como una excepción a la regla genera de que todo contrato debe constar por escrito, los trabajos accidentales u ocasionales que no excedan de tres meses.

Estima el Tribunal de Casación, que la analogía formulada por el juzgador primario y secundario con una normativa ya derogada, la efectúan en relación al trabajo eventual, definido como aquel que se refiere a las tareas relacionadas directamente con la actividad típica de la empresa, y que podían ser objeto de contrato por tiempo definido hasta por 6 meses. Resulta que a raíz de la vigencia de la Ley 44 de 1995, desapareció esta modalidad de contrato definido para el trabajo eventual, tal como estaba definido en el artículo 80, toda vez que según nuestra legislación laboral vigente se considera como contrato por tiempo indefinido, en virtud de que las labores que se realizan están dentro de las relacionadas directamente con la actividad de la empresa, tal como lo contempla el artículo 79 del Código de Trabajo cuando establece que "trabajo permanente , efectivo o de planta es aquél que constituye una ocupación o función de necesidad permanente en la empresa o establecimiento y que tiene por objeto actividades normales y uniforme del empleador, y corresponde al contrato por tiempo indefinido. Trabajo de temporada es aquél que se ejecuta en una determinada época todos los años, en ciertas ramas de la actividad, formando parte del giro normal y uniforme de las actividades del empleador, y constituye una modalidad del contrato por tiempo indefinido. Se reconoce el régimen de estabilidad, para los efectos de la temporada, cuando se hubiere trabajado dos temporadas completas consecutivas".

No obstante, lo antes expresado, considera la Sala que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial no ha interpretado indebidamente el artículo 67 del Código de Trabajo, pues, resulta palmario y así lo consignan en la sentencia a foja 177 que "... El Código de Trabajo prevé que se pueda dar un contrato por tiempo definido en forma verbal "cuando lo permita la naturaleza del trabajo que constituye el objeto de la prestación". Lo que se desprende de la norma es que el contrato definido debe constar por escrito, excepto en los casos del artículo 67 del Código de Trabajo y no contravenga - aun contando por escrito - alguna de las circunstancias enumeradas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 75 del Código de Trabajo".

En ese sentido, tenemos entonces que, si el empleador alega como excepción, que el contrato de trabajo con la señora Y. delC.L. fue accidental u ocasional, debió probarlo en el presente proceso. Sin embargo, resulta que esta condición no ha sido acreditada, pues no basta alegarla, toda vez de que existe la presunción juris tantum que se trata de una relación por tiempo indefinido. La empresa Panaitaly Enterprises, S.A. se dedica a las actividades de compra y venta al por mayor de telas, ropa, carteras, artículos de cuero, velas, paraguas, cascos de bicicletas, artículos de plásticos, lámparas, víveres, ascensores y escaleras eléctricas, de conformidad con el Registro comercial Tipo"A" expedido a favor de dicha empresa el 6 de mayo de 1998 (Cfr. foja 32).

En esa línea de pensamiento, la normativa contenida en el artículo 69 del Código de Trabajo establece lo siguiente:" A falta de contrato escrito se presumirán ciertos los hechos o circunstancias alegados por el trabajador que debían constar en dicho contrato. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable". En ese sentido, observa el Tribunal de Casación que no hay constancia dentro del proceso que desvirtúe lo aducido por la trabajadora. Es más, se desprende claramente de las declaraciones vertidas por los testigos M.G.G.L., M.J.A.G., J.E.A.C., Supervisor de Ventas en la empresa RODELAG (David) y de D.A.G., Encargado del Mantenimiento de Sistemas en Empresas Romero que la señora Y. delC.L. laboraba como impulsadora o vendedora de productos de la empresa del señor S., no solo en la empresa Price Smart (Costco) como afirma el recurrente, sino en diversos comercios de la Ciudad de D., desde el mes de agosto hasta diciembre del año 2000.

La parte actora aduce al respecto que la señora L. fue contratada verbalmente por el señor M.S., quien actuaba en nombre y representación de la empresa PANITALY ENTERPRISES, S.A., para que se encargara de la demostración y ventas de productos que estaba exhibiendo la empresa demandada dentro de las instalaciones del negocio comercial conocido como Price Smart (Costco) ubicada en David, a raíz de la invitación que esta última le hiciera para exhibir y vender sus productos durante el período comprendido entre el 10 y el 20 de agosto de 2000. Sostiene además, que a la trabajadora le fueron liquidadas sus prestaciones al momento de concluir el período definido de exhibición de productos.

Afirma la parte actora que nuevamente en el mes de noviembre de 2000 fue contratada la trabajadora de forma temporal, como Demostradora Vendedora, del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2000, toda vez que por segunda ocasión la empresa Price Samart (Costco) les había formulado una invitación para que exhibieran los productos en su local. Agrega que en esta última fecha, al enterarse de que se encontraba embarazada no le iba a dar el trabajo temporal, pero en virtud de las súplicas hechas por la señora L. este se conmovió y accedió a darle el trabajo.

