Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 25 de Mayo de 1998

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:25 de Mayo de 1998
Emisor:Cuarta de Negocios Generales
RESUMEN

FÉLIX MANUEL ROSARIO BRUJAN, INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO

 
CONTENIDO

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por Falta a la Ética y Responsabilidad del Abogado, interpuesta por F.M.R.B. contra el licenciado JACINTO CEREZO GÓNDOLA.

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado por el Artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, solicitó mediante Vista de 23 de junio de 1997 (cfr. foja 23 a 26), la citación a juicio del licenciado JACINTO CEREZO GÓNDOLA por considerar que ha infringido los acápites "CH", "E", "K" y "M" del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del abogado.

Afirma el denunciante en su escrito calendado 31 de enero de 1996, dirigido al Tribunal de Honor, y corroborado en la misma fecha en el formulario de denuncias del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (cfr. fojas 1 y 2), que contrató los servicios de un supuesto abogado de nombre E.A.C., no obstante, que al enterarse de su falsa identidad como profesional del derecho, conversó la situación con el licenciado C.G., quien al parecer conocía a esta persona, y aceptó el hecho de que no era abogado, y decidieron de común acuerdo que este último asumiría su representación para proseguir los trámites de obtención de visa de inmigrante y permiso de trabajo. Además, manifiesta el denunciante que le entregó al señor E.A.C. un televisor C., un VHS Sankey y la suma de cuatrocientos diez balboas (B/.410.00), tal como se desprende de su escrito y de los recibos que obran a fojas 7 y 8, en concepto de abono a honorarios.

En adición a lo antes expresado, el señor F.M.R. agrega que el señor E.A.C. le entregó al licenciado C.G. el dinero y los documentos que él le había entregado para la ejecución del trabajo.

Dentro de este contexto, el denunciante reitera que el licenciado J.C.G. no realizó trámite alguno a su favor ante las instancias necesarias, y que además ciertos documentos se fueron venciendo, los cuales tienen un alto costo para su obtención, tal es el caso de la prueba de SIDA.

Como material probatorio, además de los recibos precitados en párrafos anteriores, el denunciante aportó copia de dos recibos que obran a foja 6, uno por la suma de ciento cuarenta y cinco balboas (B/.145.00) y el otro por cuarenta balboas (B/.40.00), en ambos aparece el licenciado J.C.G. como la persona que recibe este dinero del señor F.M.R. en concepto de abono a honorarios por la tramitación de visa de inmigrante y permiso de trabajo con fecha de 6 de diciembre de 1995.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados en su Vista, resalta el hecho de que "el denunciado en efecto, retuvo el dinero y los documentos de su cliente relacionado con el objeto de marras, ni rindió a su cliente las cuentas de su gestión al igual que permitió que sus servicios profesionales fueran no solo explotados sino también controlados y utilizado el nombre del denunciado por persona natural sea éste denominado E.F.O.E.A.C., personas quienes indiscutiblemente están indirectamente ejerciendo una profesión no idónea, lo cual amerita elevar el expediente a la Fiscalía de Turno, para iniciar la investigación por ejercicio ilegal de la profesión de abogado, a tal efecto".

Dentro de este orden de ideas, el TRIBUNAL DE HONOR arribó a la conclusión de que el LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA infringió los acápites "CH", "E", "k" y "M" del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, por tanto, resuelve solicitar a este Tribunal la CITACIÓN A JUICIO DEL DENUNCIADO.

Mediante providencia de 26 de agosto de 1996, se ordenó darle traslado del expediente al denunciado conforme al artículo 28 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, con el fin de que el licenciado J.C.G. presentara los escritos de excepciones o de oposición correspondientes a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor.

El licenciado J.C.G. presentó en tiempo oportuno, el escrito de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el cual, en su parte medular, lo fundamenta en los siguientes puntos:

"El 6 de diciembre de 1995, el señor R., recomendado por el señor E.F., compareció a nuestras oficinas profesionales para que se le gestionara y obtuviera visa de inmigrante, dada su calidad de casado con panameña y el permiso de trabajo.

Una vez obtenido el abono de honorarios, previa absolución de la consulta; el señor R. firmó los poderes correspondientes; se le atendió las veces que llegó a nuestro Despacho; se le orientó y obtuvo el formulario de antecedentes personales, que se retiraba en el Departamento de Migración y Naturalización, su historial penal y policivo, los certificados de matrimonio y nacimiento del nacional panameño. Todas estas actuaciones y gastos por el abono recibido, donde los honorarios serían pagados cómoda y parcialmente fueron gestionados íntegramente.

