Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Mayo de 1995

PonenteHUMBERTO A. COLLADO
Fecha de Resolución26 de Mayo de 1995
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

La S. Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 31 de mayo de 1994, abrió causa criminal contra G.A.L.R., como presunto infractor del Capítulo I, Título X, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de peculado cometido en perjuicio del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Luego de celebrada la audiencia pública, corresponde en esta etapa procesal proferir la sentencia de rigor, a lo que se procede.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los días 16 de enero y 7 de marzo de 1990, G.L.O., D.R.R., L.R.L., J.B.L. y M.A.B., presentaron denuncias contra los integrantes del Consejo de Directores de los Cuerpos de Bomberos de Panamá, entre quienes figuraba G.L.R., C.P.J. de la institución, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y peculado. Posteriormente, los denunciantes se constituyeron en acusadores particulares.

El informe de la auditoría practicada por auditores de la Contraloría General de la Nación, calendado 19 de febrero de 1992, estableció la existencia de una lesión al patrimonio estatal por la suma de B/.108,703.92, cuya autoría se le atribuyó a G.L., L.M.C., H.O.O.A. y L.C.E. (f. 369).

Por concluida la instrucción sumarial, el Procurador General de la Nación, mediante Vista Nº 6 de 25 de enero de 1994, reiteró el concepto vertido en la Vista Nº 24 de 28 de abril de 1993, en la que externó la opinión de que la comisión del delito de peculado se encuentra acreditado "a través de los informes de auditoría de la Contraloría General y de la firma de contadores KPMG PEAT MARWICK, en donde se reflejan las graves irregularidades cometidas" (f. 943), por lo que, con la remisión de las sumarias, solicitó a la S. Segunda de lo Penal la apertura de "causa criminal en contra de los encartados por el supuesto delito genérico de Peculado" (f. 943).

Esta Superioridad, tras aprehender el conocimiento del negocio a los efectos de decidir sobre el mérito legal de las sumarias y, luego de un examen exhaustivo de las piezas procesales obrantes en autos, mediante auto de 31 de mayo de 1994, entre otras medidas, abrió causa criminal contra G.A.L.R., como presunto infractor del Capítulo I, Título X, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de peculado cometido en perjuicio del Cuerpo de Bomberos de Panamá, atendiendo la competencia que le está legalmente atribuida por razón de la calidad funcional del imputado.

En cuanto a la situación jurídica de L.R., el auto encausatorio indica que el hecho punible se encuentra acreditado mediante el informe de auditoría practicado por la Contraloría General de la Nación, el cual da cuenta de que durante el período comprendido entre enero de 1986 a diciembre de 1990, "el patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Panamá registró un faltante por la suma de B/.108,703,92, ..." (f. 1565), que "el monto de la responsabilidad patrimonial atribuida a G.L.J., es de B/.42,171.31, de los cuales B/.14,110,02 guardan relación con la duplicidad de pagos hechos a la empresa CONCA, S.A. e I.R.; B/.3,700.00 con la empresa COR-GARI y B/.24,361.29 a la empresa LA CASA DEL UNIFORME" (f. 1566).

Por otra parte, el encausatorio, con vista de las declaraciones de los auditores L.E.G.M. y M.I.A. de Alfaro (f. 283), señala que, en cuanto a los fondos provenientes del impuesto del 5% que pagaban las Aseguradoras sobre las primas brutas de seguros contra incendio, si bien cada compañía manejaba independientemente ese fondo de la Comandancia, la actuación se realizaba con el visto bueno del C.L. (1568).

Según los términos del auto en cita, habida cuenta de que "el sumariado L. hasta ahora no ha desvirtuado eficientemente la veracidad del informe de auditoría suscrito por M.d.M.F. y S.E.G.J., auditores de la Contraloría General de la República, donde se le atribuye un faltante por la suma de B/.42,171.31, sino que tan solo se excusa alegando que tiene dudas sobre la buena fe de los auditores, es del caso llamarlo a juicio para que en el plenario se discuta sobre la prueba atinente a su responsabilidad" (f. 1568).

Notificadas las partes del auto que califica las sumarias, la S. Penal abrió el negocio a pruebas, término que solamente aprovechó la defensa técnica de L. para aducir pruebas testimoniales, las que fueron admitidas.

Durante el acto de la audiencia pública se evacuaron las declaraciones de H.O.O.A. (fs. 1618-1629), L.G.M.C. (fs. 1629), C.V.A. (1608-1618), I.R.A. (1654-1656), E.J.C.C. (f. 1656-1675), M.O.D.D. (fs. 1675-1680) y M.G.M.W. (fs. 1680-1683). Valga advertir que los testigos D.O.R., M.G.C.C. y F.C.R. no acudieron a la audiencia, y se tomó nota de la defunción de P.A.N.M.A. y de L.E.C.A.

Concluida la práctica de pruebas, se procedió a la etapa de alegatos. En su oportunidad el Procurador General de la Nación sostuvo la responsabilidad del imputado, ya que "ejercía el cargo administrativo que determinó el destino de los fondos utilizados de manera que tipifican peculado, excusándose con el señalamiento de que no era él el único que había firmado", que este caso "hubo doble pagos; hubo pagos de mercancías no utilizadas; hubo pago por mercancías que no se recibieron; hubo pagos destinados a cancelar compras que la ley expresamente excluye de lo que era dable comprar y cancelar con el fondo del 5%" (f. 1686). Concluyó el jefe del Ministerio Público afirmando que "las constancias procesales acreditan el hecho punible, cual es peculado; con el informe de auditores confeccionado por los auditores de la Contraloría General de la República, se deja establecido que los fondos públicos sufrieron un perjuicio por el monto de B/.108,703.92. (f. 1687).

La defensa técnica del imputado, por su parte, alegó que en el caso de las operaciones realizadas con CONCA, S.A. e I.R. por el monto de B/.14,110.02, no debe tomarse en cuenta la sobre-valoración que aduce el informe de auditoría, ya que M.R., quien realizó la inspección de las obras, "no es ni ingeniero y no consta en el expediente que ... tenga certificado de idoneidad expedido por la sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos" (f. 1689). Llamó la atención sobre el hecho de que el sindicado L. contaba con los servicios de G.C., teniente-ingeniero del Cuerpo del Bomberos de Panamá, quien es director del Departamento de Ingeniería de la Contraloría General, lo que, a su juicio, implica que el imputado contaba con un personal altamente calificado. En cuanto a la duplicación de obras, el defensor de oficio sostuvo que tal hecho no es posible, puesto que "las mismas reposan físicamente donde se realizaron y en cada uno de los cuarteles donde se verificaron consta solamente una" (f. 1690). Afirmó que, en base a la declaración de I.R., visible a fojas 1178-1181, y a las fotocopias de los cheques visibles a foja 1004, "jamás se realizó dos veces la obra y tampoco se pagó dos veces" (f. 1691).

