Sentencia de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Agosto de 1994

PonenteFABIÁN A. ECHEVERS
Fecha de Resolución26 de Agosto de 1994
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

El licenciado J.A.M.G., defensor técnico de R.R.G., formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia de 7 de mayo de 1993, mediante la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial confirmó la sentencia condenatoria de cuarenta y cinco (45) meses de prisión (3 años y 9 meses), e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de la pena principal, que impusiera a su defendido el Juzgado Tercero del Circuito de Chiriquí, el 14 de septiembre de 1992, por la comisión del delito de violación carnal cometido en perjuicio de Alba Aurora Atencio Guerra (fs. 154-161, 198-216 y 245-251).

HISTORIA DEL CASO

Explica el recurrente que el 15 de septiembre de 1991 su representado, en compañía de un pasajero y amigo de nombre J.J.S.C., recogió, previo acuerdo telefónico, a la joven A.A.A.G., en el vehículo que utiliza como taxi, distinguido como unidad 24 de la piquera "Sincochi", para dirigirse primeramente a un lugar de recreación denominado Bello Horizonte, donde ingirieron cerveza, y posteriormente al balneario Majagua, donde continuaron tomando cerveza. De este último lugar, aproximadamente a las cinco de la tarde, dispusieron regresar a la ciudad de D., empero "estando ya por las tres -3- bombas de gasolina, mi defendido invitó a su acompañante al HOTEL GALICIA, (el cual queda a pocos metros de las tres -3- bombas), invitación que aceptó ALBA AURORA, bajándose voluntariamente en compañía de mi cliente, quién pagó el cuarto, la dejó allí esperándolo, mientras él se dirigía a la base (piquera), en compañía de J.J. con la finalidad de entregarle el carro -taxi- al chofer nocturno de nombre J.O.R.M. (a) NEGRITO" (f. 245-246). Este último, después de recibir las llaves del vehículo, llevó de regreso a Guerra al Hotel Galicia, en compañía de J.J.S., donde lo dejaron luego de que la joven A.A.A. le abriera la puerta. Sostiene el recurrente que en dicho lugar su defendido mantuvo relaciones sexuales por primera vez con la joven A., ya que en tres ocasiones anteriores lo habían intentando sin poder lograrlo. Posteriormente, como a las siete y media de la noche fueron recogidos en el referido Hotel por un auto taxi, conducido por J.O. (a) N., en el cual se trasladaron al restaurante D.D., donde su defendido le compró algo de comer a la joven A.. De este último lugar Guerra le pidió al taxista que lo dejara en el Hotel Nacional y que llevara a la joven A.A. a su residencia.

Sigue narrando el recurrente que, como consecuencia de que la joven A.A., al llegar a su casa, estaba manchada de sangre en sus parte íntimas, sus padres la llevaron al Hospital José Domingo De Obaldía "donde fue atendida por presentar sangrado transvaginal, se le repara una laceración en el periné y otra en la pared vaginal izquierda", siendo el motivo por el cual el padre de la joven "el día diecisiete -17- de septiembre de mil novecientos noventa y uno -1991- presentó querella ante la Fiscalía Segunda del Circuito de Chiriquí, en turno, en contra de él o los responsables por el delito en que hubiesen incurrido en perjuicio de su hija" (f. 247).

Como consecuencia de la investigación el Juzgado Tercero del Circuito de Chiriquí, mediante sentencia Nº 70 de 14 de septiembre de 1992, condenó a R.R.A.G. a la pena de 45 meses de prisión por considerarlo culpable del delito de violación carnal en perjuicio de A.A.A.G., decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el 7 de mayo de 1993, resolución de segunda instancia contra la cual se recurre ahora en casación.

CAUSALES INVOCADAS

La casación es en el fondo y se fundamenta en dos causales, a saber:

Primera

"Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es" (a. 2434, numeral 2, del Código Judicial).

Segunda

"Cuando se haya procedido por delito que requiera acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella, que requiera la Ley" (a. 2434, numeral 7, del Código Judicial).

Por mandato del artículo 2450 del Código Judicial el Tribunal de la Casación debe examinar, con la debida separación, cada una de las causales con sus respectivos motivos. De allí que la comprobación de una causal sea suficiente para invalidar el fallo, sin tener que entrar a considerar las causales restantes.

PRIMERA CAUSAL

Por lo que concierne a la primera causal invocada, la jurisprudencia tiene sentado que se produce cuando "el juzgador considera como delito un hecho que no lo es, violando así el principio `nullum crimen sine lege' plasmado en el artículo 1º del Código Penal, según el cual ningún hecho puede ser penado sino se encuentra descrito expresamente como delito por ley vigente al tiempo de su consumación. En suma, tiene lugar esta causal cuando el juzgador valora como delito una conducta que no es típica, antijurídica y culpable" (Registro Judicial, Diciembre de 1993, p. 189).

MOTIVOS ADUCIDOS

Para fundamentar esta causal se plantean tres (3) motivos, a saber:

Primero

"La relación sexual llevada a cabo por R.R. GUERRA con ALBA AURORA ATENCIO GUERRA, el día quince -15- de septiembre de mil novecientos noventa y uno -1991- en un cuarto del HOTEL GALICIA, de esta ciudad, fue un hecho CONSENSUAL, es decir, un cópula carnal donde ambos protagonistas consintieron, voluntariamente, de principio a fin, sin que mediaran vicios en el consentimiento".

Segundo

"El hecho material que se le imputa a mi defendido, R.R.G., No constituye delito".

Tercero

"El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial al CONFIRMAR la sentencia emitida por el juzgado Tercero del Circuito de Chiriquí, la cual condenó a mi patrocinado a la pena de cuarenta y cinco -45- meses de prisión por encontrarlo culpable del delito de violación carnal en perjuicio de ALBA AURORA ATENCIO GUERRA, erró en su apreciación jurídica al sancionar a mi cliente por un hecho que no constituye delito".

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Con vista de los motivos anotados se aduce la infracción de los artículos 216 y 1 del Código Penal.

Se sostiene que el artículo 216 fue violado de modo directo, por comisión, en razón de que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial aplicó la referida disposición "al presente caso, a pesar de que el hecho imputado a mi representado no se debe subsumir en dicha norma penal, por cuanto que ese hecho fue un acto consensual y No constituye delito de violación carnal".

En cuanto al artículo 1º, se le considera violado en forma directa, por omisión, en razón de que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no aplicó dicha norma legal, puesto que "de haberlo hecho No habría confirmado la referida sentencia condenatoria, ya que el hecho imputado a mi defendido fue un acto consensual el cual no esta descrito expresamente como delito por la ley vigente al tiempo de su comisión".

OPINIÓN DEL PROCURADOR

En opinión del Procurador General, "debemos analizar las consideraciones a que llegó el juzgador de segunda instancia sobre si el acto sexual realizado entre el señor G. y la joven A. fue voluntariamente consentido para así poder determinar si la causal examinada demuestra o no la ilegalidad del fallo recurrido en casación" (f. 260).

Con tal propósito expresa el Procurador, previa cita doctrinal, a los efectos establecer si la conducta del sujeto activo encuentra adecuación al tipo penal que describe el artículo 216 del Código Penal, que "en el caso que nos ocupa debe existir prueba científica que demuestre la presencia de cualquier sustancia alucinógena que indique presumiblemente la participación del sujeto imputado en la acción y que ésta influyó en la pérdida de conciencia que produjo alteraciones emocionales que impidieron la comprensión cabal del acto" (f. 263). Tras admitir que "si bien es cierto, existen elementos que favorecen al imputado, pues no se encuentra probada la presencia de sustancias alucinógenas en la víctima de la supuesta violación carnal, ni siquiera la determinación del grado alcohólico producido por la ingestión de las cervezas que la prenombrada reconoce haber ingerido voluntariamente" (fs. 263-264), concluye que en el expediente existen otras circunstancias que comprometen la conducta del imputado, como es el informe presentado por el médico que atendió a la ofendida en el centro hospitalario de la ciudad de D.. Considera el Procurador que ese informe, el cual fue valorado por el juzgador de segunda instancia, en el que, entre los aspectos concernientes a la conducta de la paciente, se consigna que la misma se presentaba "poco cooperadora, verborreica, con aliento alcohólico, confusa, mucosa oral subhidratada, ojo rojo, niega relaciones sexuales ...", todo lo cual a su juicio indica una conducta que ubica a la paciente en el primer y segundo grados de ebriedad puesto que, según distinción doctrinal que a propósito cita: "En lo que se refiere a la ebriedad como proceso agudo de corta duración, existen tres grados, según la división de H.: 1º período de excitación, euforia, verbosidad, en algunos tristeza, rapidez asociativa, irritabilidad; no hay pérdida de conciencia; 2º período de incoherencia, automatismo, movilidad y falta de brillo en la ideación, incordinación motora, impulsos, agresiones; hay ya pérdida de conciencia" (f. 264).

De lo anterior deriva el Procurador "que la comprensión cabal de la víctima se encontraba, ciertamente, coprometida, según revela su comportamiento durante las curaciones efectuadas en el centro hospitalario. Esta situación, aunada al hecho de la violencia que presentaba la joven A. en sus parte íntimas fue el indicio que tomó en cuenta el tribunal de alzada para condenar al señor Guerra por el delito en cuestión, pues la ofendida señaló directamente al imputado como autor del delito en cuestión, añadiendo que "Es conocido que en el delito de violación carnal, la Ley le confiere una gran relevancia al señalamiento directo de la agraviada. (Cfr. Artículo 2223 del Código Judicial). De allí que, este despacho considera que la causal invocada no es procedente, porque los hechos examinados por el tribunal de alzada indican que, por el estado en que se encontraba la víctima al momento de la perpetración del hecho punible, no esta demostrado que el acto fuera consentido" (f. 265).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Como quiera que los tres motivos que sustentan esta causal se encuentran íntimamente relacionados, es del caso analizarlos en conjunto.

Se cuestiona que la conducta del procesado Guerra sea constitutiva del delito de violación carnal, sosteniendo que la relación sexual fue consentida por la presunta ofendida, por lo que se le atribuye a la sentencia el vicio de haber reconocido a una conducta lícita el carácter de delictiva.

Como viene dicho, el recurrente apoya su causal en el hecho de que la relación sexual sostenida entre su defendido y la presunta ofendida fue consentida por ambos, en tanto que la sentencia recurrida considera que no hubo de parte de la ofendida tal consentimiento, con argumentos que, por considerarlos de interés, se reproducen a continuación.

  1. ) "En el caso que nos ocupa, lo que se debate es las lesiones que presentaba en su vagina la víctima ... ahora procede estudiar si la ofendida sostuvo voluntariamente las relaciones sexuales y si dicho consentimiento no estaba viciado por un estado de inconciencia transitoria" (f. 208).

  2. ) "... se desprende de las constancias procesales que la ofendida al llegar al hospital presentaba un estado no común y ésta siempre ha manifestado que no recuerda los hechos que nos constriñen y la especie de somnolencia en que se encontraba, percatándose de tales hechos a los dos días cuando salió del hospital" (f. 213).

  3. ) "Después de estudiar en conjunto las constancias procesales, arribamos a la conclusión de que en autos existen pruebas e indicios en favor del imputado y de la ofendida, sin embargo, existe un hecho cierto que es el estado y las lesiones que el día de los hechos presentaba Alba Atencio, por las que fue necesario que estuviera hospitalizada dos días, y por ellas (sic) no pueden ser producto de una relación consentida, entre una pareja con órganos genitales normales, aún cuando no existan huellas externas, todo lo que nos hace concluir que se encuentra plenamente comprobado el cuerpo del delito de violación carnal, cometido en perjuicio de alba (sic) A.G., puesto que si ésta dio su consentimiento, éste estaba viciado por el estado que presentaba el día de marras" (f. 214).

  4. )"La responsabilidad del imputado R.G., emana de su propia aceptación de haber sostenido relaciones sexuales con A.A., el día de los hechos y de los indicios de presencia física, oportunidad, capacidad y de mala justificación, puesto que no ha probado que las relaciones sexuales fueran con el consentimiento de la víctima" (f. 215).

El fallo de segunda instancia que ahora se impugna omite mencionar la norma infringida por el sentenciado y que diera lugar a la imposición de la pena. Ello no obstante, como quiera que esa decisión es confirmatoria de la de primera instancia, se advierte claramente que en la primera de ellas el juzgador consideró que "la disposición penal infringida es el artículo 216 del Código Penal, ordinales 1º y 2º" (fs. 160-161).

Según el precepto legal invocado por el juzgador de instancia, que aparece recogido dentro del título concerniente a los delitos contra el pudor y la libertad sexual, para que el acceso carnal constituya el tipo específico de violación carnal, debe tener lugar en alguno de los supuestos que la norma establece en sus tres numerales. El primer numeral considera el supuesto de la "violencia o intimidación"; el segundo numeral se refiere a las situaciones de "privación de la razón, privación de sentido, enfermedad física, enfermedad mental y cualquier otra causa no pueda resistir" la víctima, mientras que en el tercero se considera el supuesto de "cuando la víctima se halla detenida o presa y confinada al culpable para vigilarla o conducirla de un lugar a otro".

A juicio de la Sala el contenido de la norma en cita, en concordancia con la denominación genérica que establece el título donde aparece consagrada, conduce a sostener que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. El concepto de libertad sexual exige la presencia necesaria de componentes subjetivos tales como una voluntad libre y capacidad para que los participantes en el acto puedan prestar su consentimiento de manera eficiente.

Ahora bien, a los efectos de establecer si la conducta del procesado encuentra o no adecuación en el tipo penal por el cual fue condenado, resulta necesario analizar los hechos probados a la luz de los elementos integrativos del tipo.

Se encuentra establecido que el tribunal sentenciador ubicó la conducta del inculpado entre los supuestos objetivos que contemplan los numerales 1. y 2. del artículo 216 del Código Penal. Por lo que hace al primero de ellos, la violencia a que alude debe ser tenida como la fuerza material, de carácter físico, "que llega a vencer la resistencia de la víctima" (V.A., E.. Medicina Legal. Compendio de Ciencias Forenses para médicos y abogados, L.E., tercera edición, Costa Rica, 1983, p. 268), toda vez que la de índole moral quedaría subsumida en el concepto de "intimidación" que el mismo numeral recoge. Resulta entonces que la violencia requiere del uso fuerza física de parte del autor y la oposición de resistencia por la víctima, la que, conforme interpretación doctrinal, debe expresarse de manera eficaz, "es decir que manifieste el sujeto pasivo una voluntad contraria al acto, siendo preciso además que sea constante, o sea que no dure unos instantes y se borre luego para dar lugar al placer que el acto le produce" (LEVENE, R. (h). Manual de Derecho Penal, Parte Especial. V.P. de Zavalia - Editor, Buenos Aires, 1978, p. 190). En cuanto a la intimidación, "entendida como violencia moral, debe consistir en una amenaza o promesa directa de un mal. Esta amenaza debe ser seria, grave, inminente y posible, o sea que ese mal tenga capacidad para provocar miedo en la víctima" (Ibídem, p. 190).

De todos los medios probatorios de que se valió la investigación ninguno permite establecer que el inculpado haya ejercido violencia física o moral sobre la ofendida, como medio para obtener que consintiera la relación sexual. Por el contrario, la afectada textualmente manifestó: "yo no me he dado cuenta de lo que me sucedió como antes lo dije" (f. 9), afirmación de la que también da cuenta su historial clínico, debidamente confirmado con la certificación expedida por el Director Médico Forense, en la que se consigna que la paciente "niega relaciones sexuales" (f. 17).

Es cierto que el examen ginecológico revela la existencia de "puntos de sutura en la horquilla vulvar, reciente, con sangrado", además de que "se encuentra desflorada de reciente data, con muestra de violencia física interna, sin síntomas de embarazo, con evidencia de coito reciente, pero no múltiples" (f. 12). Frente a esas comprobaciones es preciso tener presente que el Dr. J.A.M., Director Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Chiriquí-Bocas del Toro, a pregunta que le formulara el propio tribunal sentenciador sobre "si estos estados se presentan solamente luego de una violación sexual, o si también puede después de una relación sexual consentida", el perito médico forense respondió que "En ambos casos puede presentarse, es una conducta que se presenta en estos casos como observación clínica" (f. 194), agregando que "cabe la posibilidad que en un estado de tensión importante se puede producir el fenómeno natural en esos estados de contracción espasmódica de los esfínteres naturales, ano y vagina y aunque la relación sea aceptada con consentimiento se pueden producir lesiones similares a cuando hay violación (f. 195). La experticia anterior autoriza a sostener que los hallazgos descritos en el examen ginecológico no pueden interpretarse como necesariamente representativos de que se hubiere ejercido violencia que anulara la voluntad de la supuesta víctima, por lo que mal se puede sostener entonces como probada la adecuación de la conducta del sentenciado en el numeral 1 del artículo 216 del Código Penal.

Como ya se indicara, la conducta del sentenciado fue encuadrada también en el numeral 2 del artículo 216 del Código Penal. Ello no obstante, lo cierto es que tanto la sentencia del Tribunal Superior como la del de primera instancia omiten precisar en cuál de las dos situaciones que el numeral considera se adecúa la conducta del condenado, sin que a estos efectos pueda considerarse el concepto de "estado de inconciencia transitoria", a que se refiere el fallo recurrido (f. 208), por cuanto no se identifica con ninguno de los referidos supuestos. Tal pretermisión afecta seriamente el derecho a la defensa, toda vez que no le permite al imputado ni a su defensor conocer con certeza cuál es el fundamento fáctico-jurídico de la condena, y porque obliga al tribunal de casación a realizar el examen de las diversas situaciones que contempla este ordinal, a los fines de establecer si la conducta del sentenciado encuentra verdaderamente adecuación en alguna de ellas.

Por consiguiente, el examen se hará en relación con los hechos probados, con la finalidad de establecer si la querellante tenía completa capacidad para consentir la relación sexual el día de los hechos o si, por el contrario, su voluntad se encontraba viciada por concurrir en ella alguna de las circunstancias a que alude la norma en comento.

Valga aclarar que las situaciones contempladas en este numeral no se presentan debidamente delimitadas, existiendo entre ellas una distinción más aparente que real.

La situación concerniente a la privación de la razón, desde el punto de vista médico legal "significa la existencia de perturbaciones mentalesen la víctima que la hacen incapaz para consentir" (VARGAS, op. cit. p. 267). La doctrina también nos advierte en el sentido de que, al hablar de privación de la razón, "No se refiere el Código a cualquier alteración de la salud mental sino sólo a aquella que prive de razón a la víctima, o sea que la imposibilite de comprender el significado de los actos" (LEVENE, Op. cit., p. 188).

Por lo que hace a la privación de sentido, se considera que "Se comete violación de mujer, entre otros supuestos, yaciendo con la privada de sentido (aquí conocimiento o conciencia) por cualquier causa" (CABANELLAS, G.. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII, 21ª edición, Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, 1989, p.380). Reconoce igualmente la doctrina que "Nos hallamos, también en este supuesto, frente a un caso de imposibilidad de comprensión del acto y no frente a un acto de resistencia", en el entendimiento de que esa privación de sentido "... puede ser debida a una pérdida absoluta de la conciencia o una perturbación profunda" (LEVENE, Op. cit., p. 189).

De acuerdo con la doctrina expuesta, los conceptos de privación de razón y de privación de sentido resultan tener un significado parecido, por cuanto ambos implican falta de conciencia al momento de la ejecución de los actos por perturbación mental, es decir que la persona pierde lucidez o capacidad cognocitiva a tal punto que le impide manifestar libremente su voluntad durante un tiempo determinado, por lo que el consentimiento supuestamente otorgado durante esos estados de inconciencia resulta viciado. En el entendimiento de que ambos conceptos -razón y sentido- concurren en un mismo significado, se puede concluir con la doctrina que la razón puede encontrarse ausente "por un estado de ebriedad total, por un desmayo, un sopor, un estado de sueño, etc. (LEVENE, Op. cit., p. 189), como también se puede perder el sentido al "Sufrir mareo, desvanecimiento, o desmayo" (CABANELLAS, Op. cit., tomo VII, p. 380).

En cuanto a la enfermedad mental, desde el punto de vista jurídico se le define como la anormalidad que "constituye un desorden o desequilibrio de orden psicofisiológico, por lo general, que impide al individuo valerse por sí mismo o responder de sus actos ... Según el predominio del factor orgánico o psicológico, las enfermedades mentales se clasifican en dos grandes grupos: neurosis y psicosis" (CABANELLAS, Op. cit., tomo III, p. 460). La neurosis implica la pérdida del dominio propio con efectos que se aproximan a la demencia, aunque atenuada por la clara visión mental y el concepto moral que el neurótico suele conservar (cf. CABANELLAS. Op. cit., tomo V, p. 542), mientras que la psicosis "no es sino la denominación, entre técnica y eufemística, que los siquíatras han encontrado como sinonimia de los trastornos mentales e incluso de la locura en sus expresiones más definidas, graves y peligrosas" (CABANELLAS, Op. cit., tomo VI, p. 507).

El inciso segundo finalmente considera situaciones personales de la víctima de naturaleza innominada, cuando por "cualquier otra causa no pueda resistir", entre las que habría que tener en cuenta, por exclusión de las situaciones anteriormente consideradas, casos en los que la víctima, aunque comprende y no desea el acto, también se encuentra impedida para resistir el acceso carnal. A título meramente ilustrativo se pueden mencionar algunos casos que recoge la doctrina, como son los el de la víctima que se encuentra atada, siempre que esa limitación física no fuere provocada por el violador, toda vez que en tal evento la violación encontraría adecuación en el numeral 1; así también el caso del médico ginecólogo que, aparentando realizar un tacto vaginal, aprovecha la especial posición de la paciente y la accede carnalmente, lo que constituye una circunstancia que, por ocurrir en forma sorpresiva, pudiera impedir la resistencia de la víctima.

Según tiene narrado la ofendida, el día de los hechos estuvo bebiendo cervezas en compañía del sentenciado y de un amigo de éste, y que como consecuencia de la ingestión de esa bebida se sintió mareada al punto de que "me dice mi mamá que llegué a la casa como a las siete y media de la noche y que llegue diciendo que me había llevado un primo, dice mi mamá también que el pantalón blanco corto que cargaba estaba manchado de sangre en su parte frontal, o sea por mis parte íntimas, ... que al verme con manchas de sangre y en la situación que estaba con olor a alcohol, ... por lo que enseguida me llevaron para el Hospital para que me atendieran" (f. 8). En otra declaración explicó que "tampoco me di cuenta que sostuviéramos las relaciones sexuales ... yo no sabía que era lo que me había pasado, me llevaron al Hospital y allá estuve dos días; todavía cuando me llevaron al Hospital ni cuenta me di de eso, y vine a darme cuenta cuando ya me estaba pasando la anestesia" (f. 40).

La perdida del conocimiento a que alude la ofendida, sobrevenida a raíz de la ingestión alcohólica, debe analizarse en función de los supuestos que conciernen la privación de la razón o del sentido, por cuanto el examen psiquiátrico practicado a la joven Alba Aurora Atencio Guerra revela que "No se detecta signo o síntoma que la haga objeto de un trastorno o padecimiento mental" (f. 77), lo que excluye a la enfermedad mental de este análisis, al igual que los supuestos de enfermedad física "o cuando por cualquier otra causa no pueda resistir".

En su primera declaración la querellante sostuvo que ese día (15 de septiembre de 1991), como a las dos y media de la tarde (2 : 30 p. m.), el procesado R.G. la llamó por teléfono a su casa, dejándole el mensaje de que quería hablar urgentemente con ella, por lo que "lo llame y el me pasó a recoger por la marisquería el Merlín" (f. 7); que estuvo tomando cervezas en compañía del sentenciado y de un amigo de éste de nombre "J.J." (fs. 7-8), pero que después de que "R. me sirvió un vaso de cerveza, ... me sentí un poco mareada, ... y no recuerdo más nada ..."(f. 8), por lo que "Yo pienso que a lo mejor R. o su amigo pudo haberme echado algo en la bebida para hacerme perder el conocimiento, ya que la cantidad de cervezas que había ingerido considero no era lo suficiente para enborracharme" (f. 9). El imputado por su parte, niega que le hubiese puesto alguna sustancia a la bebida y que la relación carnal fue sostenida con el pleno consentimiento de la querellante (f. 30).

En cuanto a la pérdida de conocimiento que alega haber sufrido la ofendida, posiblemente originado en el suministro de alguna sustancia que fuera introducida en su bebida, en el expediente no hay evidencia que respalde esa sospecha, sobre todo cuando el historial clínico no hace referencia alguna a esa posibilidad (f. 17). Además, la propia afectada sostuvo que "después que me senté en su pierna me tomé un poquito del vaso que él estaba tomando, de ahí no me di cuenta de más nada" (f. 38), para posteriormente manifestar que "Yo no se si él me echó algo en la bebida porque no me di cuenta de eso" (f. 40), por lo que resultaría infundado derivar responsabilidad de un hecho que no ha sido probado.

En cuanto al estado de ebriedad que aparentemente presentaba la querellante el día de autos, valga recordar lo que primeramente admite, en el sentido de que "la cantidad de cervezas que había ingerido considero no era lo suficiente para enborracharme" (f. 9), para posteriormente aclarar "lo que pasa es que ese día 15 de septiembre yo no había comido, es decir que tuve tomando cerveza sin haber comido nada" (f. 40). Por otra parte, tampoco se cuenta con un dictamen médico que establezca el grado de alcoholemia, ya que el historial clínico se limitó a destacar que la paciente presentaba aliento alcohólico (f. 17). Tal prueba habría facilitado la función decisoria, arrojando importantes luces sobre este aspecto del proceso.

Tal como se ha expresado, en autos no existe prueba de carácter científico que permita establecer con certeza que la ofendida estuviera fuera de razón durante la consumación del acto carnal. De ello sólo da cuenta la propia querellante, sin que su deposición resulte suficiente para probar la comisión del hecho punible, sobre todo cuando existen otros hechos, debidamente probados, que demuestran lo contrario. Por ello resulta útil hacer una relación de los antecedentes directos e indirectos del hecho investigado.

Valga destacar que la presunta ofendida, de 18 años de edad y con una escolaridad de sexto año de escuela secundaria, tras admitir que tenía dos meses de mantener relaciones amorosas con R.G. (f. 9), también acepta "me había dicho que estaba casado, es verdad y yo le respondí que no importa que estés casado" (f. 37), y que "Solo dos veces me he dado cuenta cuando él me ha llevado a hoteles, y nos desnudamos los dos, sin llegar a tener relaciones carnales" (f. 38), ya que "la última vez que tuvimos que me recuerdo fue la vez que él dijo que me había venido la menstruación que me recuerdo que salimos de allí, el amigo lo pasó a recoger, de allí fuimos a la comunitaria y él me compró una caja de toallas sanitarias, y después incluso me llevó a su propia casa donde reside con su mujer, para poderme cambiar y ponerme la toalla sanitaria" (f. 39).

Ahora bien, la querellante admite que el día de los hechos abordó el taxi que conducía R.G., quien iba acompañado de J.J.S., con quienes se trasladó al lugar denominado Bello Horizonte, donde tomaron cervezas; que después se trasladaron al Balneario Majagua donde siguieron tomando la misma bebida; que "después que me senté en su pierna me tomé un poquito del vaso que él estaba tomando, de ahí no me di más cuenta de nada" (f. 38), y que no fue sino hasta cuando despertó de la anestesia en el hospital que se enteró de los hechos. Contrario a esa afirmación, sostiene el sentenciado que "Ella estaba consciente cuando llegó al hotel me esperó, me abrió la puerta, tuvimos el acto sexual, se bañó y se vistió" (f. 40).

