Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución12 de Agosto de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El licenciado T.J.A.M., en representación de EDIXIA GUERRA CRUZ, ha presentado SOLICITUD DE CADUCIDAD ESPECIAL DE LA INSTANCIA dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Municipio de Arraiján a la señora Guerra Cruz. I. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: El recurrente presentó su Solicitud de Caducidad de la Instancia ante el Juzgado Ejecutor del Municipio del Distrito de Arraiján, y en la misma expuso lo siguiente: "PRIMERO: Endiente Auto No.87 de 14 de octubre de 2009, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Arraiján (ver fs. 61-62 del expediente), decretó formal secuestro sobre la cuota-parte de la finca 274686, propiedad de nuestra representada, entre otros bienes.++ SEGUNDO: A través del oficio No.JE-485 de 15 de octubre de 2009 (fs 64), emitido por el Juzgado Ejecutor del Municipio del Distrito de Arraiján, se procedió a comunicar al D. del Registro Público de la decisión adoptada por éste; comunicación esta que de conformidad a la copia que reposa en el expediente en la foja arriba descrita en la oficina de registro desde el día 16 de octubre de 2009, a las 11:22 A.M. TERCERO: Por medio del Auto No.86 de 14 de octubre de 2009, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Arraiján, procedió con la admisión del Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva, al librarse mandamiento de pago en contra de la señora Edixia Guerra Cruz, por lo que de esa fecha en adelante el ejecutante debió realizar todas aquellas gestiones pertinentes para lograr la notificación de nuestra representada en el término de tres meses a fin de evitar la configuración de la figura de la caducidad especial de la instancia, a al cual se refiere el artículo 1112 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: No obstante a lo anterior, la inobservancia de las disposiciones legales que para este propósito viene a constituirse en reglamentarias dirigidas a impedir la paralización sin causa alguna del proceso, provoca la materialización de la sanción correspondiente a quien deje el procesos en estado de hibernación de modo injustificado, como lo ha hecho en este caso el Juzgado Ejecutor del Municipio de Arraiján. QUINTO: Esta sanción, para este tipo de casos en específico, no es más que la caducidad especial de la instancia a la cual se refiere el artículo 1112 del Código Judicial que anteriormente citáramos en el apartado. SEXTO: Ahora bien, tomando en consideración que existe una mediad cautelar de secuestro decretada desde el año 2009, misma que se fue debidamente comunicada a través del Oficio No.JE-485 de 15 de octubre de 2009, recibido en el Registro Público el 16 de octubre de 2009 (ver fs 64), y que desde la fecha de admisión de la demanda (14 de octubre de 2009 / fs.59-60), el ejecutante no procedió a notificar en debida forma el auto admisorio de la demanda; procede en derecho reconocer que ha operado n este caso el fenómeno jurídico de la CADUCIDAD ESPECIAL DE LA INSTANCIA y, por lo tanto, corresponde consecuentemente, EL ELVANTAM IENTO DE TODA MEDIDA CUATLAR EXISTENTE en contra y sobre bienes que pertenezcan a nuestra representada. SÉPTIMO: Sobre esta situación, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Auto de fecha 14 de marzo de 1995, en el proceso ordinario promovido por la Compañía Financiera Belmopan, S.A., contra A.A.J.F., se expresó en el sentido de que el término para el cómputo de los tres meses ha de verificarse, luego de existir la anotación preventiva en el Registro Público, desde la fecha en que es admitida la demanda y, en el caso de presentarse corrección de la demanda, desde la fecha en que se admite la demanda corregida. OCTAVO: Resultando existente el hecho de que desde el año 2009 aparece debidamente inscrita la medida de secuestro sobre la cuota-parte de la finca No.274686, y que desde el 14 de octubre de 2009, fue admitida en debida forma el proceso ejecutivo por cobro coactivo; como quiera que ha transcurrido el lapso de tiempo exigido por el ordenamiento positivo vigente para la ocurrencia de tal fenómeno jurídico, solicitamos respetuosamente al juez ejecutor se sirva declarar la CADUCIDAD ESPECIAL DE LA INSTANCIA y proceda al levantamiento de cualquier tipo de medida cautelar existente sobre el patrimonio dl demandado. NOVENO: N. que el proceso en referencia no fue sino hasta el 14 de enero del año 2012, cuando se procede a notificar a la demandada Edixia Guerra Cruz (ver parte inferior de la foja 60), del auto admisorio y por medio del cual se dio la ejecución en contra de ésta, lo que implica que transcurrió en exceso el lapso estipulado