En cuanto al faltante de B/.3,700.00, referente a la compra de medallones con la empresa Cor-Gari International, S.A. de las declaraciones de E.J.C., D.O., L.M. y M.M., se infiere que los medallones fueron instalados en los cuarteles R.A. y J.A.G.. Advierte el letrado que son 10 y no 12 los medallones contratados, ya que "para la fecha de noviembre de 1987, que era el centenario del Cuerpo de Bomberos, diez (10) habían sido los comandantes de dicho Cuerpo" (f. 1695).

En relación con el faltante de B/.24,361.29, detectado en la contratación con la empresa "La Casa del Uniforme", la defensa técnica señaló que L.C.E. no prestaba servicios en esa empresa; que en autos aparecen documentos donde se especifican las compras realizadas en la Casa del Uniforme y que los materiales le eran entregados a "todos los Bomberos del país y a cada una de las zonas ... eran específicamente, para el uniforme ... insignias, parches, botones, etc. ...", que la mercadería era "puesta en el Cuartel de Bomberos R.A. de avenida Cuba" (f. 1696). Sobre este particular concluyó que en el expediente figuran "los formularios de solicitud de cuenta contra el tesoro, en los que el Cuerpo de Bomberos presentaba las compras de esta empresa y los originales" (f. 1697).

Por lo que hace al fondo del 5%, la defensa técnica sostuvo que el Banco Nacional de Panamá es el custodio de esos fondos y las personas autorizadas para afectarlos son el C. Primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el representante de las compañías de seguros y el Contralor o sub-Contralor (f. 1697); que con vista de la declaración de M.A. (f. 1393), su defendido "no tenía ninguna firma en esos cheques y por lo tanto no podía afectar las cuentas del 5% sobre lo cual se basó el informe de auditoría de la Contraloría" (f. 1698). El letrado advierte que a foja 1302, el informe de auditoría presentado por P.M., permite determinar que "si bien existían los fondos del 5%, no es cierto que G.L.R., solo podía afectar esa cuenta; y no es cierto que él podía firmar los cheques que afectaban esa cuenta, él hacía las requisiciones de pago contra esa cuenta y la presentaba a la Auditoría de la Contraloría y allá es donde se daban los procedimientos respectivos para el pago" (f. 1700). Sostuvo finalmente que no puede exigirse responsabilidad a L.R. cuando, a folio 367 el Contralor expresa que el informe de auditoría no es exhaustivo (f. 1700), por lo que estima que "no se ha cumplido o no se han dado los verbos rectores tipificados en los artículos 522, 523, 524 y 525 del Código Penal" (f. 1701).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Como viene dicho, el dictamen de auditoría de 19 de febrero de 1992 registró un faltante de B/.108,703,92. De ese total la responsabilidad patrimonial atribuida a G.L. se determinó contablemente en la suma de B/.42,171,31, la que se desglosa como sigue: B/.14,110.02 en el caso de la empresa CONCA, S.A. e I.R.; B/.3,700.00 en el caso de la empresa COR-GARI, y B/.24,361.29 en el caso de la empresa "La Casa del Uniforme". (f. 545). El informe de auditoría también le atribuye la utilización de recursos del Fondo del 5%, que administra la Contraloría General, para cubrir erogaciones del Cuerpo de Bomberos que no están contempladas en la ley.

Para decidir sobre la situación jurídica de L.R. es necesario realizar un examen detallado de los cargos que puntualiza el informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación.

Para una mejor comprensión del caso es importante señalar que mediante la ley Nº 55 de 20 de diciembre de 1984 se dispuso que las compañías que explotan el ramo de seguros contra incendios deben pagar al Tesoro Nacional un impuesto adicional especial del cinco por ciento (5%) sobre sus primas brutas de seguro contra incendio. Esa ley establece que el fondo resultante "será administrado por una comisión integrada por el Contralor General de la República, el C.P.J. del Cuerpo de Bomberos de Panamá y un representante de las mencionadas empresas contribuyentes".

Ahora bien. El Cuerpo de Bomberos de Panamá tiene a su disposición dos sistemas para solicitar a la Administración del Fondo del 5% el pago de determinados suministros autorizados por la ley. El primer sistema consiste en que el Cuerpo de Bomberos, acompañando comprobantes originales, solicita a la Administración la confección de un cheque a nombre de la persona jurídica o natural que realiza un servicio determinado. Ese cheque es retirado en la Contraloría por el Cuerpo de Bomberos, quien se encarga de entregarlo a la persona favorecida. El segundo sistema se utiliza cuando el Cuerpo de Bomberos utiliza sus propios recursos, emite cheques del C.B.P. para cubrir los costos de obras o servicios realizados en favor de la institución, tras lo cual solicitan a la Administración del fondo del 5% el reembolso de los dineros así gastados.

  1. CASO CONCA, S.A.

    Según el informe de auditoría, en la contratación de los servicios de la empresa CONCA, S.A. ocurrió "Duplicación de trabajos efectuados y por ende, duplicación de pagos" (f. 377).

    La Corte Suprema estima que en autos no se encuentra acreditado que el imputado hubiere emitido cheques a favor de la empresa CONCA, S.A. para cancelar dos veces el valor de la ejecución de la misma obra en el Cuartel J.A.G.. El propio informe de avalúo realizado por la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General, en ninguna forma determina ese hecho; es decir, ese informe de rinde un informe pormenorizado de cada obra realizada en el Cuartel J.A. Guizado (fs. 430-433), sin poner en evidencia que CONCA, S.A. hubiere realizado dos veces la misma obra.

    En cuanto al cargo de duplicación de pagos a favor de CONCA, S.A. la Corte pasa a evaluar los elementos probatorios pertinentes.

    Mediante nota calendada 18 de agosto de 1987, F.C.R., representante Legal de CONCA, S.A. , sometió a la "consideración" del comandante G.L., "los precios en los diferentes renglones a remodelar en el Cuartel de Bomberos" (f. 397), en este caso el cuartel J.A.G., remodelaciones que ascendían a la suma de B/.10,301.53 (f. 398). Mediante nota de 8 de septiembre de 1987, F.C.R. solicitó al jefe del cuerpo de bomberos el pago de B/.3,090.46, "correspondiente al valor de la cotización Nº 2" (f. 400).

