Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Octubre de 1993

PonenteRODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución22 de Octubre de 1993
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación ingresó a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo de la actuación sumarial levantada en relación a la "Querella presentada por el señor A.G. CHAVARRíA " en contra del doctor G.R.P., MINISTRO DE SALUD.

Por sometido el referido expediente a las reglas de reparto y adjudicado al magistrado sustanciador, el mismo se encuentra en estado de calificar sobre su mérito y a ello se procede previas las consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES

El señor A.G. CHAVARRíA mediante escrito fechado el 6 de octubre de 1992 concurre ante el Procurador General de la Nación, "... para denunciar al señor Ministro de Salud, D.G.R.P., y se obligue a que entregue las pruebas, que justifique sus declaraciones en contra de mi persona, el día martes 15 de septiembre de 1992, a la muy respetada licenciada B.B., reportera distinguida del Noticiero Telemetro Reporta del Canal 13". (El subrayado es de la Corte).

Como fundamento de la denuncia alega que el "... señor G.R.P. en su condición de Ministro de Salud y Presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, manifestó de manera enfática y pública el día 15 de septiembre de 1992 a la muy respetada licenciada B.B., la siguiente declaración: "Que el señor

A.G.C. , y vamos a decir las cosas como son, se la quiere tirar ahora de vivo, a él lo botaron del Seguro, por ser un sinvergüenza, que robó y tiene problemas de Auditoría".

Como "SOLICITUD ESPECIAL", solicita que se "conmine al Dr. G.R.P. a que prueble (sic) públicamente su expresión de lo contrario que se retracte públicamente"; pues, "para ello esperaba el término que señala la Ley, para antes que el mismo prescriba, proceder de manera formal con la respectiva demanda por calumnia e injuria en su contra". (Subraya la Corte)

Finalmente, como pruebas se cita que "... se pida la cinta de video al Canal 13 de Televisión en donde se reproduce la voz y la imagen del Dr. G.R.P. manifestando sus expresiones despectivas en contra de mi persona"; y acompaña "copia de la cinta magnetofónica lo que sólo consta el audio "pues el "video original con su audio, reposa en la planta televisora Canal 13".

Todo lo cual aparece a fojas 1 y 2 del referido expediente contentivo del Sumario en estudio.

MINISTERIOPUBLICO

El Procurador General de la Nación califica el escrito de la denuncia como "Querella", avoca el conocimiento y mediante auto cabeza de proceso del 13 de octubre de 1992 dispone:

"PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Panamá, trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).

Este despacho ha recibido la querella suscrita por el señor A.G.C., contra el Dr. G.R.P., Ministro de Salud, en virtud de las declaraciones dadas el martes 15 de septiembre del presente año, a través del noticiero Telemetro Reporta, del Canal 13 de Televisión, donde éste último ha vinculado el nombre del citado señor G.C., con supuestos actos delictivos que se mencionan en dicha noticia, lo que a juicio del querellante, empañan su imagen y reputación, constituyendo ello, delito CONTRA EL HONOR, por lo que solicita una prolija investigación con miras al total esclarecimiento de la verdad.

De resultar ciertos los hechos descritos por el querellante, entrañan evidentemente la comisión de delitos antes mencionado, los cuales se encuentran tipificados por nuestra legislación penal.

Cabe inferir que esta querella está dirigida contra un funcionario público, por lo que en atención a ello, se deberán tomar en cuenta la disposiciones que regulan el procedimiento en torno a las acusaciones, denuncias o querellas que surgen en contra de dicho servidor.

En tal sentido, ésta Procuraduría DISPONE: Avocar el conocimiento de la presente querella y en base al contenido del artículo 383 del Código Judicial, COMISIONAR a la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, con el objeto de que se practique las diligencias judiciales que se estimen pertinentes para el descubrimiento de la verdad en este caso, y una vez concluidas remitirlas a esta Superioridad para el trámite de rigor.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 2058 y 2059 del Código Judicial y Ley 1 de 5 de enero de 1988.

