Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2001

PonenteJOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución19 de Marzo de 2001
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El Licenciado AURELIO L.M., actuando en nombre y representación de las personas jurídicas LA FIRMA DE M.M.H., S. A; INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., interpuso Recurso de Revisión a fin de que se declare la nulidad del Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997, expedido por el Juzgado Tercero del Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía interpuesto por la sociedad URUGUAYAN SERVICES CORP. contra los recurrentes en revisión.

Cumpliendo con el trámite establecido para este tipo de recurso, la Sala procedió a decidir sobre su admisibilidad mediante resolución de 14 de abril de 1998 en relación con la primera causal, esto es, la indebida representación por permitirlo así el artículo 743 del Código Judicial, inadmitiendo, no obstante, la segunda causal invocada, es decir, la de colusión o simulación de actos o contratos contemplada en el ordinal 8 del articulo 1189 ibidem, por no haberse demostrado que los hechos allí especificados hayan sido declarados como tales mediante la sentencia correspondiente, al momento de la presentación del recurso de revisión. (f. s. 312-315).

Haciendo uso del Despacho S. y toda vez que una de las recurrentes, INVERSIONES ARCOS, S.A., no estaba legalmente representada, fue excluida de la relación procesal por falta de personería, quedando como recurrentes sólo las empresas LA FIRMA DE M.M.H., S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD. y como opositora a la revisión solicitada la sociedad URUGUAYAN SERVICES CORP. (fs. 1,134-1,138; 1,144-1,146).

Habiendo concurrido las partes al proceso se señaló el día 17 de noviembre de 1999 para dar inicio a la audiencia oral tal como lo indica el artículo 1201 del código Judicial, siendo presidida por los Magistrados integrantes de la Sala y a la que concurrieron los apoderados de las partes a presentar y evacuar pruebas, por tanto se encuentra el presente negocio en estado de resolver a lo que se pasa previa exposición de los antecedentes más relevantes que dieron origen al proceso.

ANTECEDENTES

La sociedad URUGUAYAN SERVICES CORP. interpuso ante el Juzgado Tercero del Circuito, Ramo Civil, demanda ordinaria de mayor cuantía en contra de las empresas LA FIRMA DE M.M.H., S.A.; INVERSIONES ARCOS, S.A., y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., a fin de que las demandadas fuesen condenadas al pago de la suma de US$855.231.00, más gastos, costas e intereses.

De los hechos de la demanda emerge que lo reclamado obedece a obligaciones contraídas por las demandadas por la suma de US$400.000.00 representada en una letra de cambio cuyos pagos parciales fueron incumplidos, más obligaciones por un monto de US$450.000.00 correspondiente a servicios prestados, los cuales produjeron enriquecimiento a los servicios recibidos, lo que según la demandante le ocasionó perjuicios, estableciendo el total de lo adeudado en la suma de US$855.231.00.

Surtido el traslado de la demanda, la misma es contestada por las tres demandadas mediante el mismo apoderado, Licenciado LEOSMAR ALBERTO TRISTAN (fs. 12 y 49 del proceso ordinario) quien actuando en representación de sus poderdantes aceptó los hechos fundamentales de la demanda, así como su cuantía, las pruebas, el derecho invocado por la demandante, y se allanó a la pretensión. (fs. 13 y 53-54 del proceso ordinario).

Acto seguido, el Licenciado TRISTAN, actuando nuevamente en nombre y representación de las demandadas y la sociedad civil de Abogados BOUTIN LAW FIRM, actuando a nombre de la demandante, presentaron al Tribunal de manera conjunta, acuerdo de transacción (fs. 55-58-proceso ordinario) que fue aprobado por el Juez Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997.

En la antes referida transacción, las demandadas reconocieron deber a la demandante la suma de US$925.421.00 como cuantía total de lo adeudado, comprometiéndose, como en efecto lo hicieron en ese mismo acto, a pagar la obligación reconocida mediante la cesión de los bienes muebles e inmuebles especificados, consistentes en automóviles y fincas, cuya nueva titularidad se ordenó actualizar a las instituciones correspondientes, ordenándose también, mediante el antes referido auto N° 1751, el archivo del expediente.

RECURSO DE REVISION

Tal como indicáramos al inicio de esta sentencia, después de establecida la relación procesal se tiene como recurrentes a las empresas LA FIRMA DE M.M.H., S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD. dentro de un recurso de revisión en el que sólo se admitió la primera causal invocada, esto es, la contenida en el artículo 743 del Código Judicial, que autoriza a "la parte indebidamente representada o que no fue legalmente notificada o emplazada ..." a pedir la nulidad mediante recurso de revisión.

El Recurso de Revisión interpuesto tiene como objeto, tal como se indica en el libelo, que:

"Se declare la nulidad del Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997, proferido por el juzgado tercero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se aprobó la transacción firmada el día 20 de mayo de 1997 y presentada dentro del proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por la sociedad URUGUAYAN SERVICES CORP. contra LA FIRMA DE M.M.H., S.A.; INVERSIONES ARCOS, S.A.; THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD ... ya que hubo colusión entre los apoderados de las partes, que dio como resultado que mis poderdantes fueran indebidamente representados en dicho proceso por parte de su apoderado judicial, quien no ejerció la defensa de sus intereses y sin estar facultado para allanarse y sin haber acreditado tener facultad para disponer del derecho en litigio (artículo 623 del Código Judicial), se extralimitó en actuaciones para las cuales no estaba autorizado y que nunca debieron ser aceptadas por el juez de la causa". (fs. 3-4).

En virtud de lo anterior, el apoderado de las recurrentes plantea como pretensiones concretas, que la Sala haga las siguientes declaraciones:

"1. Que el auto motivo de este recurso, aprobó en forma indebida una transacción en la que hubo colusión entre los apoderados de las partes y en virtud de esta colusión se violaba los derechos de las partes demandadas en indefensión.

  1. Que en virtud de la colusión entre los apoderados de las partes a que se refiere el petitorio anterior, se produjo la indebida representación de mis mandantes.

  2. Que se declare la nulidad del auto objeto del presente recurso y se ordene al Juzgado Tercero de circuito Civil del Primer Circuito Judicial, reponer la actuación y, como consecuencia de lo anterior, se niegue la transacción que contiene la prueba de la colusión entre los apoderados de las partes.

  3. Que se declare que el apoderado judicial de la parte demandante y el apoderado judicial de las demandadas, sin facultad expresa para allanarse ni para disponer de los derechos en litigio, se pusieron de acuerdo en la transacción aprobada por el auto ahora atacado para dejar en indefensión a mis mandantes.

