Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 21 de Diciembre de 2000

PonenteELIGIO A. SALAS
Fecha de Resolución21 de Diciembre de 2000
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

El licenciado E.S.G., actuando como apoderado especial de E.L.D.M.V.. de VAN HEST, ha interpuesto Recurso de Revisión contra la sentencia No.83 de 27 de agosto de 1999, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía instaurado por G.J.C. de PINTO contra E.L.D. MURIA de KING.

Antes de acogerse el recurso interpuesto se fijó en B/1,000.00 balboas la suma que la parte interesada debía consignar como fianza en la Secretaría de la Sala, de conformidad con lo establecido por el artículo 1196 del Código Judicial.

Consignada la referida fianza, según consta en la diligencia de fojas 40, esta S. acogió el recurso y dispuso imprimirle los trámites señalados por la ley, consistentes en solicitar los antecedentes del proceso ordinario al Juzgado de origen, los cuales fueron enviados y, una vez admitido el recurso, se ordenó citar personalmente a la señora G.J.C. DE PINTO, por ser parte en el proceso en que se dictó la sentencia objeto de revisión, advirtiéndose que podrían intervenir como litis consortes cualesquiera personas o entidades a quienes pudiera afectar la resolución que se dictase.

Cumplidos los referidos trámites legales, entre los que figura la contestación al recurso y presentación de alegatos, se llevó a cabo la audiencia oral, presidida por el Magistrado Presidente de la Sala y con el resto de los Magistrados integrantes de la misma, como consta en el acta que aparece de fojas 102 a 185.

Por consiguiente, el recurso de revisión se encuentra en estado de decidir si es o no fundado y a ello procede la Corte, previas las siguientes consideraciones de fondo:

La presente demanda de revisión está enderezada contra la Sentencia No.83 de 27 de agosto de 1999, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se declara:

...

DECLARA:

RESUELTO, el contrato denominado "Contrato de Compraventa" firmado entre R.E.V.H.D.D.R., en nombre y representación de E.L.D.D.K. y autorizada para este acto mediante Poder General, por su parte la Promitente Vendedora y G.C.D.P., en calidad de Promitente Compradora sobre la Finca No.102,045 inscrita al Rollo 4828, Documento 10 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá del Registro Público, por el incumplimiento de la parte demandada del mismo.

SE CONDENA a E.L.D.D.K. a pagar a G.C. DE PINTO la suma de DIEZ MIL BALBOAS (B/10,000.00), en concepto de devolución del abono que le fue entregado.

SE CONDENA a E.L.D.D.K. a pagar la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) a G.C. DE PINTO en concepto de indemnización por lo daños y perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento del contrato de promesa de compraventa en cuestión.

SE CONDENA a E.L.D.D.K. a pagar la suma de TRES MIL BALBOAS (B/3,000.00) en concepto de costas.

SE CONDENA A LA DEMANDADA al pago de los gastos del proceso y de los intereses acumulados, los cuales serán liquidados Secretaría.

..." (Fs.4)

RECURSO DE REVISION

Como causal de revisión se menciona la consagrada en el numeral noveno del artículo 1189 del Código Judicial, que establece que habrá lugar a revisión de una sentencia dictada por un Juez de Circuito cuando existiendo el recurso de apelación no se haya podido surtir por el siguiente motivo:

"9- Si una parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso, siempre que en uno u otro caso no haya mediado ratificación expresa o tácita de dicha parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso."

Se establecen doce hechos como fundamento del recurso de revisión, dentro de los cuales, en resumen, se expresa lo siguiente:

1- G.J.C. de Pinto promovió proceso ordinario de mayor cuantía contra E.L.D. de KING (nombre anterior), E.L.D.V. de VAN HEST (nombre actual), expresando en el poder que otorgó que la demandada vivía en "San Isidro de P.Z., en la República de Costa Rica" (Fojas 1 y 3 del cuadernillo de la medida cautelar).

2- El 16 de julio de 1998, la demandante y su apoderada judicial solicitaron el emplazamiento de la demandada por edicto, para ponerle en conocimiento el traslado de la demanda ordinaria, alegando que desconocían su dirección en Panamá, a pesar de que en un documento que obra en el expediente se dice que vive en un lugar indeterminado de San Isidro de P.Z., en Costa Rica (fojas 1, 2, 4, 12, 35, 83, 131 y 132 del expediente principal).

3- El Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, mediante providencia de 22 de julio de 1998, ordenó el emplazamiento por edicto al tenor del artículo 1002 del Código Judicial y le designó un defensor de ausente.