A. la entrada y salida de este sumario en el libro de registro respectivo.

C..

El Procurador general de la Nación.

(fdo.). R.C.R.

La Secretaria General

(fdo.). L.. M.E.V. de A.. " (fs. 3 y 4).

La Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, a cargo del licenciado C.M.H.M., el 15 de octubre de 1992 acoge la comisión ordenada por la Procuraduría General de la Nación, en relación con la denuncia presentada por el señor A.G.C. en contra del Dr. G.R.P., Ministro de Salud, y, en consecuencia, dispone practicar las diligencias que estima necesario para el total esclarecimiento del hecho. (fs. 6).

De esa manera se observa que en las referidas sumarias consta lo siguiente:

  1. A fojas 8 aparece una "transcripción" de la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial "de cinta magnetofónico de lo que consta en el audio del Video original que reposa en la Planta Televisora Telemetro Canal 13", Certificada por la Secretaria Licenciada Dina G. Torres Quiel y fechada el 29 de enero de 1993.

  2. A fojas 11 de 3 de febrero de 1993 dirigida por el señor A.A., Productor Ejecutivo de Telemetro Panamá, a la licenciada C.L.V.. de M., Fiscalía Tercera Superior, en la que se expresa: "... le informó que en el Departamento de Noticias mantenemos los noticieros en archivo por solo un mes. El reportaje que usted hace referencia es del quince de septiembre de 1992, por lo que sentimos mucho no poder ayudarle en esta ocasión. Adjunto le enviamos el cassette Panatronic T-120 VHS que usted nos remitió.

  3. A fojas 19 y 20 una certificación de la licenciada Celia L. de Adames Directora Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social, en la que se certifica que el señor A.G.C. colaboró en esta institución "... hasta el 1º de enero de 1990, fecha en que fue destituído de su cargo de A. en la Dirección de Auditoría".

  4. A fojas 23 carta fechada el 19 de mayo de 1993, designada a la Fiscal tercera Superior del Primer Distrito Judicial por A.A., Productor Ejecutivo de Telemetro Canal 13, en la que confirma "... que efectivamente la noticia de las declaraciones del Ministro de Salud; D.G.R.P. vinculados a la construcción del Hospital de San Miguelito y el Sr. A.G. fueron transmitida por el noticiero Telemetro Reporta Edición Estelar el 15 de septiembre de 1992 y realizada por la periodista B.B.."

Así la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá por cumplida la comisión ordenada por la Procuraduría General de la Nación, devuelve debidamente-diligenciada la comisión asignada, mediante proveído de 9 de junio de 1993, aprehendiendo nuevamente el conocimiento de la "querella" la Procuraduría General de la Nación según consta a fojas 24 y 30.

VISTA DEL PROCURADOR

GENERAL DE LA NACIÓN.

El Jefe del Ministerio Público en la vista que corre a fojas 36 a 41 solicita al Pleno de la Corte "... archivar este cuaderno jurídico penal, dictando un Sobreseimiento Definitivo de carácter Impersonal, de acuerdo con lo preceptuado por el ordinal 1 del artículo 2210 del Código Judicial", expresando entre otras consideraciones las que a continuación se destacan:

Sostiene que el denunciante aportó con la denuncia una cinta audiovisual, lo que a juicio "... no constituye prueba sumaria de su relato, por cuanto que debió transcribirse la mencionada entrevista televisiva realizada al doctor G.R.P., por la reportera B.B., y que se presume está contenida en el cassette aportado con la denuncia". Que a página del expediente resalta la transcripción de la mencionada cinta magnetofónica, que presentó el denunciante como prueba, "..por parte de la Fiscalía comisionada, siendo a su vez corroborada por la empresa televisiva a fojas 22".

Agrega además lo siguiente: "...

Del análisis objetivo efectuado a este negocio jurídico penal, es digno destacar que el señor A.G.C. presentó una vez más un escrito contentivo de una denuncia en contra del Titular del Sector Salud, por lo que creemos importante reiterar nuestro criterio en torno al estudio que se hace en nuestra legislación procesal respecto a las diferencias existentes entre una denuncia y una querella.