... Es así, entonces, que el incumplimiento por parte del señor R. en hacernos llegar el cheque a favor del Tesoro Nacional y su declaración de renta, con su correspondiente recibo de pago, más concretamente, la imposibilidad de entregarme este último documento suscitó el problema entre nosotros, tal como dije en informe anterior.

La relación jurídica existente entre el señor E.F. con el señor F.M.R., antes que se apersonaran a nuestra oficina, al ser ignorada por nosotros, escapa, lógicamente a nuestra dirección o dominio".

Teniendo como marco de referencia los hechos anteriores, la Sala pasa al análisis del contenido de la denuncia en los siguientes términos:

Al analizar la actuación del licenciado JACINTO CEREZO GÓNDOLA frente a lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, evidencia, en primer término, que el licenciado C.G. no determinó un contrato de servicios profesionales el cual definiera los derechos y las obligaciones propias dimanantes de su defensa, para lo cual fue contratado, y de igual forma, los derechos y obligaciones pertinentes al señor F.M.R., persona que contrató los servicios profesionales del licenciado C.G.. Esta condición, de contratación verbal, que se ha mantenido como una constante en casi todos los procesos que ha conocido la Sala, y que hemos denominado la génesis del problema, conlleva a confrontamientos que perjudica el servicio profesional que debe prestar todo profesional del derecho, quien está compelido a evitar controversias con sus representados por el pago de honorarios, hasta donde ello sea compatible con su dignidad y con su derecho a recibir una compensación razonable por sus servicios, no obstante, podrá recurrir a la demanda judicial contra su poderdante para hacer efectivo su crédito, cuando ello fuere necesario (cfr. art. 11 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado).

Resulta un hecho cierto que el licenciado C.G. recibió el día 6 de diciembre de 1995, ciento ochenta y cinco balboas (B/.185.00), según se desprende de la fotocopia de dos recibos que obran a foja 6, en concepto de abono a los honorarios profesionales por la tramitación de visa de inmigrante y permiso de trabajo, no obstante, el señor F.M.R. aduce que el señor E.C. le hizo el traspaso al denunciado del dinero y de los documentos respectivos que guardan relación con su caso. Sobre este particular, el licenciado C.G. no hace referencia en su escrito a esta situación.

No obstante, el licenciado C.G. establece que el problema con el señor F.M.R. surge a partir de que su poderdante incumplió al no hacerle entrega de un cheque a favor del Tesoro Nacional y su declaración de renta, con el correspondiente recibo de pago, requisitos indispensables, según el denunciado, sin los cuales no se podía proseguir con la tramitación para la obtención de la visa de inmigrante ante la Dirección de Migración.

Estos hechos no han sido comprobados, toda vez que el señor F.M.R. hace mención en su denuncia de que el licenciado C.G. mantiene en su poder documentos suyos, no obstante no proporciona un detalle de los mismos.

Dentro de este orden de ideas, a requerimiento del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, la Dirección Nacional de Migración y Naturalización respondió mediante nota calendada 19 de abril de 1996, (cfr. foja 22) en la cual expresa que "el licenciado J.C.G. no ha presentado a la fecha ninguna solicitud de visa a favor del ciudadano dominicano F.M.R.B.".

Ante este escenario de hechos, se mantienen situaciones oscuras; por un lado, el denunciante solicita que se le devuelva su dinero y sus documentos, por otra parte, se infiere del escrito de oposición presentado por el denunciado que sólo recibió un abono a sus honorarios, más no especifica la cantidad, lo cual ha conllevado a que no se dilucide la verdad de los hechos denunciados.

Dentro de este contexto, la Sala observa que no se suscribió un contrato de servicios profesionales entre las partes, como expresamos anteriormente, agudizándose ante la ausencia de un informe sobre la gestión realizada por el licenciado C.G., y además el hecho de haber retenido dineros y documentos suministrados por el denunciante.

Al margen de lo manifestado anteriormente, esta Superioridad observa con preocupación que el denunciante afirma que el licenciado C.G. tenía conocimiento de las actuaciones del señor E.F. o E.C. quien se hacía pasar por un profesional del derecho, no obstante, el denunciado esgrime que ignora la relación jurídica existente entre el denunciante y el señor E.F. o E.C., antes de que se apersonaran a su oficina.