4- La demandante debió solicitar el emplazamiento de la demandada conforme a lo dispuesto por el artículo 999 del Código Judicial y no según el artículo 1002 del mismo Código. De manera que la notificación ordenada por el Juzgado conforme a dicha norma, es nula de acuerdo al artículo 1013 del Código Judicial.

5- El Juzgado Tercero de Circuito dictó sentencia No.83 de 27 de agosto de 1999 condenando a la demandada a devolver a la demandante la suma de B/10,000.00 en concepto de devolución de abono que le fue entregado para formalizar contrato de compraventa de bien inmueble, más B/5,000.00 de indemnización y B/3,000.00 de costas.

6- El citado fallo violó el debido proceso porque la demandada no fue legalmente notificada o emplazada, en base al argumento de que la actora y su apoderada expresaron bajo juramento desconocer el paradero de la misma, cuando era evidente que la actora faltó a dicho juramento debido a lo expresado "en el poder otorgado, el libelo de la demanda, el contrato suscrito y el poder otorgado por la demandada en Costa Rica" (fs.7). Consecuentemente, el juzgador al proferir la sentencia pretermitió el artículo 2026 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1002, literal c, inciso cuarto, siendo que éste último dispone que habrá anulación del proceso "si habiéndose emplazado al demandado, se prueba que el apoderado del demandante conocía su paradero, aunque éste no haya hecho juramento sino su poderdante".

Finalmente, el recurrente solicita que esta Corporación declare lo siguiente:

"a-) Que la demandada en el proceso objeto del presente recurso de revisión, se encontraba en país extranjero (República de Costa Rica), tal como se corroboró en el proceso.

b-) Que la demandada en el proceso objeto del presente recurso de revisión, debió ser emplazada según lo dispuesto en el artículo 999 del Código Judicial y no según el artículo 1002 del mismo cuerpo legal.

c-) Que se revoque e invalide totalmente la sentencia objeto del presente recurso en toda sus declaraciones, y en su lugar se dicte la que juzguen conforme a derecho.

e-) Que se condene al pago de las costas y expensas del presente recurso a quien propició este juicio inadecuadamente en clara violación del debido proceso.

f-) Que se compulsen copias y se remita al Ministerio Público, a fin que inicie las investigaciones de lugar, conforme al artículo 2026 y 1002 del Código Judicial en concordancia con el artículo 355 del Código Penal.

g-) Finalmente solicito a la Honorable Sala decida respecto a la nulidad de la actuación y condene a favor de la parte recurrente se le indemnice los perjuicios sobrevenidos por la nulidad."

(Fs. 7-8) (Enfasis y subrayado del recurrente)

Se acompañaron con el recurso las siguientes pruebas documentales:

1- Copias autenticadas del poder para demandar y secuestrar otorgado por G.C. DE PINTO a la licenciada XENIA de ZALDIVAR y al licenciado F.Z., presentado el 10 de febrero de 1998 ante el Juzgado Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs.11);

2- Copia de la demanda interpuesta contra E.L.D.D.K., ante dicho Juzgado el 28 de mayo de 1998 (fs.12-14).

3- Copia simple del Contrato de Promesa de Compraventa celebrado entre G.J.C. DE PINTO y R.E.V.H.D. de RODRIGUEZ, en representación de E.L.D. de KING (fs.15-17).

4- Copia autenticada de la solicitud personal de emplazamiento de la demandada, refrendada por la apoderada de la demandante, presentada el 16 de julio de 1998 (fs.18-19);

5- Copias autenticadas de la diligencia de juramentación que al respecto hizo la demandante (fs.20) y de la resolución que ordena el emplazamiento por edicto (fs.21).

6- Copia autenticada del escrito de presentación de pruebas dentro del proceso (fs.22-24).

7- Copia simple de poder general otorgado por E.L.D. de KING a R.E.V.H.D. de RODRIGUEZ, para administrar o vender la casa de su propiedad ubicada en Villa Zaita, ciudad de Panamá (fs.25).

8- Copia autenticada de la sentencia de 27 de agosto de 1999, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito (fs.26-34).

También el recurrente adujo pruebas testimoniales y solicitó que se oficiara al mencionado Juzgado el envío del expediente contentivo del proceso y al Registro Civil que certificara si el número de cédula 3-75-978 que corresponde a E.L.D.D.K. (nombre anterior), también pertenece a E.L.D.V.. de VAN HEST (nombre actual) y si se trata de la misma persona.