  4. Que se condene al pago de los daños y perjuicios causados así como a las costas y expensas del presente proceso a quienes propiciaron el juicio". (fs. 7-8).

El recurrente sustentó el recurso en los hechos que se transcriben a continuación:

PRIMERO

En enero de 1997, el Dr. G.B., en su condición de asesor legal, recomendó a los representantes legales de las sociedades LA FIRMA DE M.M.H., S.A., INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., que era necesario presentar una acción legal contra los bienes de estas sociedades para evitar que terceros pudieran interponer alguna acción contra las mismas, ya que habían sido amenazados por antiguos socios que iban a presentarle una reclamación judicial.

SEGUNDO

El Dr. G.B. recomendó que la Sociedad URUGUAYAN SERVICES CORP., empresa de su propiedad y de la cual él era el P. y R.L., demandara a las empresas de sus clientes por una cuantía de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO BALBOAS (B/.855,231.00) más gastos, costas e intereses, por una supuesta deuda.

TERCERO

URUGUAYAN SERVICES CORP., cuyo representante Legal y P. es el Dr. G.B. y que tiene como agente residente al Lic. LEOSMAR A. TRISTAN, concedió poder a la firma de Abogados BOUTIN LAW FIRM, a fin de que demandara a las sociedades INVERSIONES ARCOS, S.A., cuyo R. es Y.D.G., LA FIRMA DE M.M.H., S. A. cuyo Representante Legal es I.B., y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., cuyo R.L. esM.M.H., por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS (B/855,231.00) más gastos, costas e intereses legales. La demanda con acción de secuestro de los bienes de las empresas demandadas la firmó el Lic. A.C., en su condición de socio y en representación de BOUTIN LAW FIRM.

La acción de secuestro se presentó por la suma de CUATROCIENTOS MIL BALBOAS (B/400,000.00) ante el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito judicial. Luego se formalizó la demanda por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN BALBOAS (B/855,231.00).

CUARTO

El Dr.GILBERTO BOUTIN recomendó a los representantes legales de las tres empresas demandadas que le dieran poder al L.. LEOSMAR A. TRISTAN a fin de que las representara en el juicio civil ordinario de mayor cuantía que había presentado en su contra URUGUAYAN SERVICES CORP. En ningún momento, el Dr. GILBERTO BOUTIN informó a sus clientes que el Lic. LEOSMAR A. TRISTAN era el agente residente de URUGUAYAN SERVICES CORP., siendo al mismo tiempo socios en la Sociedad Civil de Abogados llamada CABINET MAITRE BOUTIN, la cual aparece inscrita en la Ficha C-11609,ROLLO 3116, Imagen 0002, de la Sección de Micropelículas (Común) del Registro Público. El Lic. LEOSMAR A. TRISTAN jamás advirtió a sus representadas de este evidente conflicto de intereses, lo cual iba en contra de todo principio ético de la debida defensa y en esta forma, se preparaba el camino para la colusión entre los apoderados de las partes.

QUINTO

Las tres empresas demandadas antes mencionadas, dieron Poder al Lic. LEOSMAR A. TRISTAN a fin de que actuaran en su nombre y representación y defendiera los intereses de las mismas en caso de que fuera necesario en el juicio arriba señalado, radicado en el Juzgado Tercero de circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. El Lic. LEOSMAR A. TRISTAN no tenía facultad expresa dentro del poder a él otorgado, para allanarse ni tampoco para realizar negociaciones que implicaran la disposición de derecho en litigio. (Artículo 623 del Código Judicial)

SEXTO

Sin autorización de sus clientes, L.. LEOSMAR A. TRISTAN contestó la demanda presentada por URUGUAYAN SERVICES CORP., sin tener facultades expresas para aceptar la supuesta obligación que decía el demandante que le adeudaban los demandantes, éste al contestar la demanda aceptó como cierto todos los hechos del demandante y sin tener facultad expresa para allanarse, se allanó a las pretensiones del demandante, dejando en la indefensión a sus clientes y así ocurrió la colusión entre los apoderados de las partes. Igualmente, aceptó el valor total de la cuantía de la demanda y el derecho invocado por el demandante.

SEPTIMO

Como corolario del hecho anterior, sin estar facultado por sus clientes, y sin haberlos consultado, el Lic. LEOSMAR A. TRISTAN, actuando en nombre y representación de las tres empresas demandadas, firma un acuerdo de transacción el día 20 de mayo de 1997 con el Lic. A.C., abogado de URUGUAYAN SERVICES CORP., en donde acepta pagar la supuesta deuda hasta la suma de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN BALBOAS (B/925,421.00), a través de una cesión de pago y traspasa a favor de URUGUAYAN SERVICES CORP., los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a los demandados y que consistían en quince (15) propiedades inmuebles pertenecientes a INVERSIONES ARCOS, S.A. y once (11) automóviles pertenecientes a LA FIRMA DE M.M.H., S.A. No obstante, estos bienes muebles e inmuebles tenían un valor superior a UN MILLON DOSCIENTOS MIL BALBOAS (B/1,200,000.00), lo cual consta en el expediente, y los entregó por la suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN BALBOAS (B/925,421.00).

OCTAVO

La colusión entre los apoderados de las partes ocurre porque LEOSMAR A. TRISTAN y ARIEL CORBETTI están vinculados en su relación de socio con el Dr. G.B., sin ambos tener facultad de disponer del derecho en litigio, deciden ponerse de acuerdo en la transacción que dió como resultado el auto que ahora se revisa por medio de este recurso. Concurrieron en perjuicio de mis representas, dejándolas en indefensión.

NOVENO

En vista de dicha transacción, efectuada en complicidad entre el Dr. G.B.,A.C. y LEOSMAR A. TRISTAN, la empresa YRYGUAYAN SERVICES CORP., de propiedad del Dr.GILBERTO BOUTIN, se apropia indebidamente de los bienes de las sociedades demandadas. El Juzgado Tercero de Circuito Ramo Civil, mediante auto No. 1751 de 25 de junio de 1997, aprueba dicha transacción y ordena al Registro Público el traspaso de las propiedades inmuebles y a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, le ordena el traspaso de los automóviles, a favor de URUGUAYAN SERVICES CORP. Todo esto ocurre sin que las empresas demandadas se enteraran de esta situación, hecho éste que demuestra lo mismo que el anterior, que hubo colusión entre los apoderados de las partes, que dejó en indefensión a mis representadas. Desde el mes de abril 1997, las empresas demandadas habían solicitado al Dr. G.B. el levantamiento del secuestro y desistimiento de la demanda en vista de que habían arreglado sus diferencias con los antiguos socios.

