Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 29 de Junio de 2017

Mediante Auto No.1575 de 22 de octubre de 2008 (fs. 5-6, de los antecedentes), el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, admitió la Demanda promovida por Alta Tensión, S.A. (Altensa) contra Global Strategies Solutions, S.A. y A.B.. Encontrándose el proceso en el periodo de práctica de pruebas, el Licenciado A.O.D., apoderado judicial de los demandados (poder a folio 51), presentó escrito allanándose a la pretensión formulada por la Parte actora (memorial a foja 53). En atención a dicho proceder, se dictó la Sentencia No.42 de 26 de noviembre de 2010 (fs. 113-116), declarando probada la pretensión de la demandante. Notificadas las Partes (ver sello de notificación a folio 116, y el edicto en puerta a fs. 118-119) y a falta de impugnación, la Sentencia quedó ejecutoriada el día 10 de mayo de 2011.

Decretado en estado de ejecución el referido Proceso ordinario (Auto No.690 de 23 de junio de 2011, fs. 122-123), se elevó a la categoría de embargo la medida cautelar de secuestro previamente decretada (Auto No. 1438 de 25 de septiembre de 2008, fs. 151-152), la cual recae sobre la cuota parte de la Finca No.79198, inscrita al Rollo No. 1, con código de ubicación No. 8707, perteneciente al demandado A.B. (Auto No. 1235 de 1 de noviembre de 2011, fs. 128-129).

Posteriormente, se dictó el Auto No.773 de 20 de junio de 2012 (fs. 420-421), decretando remate sobre el bien inmueble antes descrito, decisión que fue notificada a través del edicto No.723, fijado del 21 al 28 de junio de 2012 (según los respectivos sellos a folio 422), quedando en firme esta Resolución el día 3 de julio de 2012. En el citado remate, Inmobiliaria Cubic, S.A. fue la única postora (folio 441) y dado que el referido Juzgado de Circuito Civil consideró que se cumplió con los trámites de ley, profirió el Auto No. 1131 de 12 de septiembre de 2012 (fs. 445-447), aprobando el remate efectuado. Esta última decisión fue notificada a través del edicto No.1040, fijado del 13 al 20 de septiembre de 2012 (según el respectivo sello, a folio 449), y quedando ejecutoriada la Resolución de aprobación del remate, a falta de impugnación, el día 25 de septiembre de 2012.

El día 23 de abril de 2014, la mencionada Autoridad Judicial ordenó el archivo del expediente, conforme a lo estipulado en el artículo 495 del Código Judicial (Proveído visible a folio 455).

En el libelo contentivo al Recurso de Revisión (fs. 3-11, de este expediente), la Recurrente solicitó la Revisión de la Sentencia No.42 de 26 de noviembre de 2010, del Auto No. 773 de 20 de junio de 2012 y del Auto No.1131 de 12 de septiembre de 2012, invocando como Causal la consagrada en el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial, en cuanto a que habrá lugar a la revisión "si una parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso".

La Recurrente alega que no fue notificada del referido Proceso ordinario a pesar de ser, junto con su ex-esposo el demandado A.B., propietarios de la finca rematada. Por tanto, a pesar que es una tercera interesada por ser copropietaria del inmueble rematado, afectándole los resultados de la sentencia objeto de revisión, no fue legalmente notificada ni emplazada en dicho Proceso.

Adicional, en el Recurso de Revisión se expresa que el Proceso ordinario en estudio es de nulidad absoluta, dado que el apoderado judicial de los demandados en dicho Proceso, carecía de facultad expresa para disponer del derecho en litigio, violando así los numerales 1, 6 y 8 del artículo 1116 del Código Judicial, en concordancia con el párrafo segundo del artículo 634 lex cit., el cual establece que a falta de capacidad de disposición, el allanamiento a la pretensión no tendrá valor. A esto se adiciona la situación que las dos sociedades Partes de dicho Proceso, carecían de autorización expresa de sus juntas de accionistas para constituir la relación crediticia pactada entre ellas y de la cual emanaron las cuantías supuestamente adeudadas. Así, la referida Sentencia carece de valor, viciando, en consecuencia, el remate en donde Inmobiliaria Cubic, S.A. se le adjudicó la finca No. 79198, inscrita al tomo 1758, folio 112, Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, identificada como lote No. 21.