CONTESTACION AL RECURSO DE REVISION

Por su parte, el licenciado F.Z., como apoderado de G.J.C. de PINTO, presentó escrito de contestación al recurso de revisión, consultable a fojas 55-63, donde acepta la mayoría de los hechos, otros los califica como apreciaciones o peticiones del demandante y expresa que no es cierto el duodécimo, respecto al cual se atiene a lo que consta en autos, afirmando que "G.C. DE PINTO jamás faltó a la gravedad del juramento" (fs.57).

Entre las argumentaciones contenidas en el escrito de oposición al recurso de revisión previamente citado, se manifiesta lo siguiente:

Que, desde un principio, G.C.D.P. señaló que la demandada no era localizable y que en el contrato que fundamentó el reclamo se establecía que era vecina de San Isidro de P.Z. en Costa Rica (véase fs.4).

Debido a esta circunstancia (que no era posible localizar a la demandada en Panamá), se hizo la solicitud de emplazamiento, ya que además había una medida cautelar y el artículo 1098 en relación al 521, ordinal 11 (b.) del Código Judicial lo requerían.

Se alude a que la resolución de traslado de la demanda, que consta a folio 10, se emitió el 8 de junio de 1998 y, seguidamente a folio 11, consta boleta de citación de la demandada, expedida el 2 de julio de 1998, luego de lo cual, el 16 de julio de 1998, se pidió el emplazamiento, porque no había cómo localizarla, pues no se decía ni se sabía en qué barriada, calle y número de casa de San Isidro de P.Z. en Costa Rica vivía.

A folio 15 aparece una ampliación de la diligencia de juramento de G.J.C. de PINTO donde informa que el teléfono de la hija de la demandada, o sea de R.V.H.D.R., es 221-3032.

A fojas 16 consta la resolución que ordena el emplazamiento, a tenor del artículo 1002 del Código Judicial; a fojas 18 se encuentra la certificación secretarial sobre la publicación de los edictos, los días 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 1998, por cinco días en el Diario El Universal de Panamá.; a folio 19 se observa la certificación sobre el vencimiento del término de emplazamiento, 7 de octubre de 1998, y la designación del defensor de ausente, quien fue notificado y recibió copia del traslado de demanda, contestándola posteriormente, según se aprecia a foja 22.

Se sostiene que en este proceso la demandante actuó de buena fe, ha cumplido con todas las exigencias procesales, hasta el punto que su apoderado solicitó que la sentencia fuera consultada porque el demandado estaba ausente, sin embargo se le sancionó por desconocer que el artículo 1210 del Código Judicial había sido reformado (fs.155 y 156).

Se afirma que la finalidad del artículo 999 del Código Judicial se cumplió, toda vez que se otorgó un término mayor de 40 días al demandado ausente en el extranjero para que compareciera al proceso.

La prueba de la obligación demandada emana del contrato que se acompañó con la demanda y la declaración de la hija de la demandada, que la representó en la firma para la venta de la casa, recibiendo, además, a nombre de su madre, los B/.10.000 pagados por la promitente compradora.

Por todo ello, se asegura que el proceso, cuya sentencia se impugna por la causal de revisión que determina el numeral 9 del artículo 1189, se realizó cumpliendo los trámite debidos.

Se adujo como testigo a la demandada, a fin de que fuese citada en la dirección que consta en el poder (V.Z., casa 5, Barriada Cipreses). También se pide que se cite para que declare a la hija de esta, R.V.H. de RODRIGUEZ, cuya dirección es Altos de Miramar, C.C., casa 9, Pueblo Nuevo, teléfono 221-3032; igualmente se aduce como testigo a SONALYS SANCHEZ DE FERREIRA y A.P.D.I..

Se solicitan las actuaciones de la demanda sumaria de nulidad contra la sentencia 83 de 27 de agosto, emitida por el Juez Tercero Civil, donde aparece como demandada G.C. DE PINTO (Cfr.fs. 63)

AUDIENCIA ORAL

El 9 de agosto de 2000 se llevó a cabo la audiencia, celebrada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1201 del Código Judicial, cuya acta es consultable de fojas 102 a 185 del expediente. Comparecieron el licenciado E.S., en representación de la recurrente E.L.V.. de VAN HEST, y el licenciado F.Z. como apoderado de G.J.C. DE PINTO.

En esta audiencia se practicaron las pruebas testimoniales solicitadas por ambas partes, iniciando con los testigos aducidos por el recurrente en revisión, que son: G.J.C. DE PINTO (fs.107 a 120), A.P.I. (fs.120 a 144). El 14 de agosto, se reanudó la audiencia oral, concluyendo la misma con la declaración de R.V.H.D.R., que era la testigo que faltaba para culminar la etapa de práctica de pruebas (fs.145 a 152).