DECIMO

El Juez Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, a solicitud de URUGUAYAN SERVICES CORP., emite el auto No. 2675 de 10 de septiembre de 1997, mediante el cual corrige el Auto No. 1751 de 25 de junio de 1997, en el sentido de indicar que el número de la Finca es 39585 y se ordena oficiar lo pertinente al Registro Público, resolución ésta que el J. jamás debió autorizar en virtud de todos los hechos que venimos relacionando.

DECIMO PRIMERO

El Juez Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, a solicitud de URUGUAYAN SERVICES CORP., remite el Auto No. 2721 de 12 de septiembre de 1997, en el cual se corrige nuevamente el Auto No. 1751 de 25 de junio de 1997, en el sentido de establecer al valor de cada uno de los bienes inmuebles que forman parte de los bienes que el apoderado judicial de las empresas demandadas cedió indebidamente en concepto de dación de pago y aclarar que la medida cautelar decretada sobre dichos bienes quedaban levantadas por efectos de la transacción, resolución ésta que el J. jamás debió autorizar en virtud de todos los hechos que venimos relacionando.

DECIMO SEGUNDO

Las empresas demandadas por URUGUAYAN SERVICES CORP. en ningún momento autorizaron al Lic. LEOSMAR A. TRISTAN a aceptar los hechos de la demanda como ciertos. Por el contrario, las facultades concedidas para dar, recibir, comprometer, transar, desistir, renunciar, reasumir y sustituir debían estar dirigidas al logro de los fines del poder, que era el de representar y defender los intereses de los demandados.

DECIMO TERCERO

La cesión o dación en pago de bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio económico de una sociedad solamente puede ser autorizado por disposición de la Junta de Accionista tal como lo prevé el Artículo 68 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1997, sobre Sociedades Anónimas. Por lo tanto, mal podrían los representantes legales de las sociedades Demandadas por URUGUAYAN SERVICES CORP., otorgar poderes en el que comprometan, a través de una cesión o dación en pago, el patrimonio económico de las sociedades y menos si no tenían facultad expresa para disponer del derecho en litigio (Artículo 623 del Código Judicial), lo que también demuestra la colusión entre los apoderados de las partes en perjuicio de mis representadas, todo lo cual indició en la indebida representación de los recurrentes en revisión.

DECIMO CUARTO

El Lic.LEOSMAR A. TRISTAN, quien fuera apoderado especial de las empresas, LA FIRMA DE M.M.H., S.A., INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., y ARIEL CORBETTI, apoderado especial de URUGUAYAN SERVICES CORP., ambos socios del Dr. G.B.I., quien es su representante legal, COLUDIERON, al ponerse de acuerdo en forma expresas y en forma tácita en perjuicio de los hoy recurrentes. En forma expresa porque con anterioridad sabían que no tenían facultad expresa para realizar negociaciones que implicaran la disposición del derecho en litigio (Artículo 623 del Código Judicial) como también sabían que no habían acreditado en el proceso la autorización necesaria de la Junta de Accionistas para traspasar el dominio de las propiedades de la empresa (Artículo 68 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1997) y realizaron en forma expresa la transacción. Igualmente, COLUDIERON en forma tácita al ponerse de acuerdo con anterioridad para que la parte desfavorecida con la resolución que aprobaba la transacción no pudiera apelar la misma y lo demuestra el hecho de que ambos apoderados se allanaron sin tener facultad para ello, lo cual dejó en la indefensión a los hoy recurrentes en revisión.

DECIMO QUINTO

El Auto No. 1751 de 25 de junio de 1997, proferido por el Juzgado Tercero Civil del primer Circuito Judicial de Panamá quedó debidamente ejecutoriado, hizo tránsito a cosa juzgada y quedó archivado, al tenor del Artículo 1072 del Código Judicial.

DECIMO SEXTO

El Dr. G.B.I., procedió por su propia cuenta y sin autorización alguna a efectuar una supuesta Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Sociedad INVERSIONES ARCOS, S.A., el día 3 de octubre de 1997, para considerar la Disolución de la Sociedad. El acta de esta reunión fue protocolizada mediante Escritura Pública número DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (10,729) de 3 de octubre de 1997 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público.

Lo anterior se hizo con la intención de impedir que la Sociedad INVERSIONES ARCOS, S.A., legítima dueña de los bienes inmuebles dados indebidamente en cesión, procediera judicialmente con acciones tendientes a recuperar legalmente sus propiedades, las cuales mantiene en su posesión.

DECIMO SEPTIMO

El día 15 de octubre de 1997, URUGUAYAN SERVICES CORP.,vende a una Fundación de Interés Privado denominada FUNDACION SAIT JEAN DE LUCE, las quince fincas (apartamentos) que recibió URUGUAYAN SERVICES CORP., a través de la transacción fraudulenta acordada y aprobada, mediante Auto No. 1751 de 25 de junio de 1997 al Juzgado Tercero Circuito Civil de Primer Circuito Judicial de Panamá. Esta venta se afectúa por el precio total de UN MILLON DOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE BALBOAS (B/1,213,215.00), los cuales manifestó el vendedor haber recibido en efectivo. No obstante, INVERSIONES ARCOS, S.A. siempre ha mantenido la posesión se estos bienes inmuebles.

Todo lo anterior se realiza para tratar de impedir la restitución de dichos bienes a su legítimo dueño.

DECIMO OCTAVO

Las sociedades LA FIRMA DE A.M.H., S.A., INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., a través de sus representantes legales han presentado formal denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de G.B.I., A.C., LEOSMAR A. TRISTAN, E.G.Y.M.C., sindicados por los delitos de asociación ilícita para delinquir, prevaricación, estafa y extorsión. Estas denuncias están siendo investigadas por la Fiscalía Segunda de Circuito de Panamá.

RESUMEN DE LA AUDIENCIA

Tal como se indicara anteriormente, la celebración de la audiencia fue previamente programada, e iniciada a las 9:45 a. m. del día 17 de noviembre de 1999 con la participación de los L.A.L.M. y M.B. como principal y sustituto, respectivamente, de la FIRMA DE M.M.H.S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., por una parte, y por la otra el Licenciado RENE CABAL ATENCIO en representación de la sociedad URUGUAYAN SERVICES CORP., opositora dentro del presente recurso de revisión

Durante la audiencia y en la correspondiente oportunidad procesal, los apoderados de las partes ratificaron, adujeron, presentaron y practicaron las pruebas que estimaron convenientes para la constatación de los hechos y defensa de los intereses de sus representados.