    El 22 de septiembre de 1987, CONCA, S.A. solicitó el pago de B/.4,120.62, "Por los trabajos de construcción realizados en el Cuartel de Bomberos J.A. Guizado" (f. 405). Finalmente, mediante nota de 2 octubre de 1987, CONCA, S.A. facturó al Cuerpo de Bomberos una "cuenta final por trabajos de construcción realizados al Cuartel de Bomberos J.A. Guizado" por el monto de B/.3,090.45 (f. 408).

    Mediante nota de 3 de septiembre de 1987, L.R., C. en Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, e H.O.O., tesorero de la institución, solicitaron a la Administración del Fondo de 5% Bomberos de la República de Panamá, cancelara a CONCA, S.A. la suma de B/.10,301.53, por la "remodelación de los dormitorios del Cuartel de Bomberos Juan A. Guizado ..." (f. 394). Mediante Nota DG 233/87 del 3 de septiembre de 1987, dirigida a los miembros de la Comisión Administradora del Fondo 5% Bomberos de la República, el imputado solicitó a esa entidad aprobar cuenta por B/.10,301.53 "que fueron utilizados por el Cuerpo de Bomberos de Panamá" en trabajos de remodelación, documento que fue refrendado por el Contralor General de la Nación y el representante de las empresas aseguradoras (f. 396). La Administración del Fondo del 5%, mediante cheque Nº 87-241 calendado 24 de septiembre de 1987, pagó a CONCA, S.A. la suma de B/.10,301.53 (f. 422), cheque que fue endosado y depositado el 28 de septiembre de 1987 por F.C.R., representante legal de CONCA, S.A. en la cuenta corriente Nº 04-69-0116-9 del Cuerpo de Bomberos de Panamá (fs. 422 vlta. y 423).

    Luego del ingreso de los B/.10,301.53 en la cuenta corriente Nº 04-69-0116-9 del Cuerpo de Bomberos de Panamá, fueron emitidos los siguientes cheques a favor de CONCA, S.A.: cheque Nº 17860, de 10 de septiembre de 1987, por la suma de B/.3,090,46, en concepto de "PRIMER PAGO DEL CONTRATO #2 (30% DEL TOTAL DE COTIZACIÓN) ORDEN DE PAGO DIRECTO # 298/87 (f. 399); cheque Nº 17961, de 25 de septiembre de 1987, por la suma de B/.4,120.62, como "2DO PAGO DEL CONTRATO #2 ORDEN DE PAGO DIRECTO #398/87 (f. 403); cheque Nº 18025, de 7 de octubre de 1987, por la suma de B/.3,090.45, para "CANCELAR CUENTA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CUARTEL J.A.G., ORDEN DE PAGO DIRECTO #556/87" (f. 406).

    Si bien se comprueba que el imputado solicitó al Fondo del 5% el reembolso de pagos hechos en virtud de cotizaciones (fs. 405,408) -como bien lo señala el informe de auditoría, f. 375- presentadas por la empresa CONCA, S.A., es decir, solicitaba el reintegro de montos pagados por obras que hasta ese momento el contratista aún no había ejecutado, como viene dicho lo pagado por la Administración del 5% al contratista ingresó a la cuenta corriente del Cuerpo de Bomberos, lo que indica que, aun cuando el proceso contable pueda ser calificado de irregular, se trata de una conducta atípica, toda vez que: a) los fondos no fueron apropiados o usados por el funcionario acusado, b) no hubo perjuicio patrimonial alguno para el Estado, c) tampoco aparece acreditado en autos que el imputado hubiere dado a los fondos un destino diferente del estipulado en la ley, ya que con los tres cheques emitidos por el Cuerpo de Bomberos a favor de CONCA, S.A. se pagó la rehabilitación, efectivamente realizada, del C.J.A.G., gasto o inversión autorizado por la ley. De esa manera se despeja la interrogante sobre la posibilidad de que se hubiere pagado dos veces a CONCA, S.A. por los mismos trabajos.

    Por otra parte, los auditores de la Contraloría advierten, con respaldo en informe elaborado por la Dirección de Ingeniería, la existencia de una sobrevaloración de los trabajos efectuados por CONCA, S.A. en el Cuartel J.A.G..

    El informe de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General sostiene que el suministro e instalación de "flasing" de cobre tuvo un costo de B/.1,080.00, en tanto que CONCA, S.A. cotizó ese trabajo por B/.1,400.00, lo que arroja una diferencia de B/.320.00 (f. 424). El informe también se refiere al trabajo de remoción e instalación de azulejos, trabajo que CONCA, S.A. fijó en B/.3,007.71, mientras la Dirección de Ingeniería avaluó en B/.3.702.66 (f. 424), trabajos que fueron pagados con el cheque Nº 87-241 del 3 de septiembre de 1987.

    Por su parte, el imputado L.R. argumenta que "el ingeniero G.C. quien laboraba en la Contraloría General de la República y uno de nuestros arquitectos, el M.F.R., consideraron que el precio era correcto o justo" (f. 1539).

    En el mismo sentido el testigo G.C.C., quien no sólo se desempeñaba como jefe del Departamento de Ingeniería de la Contraloría de la República sino que también era miembro del Cuerpo de Bomberos, expresó que "llegué a tener conocimiento de los trabajos que realizaba la empresa CONCA, S.A. al Cuerpo de Bomberos de Panamá; y en otras dado que acompañé al C. señor L. y M. en esa obra, en inspecciones y algunas veces di mi opinión técnica ya que soy ingeniero civil" (f. 1368).

    El testigo F.C.R., representante legal de CONCA, S.A., sostiene que "los precios que yo cobré fue lo presupuestado, y no tube (sic) ningún arreglo con ninguna persona del Cuerpo de Bomberos de Panamá, mis pagos fueron realizados a mi empresa por el presupuesto que les puse ... solo me pagaron lo trabajado" (fs. 1328-1329).

    La Corte observa que el avalúo realizado por el inspector R., no explica en qué normas o procedimientos se basó para realizar el dictamen en cuestión. También se advierte que el avalúo fue realizado el 23 de agosto de 1991 (fs. 429-435), mientras que la cotización que la empresa CONCA, S.A. entregó al Cuerpo de Bomberos de Panamá es del 18 de agosto de 1987 (fs. 397-398). Así las cosas, el avalúo del funcionario de la Contraloría fue realizado cuatro años después de presentada la cotización, sobre circunstancias diferentes desde el punto de vista de los costos del mercado.

  2. CASO I.R.:

    El informe de auditoría practicado por la Contraloría General de la República, sostiene que en el caso de la contratación de I.R., también ocurrió "Duplicación de trabajos efectuados y por ende, duplicación de pagos" (f. 377).