Por su parte el testigo J.J.S. sostiene que escuchó cuando el sentenciado le insinuó a la querellante que fueran a un hotel y que "él paró en el Hotel Galicia, pagó un cuarto y la muchacha se bajó y se quedó en ese cuarto", mientras que Guerra fue a entregar el vehículo a otro chofer en la base SICOCHI, quien "fue a dejar a R. al Hotel Galicia, de allí me fue a dejar a mi casa" (f. 50). Agrega este testigo, que "ella no venía borracha, vi que venía en sus plenas facultades (f. 51). J.O.R.M., quien resultó ser el chofer que recibió el vehículo y que llevó de regreso a Guerra al Hotel Galicia, da cuenta de que "cuando llegamos al hotel la joven Alba Aurora, le abrió la puerta del cuarto" (f. 54); que cuando regresó a buscarlos, como a las siete y media de la noche, "iba entrando un carro al hotel y la joven se agachó para que no la vieran los del carro, apenas ella entró al carro con R., ella me saludó" (f. 54). De este lugar, afirma el testigo, los trasladó primero al Restaurante Don Dicky, donde R. le compró a su acompañante frituras y café, después de eso a Guerra lo dejó en la esquina del Hotel Nacional y a la joven la llevó a la Barriada El Retorno. Explica que durante el trayecto "la joven iba tomándose el café y hasta se le regó en el pantalón ... cuando íbamos llegando al Retorno, yo le pregunté que en qué parte más o menos se quedaba, primero me dijo que la dejara en una esquina y después me dijo mejor llévame donde una tía y yo me metí por donde ella me indicó y cuando llegamos a la supuesta casa de la tía ella me dijo déjame aquí y abrió la puerta se bajó y me dio las gracias" (fs. 54-55).

De estos dos testimonios se desprende con claridad que al entrar y salir la querellante del Hotel Galicia estaba consciente; el propio padre de la ofendida corrobora lo expresado por el testigo J.O.R., en relación con el café que el imputado le compró, cuando manifiesta: "Ella decía que estaba manchada porque se había tomado un café" (f. 3). Adicionalmente la madre de la supuesta ofendida también señala que "de tanto insistir, logré convencerla para que fuera al doctor" (f. 46). Todo este acervo probatorio lleva a la conclusión de que la quejosa siempre estuvo conciente y, por ende, con la capacidad suficiente para comprender libremente la naturaleza del acto carnal en que participó, de modo que no es posible otorgarle credibilidad a su alegada falta de consentimiento.

No escapa al tribunal de casación que la supuesta ofendida, aún cuando ya era mayor de 18 años de edad al momento de los hechos, todavía se regía bajo la tutela de sus padres. Es así que el papá manifestó que el día de los hechos ella salió de la casa "sin permiso" (f. 2); por otra parte, ella sostiene que tenía otro novio "pero que ya eso se terminó, porque mi papá no lo quería ... yo le hice caso a mi padre y dejé esos amoríos" (f. 7). De allí entonces que posiblemente la razón por la cual negó haber consentido la relación e inculpó al sentenciado encuentra justificación, como afirma el Dr. J.M., "por el temor a castigos, rechazos, temor a la autoridad familiar y social" (f. 194).

Toda vez que no existe elemento probatorio que permita establecer eficientemente la responsabilidad del procesado como autor del delito previsto en el artículo 216, numerales 1 y 2 del Código Penal, resulta obligatorio reconocer la alegada violación de dicha norma en el concepto de violación directa por comisión y, la del artículo 1, en forma directa por omisión, con la consecuencia, de que, por probada la primera causal invocada, se prescinde de la consideración de la segunda causal.

En razón de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia objeto de este recurso, y ABSUELVE a R.R.G., de generales conocidas en autos, de los cargos que le fueran imputados en el auto de proceder.

N. y D..

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) C.E.M.P.

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

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