en el artículo 1112 del Código Judicial para la configuración del mencionado fenómeno jurídico. DÉCIMO: De más está por decir lo copiosa que ha sido la jurisprudencia tanto del Primer Tribunal Superior, así como de la S. Civil de la Corte Suprema de Justicia y de exposiciones también otorgadas por el PLENO de esta Corporación, en cuanto al referido fenómeno, por lo que sólo nos queda someternos al pronunciamiento favorable del Honorable señor Juez Ejecutor, respecto a la presente solicitud. UNDÉCIMO: Como respaldo a nuestra petición de declaratoria de la Caducidad Especial de la Instancia y de la necesidad de levantar consecuentemente las medidas cautelares existentes, el Tribunal incluso puede observar lo que establecen otras disposiciones en casos similares como las que a continuación citamos: "Artículo 531: Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas cautelares se regirán por las siguientes reglas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Salvo lo dispuesto para casos especiales, se levantarán las medidas cautelares en los siguientes supuestos:a.b. Cuando no se hubiere hecho la notificación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazamiento, o si puestos a su disposición los edictos para su publicación, no los haya hecho publicar en los treinta días siguientes." .................................................. "Artículo 548: También se levantará el secuestro si, a partir del día en que se llevó a cabo el depósito de la cosa secuestrada, o del momento en que entró al Diario del Registro Público, si fuera inmueble o mueble susceptible de inscripción o desde que se comunicó la orden de retención al depositario si fuera suma de dinero, en los siguientes casas: 1. 2. Cuando no se hubiere hecho la notificación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazamiento, o sui puestos a su disposición los edictos para su publicación no los haya hecho publicar en los treinta días siguientes" DUODÉCIMO: Si bien estas disposiciones citadas no son el fundamento jurídico de nuestra solicitud de caducidad especial de la instancia (que es conforme al artículo 1112 del Código Judicial), las mismas si enfatizan con claridad la procedencia de que toda medida cautelar de secuestro que esté debidamente inscrita en el Registro Público u otra dependencia, de conformidad al tipo de bien sujeto a inscripción o en aquellos casos de aprehensión y depósito de bienes muebles no sujetos a inscripción, es susceptible de ser LEVANTADA, luego de verificar dos supuestos a saber: 1. La ocurrencia de la inscripción o aprehensión y depósito del bien y, 2. Que la demanda principal esté admitida y hayan transcurrido tres meses desde la anotación de la marginal o depósito del bien sin que esta se hubiese notificado. Por lo tanto, somos del criterio que es inevitable la declaratoria del fenómeno jurídico como CADUCIDAD, en este caso, la especial de la instancia desarrollada en el artículo 1112 del Código Judicial, por haberse dado los presupuestos procesales que exige nuestro ordenamiento jurídico. Solicitud Especial Observando que dentro del proceso que nos ocupa, resulta por demás decir lo evidente que el proceso en referencia fue admitido el 14 de octubre de 2009 y que a la fecha en que se notificó la demanda ya habían transcurrido en exceso más de tres (3) meses y que consta abiertamente en la medida cautelar de secuestro decretada y comunicada desde el 16 de octubre de 2009, REQUERIMOS de parte del despacho EL LEVANTAMIENTO TOTAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES decretadas en esta causa jurídica, con el consecuente archivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo." II. ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL AD QUO: Luego de presentada la Solicitud de marras ante el Municipio del Distrito de Arraiján, el Juez Ejecutor, mediante Oficio No. JE-600 de 18 de mayo de 2012, remitió a esta instancia colegiada la presente medida a objeto de darle el trámite correspondiente. Así las cosas, incumbe a esta Judicatura analizar primeramente si la medida solicitada, cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento positivo respecto de los procesos que le están atribuidos conocer a esta S.; considerando que el recurrente concurrió ante el Juzgado Ejecutor del Municipio del Distrito de Arraiján para exigir de éste, se pronuncie y decida exclusivamente su S. DE CADUCIDAD ESPECIAL DE LA INSTANCIA, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Municipio de Arraiján, a la señora EDIXIA GUERRA CRUZ. III. ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA SALA TERCERA: Previo al análisis de rigor, importa subrayar que con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numerales 1 y 4; y el artículo 1780 ambos del Código Judicial, la S. Tercera es competente para conocer de los actos u omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servidores públicos; así como también de las apelaciones, excepciones, tercerías, nulidades o cualquier incidente que fueren presentados en los procesos por cobro coactivo, correspondiéndole sustanciar y resolver los recursos, incidentes, excepciones o tercerías. Dentro del marco de referencia, esta Judicatura se pronunciará respecto a la solicitud que nos fue remitida mediante Oficio No. JE-600 de 18 de mayo de 2012, a fin de proceder con lo que en derecho corresponda. Como viene expuesto, el licenciado T.J.A.M., apoderado judicial de la señora EDIXIA GUERRA CRUZ, ha invocado la intervención del Juzgado Ejecutor del Municipio del Distrito de Arraiján basado en el contenido del artículo 1112 del Código Judicial, -- el cual según el letrado, lo califica como Caducidad Especial de Instancia -- y que es del siguiente tenor: "1112. (1089) Se decretará igualmente la caducidad si la demanda no es notificada en el término de tres meses y exista anotación preventiva de la demanda en el Registro Público o se haya practicado suspensión de operaciones o cualquier otra medida cautelar. Cuando existan varios demandados, si la demanda no es notificada a alguno de los demandados la caducidad se decretará a favor de todos los demandados." A juicio de la S., es necesario analizar lo pedido por el recurrente (S. DE CADUCIDAD ESPECIAL DE LA INSTANCIA) vs lo actuado por el Juzgado Ejecutor del Municipio del Distrito de Arraiján; para ello, examinemos brevemente algunos aspectos doctrinales como jurisprudenciales de importancia, sobre el Proceso por Cobro Coactivo en nuestro derecho positivo. Veamos: El reconocido jurista nacional R.A.C., sostiene que: "El Proceso por cobro coactivo es aquél que tiene por objeto hacer efectivos, los créditos que tengan a su favor el Estado, las entidades autónomas, los municipios y cualquier otro organismo estatal, al que el legislador le haya atribuido 'jurisdicción coactiva, para el cobro de sus acreencias. Como su |propio nombre lo indica, el proceso por cobro coactivo es de carácter ejecutivo, ya que no se debate el derecho, sino por vía de excepción. El procedimiento que se sigue es el aplicable a los procesos de ejecución. No obstante, existen algunas diferencias fundamentales que los distinguen de los procesos ejecutivos comunes, las cuales podemos resumir así: 1. La ejecución coactiva está a cargo de un tribunal que forma parte de la propia entidad estatal que realiza el crédito, y no un tribunal ordinario. (V. art. 1801 del Código Judicial). 2. De las excepciones e incidentes, tercerías y nulidades que se presenten en estos juicios, conoce la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia y no el propio tribunal que adelanta la ejecución. (V. art. 1804 del Código Judicial, art. 100 de la Ley 135 de 1943 y art. 5 de la Ley 18 de 1973). 3. En el proceso por cobro coactivo la entidad estatal que lo incoa es a la vez Juez y parte demandante. (Art. 1801 citado). 4. Estos juicios no se inician con la presentación de una demanda, sino con actos propios del tribunal, tendientes al cobro de sus créditos.(V. fallo de 27 de julio de 1971, de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia). 5. No procede la terminación de estos procesos, ni por desistimiento ni por caducidad (V. arts. 1078 y 1093 ibídem). 6. El proceso por cobro coactivo es susceptible de ser recurrido en la vía contenciosa administrativa. (V. fallo de 25 de abril de 1974, de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia). ..". (AROSEMANA, Roy., "Breves comentarios sobre el Proceso por Cobro Coactivo en Panamá", en FÁBREGA, J.., "Estudios Procesales". Tomo II. E.J.P., 1990. pág. 175 y ss). Continúa señalando el autor, respecto a los Incidentes, Excepciones y Tercerías en los Procesos por Cobro Coactivo que: "Conviene anotar que en el nuevo Código Judicial en su artículo 1804 llena un vació que se encontraba en el Código Judicial anterior, al señalar donde el interesado debe presentar el escrito contentivo de un incidente, excepción o tercería. En efecto, existía duda sobre el lugar donde debía ser presentado el escrito, esto es, si debía serlo ante el Juzgado Ejecutor o ante la S. Tercera de la Corte Suprema Justicia. Resultan ilustrativos a este proceso, los párrafos que transcribimos a continuación, de la sentencia proferida por la S. Tercera de la Corte, el día 27 de julio de 1971: El numeral 5 del artículo 13 y el artículo 35 de la Ley 33 de 1946, al establecer que la S. Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema le compete conocer de las apelaciones, excepciones, tercería o cualquier incidente en los juicios de ejecutivos por jurisdicción coactiva, así como la tramitación a seguir en la doble instancia para que se surta la apelación que se interponga contra lo resuelto por el Magistrado Sustanciador; en realidad únicamente se refiere a la atribución de la S. para conocer y resolver de esos recursos, excepciones e incidente. Cosa distinta es a quien debe presentarse el escrito en donde se propongan; de igual modo el artículo 1227 del Código Judicial sólo se refiere al término dentro del cual pueden proponerse las excepciones y tampoco nos indica en dónde deben presentarse los escritos". De este breve recorrido doctrinal, se desprende lo siguiente: 1. En la actualidad, todavía persiste el desconocimiento dentro de los Procesos Ejecutivos por Cobro Coactivo, de la práctica procesal conocida como SOLICITUD, erróneamente confundida y/o interpretada como INCIDENTE: entendiendo que la primera, constituye aquella actuación o asunto que corresponde resolver el juez que conoce de la causa (el ad quo); mientras que el segundo, representa el escrito contentivo que debe ser presentado ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por mandato legal. 2. Lo anterior se despende del hecho que, por regla general, la jurisdicción coactiva es atribuida por el legislador, a la persona que ejerce la dirección de la entidad estatal, esto es, el Gerente General, D. General o D. Ejecutivo, quien puede delegarla en los funcionarios del Institución; de allí que, en la práctica, se acostumbre delegar el ejercicio de la jurisdicción coactiva en los asesores legales de la institución, dado que se trata de una función eminentemente jurídica. 3. Como su propio nombre lo indica, el proceso por cobro coactivo es de carácter ejecutivo, ya que no se debate el derecho, sino por vía de excepción; y es que tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han señalado que la S. Contenciosa Administrativa de la Corte Suprema le compete conocer de las apelaciones, excepciones, tercería o cualquier incidente en los juicios de ejecutivos por jurisdicción coactiva, así como la tramitación a seguir en la doble instancia para que se surta la apelación que se interponga contra lo resuelto por el Magistrado Sustanciador. No obstante, el concepto o acción de una SOLICITUD, no ha sido integrada como tampoco forma parte de las competencias de la S. III. Vale la pena en estos momentos, a manera de docencia, señalar que los términos o expresiones debatidos en el caso subjudice (solicitud/incidente), no constituyen sinónimos entre sí, circunstancia que los hace excluyente el uno del otro y, por lo tanto, su efecto jurídico no es el mismo. Veamos: INCIDENTE: sin. Incidencia, eventualidad, accidente o suceso; S.: sin. Gestionar, pedir, instar, pretender o requerir. (Diccionario NAUTA, de Sinónimos y Antónimos en español, Sinónimos en inglés, Parónimos, L.L. y Extranjeras, y palabras poco usuales. E.. Nauta. 2002., Colombia, págs. 146 y 262). A guisa de ejemplo, debemos recordar que los Incidentes constituyen una cuestión o impugnación accesoria, que surge antes, durante y -en limitados supuestos concluido el proceso- y que está vinculado directa o indirectamente con el mismo. Pueden ser promovidos por el demandante, demandado y en ciertos casos, por terceros. (FÁBREGA, J.. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I., Segunda Edición, E.J.P.. 2004. pág 635.). Ahora bien, en virtud de lo señalado en el párrafo anterior, téngase presente que lo que hoy debatimos para la admisibilidad o no del presente proceso, es el hecho que, si la solicitud presentada por el licenciado T.J.A.M., en representación de EDIXIA GUERRA CRUZ, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Municipio de Arraiján a la señora Guerra Cruz, debe ser de conocimiento de esta S., considerando que las incidencias en su sentido lato, se refieren a cualquier cuestión accesoria, sea o no promovida por las partes, que recaen sobre temas accesorios o secundarios; esto, a contrario sensu de las solicitudes, que no son mas que una petición o requerimiento hecho dentro del proceso, el cual no debe ser de conocimiento de la S. de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, por no tener el rango y/o categoría de un incidente. Para arribar la S. a esta conclusión, objetiva y jurídica arriba expuesta, nos permitimos citar el Auto de 22 de septiembre de 1995, emitido por el Primer Tribunal Superior, Badelag, S.A., vs R.D.B. y, que en lo medular señaló lo siguiente: "De lo expuesto se infiere que la materia a desarrollar es la caducidad de instancia, no obstante, esta Superioridad , debido a la confusión reinante entre lo solicitado por el recurrente y lo esbozado por