    La Corte debe reiterar el criterio vertido en el caso de CONCA, S.A. en el sentido que en autos no se constata que el contratista I.R. realizó dos veces la construcción del tanque de concreto y bloques rellenos para almacenar agua, obra que le fue encomendada por los directivos del Cuerpo de Bomberos de Panamá, entre los que figura el imputado L.. Como viene dicho, basta con indicar que el avalúo realizado por el inspector R. señala la cantidad cotizada por el contratista (B/.4,700.00) y el avalúo del inspector (B/.3,489.50) (f. 425), ya que si hubiese duplicación de obras, era lógico que el avalúo realizado por el inspector R., por los menos, fuese dos veces la cantidad en que avaluó la obra.

    Respecto a la duplicación de pagos realizados a I.R., la Corte observa que mediante nota calendada 5 de febrero de 1988, el contratista I.R. comunica a G.L. que "el precio para la construcción de un tanque de concreto y bloques rellenos para almacenar agua de acuerdo con el plano confeccionado por el Mayor, arquitecto F.R.A., asciende a la suma de B/.4,750.00 " (f. 410). Otro elemento probatorio de interés consiste en el formulario calendado 23 de febrero de 1988, mediante el cual, el C.G.L. e H.O.O. suscribieron la solicitud dirigida a la Administración del Fondo del 5%, para la construcción del tanque de concreto ubicado en el Campo Recreativo del Cuerpo de Bomberos de Panamá por la suma de B/.4,750.00 (f. 409).

    Ahora bien, mediante cheque Nº 88-048 fechado 21 de marzo de 1988, la Administración del Fondo del 5% emite el cheque a favor de I.R. por la suma de B/.4,750.00 (f. 422). Este cheque es endosado por el contratista el 7 de diciembre de 1988, a favor de la cuenta corriente Nº 04-69-0116-9 del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

    En autos se observa que G.L. firmó los siguientes cheques: cheque Nº 5573 fechado 13 de febrero de 1989 por la suma de B/.1,500.00; cheque Nº 5605 de 23 de febrero de 1989 por la suma de B/.2000.00 y cheque Nº 5640 de 6 de marzo de 1989. Esos cheques fueron emitidos contra cuenta corriente del Cuerpo de bomberos de Panamá con los cuales se pagó a I.R. la construcción del tanque de concreto efectuado en el campo de entrenamientos (fs. 411-417).

    Durante el plenario, I.R. manifestó que "cuando yo lleve la cotización del tanque hablé con el señor M. y el señor C., entonces ellos me explicaron que tenía que esperar que la Contraloría les diera dinero y luego después, mucho tiempo después, ellos me llamaron y tenían el dinero para la confección del tanque. Yo me apresoné al Cuartel de Bomberos ... hablé con el señor M., él me entregó el cheque, yo lo firmé, pero él lo retiró para hacer el posterior avance de la obra porque no le había dar (sic) la totalidad del dinero (f. 1655).

    I.R. también afirmó que sí terminó la obra; que no realizó dos veces el trabajo y, que recibió tres cheques que sumaban el valor total de la obra (f. 1655).

    L.G.M.C. manifestó que "el cheque del señor R. es la mejor prueba de la demora que existía para conseguir un reembolso del 5%, 9 meses después, no fue que ese cheque se quedó en un escritorio, sino que ese cheque andaba en trámite ... nosotros a sabiendas de lo demorado del 5%, automáticamente preparábamos la cuenta, se le daba el adelanto al señor, cuando el cheque salía de la Contraloría, como consta en el expediente, el señor endosaba el cheque y se depositaba en la cuenta del Cuerpo de Bomberos de Panamá, así que no podría nunca existir doble pago" (f. 1642).

    La Corte observa que al momento en que G.L. solicitó al Fondo del 5% que confeccionara el cheque a favor de I.R. por la suma de B/.4,700.00, el contratista no había efectuado la construcción del tanque de concreto y bloques rellenos para almacenar agua. Otra irregularidad consistió en que una vez que la Contraloría emitía el cheque, el contratista endosaba el mismo a favor de una de las cuentas corrientes del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

    Quiere decir que el contratista no cambió el cheque emitido por el Fondo del 5% para cobrar la obra que debía realizar, sino que fue el Cuerpo de Bomberos de Panamá, a través de sus cheques contra cuenta corriente, quien hacía efectivo el pago a I.R. a medida que avanzaba la obra o construcción.

    Entonces, si el contratista no hizo suyo el cheque emitido por el Fondo del 5%, toda vez que lo endosó a favor de una de las cuentas corrientes del Cuerpo de Bomberos de Panamá, se infiere que I.R. cobró una sola vez la cantidad pactada para la realización de la obra, ya que los tres cheques del C.B.P. los cuales fueron firmados por L., suman B/.4,700.00.

    Finalmente, el dictamen de auditoría de la Contraloría sostiene que el trabajo realizado por I.R. ocasionó una "Sobrevaloración de los trabajos efectuados" (f. 377).

    Esta Superioridad debe advertir que en el informe de auditoría solamente se refiere a la obra efectuada por I.R. realizada en el campo de entrenamiento del C.B.P. el cual consistió, como viene dicho, en la construcción de un tanque de concreto para depositar agua, el cual el C.B.P. pagó B/.4,700.00.

    Según el informe de avalúo efectuado por la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la Nación, la "Construcción de un tanque de concreto y bloques rellenos para almacenar agua", debió tener un coste de B/.3,489.50, lo que, en comparación con el precio del contratista refleja una diferencia de B/.1,260.50 (f. 425). Valga advertir que el inspector M.R., mediante memorando Nº 467 ING AO.91, calendado 23 de agosto de 1991, detalla la construcción de obra realizada por I.R. (f. 429).

    Esta Superioridad observa que el informe de avalúo, como hemos explicado en el caso CONCA, S.A. no indica bajo qué procedimientos, normas o documentos, se apoyó para confeccionar el aludido informe.

    Como se ha dicho en líneas anteriores, este informe de avalúo fue realizado en 1991, y de él no se infiere que el inspector tomó en consideración el momento en que fue construida la obra.

    Las anteriores consideraciones, aunado a que el propio inspector R. sostiene que "los preciso establecidos en esta evaluación son estimados ..." (f. 434), permite concluir que no se puede dar por sentado que el imputado pagó a I.R. una obra sobrevalorada cuando el informe carece de suficientes elementos fácticos que indiquen que ocurrió la alegada sobrevaloración.

