Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 2013

Fecha de Resolución25 de Junio de 2013
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Mediante apoderado judicial, R.E.J.H. presentó recurso de revisión contra la Sentencia No.93-2008/56-07 de 22 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Decimotercero de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el proceso ordinario de mayor cuantía interpuesto por J.L.L. contra R.E.J.H.. Admitido el recurso, ordenó la Sala la comparecencia de todas aquellas personas que hubiesen figurado como partes en el proceso respecto del cual se interpone el recurso de revisión, de conformidad con lo que establece el artículo 1214 del Código Judicial. Habiendo comparecido las partes al proceso, se procedió a fijar la fecha de audiencia, realizándose la misma el 23 de enero de 2013. Concluido el examen de los testigos, se le concedió la oportunidad a las partes para que presentaran verbalmente sus alegatos de fondo y, posteriormente, un resumen de sus alegatos escritos, oportunidad que fue aprovechada por ambas partes. Concluidos los trámites inherentes a este tipo de recurso, se colocó el mismo en estado de decidir. Procede entonces, este Tribunal, a dictar la decisión del caso, previo a lo cual, conviene dejar expuestas las posiciones en litigio. CONTENIDO DEL RECURSO El recurso de revisión se fundamenta en la causal novena del artículo 1204 del Código Judicial, que a la letra dice: "Artículo 1204. Habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada por un Tribunal Superior o por un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aun existiendo el Recurso de Apelación, éste no se haya surtido por cualquiera de los siguientes motivos: ... 9.Si una parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso, siempre que en uno y otro caso no haya mediado ratificación expresa o tácita de dicha parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso. El Recurso de Revisión no es procedente en contra de una resolución que decrete la nulidad de matrimonio o de divorcio, o declare la inexistencia de un matrimonio, si una parte ha contraído nuevo matrimonio en virtud de una resolución que hace tránsito a cosa juzgada. ..." Los veinticinco (25) hechos en que se fundamenta el recurso, trataremos de concretizarlos de la siguiente manera: Señala el recurrente que la Sra. R.E.J.H. ha estado domiciliada, desde siempre, en el Corregimiento de S.D., Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos. Alega también que el señor J.L.L. se presentó al domicilio antes señalado, y le propuso a la señora J. HERRERA la celebración de un contrato de promesa de compraventa respecto de una serie de fincas de propiedad de esta última. De igual forma, añade que luego de las tratativas, suscribieron finalmente el contrato de promesa de compraventa, mediante Escritura Pública No.11,380 de 24 de noviembre de 2006 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá. Expresa también que, posterior a la celebración de dicho contrato, la Notaría Primera del Circuito de Panamá hizo constar la celebración de otro supuesto contrato de promesa de compraventa sobre las mismas fincas, esta vez, mediante la Escritura Pública No.29,031 de 4 de diciembre de 2006, pero sin la participación de la promitente vendedora, a saber, la señora J. HERRERA. Señala además, que en virtud de la referida escritura el señor LEVY entabló demanda ordinaria de mayor cuantía por supuesto incumplimiento de contrato de promesa de compraventa en contra de la señora J.H., atribuyéndole un domicilio falso, a saber, la "Calle C-5, T.C., Distrito de San Miguelito, casa No.1220-A". Continúa señalando que, como consecuencia del falso domicilio, la demandada J. HERRERA fue emplazada mediante edicto, y se le asignó una defensora de ausente. Indica también que, como consecuencia de las deficiencias que supone un defensor de ausente, la demandada en aquel proceso fue condenada mediante Sentencia No.93-2008/56-07 de 22 de agosto de 2008 , la cual le fue notificada a su defensora mediante edicto en puerta, y ejecutoriada el 14 de noviembre de 2008. Concluye señalando que la referida sentencia condenatoria no fue sometida al trámite de consulta. OPOSICION AL RECURSO En su escrito de oposición, el opositor sustenta su posición alegando que la dirección a la cual se dirigió la citación de la demandada, fue la proporcionada por esta en el contrato de promesa de compraventa. Agrega que dicha información consta en documento público y, por lo tanto, goza de la presunción de autenticidad. Señala también que el hecho que tenga su domicilio en S.D. de Las Tablas, no desvirtúa la posibilidad que tenga establecido, igualmente, un domicilio en la