En la etapa de alegatos, la parte demandante (f. 2,447) realiza un recuento sobre el fundamento y razón de ser del recurso de revisión que presentó, reafirmando, en primer lugar, que el recurso se interpone contra el Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997, dictado por el Juez Tercero del Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, a fin de que sea declarada su nulidad en base a la causal definida en el artículo 743 del Código Judicial que dispone que "La parte indebidamente representada o que no fue legalmente notificada o emplazada, podrá pedir la nulidad mediante recurso de revisión".

Expresa el recurrente que en el proceso ordinario donde se dictó el Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997 por parte del Juez Tercero del Circuito Civil de Panamá, se dieron una serie de irregularidades, vicios y fraude procesal en las actuaciones que conducen a la indebida representación de las sociedades demandadas, irregularidades estas que se sintetizan de la siguiente manera:

1). Que los poderes de representación para el pleito, otorgados por las demandadas LA FIRMA DE M.M.H. e INVERSIONES ARCOS, S.A., a favor del Licenciado LEOSMAR ALBERTO TRISTAN, decían claramente: "a fin de que nos represente y asuma nuestra defensa". Que en virtud de este poder, constituyendo un mandato, el mandatario queda obligado a cumplir fielmente el mandato y no puede traspasar los límites del mandato (artículos 1400,1404 y 1410 del Código Civil).

2). Que el Licenciado LEOSMAR ALBERTO TRISTAN al contestar la demanda a nombre de las demandadas lo hace en papel membretado de B.L.F., quien en el mismo proceso funge como la firma de abogados, que actuó como apoderado judicial de la parte demandante URUGUAYAN SERVICES CORP., siendo que el poder y libelo de demanda también vienen redactados en papel membretado de la antes referida firma de abogados.

3). Que adicionalmente, LEOSMAR A. TRISTAN., al contestar la demanda, acepta los hechos de la misma, la cuantía y se allanó a la pretensión, sin estar autorizado para ello, ya que ni el poder ni ninguna otra documentación, lo facultaban para aceptar los hechos de la demanda, ni su cuantía.

4). Que el apoderado legal desatendió el mandato y desvió e incumplió las facultades legales que le fueron otorgadas, incurriendo en indebida representación de las sociedades que él representaba y que debía defender sus intereses con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. (Dolo: según lo preve el artículo 34c del Código Civil).

5). Que el acuerdo de transacción firmado entre el apoderado de la parte demandante y el apoderado de los demandados, no fue presentado personalmente por las partes al Tribunal ni sus firmas autenticadas ante un J. o Notario; Que mediante la transacción aprobada las partes no se dieron concesiones recíprocas como lo ha exigido la doctrina y la jurisprudencia ya que LEOSMAR A. TRISTAN entregó todos los bienes muebles e inmuebles de sus representados sin recibir nada a cambio, con el agravante de que los bienes dados en cesión, a través de la transacción, tenían un valor muy superior al valor de la deuda, más las costas y gastos; Que con la transacción se realizó una cesión de bienes sin haberse presentado la autorización de los accionistas otorgada a través de una Asamblea de Accionistas para tal propósito, como lo exige el Artículo 68 de la Ley 32 de 1927.

6). Continúa manifestando el recurrente que lo anterior dio origen a que el Juez Tercero del Circuito expidiera el Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997 que aprobó la transacción celebrada entre las partes, decisión judicial que al decir del recurrente, constituye un fallo injusto ya que el Licenciado LEOSMAR TRISTAN, no defendió los intereses de sus representados e incurrió y realizó una indebida representación de sus poderdante que los dejó en indefensión, ocasionándoles la pérdida de sus bienes y activos patrimoniales; que el Juzgador permitió que se dieran las condiciones para que se consumara la indebida representación al no aplicar lo establecido en el Artículo 598 del Código Judicial que dispone:

"Artículo 598: En cualquiera de las instancias, siempre que el Juez advierta colusión o fraude en el proceso, ordenará la citación de la personas que pueden resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos, y con tal fin suspenderá los trámites hasta por treinta días. Esta intervención se sujetará a lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del Artículo 593".

Por su parte, la opositora al recurso, en su oportunidad para alegar, (fs. 2,429-2,446), sostiene en primer lugar, que la causal invocada de "Indebida Representación" "no tiene absolutamente nada que ver con la mala práctica del abogado en el ejercicio del poder otorgado por el cliente", confundiendo de esta manera las causales de colusión con la de indebida representación, concluyendo que ésta no tiene nada que ver con la conducta procesal o mala práctica abogadil en el ejercicio del poder y que la misma consiste en "una violación del principio de la Representación y no tiene absolutamente nada que ver con la práctica abogadil, sino con la parte, más croncretamente con la Capacidad para comparecer por sí mismo al Proceso".

Hace referencia al "juicio amarillo" alegado por las recurrentes , interpuesto con la finalidad de proteger sus activos frente a las acciones legales del señor P.R.B. a través de la empresa TRUST SERVICES, S. A. Que no obstante, quedó demostrado que se trataba del cobro de un crédito legal que mantenía la demandante (URUGUAYAN SERVICES CORP, S. A.) contra las demandadas (LA FIRMA DE M.M.H., S.A.; INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD.), que las deudas existían y que el abogado TRISTAN firmó la dación en pago por instrucciones del mismo M.M.H..

Indican los opositores que el supuesto "Juicio Amarillo", que no es más que un fraude procesal, no es la causal invocada ni admitida en este proceso de revisión la cual es la de indebida representación, la que no se produce en relación a la práctica de los poderes de los abogados en el proceso, sino con relación a la usurpación de las funciones de representación y que quedó demostrado que en ese proceso las demandadas dieron poder al Licenciado Tristán para que las defendiera; que el Licenciado Tristán es un abogado idóneo y que podía ejercer el cargo; que el poder no estaba viciado a la luz de las normas sustantivas; que el poder concedía facultades de dar y transigir al Apoderado y el litigio terminó por transacción y no por allanamiento y finalmente que la dación en pago fue ratificada y convalidada por una escritura inscrita que fue aportada como prueba.

DECISION DE LA SALA

Es deber de la Sala referirse antes que nada a la causal de Indebida Representación como fundamento del presente recurso de revisión, por ser el tema inicial del conflicto planteado entre las partes, habida cuenta que cada una mantiene diferente concepto sobre el contenido y significado de la misma y además por consistir dicha causal en el tema decidendi sobre el cual la Sala en pleno debe pronunciarse.

Como quedó expuesto al inicio de la presente sentencia, la causal admitida por la Sala (f. 312-315) quedó finalmente reducida a la denominada "Indebida Representación", la cual es contemplada por el artículo 743 del Código Judicial de la siguiente manera:

"743. La parte indebidamente representada o que no fue legalmente notificada o emplazada, podrá pedir la nulidad mediante recurso de revisión.