  3. CASO DE LOS MEDALLONES CONMEMORATIVOS:

    El informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación plantea que G.L.R. y el M.L.M. solicitaron el reembolso de B/.10,600.00 para adquirir 220 medallones de 3 pulgadas y, 4 medallones de 29 pulgadas. El informe agrega que los 4 medallones de 29 pulgadas, que tuvieron un costo de B/.7,400.00, "no fueron recibidos en el Cuerpo de Bomberos" (f. 378) y, que los 220 medallones de 3 pulgadas, cuyo costo fue de B/.3,200.00, "no podemos corroborar" que fueron entregadas "por los deficientes controles de inventario" (f. 378). El informe de auditoría concluye que al 19 de enero de 1987, el C.B.P. no había recibido los 4 medallones sin embargo, L. y M. solicitaron el reembolso de B/.10,600.00 (f. 378).

    El cuaderno penal indica que el 2 de julio de 1986, el comandante G.L. y el mayor F.R., Presidente del Comité Centenario del Cuerpo de Bomberos de Panamá, suscribieron contrato de compra-venta con V.M.G., gerente de la empresa Cor-Gari Internacional, S.A. para que dicha empresa confeccionara los medallones conmemorativos por la suma de B/.10,600.00. El contrato estipulaba que al momento de su firma, el comprador debía entregar un abono inicial de B/.4,000.00 y la diferencia en pagos parciales los cuales se harían efectivos conforme la entrega de la mercancía; en tanto, el vendedor se comprometía a terminar el trabajo dentro de 90 días hábiles contados a partir de la firma del contrato (f. 482-483).

    El primer abono que realizó G.L. a favor de Cor-Gari International, S.A. se llevó a cabo mediante cheque Nº 16174 de 11 de julio de 1986 por la suma de B/.4,000.00 (fs. 487-488). El segundo abono que efectuó L.R., fue a través del cheque Nº 16968 de 29 de enero de 1987, por la suma de B/.6,600.00. Cabe destacar que la empresa COR-GARI INTERNATIONAL depositó los dos cheques expedidos por el Cuerpo de Bomberos, en la cuenta Nº 02-86-0069-0 del Banco Nacional de Panamá (fs. 485-486).

    El 19 de enero de 1987, el comandante G.L., solicita a los miembros de la comisión Administradora del Fondo del 5%, el reembolso de B/.10,600.00 por razón de los medallones "adquiridos" (f. 479). La comisión Administradora del Fondo del 5%, emite el cheque Nº 87-029 de 26 de enero de 1987 a nombre del cuerpo de bomberos de Panamá (f. 480), cheque que fue retirado por M.D. el 29 de enero de 1987 (f. 478).

    Todo indica que el Cuerpo de Bomberos de Panamá canceló la cuenta de los medallones a la empresa Cor-Gari Internacional. Ahora corresponde determinar si los medallones conmemorativos fueron recibidos por el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Para tales efectos, la Corte procede a examinar por separado, la situación de los 220 medallones de 3 pulgadas y, los 4 medallones de 29 pulgadas.

  4. 1) Los medallones de 3 pulgadas:

    G.L. sostiene que los medallones en cuestión eran recordatorios que "fueron entregadas a las delegaciones que asistieron al congreso de las actividades del centenario a bomberos y particulares" (f. 1197). En igual sentido, el testigo E.J.C.C. declaró que esas medallas fueron entregadas "en el centenario a cietas (sic) personas, como Ministros de Estados, Delegaciones de Bomberos de otros países invitados, Cuerpo Diplomáticos" (f. 1391). Otros deponentes como L.M.C. (f. 1210); D.O.R. (f. 1375), coinciden en afirmar que los medallones de 3 pulgadas fueron entregados a miembros de delegaciones internacionales y personalidades nacionales durante la actividades de conmemoración del Centenario del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

    Los anteriores elementos testimoniales aunado con que en autos se observa una copia fotostática autenticada del medallón de 3 pulgadas (fs. 1217-1218), determinan que los medallones de 3 pulgadas, fueron recibidos y distribuidos por el Cuerpo de Bomberos de Panamá durante el centenario del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Siendo así, la Corte no encuentra reparos sobre la existencia de los medallones de 3 pulgadas lo que trae como consecuencia que los B/.3,200.00 fueron utilizados para pagar la cuenta que el Cuerpo de Bomberos de Panamá tenía con la empresa Cor-Gari International, S.A. sobre la confección de los medallones conmemorativos en cuestión.

  5. 2) Los 4 medallones de 29 pulgadas:

    El 28 de julio de 1992, G.A.L.R. manifestó que "los medallones no han llegado, son unos medallones que ... sería colocados en un monumento conmemorativo para el Centenario del Cuerpo de Bomberos de Panamá ... (f. 1196). L. agregó que los medallones fueron cancelados para que entonces la línea aérea AIR PANAMÁ trajera los medallones. Sin embargo, advierte el imputado, eso no fue posible embarcarlos por "el tipo de aviones de ellos y allí estubo (sic) el problema, recordemos nuevamente las restricciones existentes y que continuaron con la invasión y posteriormente las restricciones que establecía la Contraloría para los gastos lo que nos impedía pagar el transporte" (f. 1197). El anterior relato es corroborado por L.G.M.C. (f. 1208-1209); E.J.C.C. (fs. 1162-1163); H.O.O.A. (f. 1188) quienes permiten inferir que los medallones de 29 pulgadas no estaban en el territorio nacional por tanto, no las había recibido el Cuerpo de Bomberos.

    En otra declaración rendida en diciembre de 1992 G.L.R. sostuvo que "en la ciudad de México, no hay ningún medallón o medallones, ya que los mismos fueron traídos a la ciudad de Panamá y reposan en el Cuartel R.A., siendo los medallones con esfingies (sic) de los últimos comandante de los 25 años ..." (f. 1344). L. agregó que "lo que si he averiguado y que está y creo que es una estatua de un bombero con una niña en los brazos, la cual según entiendo está en la ciudad de México, que por ser grande no cabía en el avión; esa es la confusión que ha existido, pero medallones no hay en México"... la estatua fue del Comité Pro-Centenario y no del Cuerpo de Bomberos (f. 1345).

    La anterior afirmación del encausado es corroborada nuevamente por L.G.M.C. quien declaró que los 4 medallones de 29 pulgadas "quizás por la ira por lo que estaba sucediendo no llegué a explicarme bien, pero esos medallones señor licenciado, están instalados y se instalaron antes de que llegaran los visitantes extranjeros al Congreso Bolivariano y al Centenario, en la pared frontal del Cuartel Central, R.A. ..." (f. 1645). El 8 de enero de 1993, M.C. agregó que "lo que si no ha llegado es una esfingie que creo que entiendo es lo que hace falta, pero eso era plata de la rifa y los encargados de ella puede mencionar al respecto" (f. 1352). En igual sentido, el testigo E.J.C.C. declaró que "en el Cuartel R.A., ... existen los Medallones y están puestos en la pared de dicho cuartel, estos medallones fueron instalados por el personal de mantenimiento ..." (f. 1390). El testigo agregó que la confusión se debió ya que "en la Avenida balboa se iba a instalar un monolito con una efigie de un "Bombero con un niño en la mano o cargado"; pero esa fue la confusión pensándose que los medallones eran" (f. 1390). Otro testigo, H.O.O.A. declaró que los medallones los vio puestos en el "Cuartel R.A., que es el Cuartel Central, en el Guizado, que es en calle 16, calle 14" (f. 1627).