Resalta que desde el mes de junio de 2008, en el expediente contentivo al referido Proceso reposa certificación del Registro Público de Panamá, acreditando que la finca rematada era de propiedad proindiviso del demandado A.B. y de la Recurrente. Esto se confirma con la existencia del Auto No. 1192 de 31 de julio de 2008, que ordena el secuestro de ese bien.

Sometido al reparto de rigor (foja 21), el negocio ingresó al despacho del Magistrado Sustanciador fijando el monto de la cuantía de la fianza que exige el artículo 1211 del Código Judicial, en la cantidad de B/.200.00 (Providencia de 16 de septiembre de 2014, folio 22); consignación efectuada por el Recurrente, tal como se aprecia de fojas 23 a la 25.

Continuando con el trámite de rigor, se procedió conforme al artículo 1213 del Código Judicial, en el sentido de solicitar al Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, el expediente que dio lugar a las Resoluciones impugnadas vía Revisión (Providencia de 26 de septiembre de 2014, foja 26). Recibido el respectivo expediente, se profirió la Resolución de 19 de junio de 2015 (fs. 30-33), declarando admisible el Recurso y citando a las Partes del referido Proceso, a saber: Alta Tensión, S.A., Global Strategies Solutions, S.A. y A.B., así como a Inmobiliaria Cubic, S.A.

Esta Resolución fue debidamente notificada a las Partes, compareciendo al Proceso Inmobiliaria Cubic, S.A. y Alta Tensión, S.A., por conducto de la firma de abogados Infante & P.A. (poder a fs. 36-37 y fs- 38-39, respectivamente), quien contestó el Recurso a través del memorial que se aprecia de folio 67 al 99. Por su parte, la representación judicial de A.B. y Global Strategies Solutions, S.A., recayó en el abogado M.E.B.M. (poder a fs. 51-52), quien presentó escrito dando contestación al recurso promovido (memorial de foja 53 a la 62).

En el libelo de contestación de la Demanda, la firma de abogados I. &P.A. alega, en esencia, que la relación procesal se circunscribe al contrato comercial suscrito entre Alta Tensión, S.A. (Acreedor), Global Strategies Solution, S.A. (deudor) y A.B. (co-deudor). Por tanto, la Recurrente no es Parte de dicha relación contractual y en consecuencia, no puede pretender, alegando ser co-propietaria de la finca rematada, que fuese citada en dicho juicio. Además, conforme el artículo 1207 del Código Judicial, la acción ejercida se encuentra prescrita, ya que la Sentencia quedó ejecutoriada en abril de 2011, siendo la revisión ejercida el 14 de agosto de 2014, es decir, ya han transcurrido dos (2) años. Igual situación ocurre con relación al citado Auto No. 773, el cual quedó ejecutoriado en el mes de junio de 2012.

La referida firma de abogados continúa expresando que la venta judicial cumplió con las exigencias legales, aunado a la ausencia de norma que impone la obligación de citar a los copropietarios de dicho bien, antes de llevarse a cabo el remate. Considera que la citación a tercero se reserva solo a los acreedores hipotecarios, anticréticos o prendarios y al propietario que es garante de la obligación del ejecutado. Además, la Recurrente no indicó artículo alguno que estipule que por ser copropietaria se convierta en Parte del Proceso, independientemente se tenga o no interés jurídico sustancial con el tema objeto de debate.

Por su parte, el abogado M.E.B.M., apoderado judicial de A.B. y Global Strategies Solutions, S.A., consideró que es cierto y aceptó los hechos desarrollados por la Recurrente (fs. 53-62).

Vencido el término señalado por Ley para la contestación del Recurso de Revisión promovido y realizadas las respectivas notificaciones, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de rigor (Providencia de 10 de septiembre de 2015, fs. 102), la cual se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2015 (fs. 731-779). Cabe señalar, que dentro del respectivo término fijado, las Partes aportaron su respectivo escrito de alegatos (fs. 780-800, fs. 801-836 y fs. 837-843).