De esta manera nuestro Código Judicial, califica como denunciante a aquella persona que se presente ante la autoridad competente e informa un hecho que se presume como delictivo, lo que resulta suficiente para dar inicio a una investigación, con el objeto de establecer su existencia y la vinculación del o los autores.

En el caso de la querella resulta todo lo contrario, puesto que para su válida admisión tendrá el propio ofendido que la promueva que aportar prueba de su relato, a tenor de los artículos 1980, 2030 y 2031 del Código Judicial, como el 180 del Código Penal Patrio.

Por ello es viable que se transcriba literalmente lo que nuestro Código judicial define como denunciante en su artículo 2024

'...'

También opinamos en proceso similar, la opinión que externo el jurista F.G.L., respecto a la figura del denunciante, lo cual estimamos conveniente recalcar en esta causa:

'El denunciante puede actuar de forma verbal o escrita, y en un acta no sujeta a formalidades especiales.

No se constituye en parte, ni está obligado a aportar prueba, como tampoco contiene obligaciones en relación con el procedimiento, sobre cuando se requiere su intervención en calidad de testigos de los hechos objeto de la denuncia.' (F.G.L., EL Proceso Penal, Oviedo, 1987, pág.116)'

Queda demostrado que la condición de denunciante recae en cualquier persona y no necesariamente tiene que ser afectada por la acción antijurídica cometida por un individuo.

Por su parte, la querella, nuestro Código Judicial la ubica en el artículo 2030 en los siguientes términos: '...'

Asimismo, y siguiendo este orden de ideas, el artículo 2031 del cuerpo de normas en comento establece las condiciones de la querella así:'...'

Esta disposición se refuerza con lo que prevé el artículo 1980 del Código de procedimiento Penal, cuando expresa que '..en los delitos de bigamia, calumnia e injuria, incumplimiento de los deberes familiares, competencia desleal y contra los derechos ajenos no se seguirá procedimiento criminal sino por acusación formal del ofendido' (el énfasis nuestro) Sobre este particular, el Código Penal señala en el artículo 180 que para proceder en delitos contra el honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada de la prueba sumaria de su relato.

Veamos entonces, que el ofendido al exponer los hechos, los fundamenta como probable comisión de delitos contra el honor,y lo hace a través de una denuncia, lo cual como ya dijimos en procesos anteriores, es un grave error, toda vez que debió promover una querella, por cuanto que los delitos contra el honor se siguen a solicitud de quien se considera afectado, y de manera categórica debe expresar su voluntad en cuanto que el hecho que atenta contra su honor son inventados y al autor se le imponga la sanción correspondiente conforme lo normado por el artículo 2031 del tantas veces citado Código Judicial.

Resulta interesante recalcar que el señor A.G.C., en este caso, tampoco delimitó en escrito de denuncia la presunta acción antijurídica irrogada al doctor G.R.P., debido a que entra en contradicción cuando sugiere a esta procuraduría que inste al prenombrado funcionario público a que se retracte públicamente de las expresiones emitidas hacia su persona, pues de no ser así, procederá a interponer '... la respectiva demanda por calumnia e injuria en su contra'. Esto, lógicamente que constituye un grave error, ya que no sería mediante una demanda que opera en la esfera civil, sino a través de una querella por calumnia e injuria.

Nos parece que el señor A.G.C. desconoce totalmente el procedimiento que prevé la legislación procesal, en virtud de que confunde las figuras de denunciante y querellante, sustentado de manera equivocada su escrito de denuncia.

Asimismo, no determina en dicho libelo la figura delictiva que quiso endilgarle al sumariado G.R.P., por cuanto que no existe en este expediente la posible comisión de un acto catalogado como punible en la persona del citado servido público".