..."

(Subrayado por la Sala).

La causal de Indebida Representación alegada por los recurrentes viene sustentada básicamente en los hechos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, DECIMO SEGUNDO Y DECIMO CUARTO de la demanda y de cuya lectura se desprende, como ocurre en los alegatos, que la indebida representación estriba en que el poder otorgado por las empresas demandadas al Licenciado LEOSMAR A. TRISTAN fue mal utilizado por éste, desatendiendo el mandato dejándolos en indefensión, afirmando que existió colusión con la firma de abogados BOUTIN LAW FIRM que representaba a la parte demandante dentro del proceso ordinario donde se dieron estos hechos y que se ventiló en el Juzgado Tercero del Circuito Civil.

Por su parte, como quedó expuesto anteriormente, los opositores de este recurso sostienen en términos generales que la causal de "Indebida Representación" no guarda ninguna relación con los hechos que le sirven de asidero, ni como se alega, con la mala práctica del abogado en el ejercicio del poder otorgado, indicando además, que la figura de la colusión constituye un delito que debe y tiene que ser probado en un proceso penal, no civil, que además tampoco contiene los elementos necesarios para configurar la causal alegada de "Indebida Representación".

Planteada ab-initio la postura de las partes, es deber de la Sala aclarar cuál es el significado y alcance de la causal que sirve de fundamento al presente proceso de revisión, es decir, la de "Indebida Representación", para poder determinar si la misma se configuró en el proceso ordinario objeto de revisión, a tal extremo que colocó en estado de indefensión a las personas jurídicas que se indica fueron indebidamente representadas.

En este sentido, de la doctrina extraemos algunos comentarios sobre el tema, los cuales para mayor comprensión, transcribimos a renglón seguido:

"Indebida representación. Ocurre esta nulidad objetiva solamente en los casos en que el incapaz legal actúa por sí mismo en el proceso, o cuando lo hace por conducto de un representante ilegítimo, o cuando un apoderado gestiona en el proceso a nombre de una parte sin que exista el debido poder de representación.

O sea, que la indebida representación, como causal de nulidad, atañe a la ausencia de legitimación en el proceso y no a la falta de legitimación en la causa : alude al presupuesto procesal que tutela el derecho individual de defensa, establecido para asegurar la debida representación en la relación júridico-procesal de las personas que en ella intervienen." (Murcia Ballén," Recurso de Revisión Civil; 1996, pag. 195). (Subraya la Sala).

Sobre el tema, J.P.Q., profesor en las Universidades, Nacional, Externado de Colombia y Rosario, indica que:

"Tratándose de apoderados judiciales esta causal (refiriéndose a la indebida representación) sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. Esta causal se refiere a la capacidad para comparecer al proceso y se presenta en los siguientes casos:

  1. Cuando un incapaz no actúa por medio de su representante legal, sea que actué por sí o representado por quien no es su representante.

  2. Cuando una persona jurídica no actúa por medio de su representante, establecido en la Constitución, en la ley, o en los estatutos sociales.

  3. Cuando una persona capaz, por afirmarse que es incapaz, es representada en el proceso.

  4. Cuando haya carencia total de poder para el respectivo proceso." (PARRA-QUIJANO," Derecho Procesal Civil, "Tomo I, 1992, pág. 365). (Subraya la Sala).

    H.D.E., al analizar las causales de nulidad del proceso en el actual Código de Procedimiento Civil Colombiano, dentro de las cuales se encuentra la de "Indebida representación de las partes" que a la vez también está consagrada en esa legislación como una causal de revisión, nos comenta:

    "7a. Indebida representación de las partes (porque se cite como representante de una de ellas a quien no lo sea o actúe a nombre del demandante quien no tenga su representación y cuando actúa personalmente un incapaz y no por medio de su representante, o cuando actúa a nombre de una de las partes un abogado sin poder); pero se aclara que tratándose de apoderados judiciales , sólo existirá por carencia total de poder para el respectivo proceso. Es decir, se suprime la nulidad por deficiencia en el poder, de manera que si la parte constituye apoderado se supone que aquella acepta las actuaciones procesales de ésta (salvo la disposición del derecho sustancial por transacción o desistimiento de la demanda y la confesión de actos distintos de la demanda y su contestación, que requieren autorización especial". (H.D.E., "Compendio de Derecho Procesal Civil", Tomo III, Biblioteca Jurídica Diké, 1994, págs. 233-234) (Subrayado de la Sala).

    De los comentarios doctrinales anteriores podemos colegir que la indebida representación dentro de un proceso presenta varias hipótesis, entre las que se mencionan:

  5. Cuando un incapaz legal actúa por sí, es decir sin nadie que lo represente requiriéndose por ley de tal representación, o cuando actúa por medio de un representante ilegítimo, es decir, que quien dice representar al incapaz no es la persona que de acuerdo a la ley ostenta los atributos necesarios para hablar en su nombre.

  6. Cuando una persona jurídica actúa en el proceso por medio de una persona natural que no es tenida ni designada como su representante por la ley o los estatutos o pactos sociales que rigen los destinos de la persona jurídica de que se trate, salvo los casos de convalidación ya sea expresa o tácita.

  7. Cuando tratándose de apoderados judiciales, actúa en nombre y representación de una de las partes un abogado sin el respectivo poder. Es decir que en el proceso se dé una carencia o inexistencia total del poder que faculte al abogado para gestionar a nombre de quien dice representar (salvo las excepciones legales, como lo son la gestión oficiosa o aquellas gestiones que la ley permite su convalidación o autoriza la intervención directa del abogado sin el respectivo poder, como es el caso de los defensores de ausentes, entre otras).

    A no dudarlo, las hipótesis señaladas sobre la indebida representación, están íntimamente relacionadas con la figura de la "ilegitimidad de personería" que, por considerarse un presupuesto procesal, necesario para que se dé una relación procesal válida, es de destacar que como ocurre en otras legislaciones y en la nuestra también, además de estar instituida como una causal de nulidad, está consagrada como una causal dentro del excepcional recurso de revisión por el grado de indefensión que crea dentro de un proceso, indefensión que puede entrañar una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva.

    En consideración de la Sala, la tutela judicial efectiva, tratándose de la gestión de abogados dentro de un proceso, va dirigida principalmente a proteger el derecho individual de defensa de que deben gozar las partes de estar representadas por un profesional del derecho a tal extremo de que la ley prohíbe y considera nula, como lo hace la Ley 9 de 1984 (de la abogacía), las actuaciones administrativas o judiciales que acepten o den curso a las gestiones que tengan relación con el ejercicio de la abogacía y no hayan sido realizadas por un abogado.