Provincia de Panamá, y que el contrato de promesa se celebró en una notaría de esta provincia. Indica, además, que el artículo 1225 del Código Judicial no obliga a someter al trámite de consulta los procesos en que se nombre defensor de ausente. Concluye señalando que han transcurrido más de tres años desde la emisión de la sentencia recurrida en revisión. CRITERIO DE LA SALA Como viene indicado, mediante el recurso que se examina pretende la recurrente la revisión de la Sentencia No.93-2008/56-07 de 22 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Decimotercero de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, sobre la base de no haber sido notificada legalmente, del proceso ordinario en que se dicta el referido fallo. Entonces, corresponde a este Tribunal establecer, a través del presente recurso de revisión, si se ha configurado la nulidad con fundamento en la causal alegada. Corresponde, pues, examinar los hechos alegados por el revisionista en el libelo del recurso, a fin de determinar, primeramente, si tales hechos, tal cual como están descritos, configuran la causal invocada y, en tal caso, pasar al examen de los medios probatorios que acrediten o que pretendan acreditar los hechos alegados. En efecto, de acuerdo con los hechos alegados, y que la Sala resumiese al inicio del examen del presente recurso, el demandante J.L.L. conocía el domicilio de la demandada R.E.J.H., y la había visitado en dicho lugar para proponerle la celebración de un contrato de promesa de compraventa sobre varias fincas de propiedad de esta. Señala también el recurrente que, luego de celebrado el referido contrato de promesa, mediante escritura pública, la Notaría Primera del Circuito de Panamá hizo constar otro contrato de promesa de compraventa sobre las mismas fincas, suscrito supuestamente por los mismos promitentes, a saber, J.L. y R.E.J.H.. Agrega que, valiéndose de esta última escritura, el señor L.L. entabló demanda ordinaria contra la Sra. J. HERRERA por presunto incumplimiento del contrato de promesa de compraventa sobre las referidas fincas, atribuyéndole un domicilio falso a los efectos de la notificación de la demanda. Al no haber sido encontrada la demandada, en el domicilio señalado por el demandante, este afirmó desconocer cualquier otro domicilio de aquella, por lo que el tribunal de la causa procedió a decretar su emplazamiento por edicto. Cumplido este último trámite, el tribunal procedió a designar a la demandada una defensora de oficio, con quien se siguió el proceso hasta que este concluyó con una sentencia adversa para dicha parte. Tal como están expuestos los hechos arriba resumidos, resulta claro para la Sala que los mismos configuran, indudablemente, el supuesto previsto en la causal 9 del artículo 1204 del Código Judicial criterio este que será sustentado con posterioridad al examen de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso. El caudal probatorio a examinar, está constituido por las pruebas documentales aportadas por ambas partes, así como por las declaraciones vertidas en el acto de audiencia, presentadas por el revisionista. Procede pues, la Sala, a examinar primeramente las pruebas documentales presentadas por el recurrente. A fojas 14 y ss. consta la copia autenticada del proceso civil instaurado por J.L.L. contra R.E.J.H.. Al folio 134 consta la certificación del domicilio de la Sra. R.E.J.H., extendida por le Corregidor de S.D. de Las Tablas. De fojas 135 a 137 reposan tres certificaciones expedidas por el Tribunal Electoral, en las cuales se hace constar que la Sra. R.E.J. HERRERA reside en S.D. de Las Tablas, Provincia de Los Santos, y que su centro de votación es la Escuela M.V.. Al folio 138 consta la certificación de la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. según la cual la dirección domiciliaria de R.E.J.H. está ubicada en el Corregimiento de S.D., Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos. Finalmente, de fojas 139 a 147 constan las certificaciones del Registro Público, de los datos relativos a los inmuebles que fueran objeto indirecto del contrato de promesa de compraventa suscrito ente J.L.L. y R.E.J.H.. Procede, a continuación, y previo a la valoración de las declaraciones presentadas por la recurrente, el pronunciamiento de la Sala respecto de las objeciones formuladas por la apoderada judicial de la opositora, quien señala que los testigos presentados se ubican en la categoría de sospechosos para declarar, según lo previene el artículo 909, numeral 4 del Código Judicial. Si bien los testigos presentados por el apoderado judicial de la Sra. R.E.J. HERRERA han admitido tener algún grado de amistad con esta e, incluso, una de ellos manifestó ser sobrina y comadre