Contrastando con lo declarado por el licenciado C.G., llama la atención a la Sala el hecho de que obran a fojas 19 y 20 fotocopias de recibos aportados por el denunciado, evidenciando una supuesta devolución de dinero efectuada por el señor E.F.C. al denunciante, situación que no ha sido corroborada por éste.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que las actuaciones del licenciado J.C.G. no parecen conformarse con lo establecido en el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado; por lo que esta Superioridad encuentra suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio de dicho profesional.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del LICENCIADO JACINTO C.G., panameño, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal Nº 8-129-148 con localización posible en Calle 34 y Ave. Cuba, oficina Nº 104, edificio 34/20, teléfono 225-5352, con fundamento en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la denuncia interpuesta por el señor F.M.R., dominicano, con pasaporte Nº 1413651, con domicilio en La Chorrera, S.J.N. 38, por faltas a la ética y la responsabilidad profesional del abogado y, establece, que en fecha posterior se fijará el día y hora de la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

N. y Cúmplase.

(fdo.) A.H.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

En la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), se reunieron en Sala de Acuerdo los Magistrados que integran la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, con la asistencia de la Secretaría General, Encargada.

Abierto el acto, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, D.A.H., hizo uso de la palabra a fin de manifestar que el motivo de la reunión era considerar la estructuración del Area Administrativa del Órgano Judicial, en miras a introducir las modificaciones correspondientes para colocarla al tono de las exigencias administrativas actuales y cónsona a las necesidades del Servicio Público de la Administración de Justicia.

Sometida entonces, la propuesta presentada por el licenciado A.O., en su calidad de Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ésta recibió el voto unánime de los señores Magistrados de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia se acordó la aprobación de la modificación del Reglamento de Estructuración Administrativa del Órgano Judicial, cuyo contenido es el siguiente:

REGLAMENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS

DEL ÓRGANO JUDICIAL

ARTÍCULO 1. El artículo 15, quedará así:

Artículo 15. Para el mejor desarrollo de sus funciones la Secretaría Administrativa cuenta con las siguientes unidades administrativas:

  1. Subsecretaría Administrativa.

  2. Dirección de Contabilidad y Finanzas.

  3. Dirección de Abastecimiento y Almacén.

  4. Dirección de Servicios Generales.

  5. Dirección de Prensa y Relaciones Públicas.

  6. Dirección de Recursos Humanos.

  7. Dirección de Planificación y Presupuesto.

  8. Dirección de Asesoría Legal.

  9. Departamento de Coordinación General de Centros y Programas

    de Atención de Menores, y

  10. Departamento de Seguridad.

    Artículo 2. Se adiciona el artículo 30-A, al Acuerdo Nº9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

    DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

    Artículo 30-A. Los servicios de asesoría legal y relatoría se asignan a una unidad administrativa dirigida por una persona con estudios en Derecho y Ciencias Políticas y que cuente con la idoneidad correspondiente para ejercer la abogacía en la República de Panamá y demás requisitos que establece el artículo 152 del Código Judicial para desempeñar el cargo de Juez de Circuito.

    Artículo 3. Se adiciona el artículo 30-B, al Acuerdo Nº 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

    Artículo 30-B. Son funciones de la Dirección de Asesoría Legal:

    30-B.1. Proporcionar asesoramiento jurídico a los funcionarios ejecutivos del área administrativa del Órgano Judicial, respecto a los asuntos que manejan y conocen.

    30-B.2. Realizar, dirigir y coordinar la confección y revisión de toda la documentación que genere obligaciones legales para la institución.

    30-B.3. Mantener control y custodia de los documentos jurídicos básicos, que en el ámbito administrativo maneje la institución.

    30-B.4. Representar a la institución en los distintos actos jurídicos de carácter administrativo.

    30-B.5. Atender los recursos administrativos de los cuales sean objeto las acciones y decisiones propias de los entes administrativos de la institución.

    30-B.6. Cuidar de que los fallos del Pleno y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, sean oportunamente publicados en el Registro Judicial.

    30-B.7. Coordinar con la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Órgano Judicial, la elaboración del Registro Judicial.

    30-B.8. Supervisar el desarrollo de la publicación del Registro Judicial en todas sus fases hasta su edición final.

    30-B.9. Recopilar la información que emana de los despachos de los Magistrados del Pleno y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (sentencias y autos del mes correspondiente), para la elaboración del Registro Judicial.

    30-B.10. Llevar un registro cronológico de los archivos de los Registros Judiciales que han sido editados.

    30-B.11. Cualquier otra función propia de esta dirección administrativa que se le asigne a petición de la autoridad superior.

    ARTÍCULO 3.- Se adiciona el artículo 30-C., al Acuerdo Nº 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

    Artículo 30-C. Esta Dirección Administrativa contará con los Departamento de Asesoría y de Relatoría.

    ARTÍCULO 4.- Este Acuerdo comenzará a regir a partir de su promulgación en el Registro Judicial y la Gaceta Oficial.

    Y no habiendo más nada que tratar, se dio por terminado el acto.

    (fdo.) ARTURO HOYOS

    Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

    (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

    Presidente de la Sala Primera de lo Civil.

    (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

    Presidente de la Sala Segunda de lo Penal.

    (fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.

    Secretaria General Encargada

    /DdeC