Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Julio de 1998

VISTOS:

Ingresa nuevamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo de las sumarias seguidas a K.L.G.V. y EDUARDO BENITEZ ISTURAIN, ex-Directora y Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor respectivamente, por supuestos delitos Contra la Administración Pública, de acuerdo a denuncia presentada por M.V. JURADO el seis (6) de noviembre de 1997, luego de que el ponente en el presente negocio ordenara por Secretaría su acumulación al expediente contentivo de la acusación particular presentada también por M.V. JURADO ante esta Sala el pasado 3 de abril, igualmente contra K.L.G.V. y EDUARDO BENITEZ ISTURAIN por los ya expresados delitos.

Los delitos investigados se produjeron, de acuerdo con el denunciante, cuando el día 27 de octubre de 1997, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante Resolución de esa fecha, anuló los registros de una serie de obras musicales inscritas a nombre de VARGAS JURADO, resolviendo así una demanda presentada por el apoderado judicial de la empresa PUBLITRES, S. A.

Sostiene el denunciante que la demanda de nulidad de obras fue presentada por PUBLITRES, S.A. el 21 de febrero de 1997 ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor; que entre las pruebas que dicha empresa aportó no existe ningún contrato de transferencia de derechos ni licencia de uso que pudiesen determinar su titularidad sobre las obras mencionadas; que VARGAS JURADO jamás otorgó ninguna licencia de uso ni firmó ningún contrato de cesión o transferencia de derechos a PUBLITRES, S.A.; que la Procuraduría de la Administración, en respuesta a consulta que le formulara la Dirección Nacional de Derecho de Autor, señaló claramente que dicha Dirección no tiene competencia para anular ni cancelar registros de obras; que la Dirección Nacional de Derecho de Autor "desoyendo la atinada opinión de la Procuradora de la Administración anuló los registros de las composiciones musicales de la autoría del señor M.R.V. JURADO y los inscribió a nombre de PUBLITRES, S.A., mediante resolución del veintisiete (27) de octubre de 1997"; que el licenciado BENITEZ ISTURAIN ha violado los artículos 44 y 45 del Decreto 261 de 3 de octubre de 1995, los que señalan que la nulidad de los registros se da por resolución judicial en firme, incurriendo por tanto en el delito de Usurpación de Funciones Públicas configurado en el artículo 343 del Código Penal y que la resolución en cuestión ha perturbado el cumplimiento de convenios internacionales celebrados y ratificados por Panamá, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en obras Literarias, Científicas y Artísticas, comprometiendo la responsabilidad de la República de Panamá a tenor de lo normado en el artículo 313 del Código Penal. Igualmente sostiene que se ha configurado el delito de Abuso de Autoridad, toda vez que se cometió en su perjuicio un hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal.

Como pruebas, el denunciante acompañó copia autenticada del expediente completo que contiene la demanda de nulidad presentada por PUBLITRES, S. A. ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, copia autenticada de la resolución que ordena el traslado de la demanda y concede el término de diez días para alegar; copia autenticada del recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la resolución que admitió la demanda y copia autenticada de la resolución de 27 de octubre de 1997 de la citada Dirección.

La Fiscalía Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación incorporó al expediente copias autenticadas de las Actas de Toma de Posesión y de los Decretos de Nombramiento de la licenciada K.G.V. y del licenciado EDUARDO BENITEZ ISTURAIN (fs. 338 a 341); igualmente se les recibió declaración jurada a los denunciados ante dicha agencia de instrucción (fs. 330-335; 353-383).

K.L.G.V., al rendir declaración jurada (fs. 330-335) manifestó que a la fecha labora en la Dirección Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación y que siendo Directora Nacional de Derecho de Autor, se recibió una Solicitud de Nulidad de Inscripción de Obras a Nombre de M.V. JURADO creadas por encargo de PUBLITRES, S.A.; que se procedió a la admisión de dicha solicitud y se le dió traslado a la parte demandada; que para el 19 de agosto de 1997 elevó consulta ante la Procuraduría de la Administración respecto a la competencia de la Dirección Nacional de Derecho de autor para conocer de las controversias en materia de derecho de autor y derechos conexos, (propiedad intelectual) dada la existencia de la Ley 29 de 1995 que atribuye competencia a los tribunales de comercio para conocer de dichas controversias; que la Procuraduría respondió señalando que en vista de que se trataba de una...