de la recurrente, por lo cual se encuentran en la categoría de sospechosos para declarar, según lo previene el numeral 4 del artículo 909 del Código Judicial, ello no constituye inhabilidad que impida a la Sala apreciar su testimonio, valorarlo y atribuirle un determinado peso probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal como ha sostenido la Corte en reiterada jurisprudencia. Sobre el particular, el Profesor J.F. expresa: "La calificación de testigos como 'sospechosos' es una mera orientación, pero no significa que por el solo hecho de aparecer considerados así por la ley no merezcan fe o credibilidad. Como hemos señalado, el juez debe examinara escrupulosa y determinadamente (sic), en un estado de alerta, con cautela la declaración." (Medios de Prueba, Tomo I, pág. 311). En efecto, si bien los testigos arriba señalados son sospechosos para declarar, de acuerdo con la ley, nada obsta para que este Tribunal examine sus declaraciones de manera imparcial y objetiva. Hecho el anterior pronunciamiento, la Sala procederá al análisis crítico de los testimonios presentados. En cuanto a las declaraciones testimoniales, la Sala entra a examinar, primeramente, la declaración testimonial del Sr. Bienvenido S.M.. Manifestó el testigo S.M. que conoce a la recurrente J. HERRERA desde que nació, hace más de sesenta años, que son vecinos del área y se tratan con frecuencia, y que esta jamás ha estado domiciliada en otro lugar fuera de S.D.. La siguiente declaración que se examina es la de L.M.A.E., quien declaró conocer a la Sra. R.E.J. HERRERA desde que aquella que se mudó a S.D., hace aproximadamente seis años, y que son vecinas en la Barriada El Chorrillo de dicho corregimiento, y que siempre ha visto a la Sra. J.H. como domiciliada en dicho lugar. También compareció a declarar la testigo B.V.C., quien señaló que siempre ha vivido en S.D., desde hace 30 años, y que conoce a la Sra. R.E.J.H.. Declara también que la Sra. J.H. nunca ha vivido en San Miguelito y que muy poco sale de S.D., y que por lo general, sólo lo hace para venir a citas médicas. En otra declaración, la del testigo E.C.V., dijo este conocer a R.E.J.H. de toda la vida, aproximadamente 40 años, y que siempre la ha visto en S.D., y que nunca ha sabido que se haya mudado de ahí. La última testigo que compareció a prestar declaración, fue E.L.J.J., quién declaró que conoció al señor J.L.L. porque fue a casa de su familia, primero, para conocer los terrenos que están hoy en litigio, y luego, para conversar con su tía los tratos de compra y venta. Agrega que estuvo presente en la reunión que sostuvo el señor L.L. con su tía, y que ahí acordaron el precio por hectárea, otros pormenores de la transacción y la celebración de la promesa de compraventa. Añade también que fueron varias las visitas que hizo el señor L.L.. Concluida la reseña de los testimonios presentados por la revisionista, cabe señalar que los testigos que depusieron fueron tachados por el opositor, y señalados por este como sospechosos para declarar, al quedar ubicados en la categoría prevista en el numeral 4 del artículo 909 del Código Judicial. Por otra parte, dicha opositora anunció que presentaba dos pruebas documentales, a saber, copia auténtica del expediente que contiene el proceso ejecutivo que se está llevando a cabo en el Juzgado Decimotercero de Circuito, de lo Civil, por el cual se pretende la ejecución de la sentencia cuya nulidad se intenta mediante este recurso extraordinario, y copia auténtica de un incidente de nulidad que la parte revisionista ha presentado dentro de dicho proceso ejecutivo. Hecho el examen de las pruebas documentales aportadas al proceso, así como de las declaraciones testimoniales, procede la consiguiente valoración de dichos medios probatorios, como paso previo a la conclusión a la cual habrá de arribar el tribunal. Del conjunto de pruebas documentales y testimoniales presentadas por la revisionista, se desprende claramente que la Sra. R.E.J.H. está domiciliada en la Barriada El Chorrillo, Corregimiento de S.D., Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos. Ahora bien, el punto está en determinar si la revisionista dio como referencia al ahora opositor algún otro domicilio, y si en verdad dicho opositor desconocía la existencia de cualquier otro domicilio donde pudiese ser localizada la señora J. HERRERA. Los testigos presentados por la revisionista son contestes en afirmar, no sólo que la señora R.E.J.H. ha estado domiciliada siempre en S.D. de Las Tablas, sino que la señora J. HERRERA sólo viaja esporádicamente a la provincia de Panamá con el fin de acudir a sus citas médicas, y siempre por poco tiempo. En esas circunstancias, parece poco probable que la revisionista