    Finalmente, M.G.M.W., quien labora en departamento de mantenimiento del Cuerpo de Bomberos, afirma que los medallones fueron empotrados entre octubre y noviembre de 1987 (f. 1681), y especifica que los medallones fueron distribuidos así: "seis (6) ... en la Estación 2, J.A.G. ... estación 1, R.A., se instalaron cuatro (4) medallones al frente " (f. 1683).

    Es evidente que la primera declaración rendida por el imputado no se compadece con el contenido de la segunda deposición. Sin embargo es inevitable destacar que la segunda declaración proferida por el imputado como también las últimas declaraciones rendidas sobre el tema por L.G.M.C.; E.J.C.C.; H.O.O.A., encuentran mayor veracidad ya que en autos se constata nota SG-17/92 calendada 16 de septiembre de 1992, mediante la cual L.E.C.A., entonces C.P.J. del Cuerpo de Bomberos de Panamá, advierte que los 4 medallones de 29 pulgadas "están en Panamá y se encuentran instalados en el Cuartel R.A. en su parte frontal" (f. 1315). En igual sentido, existe en autos nota DAF. 43-2'93 de 18 de febrero de 1993, a través de la cual el C. Segundo Jefe Encargado del Cuerpo de Bomberos de Panamá, C.A., informa que "los Medallones con las esfinges de los C.s de los Bomberos en el Cuartel R.A., fueron colocados en noviembre de 1987 y nuestro Departamento de Mantenimiento realizó esta tarea" (f. 1370).

    Las anteriores apreciaciones aunado con la declaración de D.O.R., jefe del departamento de mantenimiento del Cuerpo de Bomberos quien afirma que los medallones "fueron instaladas por mi sección en noviembre de 1987 ..." (f. 1374), la deposición de M.G.M.W. quien agregó que los medallones empotrados en el Cuartel R.A. "son nuevos; ya que antes no había en este cuartel" (f. 1399) y, las vistas fotográficas visibles a fojas 1322 a 1324 donde se observa que los cuatro medallones fueron empotrados en el Cuartel J.A.A., permiten concluir a la S. que carece de asidero probatorio la afirmación que realiza el informe de auditoría en el sentido que los medallones no fueron recibidos por el Cuerpo de Bomberos ya que, como hemos comprobado, los 4 medallones de 29 pulgadas llegaron a Panamá y fueron colocados en el Cuartel J.A.A. de la Ciudad Capital.

  6. CASO DE LA CASA DEL UNIFORME:

    El informe de auditoría de la Contraloría plantea que en el período 1987-1989, G.L. giró cheques por un total de B/.73,083.88 para comprar artículos y materiales provenientes de la empresa extranjera "La Casa del Uniforme" (fs. 379; 545). Según se desprende del informe de auditoría, la anomalía consiste en la ausencia de "liquidaciones de aduana correspondientes" (f. 379), que indiquen que los artículos y materiales fueron introducidos al país. El dictamen de auditoría informa también que la suma que le corresponde de manera solidaria a L. asciende a B/.24,361.29 (f. 545). Concluye el dictamen de auditoría que los materiales introducidos de esa manera, "constituye un delito de contrabando y el no pago del ITBM es defraudación fiscal " (f. 379). Cabe destacar que el informe de auditoría adjuntan el anexo Nº 10, donde se aprecia los siguientes documentos: facturas emitidas por la empresa "La Casa del Uniforme"; los formularios con los cuales el C.L. solicitaba a la Administración del Fondo del 5%, la cancelación de las facturas de la empresa extranjera y, los cheques emitidos por la Administración del Fondo del 5% para cancelar las cuentas adeudadas a La Casa del Uniforme (fs. 495- 544).

    Sobre el tema, el imputado manifestó que los artículos que se compraron a la empresa en cuestión, están "en el Uniforme de los Bomberos en los Gafetes y medallas, las condecoraciones, las escarapelas, insignias no sólo para el Cuerpo de Bomberos de Panamá, sino para las Compañías del Interior que no tenía muchos recurso y el Cuerpo de Bomberos de Panamá se las donaba igualmente las banderas de los Cuarteles el Standarte del Cuerpo todo eso fue adquirido en esa empresa ..." (f. 1544).

    El deponente L.M. afirma que los suministros de La Casa del UniformeÇ eran "puestas en nuestra oficina ... colocado en nuestro despacho" (f. 1648).

    Por su parte, el testigo H.O.O.A. sostiene que la mercancía de la empresa `La Casa del UniformeÇ, era recibida por " C. y los entregaba un señor de la Casa del Uniforme, creo que era el dueño, no recuerdo su nombre, esto no era órden (sic) de compra sino facturas confeccionada por la firma para entregar la mercancía, el Cuerpo de Bomberos no tiene nada que ver con eso del transporte de la mercancía ..." (fs. 1188-1189).

    Finalmente, E.J.C. manifestó que la empresa entregaba la mercancía "ahí en el Cuartel, en la oficina nuestra " y, que el Cuerpo de Bomberos recibía la mercancía y procedía "a pagarla" (f. 1666).

    Esta Superioridad considera que en autos no existen elementos suficientes que indiquen o acrediten que el Cuerpo de Bomberos de Panamá no tuvo a su disposición física los artículos o mercancía que compró a la empresa "La Casa del Uniforme". Al contrario, las deposiciones ya mencionados coinciden con el relato del sindicado en sentido que la mercancía adquirida en La Casa del Uniforme fue efectivamente utilizada por el Cuerpo de Bomberos. Basta con destacar que la afirmación de H.O.O.A. en el sentido que la mercancía de la empresa "La Casa del Uniforme", era recibida por "C. ...", tiene su fundamento por cuanto que las facturas de recibo de mercancía de "La Casa del Uniforme", visibles a fojas 507, 515, 521, 522, coinciden con las firmas que C. efectuó en una declaración jurada visibles a fojas 1161-1164. Entonces, es del caso favorecer al imputado con una duda razonable en el sentido que en el período 1987-1989, el Cuerpo de Bomberos de Panamá adquirió mercancías por un monto de B/.73,083.88, y que fue utilizada por la entidad bomberil.