el opositor, debe entrar a diferenciar, con fines didácticos, la caducidad por falta de notificación, argumentada por el recurrente, de la caducidad por falta de gestión desarrollada por el opositor. Así se tiene, que de la atenta lectura la caducidad por falta de notificación de la demanda, se desprenden los supuestos jurídicos que deben darse para que ésta, pueda causar sus efectos, y los cuales pueden resumirse en los siguientes pasos: a) Que exista una demanda; b)Que no se haya trabado la litis, es decir que la demanda no se hay notificado en el término de los tres meses; y c)Que en el proceso exista anotación preventiva de la demanda en el Registro Público o se haya practicado suspensión de operaciones o cualquier otra medida cautelar. Por otro lado, al analizar los supuestos procesales que deben concurrir para que se de la caducidad por falta de gestión, regulada en el artículo 1089 del Código Judicial, se desprenden los siguientes: a)Que la litis se haya trabado; b)Que el proceso se encuentra paralizado por más de tres meses; c)Puede ser decretada de oficio o a petición de parte; d)El término de tres meses de paralización del proceso se contará desde el último acto, diligencia o gestión; e)El término de los tres meses se interrumpe por cualquier gestión relacionada con el curso del expediente principal o el trámite de un incidente que influya en el curso del proceso. De lo expuesto se puede colegir, de manera indubitable, que es fácil advertir que para que se de una u otra, es imprescindible que se cumplan algunas exigencias específicas dentro del proceso, ya que como se deja establecido, cada una exige supuestos distintos para que puedan se consideradas y declaradas." (Lo subrayado es de la S. III) En este sentido observa esta Superioridad, que la solicitud de caducidad de la instancia no requiere de ningún trámite, es decir que no es necesario imprimirle el trámite de incidente, pues basta con que sea pedida y corresponderá al juez de la instancia resolverla, sin necesidad de correrla en traslado. En este orden de ideas, como bien apuntó el apoderado judicial de la señora EDIXIA GUERRA CRUZ, el mismo dirigió correctamente como en derecho corresponde, su S. DE CADUCIDAD ESPECIAL DE LA INSTANCIA, ante la autoridad competente como lo es el Despacho del Honorable Señor Juez Ejecutor del Municipio del Distrito de Arraiján, basado en lo dispuesto en el artículo 1112 del Código Judicial. Ahora bien, por resultar aplicable al negocio bajo examen, estimamos conveniente traer a colación lo señalado por la S. I de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su Sentencia de 5 de octubre de 1999. Veamos: "Del texto transcrito se colige que aún cuando se trate de la caducidad especial consagrada en el artículo 1112 (1098) del Código Judicial, en principio y dependiendo de la situación de cada caso en particular que debe ser analizada cuidadosamente, se pueden aplicar los supuestos de interrupción del plazo de caducidad ordinaria que contempla el artículo 1103 (1089)ibídem, siempre y cuando la caducidad no haya sido declarada por el Juez, declaración que se hace imprescindible solicitarla y realizarla antes de que se dé algún acto o gestión que la interrumpa, tal como lo dispone el artículo 1109 (1095) del Código Judicial, que en opinión de la S., es de aplicación a todo tipo de caducidad. (Lo subrayado es de la S. III). Del extracto de la Sentencia arriba transcrita, se desprende con meridiana claridad que corresponde al Juez de la causa, pronunciarse respeto a la declaratoria de la Caducidad Especial de la Instancia contemplada en el artículo 1112 del Código Judicial. Respecto de este mismo tema que ahora nos ocupa, la S. I de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso similar, mediante Sentencia de catorce (14) de agosto de dos mil (2000), se pronunció en los siguientes términos: Los motivos que le sirven de fundamento expresan lo siguiente: "PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia, con relación al escrito que se lee a fs. 38 relativo al "Incidente de Previo y Especial pronunciamiento de Extinción de la Pretensión por Caducidad de la Instancia" presentado por el apoderado de la parte demandada señaló, a fs. 86, que dicho escrito no requería ser tramitado como incidente, ni requería ser corrido en traslado ni ser abierto a pruebas, sino que debía ser tramitado como una mera solicitud. Y con ese criterio el Ad-Quem exoneró al Juez de Instancia del deber procesal, pretermitido, de cumplir con el trámite de traslado del incidente a la parte actora. SEGUNDO: A pesar de que el apoderado de la parte demandada denominó a su escrito legible a fs. 38 Incidente, y que la naturaleza del mismo corresponde a un incidente, el