mantenga un segundo domicilio en la Ciudad de Panamá. Ahora bien, nada obsta que, para determinados efectos, la recurrente haya señalado algún domicilio especial, sobre todo a los efectos del contrato de promesa que, como consta en autos, se formalizó mediante escritura pública en una notaría de la Provincia de Panamá. Sin embargo, la testigo E.J.J. señala que cuando la señora J.H. viene a Panamá, viene con ella, y a donde va , va con ella (folio 286), por lo que parece lógico que, de tener que señalar un domicilio en Panamá, para los efectos de ciertos actos o contratos, señale el domicilio de dicha testigo, en El Dorado Street, Calle 2 D, Casa No.81 (folio 284), y no la Barriada T.C., en el Distrito de San Miguelito. Vistas así las cosas, no parece acorde con las máximas de la lógica y de la experiencia que la señora R.E.J.H. le haya indicado al señor J.L.L. un domicilio falso o inexistente, máxime que no se aprecia que con ello pudiese obtener provecho alguno. Por otra parte, el supuesto desconocimiento por parte del opositor, de cualquier otro domicilio donde pueda ser localizada la demandada J. HERRERA, declaración hecha bajo la gravedad de juramento (folio 42), no se compadece con la declaración de la mencionada testigo J.J., quien narra que el señor L.L. estuvo en casa de la familia de dicha testigo, en S.D., y que regresó varias veces. Si bien esta declaración no acredita que el entonces demandante conociera el domicilio exacto de la demandada, esto es, con expresión de calle y casa, pues la testigo no fue preguntada sobre el lugar donde se dieron las siguientes reuniones, deja entrever que mínimamente, el señor L.L. sabía que la señora J. HERRERA estaba domiciliada en S.D. de Las Tablas y que a través de la familia de la testigo podría ubicar el domicilio de la demandada. Ahora bien, la Sala no pierde de vista el hecho que la declaración que tiende a acreditar la supuesta visita del señor LEVY a casa de la familia J., proviene de un solo testigo, lo cual obsta para atribuirle valor de plena prueba, según lo dispone el artículo 918 del Código Judicial. Pero la misma disposición expresa también que el testimonio único puede formar gran presunción cuando el testigo es hábil, según las condiciones del declarante y su exposición. Y el artículo anterior, el 917, dispone la apreciación de las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de los testimonios, según las reglas de la sana crítica. Con fundamento en las referidas disposiciones, aprecia la Sala que la testigo E.J., fue categórica en sus declaraciones, sin que se aprecien contradicciones. En su deposición se advirtió coherencia, y no se limitó a asumir una actitud responsiva, pues no escatimó en detalles y pormenores. Por otra parte, llama la atención de la Sala que, al momento de ser preguntada la testigo J., por la apoderada judicial del opositor, dicha letrada se limitó a preguntar sobre su parentesco con la recurrente, su interés en el proceso y otros aspectos que, si bien resultan pertinentes, en ningún momento trató de desvirtuar lo declarado en cuanto a las visitas hechas por el señor LEVY a casa de la familia J. en S.D., lo cual deja traslucir una aceptación de lo afirmado por la testigo. Finalmente, se aprecia que la representación judicial de J.L.L., en sus alegatos, centra sus esfuerzos en la supuesta extemporaneidad en la presentación del recurso de revisión, y en la supuesta ratificación tácita de lo actuado, así como en descalificar a los testigos presentados por la recurrente, pero poco es lo que alega para justificar la atribución de un domicilio, evidentemente falso, a la señora R.E.J.H.. La afirmación hecha por el opositor, en el sentido que el domicilio donde se intentó la notificación fue el que proporcionó la promitente vendedora, carece de todo sustento lógico y probatorio. Así las cosas, es el criterio de este tribunal que los hechos acreditados en autos configuran la causal prevista en el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial. Corresponde ahora a la Sala, examinar las defensas alegadas por el opositor, a saber, la interposición extemporánea del recurso de revisión, así como la ratificación tácita de lo actuado. Sobre el primer punto, es decir, la extemporaneidad del recurso de revisión, ya la Sala se pronunció al respecto, mediante Resolución de 4 de abril de 2012 por la cual se admitió el presente recurso de revisión, siendo una de las consideraciones tomadas en cuenta para la admisibilidad del mismo, que el recurso se presentó dentro del término que establece la ley (folio169). En cuanto a la supuesta ratificación tácita de lo actuado, señala la representante judicial del opositor, en sus alegatos verbal (fs. 296-297) y