De los párrafos de la vista transcrita se infiere que el funcionario instructor de las sumarias, en síntesis, solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que, en este caso, dicte un sobreseimiento en los términos que dispone el artículo 2210 del Código Judicial, habida cuenta que a su juicio el denunciante debió presentar una "querella" y acompañar con la misma la prueba sumaria de su relato, circunstancias que no se dan en el escrito presentado por el señor A.G.C. contra el MINISTRO DE SALUD, como en efecto ello es así. Veamos

EXAMEN DE LAS CONSTANCIAS QUE MILITAN EN EL SUMARIO

La descripción presentada inicialmente sobre las constancias que militan en el expediente contentivo del Sumario enviado a esta Corporación para su calificación, de salida obligan a que se hagan los siguientes señalamientos:

El escrito presentado por la persona que, en este caso, se considera ofendida en su honor por las expresiones que atribuye al funcionario público a cargo del Ministerio de Salud, sin la menor duda revela que en vez de una "Querella" como lo dispone el artículos 180 del Código penal, concordante de los artículo 1980 y 2030 del Código Judicial, presentó una "Denuncia", solicitando al Procurador que:

"... se retracte públicamente, para ello esperamos el término que señala la ley, para antes que el mismo prescriba proceder de manera final con la respectiva demanda por calumnia e injuria en su contra".

De los párrafos transcritos se colige, además, que el Procurador General de la Nación no debió siquiera admitir el escrito de "Denuncia" presentado por el señor A.G.C., menos iniciar, como lo hizo, la investigación mediante diligencia cabeza de proceso que aparece a fojas 3 y 4 de las sumarias en estudio. Pues resulta manifiesto que, en el caso que ocupa al Pleno de la Corte, falta el elemento esencial de la "Querella" de la persona que se considera ofendida en su honor, para que el Ministerio Público pudiera iniciar la investigación Sumarial, de conformidad con las normas del procedimiento penal panameño.

En efecto, el artículo 1980 del Código Judicial claramente establece que: "... En los delitos de calumnia, injuria e incumplimientos de los deberes familiares es suficiente la querella del ofendido"; y, por su parte, el artículo 2030 del mismo cuerpo de leyes establece igualmente que: "Cuando se trate de delitos que no requieren acusación particular, pero respecto a las cuales la investigación sumaria no puede iniciarse de oficio, será necesario la presentación de querella por el ofendido, quien podrá hacerlo verbalmente o por escrito, acreditando su legitimidad de personería para actuar".

Por otra parte,en concordancia con las comentadas excertas del Código Judicial, el artículo 180 del Código Penal, en el inciso primero también dispone que: "Para proceder en los delitos contra el honor, se requiere querella de la parte ofendida, acompañada por la prueba sumaria de su relato".

De lo cual resulta claro, entonces, que en tratándose de delitos contra el honor se requiere como requisito indispensable la querella" de la parte ofendida.

Por otra parte, visto el contenido del escrito de la "Denuncia" presentada al Procurador General de la Nación es evidente que no existe siquiera la voluntad expresa del ofendido de que se proceda por los delitos "calumnia e injuria" contra el Ministro de Salud, de manera que el funcionario de instrucción hubiera podido iniciar la investigación correspondiente; toda vez que se advierte con claridad, que el prenombrado G.C. lo que solicita al funcionario de instrucción es que se conmine al Ministro a que se retracte públicamente para luego proceder "de manera formal con la respectiva demanda por calumnia e injuria en su contra."

Por todo ello, el Pleno de la Corte, comparte el criterio del señor Procurador de la Nación expresado en los párrafos de la Vista, anteriormente transcritos, en lo que respecta al análisis sobre la "Querella" y la "Denuncia" conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico Penal. No obstante ello, considera que lo pertinente en el caso es ordenar el archivo del expediente, habida cuenta que está demostrado que no existe la "Querella" que la ley exige como requisito indispensable para que se inicie la investigación sumaria por los delitos contra el honor.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

N. y Cúmplase.

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) E.M.M.

(fdo.) R.T.M.

(fdo.) F.A.E.

(fdo.) H.A.C.T.

(fdo.) L.C.D.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE V.

(fdo.) A.H.

(fdo.) C.A.C.V.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General.

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