Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Noviembre de 1999

Ponente:EDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución:19 de Noviembre de 1999
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

A.P. de esta Máxima Corporación de Justicia han sido remitidas por la Procuraduría de la Administración, las sumarias relacionadas con la denuncia presentada por el Honorable Legislador MIGUEL BUSH contra del Señor Procurador General de la Nación JOSE ANTONIO SOSSA, por la supuesta comisión de delito genérico Contra la Administración Pública y por delito de Encubrimiento.

La denuncia en comento fue presentada ante el Despacho de la Señora Procuradora de la Administración el 13 de agosto de 1999, y en ella se plantea la necesidad de abrir una investigación sumaria por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 363 del Código Penal (Delito de Encubrimiento), 338 y 342 del Código Penal (Delitos contra la Administración Pública).

El Despacho Público de la Procuraduría de la Administración acogió la denuncia presentada, en virtud de la atribución legal contenida en el artículo 348 numeral 12 del Código Judicial.

El licenciado BUSH sustenta su denuncia con base en dos publicaciones periodísticas del diario La Prensa de Panamá, correspondientes a los días 8 y 10 de agosto del presente año, en las cuales se presentan reportajes sobre la supuesta actuación irregular del señor P. General de la Nación JOSE A. SOSSA, al no iniciar una investigación sumaria en relación al ciudadano MARC HARRIS.

  1. SUSTENTO DE LA DENUNCIA

    Como ha quedado expuesto, la denuncia presentada nos remite a dos publicaciones del Diario La Prensa, en las que se hace referencia a la persona del señor M.H., ciudadano norteamericano, presuntamente vinculado con otras dos personas de esa misma nacionalidad, los señores J.S. y WALLACE STULL, quienes han sido arrestados en los Estados Unidos por su presunta vinculación con delito de Narcotráfico. Según se desprende de la publicación del diario La Prensa, agencias policiales norteamericanas investigan la posible conexión existente entre las dos personas antes mencionadas, y los negocios del señor MARC HARRIS en la República de Panamá.

    Estos trabajos periodísticos aportados como la prueba sumaria del denunciante, señalan que se realizó una reunión entre altos funcionarios de la Policía Técnica Judicial con el Señor Procurador General de la Nación, en la que se le solicitaba a éste, el inicio de una investigación contra MARC HARRIS y sus empresas, a fin de determinar si se encontraba vinculado al negocio de narcotráfico o lavado de dinero.

    El recuento del diario señala que el Señor Procurador General se negó a iniciar dicha investigación sin contar con pruebas o un indictment (encausamiento) formal contra M.H., a través de la Cancillería Nacional.

    El contexto en que se encuentran periodísticamente relatados estos hechos revela una preocupación personal, sin proporcionar respuestas los responsables de la publicación, sobre:

    -si existe o no una relación de negocios entre el señor STULL y MARC HARRIS y su organización;

    -qué hubiese descubierto el Procurador General si se hubiese decidido a investigar;

    -por qué se negó el Procurador a investigar a MARC HARRIS y a su firma; y

    -si la relación existente entre el abogado CARLOS JONES con la Procuraduría General de la República y simultáneamente con las empresas de MARC HARRIS, tuvo alguna incidencia en la negativa del Procurador General JOSE A. SOSSA de iniciar una investigación en su contra.

    El denunciante MIGUEL BUSH hace suyas las interrogantes de los autores de la publicación, arribando en la conclusión "de que estamos ante una verdad oculta, que por alguna razón muy especial que desconozco de momento, el señor Procurador General de la Nación, Licenciado J.A.S., no quiso, ni ha querido, ni quiere investigar, a pesar de haberse recibido una solicitud expresa de parte del FBI, con serios y muy graves indicios sobre la participación de capos del narcotráfico en posiciones directivas de las empresas de MARC HARRIS, al igual que cuantiosos recursos económicos aparentemente provenientes de ese delito y delitos conexos."

    Por ende, considera que "la conducta tipificada por los hechos denunciados constituyen encubrimiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 363 del Código Penal, así como de lo dispuesto en los artículos 338 y 342 del Código Penal al infringir los deberes de servidor público, independientemente de otras figuras punibles de corrupción de la cual existen indicios sumarios de su existencia."

  2. VISTA FISCAL DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

    En su Vista Fiscal No. 426 de 3 de septiembre de 1999, la Procuradora de la Administración, luego de examinadas las constancias procesales, solicitó a esta Superioridad el Archivo del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2471 del Código Judicial.

    Al efecto, la Procuraduría de la Administración ha indicado que el L.M.B.R. formula cargos al señor P. General de la Nación, fundados en artículos periodísticos, sin aportar otros elementos de convicción que permitan inferir la comisión de delito por parte del funcionario denunciado.

    En este contexto, la señora Procuradora de la Administración insiste en que los periódicos aportados son ineficaces para los fines de ser considerados prueba sumaria de delito alguno, en relación a la cuestionada conducta del licenciado J.A.S., puesto que dichos artículos no acreditan de manera concreta ni cierta, conducta delictiva en que haya incurrido este funcionario.