    Congruente con la anterior, los artículos 608, y primer párrafo del artículo 609 de nuestro Código de Procedimiento Civil, disponen:

    "ARTICULO 608: Todo el que haya de comparecer al proceso deberá hacerlo por conducto de apoderado judicial constituido con arreglo a las formalidades y requisitos legales, excepto en los casos que la ley establezca o en que permita la comparecencia o intervención directa.

    El apoderado es colaborador del Organo Judicial y en ejercicio de sus funciones debe guardársele respeto y consideración.

    ARTICULO 609: Sólo puede ser apoderado judicial la persona que posea certificado de idoneidad para ejercer la abogacía expedido por la Corte Suprema de Justicia.

    ..."

    Lo dicho y el contenido de los artículos transcritos, guardan estrecha relación con la forma y requisitos que nuestras leyes exigen para que legalmente se entienda constituido un apoderado judicial o abogado y pueda actuar dentro de un proceso, lo que nos lleva a la figura de los poderes de representación dentro del proceso, a cuya importancia nos referiremos más adelante con mayor detenimiento.

    En lo que atañe a este caso, la situación se circunscribe a la forma en que el apoderado de la parte demandada ejerció el poder que le fuera conferido dentro del proceso objeto de la revisión, que al decir del revisionista, acarrea la nulidad del Auto N° 1751 de 25 de junio de 1997 dictado por el Juez Tercero de Circuito, Ramo Civil, que aprueba la transacción presentada dentro del proceso ordinario llevado a cabo entre las partes de este recurso de revisión, toda vez que las demandadas "fueron indebidamente representadas en dicho proceso por parte de su apoderado judicial, quien no ejerció la defensa de sus intereses y sin estar facultado para disponer del derecho en litigio (Artículo 623 del Código Judicial), se extralimitó en actuaciones para las cuales no estaba autorizado ..." (F. 4), indicando con ello la violación del citado artículo 623 que dice textualmente lo siguiente:

    "ARTICULO 623: Los poderes generales para pleitos otorgan al apoderado las facultades necesarias para entablar y seguir el proceso hasta su conclusión, como si fuere el poderdante, pudiendo reconvenir y ejercer todos los derechos otorgados a éste, en su calidad de litigante. Pero para recibir, comprometer, allanarse a la pretensión del actor, desistir del proceso y terminarlo por transacción o celebrar convenios que impliquen disposiciones de derechos en litigio, se requiere que el apoderado principal o sustituto designado por la parte esté autorizado para ello (sic) facultad expresa.

    Luego de este resumen y del análisis a la documentación aportada por el recurrente y demás constancias procesales, estima la Sala que, si bien el auto cuya nulidad se solicita es suceptible de ser atacado mediante recurso de revisión por tratarse de aquellos autos que hacen tránsito de cosa juzgada material tal como lo indica el artículo 1209 del Código Judicial, no se ha logrado demostrar que se haya violado el artículo 623 del Código Judicial, antes transcrito, ni que se haya incurrido en la causal contemplada en el artículo 743 ibidem, relativa a que una de las partes en el proceso objeto de revisión fue indebidamente representada, en este caso, la parte demandada.

    Para la Sala, la anterior afirmación tiene su sustento en que, al igual que la doctrina y la jurisprudencia extranjera que ha sido reseñada en esta sentencia, la causal de nulidad por "indebida representación" de las partes, tratándose de apoderados judiciales como ocurre en este caso, sólo se configura cuando se da una carencia total del poder para el respectivo proceso, es decir, cuando un abogado, no obstante ser idóneo, gestiona en un proceso en nombre o en representación de una de las partes, pero sin que se le haya conferido poder, o autorización o mandato para actuar a nombre de quien dice representar, y por supuesto no nos encontremos en presencia de la figura de la gestión oficiosa, del defensor de ausente o de aquellos casos en que la ley permite la gestión personal de las partes, que serán, entre otros, la excepción a la regla en cuanto a la exigencia del otorgamiento y ejercicio de poderes se refiere.

    Ello es así por cuanto que cuando en el proceso ocurre el fenómeno antes indicado, es decir, no consta el poder otorgado al abogado, y en consecuencia se da la ausencia del apoderado, se produce indefensión ya que la designación de abogado para un determinado proceso, que en nuestra legislación se realiza a través del poder, es una facultad que corresponde a las partes en ejercicio de su derecho constitucional de defensa consagrado en el artículo 214 de la Constitución, que si bien no se refiere directamente al poder, parte del principio, también contenido en el último párrafo del artículo 22 ibidem, de la obligatoriedad de ser asistido por un abogado, asegurando la defensa jurídica en cualquier clase de procesos a quien por razones económicas no pueda proporcionársela por sí mismo. A entender de la Sala, la citada disposición Constitucional (artículo 214) da por sentado que toda persona tiene derecho a la defensa jurídica, dejando a la Ley establecer los medios para asegurar que incluso, las personas que no puedan sufragarla, no queden huérfanas del derecho efectivo a ella en los procesos en que sean partes, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva a que nos referimos con anterioridad en esta sentencia y que según lo ha sentenciado la Corte, está recogida en el artículo 32 de la Constitución que guarda relación directa con el debido proceso y la necesidad de que éste se desarrolle, como lo exige la ley (artículo 608 Código Judicial), con la intervención de abogados.

    La justificación del derecho a la defensa jurídica es aceptada tanto en el proceso penal como en el civil y se considera como una fórmula de equilibrio entre las partes de una controversia judicial, en la que la importancia y necesidad del abogado o profesional del Derecho es resaltada de la siguiente manera:

    "Si bien es cierto que de acuerdo con la ficción jurídica, la ley se presume conocida por todos los miembros de la sociedad, no menos cierto es que tal premisa resulta incierta la mayoría de las veces. Por ello el papel del abogado en la sociedad resulta explicable, necesaria e imprescindible, pues se trata de un profesional del Derecho en el cual se presume un conocimiento más completo de la Ley, de los procedimientos legales, contrario al común de los demás ciudadanos que únicamente dominan los rudimentos más elementales de sus derechos ciudadanos.

    ...

    Desde los tiempos de Roma el asesoramiento por parte de personas con profundo conocimiento sobre leyes, ha estado presente en toda controversia, ya que es la única manera de equilibrar a las partes contendientes, porque de lo contrario aquel con un poco más de instrucción haría prevalecer sus argumentaciones frente a quien, por no saber expresarse adecuadamente, estaría incapacitado para defender sus derechos". (I.C.V.. "Curso de Derecho Procesal", Vol. I., E.. Chaval, 1988, pág. 153).