Dentro de este orden de ideas, resulta pertinente invocar la normativa contenida en el artículo 981-A del Código de Trabajo el cual es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 981-A La impugnación no suspende el cumplimiento de la orden de reintegro, salvo que se fundamente en que la terminación se debió a vencimiento del plazo o conclusión de la obra, y siempre que con la impugnación se acompañe un ejemplar del contrato escrito de trabajo, en el cual conste la duración temporal de la relación de trabajo.

En estos casos, y en todos los demás, en que la impugnación se fundamente en la terminación por vencimiento del plazo o conclusión de la obra, el trabajador podrá alegar y probar respecto de la ineficacia del pacto de duración temporal."

Estima el Tribunal de Casación que la trabajadora logró probar la ineficacia del pacto de duración temporal.

El caudal probatorio que acompaña el presente proceso no acredita lo argumentado por el casacionista, razón por la cual , se desestiman los cargos endilgados.

Por otro lado, arguye el recurrente que ha sido infringido el artículo 737 en concepto de violación directa por aplicación indebida, toda vez que "es cierto que se presume que toda relación de trabajo termina por despido. No obstante, esta presunción solo cobra vigencia cuando el objeto en litigio o lo que se debate en el proceso se refiere a la forma en que ha terminado la relación laboral; lo cual no constituyó el fondo del proceso que nos ocupa" (Cfr. foja 9).

La Sala considera que la sentencia impugnada no ha conculcado dicha norma, pues, una vez ponderado el caudal probatorio contentivo del presente proceso, el juzgador secundario tenía que concluir que la relación de trabajo había terminado por despido, toda vez que no fue acreditada la temporalidad del contrato de trabajo, como aduce el actor, máxime cuando la trabajadora se encontraba con fuero de maternidad. Así las cosas, resulta conforme a derecho concluir que la relación de trabajo terminó por despido.

Sería distinta la situación, si la trabajadora hubiera suscrito un contrato por tiempo definido o para obra determinada, en atención a la naturaleza del trabajo. En estos casos, la Corte ha sostenido que la trabajadora no está amparada por fuero de maternidad para permanecer en el trabajo más allá del tiempo pactado, puesto que la relación de trabajo se extingue al vencerse el término contractual; causal contemplada en el numeral 2 del artículo 210 del Código de Trabajo, y por lo tanto, no procede reintegrar a la trabajadora a sus labores.

Esta situación no se presenta en el caso bajo estudio, pues la trabajadora L. logró demostrar la ineficacia del pacto de duración temporal, siendo estonces relación por tiempo indefinido, caso en el cual el empleador estaba obligado a solicitar judicialmente la autorización para despedir a la trabajadora, porque se encontraba amparada por el fuero de maternidad.

La mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral, pues una de las manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas.

En esa misma línea de pensamiento, tenemos que la protección al trabajo de la mujer embarazada origina un derecho de rango constitucional fundamental " a saber, la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre los sexos y la protección de la maternidad, la vida, la familia y el cuidado de los niños".

"La mujer embarazada tiene el derecho constitucional fundamental a no ser discriminada en el campo laboral por razón de su estado de gravidez, lo que apareja, necesariamente, el derecho fundamental a no ser despedida por causa de embarazo"...en relación con el despido de la mujer encinta, que se presentaba "una manifestación clara de transgresión de los derechos a la igualdad y al trabajo, los cuales son derechos fundamentales"(R.O., J.A.. El Contrato de Trabajo, Editorial Leyer, Colombia, 2001, pág. 251).

Por último, la parte actora aduce que ha sido conculcado el artículo 872 del Código de Trabajo, sin embargo, la Sala considera que no es necesario entrar a analizar este cargo, dado que los anteriores fueron desestimados.

Frente a este escenario jurídico, concluye el Tribunal de Casación, que los cargos son notoriamente insuficientes en cuanto no alcanzan a probar la ilegalidad de la decisión recurrida, y por ello, no están llamados a prosperar, ya que en el recurso de casación la Corte tiene vedado efectuar revisiones oficiosas, que no hayan sido pedidas y demostradas por el recurrente.

Colegimos de lo antes enunciado, que no existe vicio de ilegalidad en la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de enero de 2002, librada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por MARIO SCHIRALDI y/o PANAITALY ENTERPRISES, S.A. -VS- YISSELA DEL CARMEN LEZCANO.

Las costas de casación se fijan en un 15%.

N.,

(fdo.) A.H.

(fdo.) W.S.F.

(fdo.) A.A.A. L.

(fdo.) J.S.

Secretaria

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