    Respecto al hecho de que el imputado infringió la ley fiscal en el sentido que los suministros comprados a la empresa "La casa del Uniforme" "constituye un delito de contrabando y el no pago del ITBM es defraudación fiscal", la Corte considera que las leyes fiscales panameñas establecen una competencia privativa a entidades aduaneras, que aplican un procedimiento especial para determinar la comisión de los ilícitos de defraudación fiscal y contrabando. Por lo tanto, esta Superioridad considera que no tiene la competencia para calificar y sancionar la conducta del imputado por la comisión de ilícitos aduaneros.

  7. CASO DEL FONDO DEL 5%

    El informe de auditoría de la Contraloría General sostiene que a través del fondo del 5%, se efectuaron pagos que no estipula la Ley que regula el fondo en cuestión. Los pagos realizados contra el fondo son los siguientes: (cfr. 379; 489):

    1. Compra de implementos deportivos B/.71,584.86

    2. Pólizas de Seguro B/.58,689.52

    3. Instrumentos Musicales B/.3,775.28

    4. Electrodomésticos (Televisores) B/.3,990.00

    5. Flete del carro bomba Centenario B/.8,146.33

    Sobre el flete del carro bomba "Centenario", el informe estima que ese flete debió pagarse "con los fondos de la Rifa Centenario" (f. 379; 490).

    El fondo del 5% surge del mandato previsto en la ley Nº 55 de 20 de diciembre de 1984 donde se dispone que las compañías que explotan el ramo de seguros contra incendios deben pagar al Tesoro Nacional, un impuesto adicional especial que consiste en pagar el cinco por ciento (5%) sobre sus primas brutas de seguro contra incendio. Según se desprende del artículo 42 de la ley, ese fondo "será administrado por una comisión integrada por el Contralor General de la República, el C.P.J. del Cuerpo de Bomberos de Panamá, y un representante de las mencionadas empresas contribuyentes", fondo que tiene como propósito primordial:

    1) El sostenimiento de las oficinas de seguridad de Panamá y C..

    2) La adquisición exclusiva de "materiales, equipo y uniformes para combatir incendios, y en la construcción y reparación de cuarteles ..." (f. 385).

    Respecto al tema, es necesario destacar que G.L.R. no se refirió en sus declaraciones sobre los pagos que, según el informe de auditoría, se realizaron ilegalmente contra el fondo del 5%. (cfr. 1195-1199; 1343-1346; 1537-1542). Sin embargo, otros elementos probatorios allegados al cuaderno penal se refieren al fondo del 5%.

    En cuanto a la adquisición de implementos deportivos a través del fondo del 5%, L.G.M.C. manifestó que "los implementos deportivos no son para ser enviados a jugar los bomberos a la calle o otro (sic) lugar sino como un entrenamiento de ellos ..."; (fs. 1211-1212). En la audiencia, el testigo agregó que los implementos deportivos fueron adquiridos por dos razones: "el mantenimiento del estado físico del bombero y ... la parte síquica de la familia" (f. 1635).

    Respecto a los instrumentos musicales comprados con los fondos del 5%, P.N.M.A., representante de las compañías aseguradoras ante la Comisión del 5%, expresó que los instrumentos musicales fueron suministrados a través del fondo del 5%, porque "el Gobierno Central era muy renuente para suministrar equipos y otros más al Cuerpo de Bomberos ... Considerábamos que el ospicio (sic) de estas actividades contribuía a mantener más la moral del Cuerpo de Bomberos; Era imposible pensar que pudiera existir un Cuerpo de Bomberos sin banda de música" (f. 1395). Por su parte, el testigo L.G.M.C. declaró en la audiencia que en vista que la banda de música era una compañía del Cuerpo de Bomberos "es lógico y aceptable que se le dotara de instrumentos musicales como parte de una compañía del Cuerpo de Bomberos" (f. 1633). Otro deponente, H.O.O., tesorero del C.B.P. afirma que también era aplicable a la cuenta del 5%, los "implementos para la banda de música y cualquier otro artículo que se necesitaba urgentemente" (f. 1621). Otro elemento probatorio que se refiere al tema, es el estado de ingresos del 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1989 del Cuerpo de Bomberos de Panamá donde se indica que la banda de música de la institución bomberil era subvencionada por el Estado. En ese sentido, las subvenciones que recibió la banda de música entre 1986 a 1988 fue de B/.112,500.01. En 1989, no recibió subvención alguna. (f. 265).

    Por lo que hace a la compra de televisores con los fondos de 5%, L.G.M.C. declaró que "los televisores son de tipo recreativo y educativo, el 'Bombero Permanente' tiene turno de trabajo de 24 horas por 24 libres estudios realizados en los Estados Unidos en donde tienen los mismos turnos indican que este sistema genera una serie de conflictos familiares y en esos estudios se recomienda mantener al bombero ocupado ya sea en aspectos recreacional o instructivo ... los televisores que se hayan en los cuarteles y en la academia de bomberos son utilizados además con fines pedagógicos de cómo apagar incendios ..." (fs. 1211-1212). Durante la audiencia, el testigo agregó que debido a que el bombero trabajaba dentro del cuartel durante 24 horas, "lo que se trataba es de darle no solamente entrenamiento físico, sino tratar de traer una paz mental, síquica a los bomberos a través de diferentes actividades y todo eso se compagina dentro de los fines del 5%. Es más los rectores del 5% específicamente las compañías de seguro ponían mucho énfasis en el entrenamiento de los bomberos y síquico; allí entran los televisores ..." (f. 1634).

    Sobre los seguros de vida adquiridos con los fondo del 5%, el testigo L.G.M.C. justifica el hecho por cuanto que sostiene que "es obligación del Estado financiar una póliza de Seguros de Vida Colectiva y Riesgos, tal como se observa en la Ley 21 de 1982 artículo 13 y deben ser cancelados de los fondos del Estado ..." (fs. 1211-1212). El deponente agregó en la audiencia que el reglamento general de los Cuerpos de Bomberos señala la obligatoriedad del Estado de proveer un seguro de vida, una póliza pero "no dice de a donde (sic) debía salir el dinero. Y si yo tengo que volver a hacerlo, yo vuelvo y lo hago" (f. 1635).

    A primera vista, las anteriores declaraciones corroboran que el fondo del 5%, fue afectado para comprar implementos deportivos, pólizas de Seguro, Instrumentos Musicales y Electrodomésticos (Televisores).