    En adición, hay que colegir que implícito al derecho de defensa o de disponer de un abogado que la constitución otorga a toda persona, lo más natural y lógico es asegurar que su designación sea hecha directamente por los propios interesados, ya que "El derecho a la asistencia letrada, se ha apuntado, >, en el entendido, obviamente, que aquél acepte, lo >" (A.C.P.; "Garantía Constitucional de la Defensa Procesal". Editorial Bosch, Barcelona; 1998; pág. 514).

    El derecho constitucional de defensa jurídica y que esa defensa sea de la confianza de quien elige, como indicáramos anteriormente, es reconocido también por nuestro Código de Procedimiento Civil al establecer que "Todo el que haya de comparecer al proceso deberá hacerlo por conducto de apoderado judicial constituido con arreglo a las formalidades y requisitos legales, ..." (art. 608 Código Judicial) (subraya la Sala).

    De acuerdo al recto sentido de la norma citada, es lógico que la condición de apoderado judicial a que hace referencia, es consecuencia del poder que se le ha otorgado ya que como indica el abogado y Profesor en Derecho Procesal ISAAC CHANG VEGA, "El apoderado judicial es el abogado titulado que ejercita la representación profesional obligatoria de acuerdo con los preceptos de la Ley. Para que se constituya formalmente la representación legal se requiere de un poder otorgado al abogado" (op. cit., pág. 246).

    De lo expuesto se desprende la importancia del poder como el instrumento legal idóneo para garantizar la designación de un abogado o profesional del derecho y que éste sea de la confianza de las partes dentro del proceso, cuyo principal fundamento es la declaración de voluntad, que por norma general se plasma en el poder, cuya importancia innegable es señalada por algunos autores como se describe a continuación:

    "El poder, también denominado > o >, explica R.M., se funda en la declaración de voluntad que efectúa el representado atribuyendo al procurador toda la serie de facultades que han de integrar el contenido del mandato representativo; otorgando el poder, el cliente designa e individualiza particularmente al procurador que ha de representarle, ... Así mismo, este autor pone de relieve que el poder también designa, el contenido o conjunto de facultades que se atribuyen al procurador, de modo que lo acaba definiendo como aquel que sirve para el ejercicio de la postulación procesal". (A.C.P.; ob. Cit., pág. 512) (Subraya la Sala).

    La ilustración anterior dirigida a resaltar la importancia del apoderamiento como medio de defensa, nos lleva también a concluir la razón por la cual la carencia total de poder dentro del proceso es, como hemos dicho, lo que configura la causal de indebida representación, ya que sitúa a la parte en un grado de indefensión suficiente para decretar la nulidad, salvo que se haya producido algún hecho convalidante en la forma que señala la Ley.

    Es por ello que donde existe el poder o apoderamiento o la procuración, como también se le denomina, no se configura causal de nulidad como bien lo afirma el Dr. J.F. al referirse al poder dentro de la noción de "Ilegitimidad de Personería", de la siguiente manera:

    "No constituye causa de nulidad:

    Cuando exista en el expediente poder legal, aunque no haya sido expresamente admitido.

    Cuando no exista poder legal, pero la parte interesada claramente acepte lo hecho sin personería.

    Cuando aparece claramente en el expediente que el interesado ha consentido en que represente sus derechos el que oficiosamente ha asumido su representación.

    Cuando se haya declarado la legitimidad de la personería que se impugna." F.J.", Instituciones de Derecho Procesal Civil "Editora Jurídica Panameña 1999, pág. 535)."

    En esta misma dirección se ha pronunciado ya la Sala con anterioridad tal como se puede observar en el fallo de fecha 28 de agosto de 1991 dictado en el caso TOWERBANK OVERSEAS INC. -VS- FOLYS, S.A. y EZRA HOMSANY ABADI, cuando respecto a este tema, señaló:

    "Ahora bien, podría sostenerse que existe ilegitimidad de personería que conlleva la nulidad de la actuación a partir de la aceptación como apoderados judiciales de la firma forense MELENDEZ CRUZ Y ASOCIADOS. Claro está que no. El artículo 724 del Código Judicial nos indica que la carencia de legitimidad de personería no produce nulidad cuando existe poder legal, aunque no haya sido expresamente admitido. Como ya hemos expuesto, las personas demandadas otorgaron poder al licenciado L.S.P., a quien en ningún instante se le revocó dicho poder. Es más, ERZA HOMSANY ABADI no ha hecho ninguna manifestación que permita aceptar que ese profesional del derecho dejó de ser su representante judicial en el proceso. Ante esta situación la Sala no puede aceptar como bueno el recurso de casación que ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, en forma irregular ha presentado la firma de abogados MELENDEZ-CRUZ y ASOCIADOS, quienes no han acreditado ser apoderados judiciales de los demandados."

    (Registro Judicial, Agosto 1991, pág. 47).

    La Sala ha querido hacer una extensa exposición de lo que constituye la causal de indebida representación trátandose de apoderados judiciales, para reiterar, sin lugar a dudas, que en el caso bajo estudio no se ha dado la mencionada causal ya que resulta evidente que en el proceso ordinario objeto de revisión interpuesto por URUGUAYAN SERVICES CORP. contra LA FIRMA DE M.M.H., S.A.; INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., consta a fojas 8-9; 10-11; 49-50, el poder especial otorgado por las demandadas al Licenciado LEOSMAR ALBERTO TRISTAN, así como también consta el bastanteo de los referidos poderes al tenor de lo exigido por el artículo 617 del Código Judicial (fs.14 y 51), poderes que fueron admitidos sin objeción alguna.

    Por otro lado, es de resaltar que durante la audiencia se observó el esfuerzo que a través de pruebas documentales y testimoniales realizó el apoderado de las revisionistas con la finalidad de demostrar que el proceso ordinario cuya revisión ha sido solicitada fue un proceso de los denominados en el foro como "AMARILLO", es decir, un proceso donde hubo colusión en perjuicio de acreedores de una de las partes. Sobre este tema la Sala se abstiene de realizar el análisis correspondiente habida cuenta de que los hechos y las pruebas a que nos referimos, hacen relación con la causal 8 del artículo 1189 del Código Judicial, y como consta en el proceso y se advirtió al inicio del presente fallo, esta causal fue inadmitida como fundamento del recurso de revisión que nos ocupa.

    Volviendo a las pruebas practicadas durante la audiencia y que guardan relación con la causal de indebida representación en la forma concebida por la Sala, se observa que lejos de probarse la misma, las declaraciones del Licenciado LEOSMAR ALBERTO TRISTAN (Fs. 2,120-2,129); A.C. (fs. 473-485); E.G. (fs. 2,142-2,172); A.G. (fs. 2,176-2,180), así como también las declaraciones juradas rendidas por Y. de González (fs. 120-130) e I.M.B. (f. 107), aunado a la prueba documental visible a fojas 8-9, 10-11 y 49-50 del proceso ordinario revisado, pruebas que no han sido objetadas, demuestran la existencia del mandato constituido a través de poderes para pleitos otorgado por las empresas recurrentes al abogado LEOSMAR ALBERTO TRISTAN, apoderamiento este que también es reconocido por las propias recurrentes, tal como consta en los hechos del recurso de revisión bajo estudio.

    Tampoco consta que los poderes hayan sido objetados, declarados nulos o que contengan algún vicio intrínseco que afectara su existencia y que durante el proceso en que se ejercieron colocaran en estado de indefensión a las empresas poderdantes, caso hipotético que de haber ocurrido, hubiese configurado la causal de indebida representación alegada, pero ello no ha sido probado y mucho menos afirmado por los proponentes del recurso.

    Es de observar la insistencia del apoderado de las demandantes en este recurso de revisión, de darle a la causal de "indebida representación" una conceptualización distinta a la que le da la Sala, al considerar que la misma se produce cuando concurre la existencia de fraude o ilicitud dentro del proceso, dando como consecuencia de ello una sentencia injusta, posición que según el recurrente recoge la doctrina a través de la opinión de algunos autores (f. 2,404), pero que no cita ni puntualiza de manera que permita a la Sala realizar a profundidad un análisis de esas opiniones.

    En este sentido introduce lo que para la doctrina (Española-f. 2,474) se entiende como "maquinación fraudulenta", queriendo el recurrente ligar esta figura con la "Indebida Representación" cuando en realidad las maquinaciones fraudulentas no tienen que existir para que se produzca la causal que nos ocupa, si bien ambas, por crear indefensión, pueden causar la nulidad del proceso pero dentro del contexto que a cada una la Ley le enmarca como causales de revisión.

    Ello es así por cuanto que, contrario a la opinión del recurrente, la colusión, fraude y los actos o contratos simulados, en nuestra legislación procesal son hechos que dan origen a una causal específica de revisión, es decir, a la contemplada en el ordinal 8 del artículo 1189 del Código Judicial, que reiteramos, fue desechada al inicio de este proceso, mientras que de otra perspectiva y ratio completamente diferente, la causal de "indebida representación" contemplada en el artículo 743 del Código Judicial, se fundamenta es en la falta de un presupuesto procesal para el desenvolvimiento válido de un proceso por carencia de poder, salvo que el vicio sea subsanado o convalidado, lo que no puede darse en el caso de fraude o colusión por ser actos contrarios a derecho y transgredir tales conceptos el ordenamiento penal.

    Más elocuente no puede ser la cita que hace el propio recurrente en su alegato de conclusión (fs. 2,486-2,487) respecto a lo que sobre la causal de "indebida representación" ha sentenciado la Corte Suprema de Colombia al indicar:

    "La causal de revisión establecida en el artículo 380 num.7° del C.D.P.C. tiene de fundamento la transgresión del derecho de defensa de los sujetos procesales. Por consiguiente, tiende a combatir las violaciones a tal garantía que se gestan en los supuestos allí previstos: la indebida representación a la falta de notificación o emplazamiento del recurrente, siempre que haya saneado la nulidad que tales irregularidades estructuran.

    Tal irregularidades, cuando de personas naturales se trata, tiene ocurrencia en aquellos eventos en que un sujeto legalmente incapaz actúa en el proceso por sí mismo, y no por conducto de su representante legal, o cuando obra en su nombre un representante ilegitimo. En tratándose de apoderados judiciales, deviene de la gestión a nombre de otra persona, careciendo por completo de la atribución para el efecto".

    "La capacidad jurídica procesal de las partes, mira a la capacidad legal o de ejercicio y la debida representación de los sujetos entre quienes se ata la relación jurídico procesal". (Tomado de la Revista "Estrados de Jurisprudencia Civil-Corte Suprema de Justicia de Colombia. Colección: Relatoría de la Sala de Casación Civil, E. de 1999, pág. 32). (Subrayado por la Sala).

    La Sala observa que el recurrente igualmente alega en el libelo del recurso y ratifica en sus alegatos (f.2,451) que la causal de "indebida representación" también se produjo y quedó demostrada, porque el abogado TRISTAN, sin tener facultad para allanarse, al contestar la demanda se allanó a la pretensión.

    A este respecto se considera que ha quedado suficientemente expuesta la forma como se configura la tantas veces referida causal y la misma no entraña el abuso o extralimitación del poder, ni la deficiencia o imperfección del mismo, sino su inexistencia o carencia absoluta dentro del proceso, de manera que si el abogado en ejercicio del poder otorgado se extralimitó en las facultades que le fueron dadas, ello no configura la causal invocada.

    Además, vale aclarar que si bien se puede observar que en los poderes otorgados que constan en el proceso objeto del recurso de revisión no se le confirió al apoderado facultad expresa para allanarse como lo exige la ley, ello es irrelevante por cuanto que el proceso no terminó por allanamiento de la pretensión, sino por transacción y para ello sí se le otorgó facultad expresa (fs. 8, 10 y 49), y siendo la transacción uno de los medios excepcionales de terminación de proceso de acuerdo al Capítulo I, Título X del Libro II del Código de Procedimiento Civil, no puede, por esa causa (falta de facultad para allanarse), adolecer de nulidad el auto N°1751 de 25 de junio de 1997 dictado por el Juzgado Tercero del Circuito Civil, que es la resolución que aprueba la transacción y cuya invalidación se solicita a través del presente recurso de revisión.

    Por todo lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INFUNDADO el Recurso de Revisión interpuesto por LA FIRMA DE M.M.H., S.A.; INVERSIONES ARCOS, S.A. y THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD. contra el Auto N° 1751 dictado por el Juzgado tercero de Circuito Civil de Panamá, dentro del proceso ordinario interpuesto por URUGUAYAN SERVICES CORP.; y ORDENA que se agregue copia de esta sentencia al expediente y se devuelva al juzgado de origen.

    Las obligantes costas, conforme lo establece el artículo 1204 del Código Judicial, se fijan en la suma de MIL BALBOAS (B/1.000.00).

    C., NotifÍquese y C..

    (fdo.) J.A.T.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) E.A.S.

    (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

    Secretaria