CRITERIO DE LA SALA

Como ya se indicó, L.H.C., a través del licenciado D.S., interpuso Recurso de Revisión contra la Sentencia No. 42 de 26 de noviembre de 2010 (que accede a la pretensión de la Actora), el Auto No. 773 de 20 de junio de 2012 (que decreta el remate) y el Auto No. 1131 de 12 de septiembre de 2012 (que aprueba el remate efectuado), Resoluciones éstas emitidas en el Proceso Ordinario que Alta Tensión, S.A. promovió contra Global Strategies Solutions, S.A. y A.B. y que fue tramitado en el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial. Además de las Partes de dicho Proceso, la Recurrente también solicitó la comparecencia de Inmobiliaria Cubic, S.A., por ser quien adquirió el bien rematado, consistente en la cuota parte perteneciente al demandado A.B..

La Causal invocada es la consagrada en el numeral 9 del artículo 1204 del Código Judicial, que indica que habrá lugar a la Revisión cuando "una parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso". La Recurrente alegó que al ser con su ex-esposo, el demandado A.B., propietarios proindiviso del referido inmueble, debió ser notificado de dicho Proceso ordinario y en consecuencia, de la Sentencia dictada. Así pues, considera que la falta de notificación conlleva que esa decisión carezca de valor, viciando de igual forma, el Auto No. 773 de 20 de junio de 2012 (que decretó el remate) y el Auto No. 1131 de 12 de septiembre de 2012 (que aprobó el remate), los cuales también son inexistentes porque tampoco le fueron notificados.

Antes de atender el fondo de la controversia planteada, corresponde resolver la petición que las demandadas Alta Tensión, S.A. e Inmobiliaria Cubic, S.A. expusieron en el libelo de contestación (fs. 88-89) y reiterada en la Audiencia (fs. 754), en cuanto a la extemporaneidad de la presentación del Recurso de Revisión, al considerar que dicha impugnación no fue presentada dentro del término legal que fija el artículo 1207 del Código Judicial, el cual señala que:

No podrá interponerse el Recurso de Revisión en asuntos civiles en ningún caso después de transcurridos dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto.

En el libelo de contestación (fs. 67-99), las referidas demandadas expusieron lo siguiente:

". . . Por otro lado, nótese que se está solicitando la revisión de una sentencia que fue dictada el 26 de noviembre de 2010 y quedó ejecutoriada en abril de 2011, situación que es de suma importancia para la procedencia o no del recurso, ya que el artículo 1207 del Código Judiciales (sic) prístino en este sentido al indicar que "no podrá interponerse el Recurso de Revisión en asuntos civiles en ningún caso, después de transcurridos dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto". Lo que influye radicalmente en el éxito o prosperidad del recurso, por encontrarse prescrita la acción para demanda por vía de revisión cualquier aspecto relacionado con la dictación de aquella sentencia cuya nulidad de pide.b) Respecto a la Revisión del Auto No. 773 de 20 de junio de 2012 dictado por el Juzgado Séptimo de Circuito Civil, por el cual se decretó el remate de la Finca No 79198 inscrita al Tomo 1758, Folio 112 Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, acontece el mismo fenómeno al atacarse por la vía de la revisión una decisión autónoma que quedó ejecutoriada desde junio de 2012, sin embargo la revisión no se propone sino hasta el 14 de agosto de 2014, incumpliendo así el contenido del artículo 1207 del Código Judiciales (sic) que establece que "no podrá interponerse el Recurso de Revisión en asuntos civiles en ningún caso, después de transcurridos dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto". Razón para considerar que la proposición del recurso respecto a este auto se encuentra prescrita con creces por haber pasado más de dos años" (fs. 88-89)

De igual forma, en la respectiva Audiencia el Licenciado J.A.N., de la firma de abogados Infante & P.A., apoderada judicial de Alta Tensión, S.A. e Inmobiliaria Cubic, S.A., al concedérsele la palabra reiteró lo antes transcrito, en los términos que a continuación se plasman:

"Por otro lado, a nosotros nos llama poderosamente la atención el hecho de que a través de este recurso de revisión, se pretenda la nulidad de tres actos en específico, la sentencia 46 del 26 de noviembre de 2010, y esta demandada fue planteada el 14 de agosto de 2014, cuando dice que el recurso de revisión debe presentarse dentro del plazo de dos años de la ejecutoria de la sentencia o auto que se trate, prescripción que hemos alegado oportunamente y le tocará a la Sala dentro de su pronunciamiento de fondo examinar si es procedente o no ese acto individualizado que se está atacando a través de una nulidad vía revisión; 2, el Auto N°773 de 20 de junio de 2012, a través del cual se decretó el remate de los bienes, en este caso igualmente supera el caso de los dos años que ha establecido la ley para ser examinado por revisión, . . ." (fs. 754)

En la respectiva Audiencia, el Licenciado M.E.B.M., apoderado judicial de A.B. y Global Strategies Solutions, S.A. (poder a fs. 51-52), expuso su oposición en contra del criterio sostenido por las demandadas Alta Tensión, S.A. e Inmobiliaria Cubic, S.A., en los siguientes términos:

". . . se viene a decir que ya pasaron los dos años, pero hay algo muy importante, el Magistrado Ponente mediante auto de 19 de junio de 2015 admitió el recurso extraordinario de revisión que hoy nos ocupa y en ese auto que fue notificado personalmente a cada uno de los abogados en este proceso, manifestó de forma clara que el recurso había cumplido con todos los requisitos que exigía la ley, que había sido interpuesto en tiempo oportuno y este auto que hacía declaraciones tan importantes como la oportunidad para promover el recurso que es uno de los requisitos sustanciales para que se conozca esta revisión hoy aquí no fue atacado mediante ningún recurso, tuvo ejecutoria hoy convertido en cosa juzgada, hoy ley del proceso, sin embargo, violentando el principio de eventualidad de que los actos del proceso deben ejercitarse en el momento oportuno que se requiere, hoy después que es cosa juzgada, ley del proceso de que el recurso de revisión cumplió con todos los requisitos de ley y fue interpuesto en tiempo oportuno, después que se le venció el término de ejecutoria, hoy la mora en ejercitar los recurso(sic) las tenemos que pagar nosotros y el tribunal, quien purga la mora en nuestro país, el que la ocasiona y si quien estaba obligado a discutir o no la oportunidad en que se interpuso el recurso no lo hizo es que expresamente estaba de acuerdo que el término en que se había interpuesto el recurso de revisión era oportuno, porque con violación del principio de eventualidad y preclusión que nos obliga a todos los abogados a ejercer en el momento oportuno los recursos, las pruebas y demás y vienen ahora en la parte de alegatos a decir que este recurso no se interpuso en tiempo oportuno, es lo mismo que decir estando ya para fallar el caso, se me olvido (sic) poner un hecho en la demanda y vamos a discutir hacia atrás lo que ya se discutió, eso lo prohíbe la ley procesal, entonces que no nos vengan con el cuento de que pasaron ya los dos años. Pero hay más respecto a esos dos años, porque esa resolución judicial debía ser notificada a todas las partes, pero ahondando un poquito en cuanto a la ejecución de ese auto admisorio, el artículo 995 dice las resoluciones judiciales se ejecutorían por el solo transcurso del tiempo, una resolución queda ejecutoriada o en firme cuanto no admite recurso dentro del mismo proceso y el artículo 1035 del Código Judicial dice toda resolución ejecutoriada debe cumplirse y podrá exigirse su ejecución, de manera que ahora ya no es momento de estar hablando de dos, ni tres, ni cuatro años . . ." (fs. 767-768)

Cabe señalar, que en el respectivo escrito de alegatos (fs. 801-836), el Licenciado M.E.B.M. reitera en varias ocasiones la referida oposición argumentando, en esencia, lo que se transcribe a continuación:

". . . que la última actividad del proceso ordinario de mayor cuantía en estado de ejecución interpuesto por ALTA TENSIÓN,S.A., -vs- GLOBAL STRATEGIES SOLUTIONS S.A., y ANTONIO BARRERA, tramitado por el Juzgado Séptimo De Circuito De Lo Civil del Primer Circuito Judicial De Panamá, en donde la última actuación de ese proceso lo fue el Auto NO. 1135 de 12 de septiembre de 2012, del Juzgado Séptimo del Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, y el proceso de revisión fue interpuesto en el mes de agosto de 2012, fecha para la cual, todavía no había prescrito la oportunidad de interponer el recurso extraordinario de revisión, razón por la cual, el Magistrado Ponente del presente proceso, por auto de fecha 19 de junio de 2015, admite el recurso de revisión y declara que el mismo, fue interpuesto en tiempo oportuno. Resolución esta, que no fue objeto de recurso por la vía ordinaria por parte del apoderado de ALTA TENSIÓN ni de INMOBILIARIA CUBIS S.A. por lo que el mismo quedó perfectamente ejecutoriada, e hizo tránsito a Cosa Juzgada y se convirtió en ley del proceso." (fs. 806)

Como se aprecia, el punto en discusión se centra en el término para interponer el Recurso de Revisión, que para el criterio de Alta Tensión, S.A. e Inmobiliaria Cubic, S.A., ya había precluído la oportunidad que le ley le confiere a la demandante L.H.C. para proponer dicha Revisión. Esta posición la debate los demandados A.B. y Global Strategies Solutions, S.A., al considerar que al dictarse el Auto de 19 de junio de 2015 (fs. 30-33), admitiendo la Sala dicho Recurso y no siendo impugnada esa decisión en momento legal oportuno, está Resolución quedó ejecutoriada haciendo tránsito a cosa juzgada y por tanto, resulta extemporánea abordar dicha discrepancia. Detallada la controversia inicial, procede la Sala a decidir lo referido.

Como aspecto primordial, corresponde tener presente la naturaleza jurídica del Recurso de Revisión. Para tal fin, resulta ilustrativo traer a colación la posición del autor panameño J.F.P., al exponer lo siguiente:

"1° Se discute la naturaleza de la revisión. Como hemos explicado, a pesar de que algunos autores consideran que se trata de un recurso, y a pesar de que los ordenamientos procesales, incluyendo el nuestro, lo denominan "recurso extraordinario", lo cierto es que es un un (sic) proceso autónomo, que no aparece insertado, incrustado, en un proceso preexistente. La apelación y la casación se substancian en el proceso en que se dictó la resolución; la revisión, en cambio, se sustancia mediante un nuevo proceso ("en cuerda separada"), en expediente aparte. El objeto no se refiere a un acto -una resolución- dentro del mismo proceso sino fuera de él, en otro proceso. Mientras que los recursos se dirigen en contra de resoluciones que nos son firmes, la revisión se dirige precisamente en contra de resoluciones que hacen cosa juzgada. En la revisión hay una nueva pretensión impugnativa, en contra de una sentencia ejecutoriada, que se tramite en expediente propio, y no como estadio en el mismo proceso. La causa de pedir de la demanda de revisión es nueva; distinta a la del proceso contentivo de la sentencia impugnada.

La revisión no es una última instancia, sino un nuevo proceso, de única instancia. Por ello varios autores españoles -entre ellos FAIREN GUILLÉN- han considerado que la revisión debe ser regulada entre los procesos especiales, y no con los recursos.

. . .

2. De acuerdo con la Ley (art. 1201, C.J.) y la práctica sentada por la Corte, con base en el artículo 1201 del C.J. (en la actualidad es el artículo 1216) se sustancia como un proceso especial con recepción de pruebas en audiencia -lo cual es excepcional en nuestro procedimiento civil." (Resalta la Sala)-(FÁBREGA PONCE, J.. "Recursos Judiciales", Cultural Portobelo, 2011, p. 246-248)

Ese mismo criterio jurídico comparte el autor H.D.E., al considerar que:

"Se trata de otro recurso extraordinario y excepcional contra la sentencia que puso término al proceso. Se diferencia de los otros en que procede contra sentencia ejecutoriada, razón por la cual algunos consideran, y nosotros con ellos, que se trata más bien de un proceso separado contra la sentencia dictada en el anterior. . ." (Resalta la Sala)-(DEVIS ECHANDÍA, H.. "Teoría General del Proceso". Editorial Universidad, 1997, p. 516.)

Con lo transcrito se acredita que el Recurso de Revisión es un Proceso propiamente tal, distinto a aquél en donde se emitió la Resolución que se discrepa. Si bien nuestro ordenamiento jurídico lo enmarca dentro del Título de los "Medios De Impugnación y Consulta", existen artículos que de manera expresa se refiere a la Revisión propiamente como un Proceso. Así consta en el artículo 1216 del Código Judicial, al estipular que:

"Vencido el término de citación se seguirá el proceso con los que hayan comparecido; a los que no comparecieren se les nombrará defensor de ausente y se citarán para audiencia de acuerdo con las del proceso oral." (Se resalta)

3. con lo anterior, está el artículo 1220 del Código Judicial, el cual preceptúa que "Ejecutoriada la sentencia, se archivará el proceso y los antecedentes pedidos se devolverán al juzgado de su procedencia . . ." (La Sala resalta).

Adicional, varios artículos del Código Judicial consideran y denominan a la Revisión como una Demanda, a saber:

"Artículo 1210: Cuando la demanda la presente un acreedor, de acuerdo con el ordinal 8 del artículo 1204, deberá dirigirse contra todas las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia objeto de la revisión"

Artículo 1211: . . .

La suma consignada también será devuelta si no se admite la demanda. En caso contrario, se tomará de ella lo necesario para atender el pago de las costas y si resultare sobrante se devolverá al recurrente.

Artículo 1220: Ejecutoriada la sentencia, se archivará el proceso y los antecedentes pedidos se devolverán al juzgado de su procedencia, agregándoseles copia auténtica del fallo de la Corte, para los efectos consiguientes.

La demanda de revisión no suspenderá la ejecución de la sentencia que la motive . . ." (La Sala resalta)

Por tanto, al tratarse la Revisión de un Proceso el cual se ventila con la presentación de la respectiva Demanda, el Recurrente ejerce una acción cuya pretensión es de desvirtuar una Resolución ejecutoriada tramitada en otro Proceso. Siendo la causa de pedir de la Demanda de Revisión distinta a la del Proceso contentivo de la decisión que se impugna.

El ejercicio de dicha Acción tiene fijado por ley un término de prescripción. Por regla general, es de "dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto" (artículo 1207 del Código Judicial). Existen determinados supuestos que difieren de dicho término. Así, de "un año, el cual se contará desde el día en que se recobren los documentos o se descubra el fraude o haya sido hecha la declaración de falsedad o se cumplan las condiciones en que deben fundarse" (artículo 1206 lex cit.); de "tres años siguientes al momento en que se hubiere producido la causal respectiva", en caso que la sentencia fuere adversa a quien estuviera representado por defensor de ausente (artículo 1225 lex cit.).

A lo anterior, se suma el artículo 1016 del Código Judicial, al estipular que:

"Si el proceso se encuentra terminado, el demandado podrá pedir su nulidad en proceso sumario aparte o mediante Recurso de Revisión, donde deberá probar la circunstancia a que se refiere el inciso anterior. Esta acción prescribirá en el curso de un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia." (Resalta la Sala)

Cabe señalar, que en los Procesos no contenciosos se preceptúa que "Mediante el Recurso de Revisión el Ministerio Público o los terceros con interés legítimo pueden pedir que la decisión dictada sin su participación y en infracción de la ley sea revocada; en cuyo caso no regirán los plazos de interposición establecidos en este Código para dicho recurso" (Resalta la Sala)-(numeral 8 del artículo 1423 del Código Judicial).

Corresponde al Recurrente accionar dentro del término fijado por Ley. En caso contrario, su acción está prescrita, situación que es una razón para inadmitir la Revisión, tal como lo estipula el artículo 1214 del Código Judicial, al disponer que "La Corte declarará inadmisible el recurso si no se ha presentado dentro del término legal . . ."

La observancia del vencimiento del término legal no sólo es facultad propia de la Sala. En caso de omisión, la ley le confiere a la Contraparte el derecho de advertir a la Sala de dicho vencimiento, ya sea por vía de Recurso de Reconsideración, conforme lo estipula el artículo 1129 del Código Judicial, interpuesto contra la Resolución que admite el Recurso de Revisión, por tratarse de una Resolución que no admite Recurso de apelación. Se tiene presente que sólo la Resolución que rechaza de plano el Recurso de Revisión es susceptible de Recurso de Apelación ante el resto de los Magistrados (artículo 1212 lex cit.).

Además, por tratarse de una Acción que ejerce el Recurrente, resulta viable que la Contraparte invoque, como mecanismo de defensa, algún hecho que impida o extinga la pretensión que se formula en la Revisión, siendo dicha defensa, en este caso, la excepción de prescripción. Esta es la otra vía que la Ley le confiere a la Contraparte para advertir del vencimiento del término conferido por ley para interponer la Revisión. En consecuencia, por tratarse de una excepción, la misma puede presentarse "al contestar la demanda, en sus alegaciones" (artículo 688 del Código Judicial).

En este caso y tal como ya se señaló, Alta Tensión, S.A. e Inmobiliaria Cubic, S.A. invocaron dicha prescripción al contestar la Demanda de Revisión, aspecto reiterado al exponer sus alegaciones en la respectiva audiencia. Por tanto, resulta procedente que la Sala atienda lo advertido por las referidas demandadas.

Como ya se transcribió, el artículo 1207 del Código Judicial estipula que "en ningún caso después de transcurridos dos años desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia o auto", se podrá interponerse el Recurso de Revisión en asuntos civiles. En este caso, como se señaló, la demandante promovió la Revisión contra tres Resoluciones, a saber: la Sentencia No. 42 de 26 de noviembre de 2010 (que accede a la pretensión de la Parte Actora), el Auto No. 773 de 20 de junio de 2012 (que decreta el remate), y el Auto No. 1131 de 12 de septiembre de 2012 (que aprueba el remate efectuado).

De las constancias procesales se acredita que la Sentencia No. 42 de 26 de noviembre de 2010 (fs. 113-116, de los antecedentes), fue notificada a las Partes (según sello de notificación a folio 116 y el edicto en puerta a fs. 118-119), quedando ejecutoriada, a falta de impugnación, el 10 de mayo de 2011. Por tanto, es a partir de dicha fecha que se computa el término de dos (2) años fijado por el referido artículo 1207 del Código Judicial. Así pues, hasta el 10 de mayo de 2013, las Partes del referido Proceso ventilado en el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, "sus herederos o causahabiente y aquellas personas que pueden ser perjudicadas por la resolución recurrida" (según lo estipula el párrafo inicial del artículo 1208 del Código Judicial), tenían el término para interponer el Recurso de Revisión. En este caso, la demandante L.H.C. interpuso la Revisión el día 14 de agosto de 2014 (según sello de recibido), es decir, transcurrido en exceso la fecha límite para tal propósito (10 de mayo de 2013).

Resultado similar concurre con respecto a la segunda Resolución impugnada, el Auto No.773 de 20 de junio de 2012 (que decreta el remate), decisión que fue notificada a través del edicto No. 723, fijado del 21 al 28 de junio de 2012 (según los respectivos sellos a folio 422 de los antecedentes), quedando en firme esta Resolución el día 3 de julio de 2012. Por tanto, se tenía hasta el 3 de julio 2014 para presentar el Recurso de Revisión contra dicha Decisión, sin embargo y tal como ya se indicó, la Recurrente acudió a la Sala el día 14 de agosto de 2014, es decir, vencido los dos años permitidos por Ley.

Respecto a la tercera Resolución impugnada, Auto No. 1131 de 12 de septiembre de 2012, que aprueba el remate efectuado, consta que la Recurrente inobservó lo que la ley estipula a fin de impugnar dicha Resolución. Se trata que la parte final del artículo 1205 del Código Judicial establece que "Para impugnar el auto que aprueba el remate, deberá demostrarse que en éste hubo colusión entre la persona que compró el bien y una de las partes, en perjuicio de acreedores". Como consta, la Recurrente no alegó ni demostró la colusión que refiere la norma transcrita. Por tanto, tampoco procede dicha pretensión.

Entonces, al probarse los hechos que constituyen la excepción de prescripción alegada, se extingue de manera total la pretensión formulada por la demandante, correspondiendo decidir el pleito en consonancia con la excepción, tal como lo dispone el artículo 693 del Código Judicial. Por tanto, no procede consideración alguna respecto de la Causal que la demandante invocó, dado que su Acción está extinguida. Así pues, se decide conforme a las consideraciones desarrolladas, imponiendo las imperativas costas que establece el artículo 1219 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN que las demandadas ALTA TENSIÓN, S.A. e INMOBILIARIA CUBIC, S.A. promovieron dentro del Recurso de Revisión que L.H.C. presentó contra la Sentencia No. 42 de 26 de noviembre de 2010, el Auto No. 773 de 20 de junio de 2012, y el Auto No. 1131 de 12 de septiembre de 2012, Resoluciones emitidas en el Proceso Ordinario que ALTA TENSIÓN, S.A. promovió contra GLOBAL STRATEGIES SOLUTIONS, S.A. y ANTONIO BARRERA, con la comparecencia de INMOBILIARIA CUBIC, S.A., por ser quien adquirió el bien rematado, el cual fue tramitado en el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial.

Se condena en Costas a la parte Recurrente en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

N.,

OYDÉN ORTEGA DURÁN

ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria General)