    Sin embargo, esta S. observa que ni el informe de auditoría ni los elementos probatorios allegados al cuaderno penal, indican la forma en que el imputado afectó el fondo del 5% para pagar las cuentas de implementos deportivos, pólizas de Seguro, Instrumentos Musicales y Televisores. Es decir, en autos no se constata ninguna solicitud suscrita por L.R. que estuviese dirigida a la Comisión Administradora del Fondo del 5%, para que esa entidad pagase útiles deportivos, musicales, pólizas de seguro o televisores. Tampoco se constata copias de los cheques expedidos para cancelar las cuentas o las facturas de las empresas beneficiarias o el estado de la cuenta que utilizó el Cuerpo de Bomberos para cancelar las cuentas mencionadas.

    En síntesis, esta Superioridad no puede acreditar que el imputado afectó ilegalmente el fondo del 5% por la cantidad de B/.138,029.66, que es la suma total de los cheques por los cuales fueron cancelados los implementos deportivos, pólizas de Seguro, Instrumentos Musicales y Televisores, ya que el informe de auditoría carece de respaldo fáctico que indique fehacientemente que el imputado solicitó a la Administración del Fondo del 5% la cancelación de las aludidas cuentas.

    Finalmente, el informe de auditoría censura que el flete del carro bomba 'Centenario' fue pagado con Fondos del Cuerpo de Bomberos cuando debió pagarse "con los fondos de la Rifa Centenario" (f. 379; 490).

    En primer término, el informe de ingresos y desembolsos del Comite de Rifa Centenario, realizada hasta el 31 de diciembre de 1989, permite determinar que, en efecto, ese comité desembolsó, la cantidad de B/.193,553.66 para comprar el "Carro Bomba -Protector IV- Centenario". Ese informe también establece que el Comité de Rifa efectuó un abono de B/.694.19 en concepto de "ITBM (5%) Carro Bomba Centenario" (f. 203), como también advierte como "COMPROMISOS POR PAGAR" el "ITBM - Carro Bomba - Centenario" que ascendía a la suma de B/.2,534.14 (f. 204). Cabe destacar que el deponente L.M. coincide con el informe del Comité de Rifa en el sentido que manifiesta que "el carro centenario fue adquirido ... por el comité de rifa" (f. 1646).

    Ahora bien, L.G.M.C. ha declarado que tanto el flete como el ITBM, fueron cancelados con fondos del Cuerpo de Bomberos de Panamá. El testigo justifica esa acción por cuanto que "... el C.L. decidió que ese carro fuera ... a prestar servicio directamente apenas salió del muelle y se verificó; fue a para directamente al Cuartel de Balboa ... sin embargo, déjeme manifestarle que el comité de rifa mediante algunos pagos que hizo fue reintegrando lo cancelado por el dinero utilizado ..." (f. 1647).

    Otro elemento probatorio de interés consiste en el anexo Nº 9 del informe de auditoría, donde se observa el documento mediante el cual el comandante G.L. solicita a la Administración del Fondo del 5%, el pago de B/.8,146.33 a favor de Bancolat S.A. en concepto de "Flete de un vehículo de Combate de incendio, Marca Emergency One ... Protector IV ... para uso del Cuerpo de Bomberos de Panamá ..." (f. 490). También puede apreciarse en el anexo Nº 9, documento de la Sección de Valores de la Contraloría General de la Nación donde se constata que el cheque Nº 88-059 a nombre de B.S.A. fue retirado el 25 de julio de 1988. Además, el anexo Nº 9 destaca copia del cheque 88-059 expedido por el Banco Nacional de Panamá por la suma de B/.8,146,33 a favor de Bancolat, S.A. y, el giro bancario por esa cantidad, autorizada por L.M. a favor de Dadeland Bank, con dirección e "1201 BRICKELL AVENUE, MIAMI, FLORIDA ..." (f. 494).

    Luego de analizar los anteriores elementos probatorios, la S. procede a realizar las siguientes conclusiones.

    El Comité de Rifa Centenario consistió en una iniciativa particular organizada por miembros de la institución bomberil, para la Conmemoración del Centenario del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Por tanto, el Carro bomba Protector IV, fue comprado con fondos particulares del Comité de Rifa. Ahora, si tomamos en cuenta que el testigo M.R. sostiene que "el C.L. decidió que ese carro fuera ... a prestar servicio directamente apenas salió del muelle y se verificó; fue a parar directamente al Cuartel de Balboa ..." podemos colegir entonces que el imputado G.L.R., utilizó los fondos del 5% para pagar el flete, es decir, el costo del transporte por vía marítima del carro bomba Protector IV, es decir, de un bien mueble que para ese entonces no era de la institución bomberil.

    En síntesis, el imputado dio a los caudales del fondo del 5% una aplicación pública diferente toda vez ordenó el pago del flete del carro bomba Protector IV, cuando el pago de ese transporte marítimo era responsabilidad del Comité de Rifa. Ese hecho, aunado a que el artículo 42 de la ley Nº 55 de 20 de diciembre de 1984, establece que el fondo del 5% "será administrado por una comisión integrada por el Contralor General de la República, el C.P.J. del Cuerpo de Bomberos de Panamá, y un representante de las mencionadas empresas contribuyentes", lo que evidencia que el imputado tenía la condición de administrador del fondo del 5%, permite concluir a la Corte que la conducta desplegada por el imputado L.R. se encuadra en el tipo penal delictivo previsto en el artículo 326 del Código Penal que se refiere en los siguientes términos:

    "El servidor público que dé a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será sancionado con pena de 30 a 90 días multa".

    Encuadrada la conducta delictiva del imputado, esta Superioridad procede a la fijación de la pena base aplicable siempre en atención a los factores que establece el artículo 56 del Código Penal. En ese caso, se dosifica la pena imponible al imputado en sesenta (60) días-multa sin que se aumente por la concurrencia de circunstancias de agravación o se disminuya por el reconocimiento de circunstancias atenuantes comunes a favor del sindicado. Siendo así, la pena líquida a imponer queda fijada en sesenta (60) días-multa.

    Por lo antes expuesto, de CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONDENA a G.A.L.R., varón, panameño, con cédula de identidad Nº 8-35-262, nacido el 29 de agosto de 1922, hijo de G.L. y D.M. de L., residente en la casa Nº 68, ubicada en Avenida Nicanor de Obarrio y calle 75 y medio, Corregimiento de San Francisco, Ciudad Panamá, a la PENA DE SESENTA (60) DÍAS-MULTA, como autor del delito de peculado por aplicación pública diferente a los caudales dados en administración, delito que se encuentra previsto en el Artículo 326 del Código Penal.

    N..

    (fdo.) H.A.C.

    (fdo.) J.M.F.

    (fdo.) AURA G. DE V.

    (fdo.) MARIANO E. HERRERA

    Secretario

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