escrito (fs.310-311) que la comparecencia de la demandada al proceso ejecutivo mediante el cual se pretende la ejecución de la sentencia dictada en el proceso ordinario, constituye una ratificación de lo actuado, aunque no especifica si se refiere a lo actuado en el proceso ordinario o en el proceso ejecutivo al cual comparece. Agrega que la interposición de un incidente de nulidad en el proceso ejecutivo hace surgir el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, pues ya el recurso de revisión no tiene razón de ser, y que a la revisionista tuvo la oportunidad procesal de suspender la ejecución de la sentencia, oportunidad que desaprovechó al no consignar la caución adicional prevista en la ley y señalada por la Corte. Una atenta lectura de dichas alegaciones, así como de las pruebas aportadas por el opositor, específicamente la copia autenticada de la comparecencia al proceso de la ejecutada, en el proceso ejecutivo (folio259), así como del incidente de nulidad (fs. 263-268) dejan claro que la comparecencia al proceso ejecutivo no convalida lo actuado en el proceso ordinario, que es el que se impugna mediante el recurso de revisión interpuesto. De igual forma, la interposición del incidente de nulidad se refiere a lo actuado en el proceso ejecutivo, no a lo actuado en el proceso ordinario, por lo que no se produce el fenómeno de la sustracción de materia. Finalmente, la falta de consignación de la caución adicional, a fin de suspender la ejecución de la sentencia , no le impide al incidentista interponer las acciones y recursos que la ley le concede dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra. Encuentra la Sala, después de haber hecho las anteriores consideraciones, que le asiste razón a la recurrente cuando invoca, como fundamento fáctico de su pretensión, lo previsto en el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial, porque resulta evidente que en este caso, la parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por REINA EMPERATRIZ J. HERRERA contra la Sentencia No. 93-2008/56-07 de 22 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Decimotercero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el proceso ordinario entablado por J.L.L. contra REINA EMPERATRIZ J. HERRERA mediante la cual se declaró que la demandada se había negado a la celebración de un contrato definitivo de compraventa sobre bienes inmuebles de su propiedad, y se le ordena concurrir a la celebración de dicho contrato, ya que la parte afectada no fue legalmente notificada. Por consiguiente: I. ANULA todo lo actuado dentro del proceso ordinario a partir de la solicitud de emplazamiento por edicto, visible al folio 28 del expediente del proceso ordinario, que trajo como consecuencia la indebida notificación a la parte demandada. II. ORDENA a la Juez Decimotercera de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, que cite a las personas que deben integrar el contradictorio y continúe con la sustanciación del proceso mencionado en el apartado anterior. III. ORDENA a la Dirección General del Registro Público que deje sin efecto la orden previa contenida en la Resolución de 4 de abril de 2012 (fojas 167-170 del recurso de revisión) que le fue notificada mediante Oficio No.180-2012 de 1 de mayo de 2012, según la cual debía inscribir el presente recurso de revisión. IV. ORDENA que por Secretaría, se agregue al expediente copia autenticada del fallo de esta Sala para los fines indicados. V. ORDENA al Juzgado Decimotercero de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, tomar las medidas de saneamiento que, por efecto de las declaraciones anteriores, sean obligantes y necesarias dentro del proceso ordinario, hasta tanto pueda dictarse la sentencia de reemplazo. VI. REMITASE por Secretaría, para los efectos pertinentes, copia autenticada de la presente resolución, al Juzgado Duodécimo de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, para que sea agregada al expediente contentivo del proceso ejecutivo incoado por J.L.L. contra R.E.J.H.. VII. DEVUELVASE por Secretaría, al Juzgado Decimotercero de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el expediente contentivo del proceso ordinario entablado por J.L.L. contra R.E.J.H.. VIII. REMITASE por Secretaría, para los efectos indicados, copia autenticada de la presente resolución al Registro Público. IX. DEVUELVASE a la recurrente la fianza consignada. X. REMITASE copia de la sentencia al Ministerio Público, para los efectos del artículo 1016 del Código Judicial. XI. CONDENA a J.L.L. a pagar a la recurrente las costas fijadas en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). N., HARLEY J. MITCHELL D. OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)