Primer Tribunal Superior lo consideró como una "mera solicitud" contrariando nuestra legislación procesal; y con ese criterio no saneó el proceso ni ordenó el traslado del incidente a la parte que represento, no obstante que, sin excepción alguna, el traslado de todo incidente es un trámite considerado esencial por la ley, en los procesos de conocimiento, y cuya omisión es causal de nulidad. TERCERO: El demandado no formuló una excepción de caducidad como artículo de previo y especial pronunciamiento, como correspondía, sino un Incidente de caducidad como artículo de previo y especial pronunciamiento. Sin embargo se pretermitió el trámite del traslado a la contraparte que represento, a pesar de que dicho trámite es considerado esencial por la ley. CUARTO: No obstante que la parte demandada en este proceso interpuso un incidente, y que nuestra la (sic) ley procesal le ordena al J. dar traslado a la contraparte de todo incidente, así como abrir el incidente a pruebas en los procesos de conocimiento, el Tribunal entró a fallar sorpresivamente el incidente y pretermitió este trámite dejando en la indefensión a mi representada, a pesar de nuestras reclamaciones (fs. 64-69)." (Fs. 102-103). Como consecuencia de los cargos expuestos en los motivos transcritos, el recurrente considera que se incurrió en la violación de los artículos 693 y 722, numeral 8 del Código Judicial, que a la letra dicen: "ARTICULO 693. Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se concederá para ello un término de ocho días. ........................................" "ARTICULO 722. Son causales de nulidad comunes a todos los procesos: ........................................ 7. No abrir el proceso o incidente a prueba en los procesos de conocimiento, o no señalar audiencia en los casos en que la Ley exija este trámite." En esta causal de forma el recurrente sostiene que el Tribunal Superior concluyó erróneamente que la solicitud de caducidad de la instancia interpuesta por la sociedad CAROL CITY INVESTMENT, S.A. no requería ser tramitada como un incidente, razón por la cual no declaró la nulidad que correspondía en vista de que el Juez de primera instancia no la corrió en traslado ni abrió el negocio a prueba, a pesar de que dichos trámites son considerados esenciales por la ley. La S. advierte que la caducidad de la instancia es un medio excepcional de terminación del proceso, que constituye una sanción a la inactividad de las partes dentro del mismo, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1089 del Código Judicial, será decretada por el Juez, de oficio o a solicitud de parte, cuando el proceso se encuentre paralizado por más de tres meses, aclarando el artículo 1091 ibidem que cuando se decreta por primera vez "no entraña la extinción del derecho a formular la pretensión". Bajo estas mismas circunstancias, el artículo 1098 del Código Judicial señala que también se decretará la caducidad si la demanda no es notificada en el término de tres meses y existe alguna medida cautelar en el proceso. La Corte observa que de acuerdo con las disposiciones anteriormente citadas, a la solicitud de caducidad de la instancia no se le debe dar el trámite de incidente como alega la parte recurrente, ya que no existe ninguna norma que así lo prescriba e, incluso, la ley señala que puede ser decretada de oficio por el tribunal.(El resaltado es de la S. III). Como podemos observar, ya este Alto Tribunal de Justicia (la S. Civil) se ha pronunciado en un número plural de Sentencias, donde sostiene que a la S. DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, no se le debe dar el trámite de incidente, ya que no existe ninguna norma que así lo prescriba. En consecuencia esta Judicatura prohíja una vez más, la posición reiterada de la S. Civil, cuando sostiene que la caducidad de la instancia no opera ope legis o de pleno derecho, sino que requiere de pronunciamiento judicial para que se produzca, ya sea de oficio o a petición de la parte demandada --como lo es el caso que nos ocupa--, siendo menester para que proceda en este último caso. En estas circunstancias, y de acuerdo a todo lo expresado, nos vemos precisados a concluir tal como lo hiciéramos recientemente, en Sentencia de 3 de junio de 2010 (SOLICITUD DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SAYONARA DE BEZEMER EN REPRESENTACIÓN DE O.A.N.O., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ), donde la S. señaló en lo medular, lo siguiente: " ... En ese sentido, vemos que la presente medida, fue mal denominada INCIDENTE DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, pues, no nos encontramos ante una medida incidental, sino, ante una SOLICITUD de caducidad de la instancia. El artículo 697 del Código Judicial, señala como Incidentes a "las controversias o cuestiones accidentales que la Ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisión especial." (el subrayado es de la S.)... De la lectura de las características aludidas, se infiere que la Caducidad no constituye una cuestión procesal, sino una cuestión de mérito y que como tal, es "La Ley" la que dispone si ésta será debatida como incidente, a la luz de lo señalado en el mismo artículo 697 del Código Judicial. Que, del examen de las normas que nos competen, podemos decir con certeza, que NO EXISTE disposición alguna que indique o disponga que las solicitudes de caducidad constituyen un incidente o deban ser debatidos por esa vía. Postura ésta que ha sido reiterativa, tanto en la S. Civil, en el Pleno de la Corte como en la práctica tribunalicia. (Téngase como ejemplos: Sentencia de 23 de abril de 1998, S. Civil; Auto de 22 de septiembre de 1995, Primer Tribunal Superior; Resolución de 6 de diciembre de 2003, Pleno de la Corte Suprema de Justicia) En este punto, es oportuno citar lo conceptuado al respecto por el Dr. J.M.V., en su obra "El Proceso Civil Panameño", en donde señala lo siguiente: "6. -De otras cuestiones accesorias que no se plantean por la vía incidental. Por los términos del artículo 963 del Código Judicial, se podría señalar que todas las cuestiones accesorias al juicio pueden debatirse mediante incidentes, únicamente. Pero en realidad, como la redacción del mismo es defectuosa por cuanto habla de "cuestiones accesorias al juicio, cuando de verdad dicen relación con el juicio y, por tanto, participan de su naturaleza (como son los presupuestos procesales), hay muchas otras que se plantean mediante simples peticiones, y a las cuales el Juez debe dar decisión de plano. Y dentro de esta categoría de asuntos están, por ejemplo: a) ... b) las peticiones de declaratoria de caducidad de la instancia; c) ..." (VÁSQUEZ, J.M.. El Proceso Civil Panameño, Imprenta Volca, S.A., Panamá, 1980, ps. 48-49.) (El subrayado es de la S.). Por otra parte, y concatenado al alegato que precede, precisamos indicar que la S. Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia no es competente para dirimir la presente encuesta. Así, el artículo 234 del Código Judicial señala que "Competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia en determinadas causas". En ese sentido, el Capítulo VIII del Título XIV del Código Judicial, referente a los Procesos de Ejecución, más específicamente a aquellos por Cobro Coactivo, como en el que nos encontramos, establece los parámetros de competencia de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia dentro de éste tipo de procesos, a saber: Artículo 1780. La Corte Suprema de Justicia, S. Tercera, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, conocerá de las apelaciones, incidentes, excepciones, tercerías y nulidades que fueren presentadas en las ejecuciones por cobro coactivo correspondiéndole sustanciar y resolver los recursos, incidentes, excepciones o tercerías. El interesado presentará el escrito correspondiente ante el funcionario que dictó la resolución que se impugna. Los recursos, tercería, excepciones e incidentes en los procesos ejecutivos por cobro coactivo se tramitarán en única instancia, correspondiéndole al pleno de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia decidir los mismos. En concordancia con la anterior norma, tenemos el artículo 97 numeral 4 de la misma excerta legal, que su letra señala lo siguiente: Artículo 97. A la S. Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expida o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. En consecuencia, la S. Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: 1. ... 4. De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro coactivo; 5. ... (El subrayado es de la S.) De la lectura de las normas ut supra podemos concluir, que la S. Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia, NO ES COMPETENTE para dirimir las solicitudes o peticiones hechas dentro de los Procesos Ejecutivos por Cobro Coactivo, pues, su competencia se limita a las apelaciones, incidentes, excepciones o tercerías. Por las anteriores consideraciones, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, POR FALTA DE COMPETENCIA la SOLICITUD DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, interpuesta por el licenciado T.J.A.M., en representación de EDIXIA GUERRA CRUZ, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Municipio de Arraiján a la señora Guerra Cruz. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -( Con Salvamento De Voto) - ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)

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