    La encargada de instruir las sumarias en averiguación contra el señor P. General de la Nación concluye su Vista Fiscal, señalando:

    "El análisis exhaustivo del escrito de la denuncia, y de las pruebas documentales presentadas, nos permite fundamentar nuestra posición, en cuanto a la ausencia de elementos probatorios, que permitan admitir la denuncia presentada, puesto que en materia penal, cualquier cargo que se le impute a una persona, sea o no funcionario público, debe sustentarse en la prueba de su existencia como verdad real y no por deducciones personales, o apreciaciones subjetivas, carentes del medio probatorio idóneo, que acredite el hecho denunciado, como ocurre en el presente caso.

    Para concluir, manifestamos que la denuncia propuesta en contra del Procurador General de la Nación, por la comisión de conductas de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico penal, no es admisible, puesto que la documentación que aportó el señor BUSCH (sic) RIOS no reúne los requisitos de idoneidad que establece el artículo 2471 del Código Judicial, para ser considerados como prueba sumaria, careciendo de eficacia jurídica, lo cual impide la iniciación de una investigación penal, por tanto, solicitamos a los Honorables Magistrados ordenen el "ARCHIVO" de la presente encuesta sumarial."

  3. MOTIVACION DE LA CORTE SUPREMA

    Una vez examinados los hechos alegados en este negocio, así como la Vista Fiscal rendida por la agencia instructora, corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la viabilidad de la denuncia encausada.

    1. La falta de prueba sumaria

    Satisfacen a este Tribunal de Justicia los planteamientos de la Procuradora de la Administración, en el sentido de que las publicaciones periodísticas que sirven de prueba sumaria a la denuncia presentada, carecen de la idoneidad necesaria para acreditar la existencia de un hecho punible en este caso.

    Como acertadamente lo indicara la citada funcionaria, no existe en dichos artículos, un señalamiento concreto sobre la comisión de un hecho delictivo por parte del señor Procurador General de la Nación, limitándose los autores a esgrimir interrogantes relacionadas con el tema de la posible vinculación del ciudadano MARC HARRIS con delitos que se investigan en los Estados Unidos.

    La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Segunda de lo Penal, ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones, en torno a lo que debe entenderse como prueba sumaria para los efectos de acreditar un hecho punible. Algunos de estos precedentes se reproducen en la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración, reiterándose que prueba sumaria es aquella que goza de la efectividad e idoneidad suficiente para acreditar el hecho punible que se atribuye a la parte denunciada.

    El Pleno advierte que efectivamente, todos los pronunciamientos de la Corte son uniformes en el sentido de que los medios probatorios (prueba sumaria) que acompañen una denuncia han de ser concluyentes, de forma tal que por sí mismos acrediten el hecho punible atribuido, y este condicionamiento es el que concede la idoneidad y eficacia probatoria que hace sostenible la denuncia y viable la instrucción de sumarias en averiguación.

    En el negocio sub-júdice es evidente que el legislador B.R. hace una referencia indirecta y remisoria a los artículos publicados en el Diario La Prensa para fundar su denuncia, utilizándolas como prueba sumaria, pese a que en éstas no existe un señalamiento concreto sobre la comisión de hecho delictivo por parte del señor Procurador General de la Nación. Recordemos que el reportaje periodístico no le imputa al Procurador General, licenciado S., la comisión del delito de encubrimiento, ni delito contra la Administración Pública.

    Tales publicaciones, así como la motivación del denunciante, puedan estar fundamentadas en un interés ciudadano legítimo, mas la naturaleza del relato y muchas de las aseveraciones incluidas en la pieza periodística indudablemente reflejan interrogantes de los autores sin respuestas sobre el señor M.H., por lo que mal puede desprenderse de ellas, la atribución de delitos al licenciado SOSSA.

    Así, siendo que el Honorable legislador BUSH básicamente sostiene su denuncia en el supuesto encubrimiento y negativa del Procurador General de investigar los delitos en que pudo incurrir MARC HARRIS, la prueba sumaria que acompañara la denuncia debía acreditar que este funcionario de instrucción, a sabiendas y dolosamente, no iniciaba la investigación sobre un hecho que claramente exhibía la calidad de infracción penal. Los artículos periodísticos de los días 8 y 10 de agosto del presente año, publicados en el Diario La Prensa, no tenían tal categoría probatoria.

    V.D. DEL TRIBUNAL

    En estas circunstancias, la Corte conceptúa que el denunciante no cumple con lo establecido en el artículo 2471 del Código Judicial que exige al que promueva acusación por delito o denuncia, acompañar la prueba sumaria de su relato, entendiéndose por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.

    Tampoco es viable, como pretendía el denunciante, que previo a la admisión de la denuncia, se practicaran otras pruebas (declaraciones juradas y testimonios de todos los funcionarios públicos mencionados en la noticia) a fin de que sirvieran como prueba sumaria, toda vez que lo que exige el artículo 2471 del Código Judicial para concederle procedencia a la denuncia, es que la prueba sea preconstituída.

    Esta Superioridad ha de concluir en consecuencia, que la denuncia presentada ha de ser archivada, como solicitare la señora Procuradora de la Administración.

    Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE contentivo de la denuncia presentada por el Honorable legislador MIGUEL BUSH contra señor P. General de la Nación JOSE ANTONIO SOSSA.

    N..

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) E.A.S.

    (fdo.) J.A.T.

    (fdo.) G.J.D.

    (fdo.) F.A.E.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) H.A.C.T.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) J.F.P.

    (fdo.) CARLOS H. CUESTAS

    Secretario General