Posteriormente, se cumplió con la fase de alegatos, dentro del cual ambas partes efectuaron sus intervenciones.

POSICION DE LA SALA

Según se ha podido apreciar, el argumento y fundamento de la revisión que se solicita del proceso ordinario de mayor cuantía instaurado por G.J.C. de PINTO contra la recurrente E.L.D.V.. de VAN HEST(nombre actual) o E.L.D. de KING (nombre anterior), se centra en el hecho de que la demandada, quien se encontraba en el extranjero, fue indebidamente notificada, vía emplazamiento por edicto, lo cual se puede corroborar en autos, y en que se debió aplicar lo dispuesto en artículo 999 del Código Judicial y no lo establecido en el artículo 1002 del mismo Código, para efectos del emplazamiento (v.fs.98-expediente contentivo del recurso).

Sobre este señalamiento el recurrente alega que la parte demandante conocía el paradero de la demandada, lo cual trata de probar aduciendo diferentes documentos que constan en el expediente contentivo del proceso y que posteriormente se revisarán.

Adicionalmente, en el alegato de conclusión, se dice que "al emplazarse a la demandada a través de EDICTO, sin concederle el término de cuarenta (40) días, conforme al artículo 999 del Código Judicial, se está ante un vicio de nulidad", conforme lo establecen los artículos 722 y 1013 del Código Judicial (cfr.fs.99).

En primer término veamos lo que establecen los artículos citados por la censura como fundamento de su recurso:

ARTICULO 999. Es potestativo de la parte demandante hacer que se cite al demandado ausente en el extranjero para que comparezca a estar a derecho en el proceso por medio de exhorto o por medio de edicto emplazatorio. En el último caso, el término del emplazamiento será de cuarenta días.

"ARTICULO 1002. Cuando la parte demandante manifestare no conocer el paradero del demandado o de alguno de ellos, si fueren varios, lo hará saber al Tribunal y solicitará su emplazamiento por edicto.

La manifestación de que desconoce el paradero del demandado la hará el demandante personalmente y se tendrá por hecha bajo la gravedad del juramento, y podrá expresarla de cualquiera de las siguientes maneras:

  1. En el memorial por medio del cual se otorga el poder.

  2. En diligencia que se extenderá ante el Secretario del Tribunal o de un Oficial Mayor del mismo despacho, en la cual el demandante comparecerá personalmente.

  3. Por medio de memorial que será firmado personalmente por el demandante y que refrendará su apoderado para su presentación personal.

...

Cualquiera que sea la forma que se siga, en el documento respectivo deberá expresarse con claridad la manifestación del demandante en el sentido de que desconoce el paradero del demandado.

Si el demandado se presentare antes de terminado el proceso, podrá promover incidente de nulidad, presentando pruebas de que el demandante sí conocía su paradero al momento de la presentación de la demanda, en cuyo caso se decretará la nulidad y se enviará copia de lo conducente al Ministerio Público para efectos de que promueva la acción penal que haya lugar.

Si el proceso se encuentra terminado, el demandado podrá pedir su nulidad en proceso sumario aparte, o mediante recurso de revisión, donde deberá probar la circunstancia a que se refiere el inciso anterior. Esta acción prescribirá en el curso de un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

...

También habrá lugar a la anulación del proceso si habiéndose emplazado al demandado, se prueba que el apoderado del demandante conocía su paradero, aunque éste no haya hecho el juramento sino su poderdante.

Cumplidos los requisitos para el emplazamiento, se fijará un edicto en los estrados del Tribunal y se publicará copia de él en un periódico de circulación nacional durante cinco días. Si a pesar de este llamamiento no compareciese el demandado, transcurridos diez días desde la última publicación en el periódico, se le nombrará un defensor, con el que se seguirá el proceso.

..."

A juicio de esta Sala la documentación presentada por el recurrente en revisión, al igual que las constancias de autos, no llegan a demostrar que se haya incurrido en la causal descrita en el numeral 9 del artículo 1189 del Código Judicial, relativa a la ilegalidad de la notificación o emplazamiento en el proceso, en este caso del demandado.

Es así, ya que resulta evidente que, tanto en el poder que otorgó la demandante G.C.D.P., como en la demanda, en el contrato de compraventa, en la solicitud de emplazamiento, entre otros documentos que constan en el expediente, siempre se señaló que E.L. DIAZ DE VAN HEST (conocida como E.L.D.D.K., con cédula 3-075-978, residía en San Isidro de P.Z., en la República de Costa Rica, lo que, evidentemente, no precisa con exactitud una dirección específica donde se pudiese localizar a la demandada para que se le notificase el traslado de la demanda promovida en su contra por medio de exhorto, como lo establece el artículo 998 en concordancia con el 999 del Código Judicial.

En ese mismo orden ideas, las declaraciones de los testigos aducidos por la parte recurrente en revisión, que constan en el Acta de Audiencia oral (fs.102 a 137), lejos de probar la causal invocada, ratifican el hecho del desconocimiento del paradero específico de la demandada, pues reiteradamente la señora G.J.C.D.P., así como su esposo A.P., señalaron que desde un principio realizaron todos los trámites relativos al contrato de promesa de compraventa de la casa de EDITH LUISA de VAN HEST con su hija R.V.H., pues, según ésta, su madre no se encontraba en Panamá sino en Costa Rica, lugar de su residencia. De manera que, desde ese momento y hasta ahora, sólo tuvieron conocimiento de que la promitente vendedora se encontraba en un lugar que se llamaba S.I. de P.Z., en aquél país.

Cabe señalar que durante el desarrollo de la audiencia fue preciso llamarle la atención a los abogados varias veces, pues el interrogatorio formulado a los testigos no se circunscribía a la causal invocada en el recurso de revisión, relativa la legalidad de la notificación que se realizó dentro del proceso, e insistían en hacerlo girar en torno a otros aspectos relacionados al contrato que dio origen al proceso que se pretende anular en esta causa.

Así las cosas, en atención a todo lo expuesto y a la causal específica en que se fundamentó el recurso de revisión, sobre el desconocimiento del paradero de la demanda manifestado por la parte actora, es claro que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1002 del Código Judicial, previamente transcrito, encargado de regular todo lo relativo a este tipo de situaciones. En cumplimiento de los requerimientos y procedimiento que señala tal precepto, se aprecia en el expediente contentivo del proceso ordinario la solicitud de emplazamiento de la demanda que presentó personalmente la demandante con su apoderada (fs.12-13); la diligencia de juramentación, donde la actora jura desconocer el domicilio y paradero de la demanda (fs.14) y la ampliación de dicha diligencia donde informa cuál es el teléfono de la hija de la demandada (fs.15); la resolución del juzgado que ordena el emplazamiento por edicto (fs.16); la certificación del secretario del Juzgado donde expresa que el edicto emplazatorio fue publicado en el Diario El Universal los días 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 1998 (fs.18); el informe secretarial fechado 7 de octubre de 1998, donde se dice que la demandada E.L.D. DE PINTO dejó vencer el término de ley para hacer valer sus derechos; y, el consiguiente Auto de la misma fecha, mediante el cual el Juzgador le designa un defensor de ausente (fs.19). Posteriormente, se aprecia que continúa el proceso en forma normal, tomando en cuenta la circunstancia de la ausencia de la demandada.

Esta Sala considera que la notificación que se cuestiona fue hecha de acuerdo a las norma procesales pertinentes; en este caso los artículos 1002 y 999 del Código Judicial, pues se fijó el edicto emplazatorio en los estrados del tribunal, se publicó por cinco días en un diario de circulación nacional y se dictaminó que el término para la comparecencia de la demandada estaba vencido, pasados en exceso los cuarenta días que establece la ley para el caso específico del demandado ausente en el extranjero. Cumplido con lo anterior, a la demandada se le nombró defensor de ausente, a quien se le hicieron todas las notificaciones del proceso sin que se produjera un estado de indefensión en la persona de la demandada

Por tanto, en este caso no se produce la causal de nulidad que contempla el artículo 722 del Código Judicial, relativa a la falta de notificación o emplazamiento, pues sí se emplazó a la demandada y, además, se cumplieron todas las exigencias legales. De manera que tampoco resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1013 del citado Código, en el sentido de que serán nulas "Las notificaciones hechas en forma distinta a las expresadas en este Código".

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INFUNDADO el Recurso de Revisión interpuesto por E.L.D. VIUDA DE VAN HEST contra la Sentencia No.83 de 27 de agosto de 1999, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía promovido por G.J.C. DE PINTO contra E.L.D.D.K.; y, ORDENA que se agregue copia de esta Sentencia al expediente y se devuelva al juzgado de origen.

Las obligantes costas, conforme lo establece el artículo 1204 del Código Judicial, se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00).

N. y Cúmplase.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) JOSE. A.T.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR