Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 2001

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2001
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
RESUMEN

DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA, EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE DINERO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CONTRA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ

 

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha recibido de la Procuraduría de la Administración, para la calificación legal correspondiente, el expediente contentivo de la denuncia presentada por la COMISIÓN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA DROGA, EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE DINERO, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA contra el PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, licenciado J.A.S., por la supuesta infracción de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título X del Libro II del Código Penal, que trata sobre el Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

Por razones de las reglas de competencia funcional, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocer de los cargos imputados al Procurador General de la Nación, en atención a lo dispuesto por el artículo 86, numeral 2, literal b) del Código Judicial.

  1. LO QUE SE DENUNCIA.

    La presente encuesta penal se inició el 19 de enero de 2000, mediante denuncia presentada por la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea Legislativa en contra del Procurador General de la Nación.

    En la denuncia formulada contra el Procurador General de la Nación se hacen los siguientes señalamientos que se transcriben sucesivamente a continuación en forma sucinta (ver fojas de 6 a 9 y a foja 10 del expediente):

    "A.- Caso M.H.:

    1. - Se pudo determinar la existencia de una solicitud de Asistencia Policial que funcionarios del F.B.I. de servicio en la Embajada de Los Estados Unidos de América en nuestro país, dirigieron a la Policía Técnica Judicial, peticionando colaboración en la investigación de probables vínculos del empresario MARC HARRIS, con dos (2) narcotraficantes capturados, confesos y condenados en ese país, quienes indicaron que sus ganancias de ese ilícito, eran lavadas en las empresas de MARC HARRIS en Panamá. A nuestro juicio, lo expuesto en la nota del F.B.I. sí amerita de inmediato el inicio de una investigación, lo que no se hizo, tal y como lo ha indicado el propio P. General de la Nación, porque él no la autorizó.

    2. - Ha quedado claramente establecido la existencia de dos (2) clases de Asistencias internacionales, a saber; la Asistencia Policial para efectuar una investigación preliminar, que por Ley, en nuestro país, corresponde a la Policía Técnica Judicial; y la Asistencia Judicial, que es competencia tanto del Órgano Judicial, así como del Ministerio Público y debe ser tramitada a través de la Cancillería, a diferencia de la primera que es directa, expedita y confidencial en algunos casos.

    3. - Que en opinión de esta Comisión, la nota del 11 de diciembre de 1997, que el F.B.I. dirigiera a la Policía Técnica Judicial, constituye una solicitud de Asistencia Policía, que no requiere de las formalidades de trámite por conducto diplomático como lo quiere ver el Procurador General de la Nación.

    4. - Que tanto para los Comisionados, así como para los demás H.L. presentes durante ambas sesiones, no cabe la menor duda que la Policía Técnica Judicial tuvo la voluntad de cumplir con la Asistencia Policial que solicitara el F.B.I.; no obstante, esta no se atendió en debida forma, en virtud de la prohibición dada por el señor Procurador General de la Nación. Además, consideramos, que la sola alusión a confesiones efectuadas por dos (2) narcotraficantes que involucraba las empresas de MARC HARRIS en probable actividad de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, amerita cuanto menos el inicio de una investigación formal que no se dio por las razones arriba expuestas.

      B.- Caso A.O.:

    5. - Que de la simple lectura de la copia del Auto Encausatorio contra ORANGES, que contiene la orden de su detención y que fuera entregada a esta Comisión, junto a otros documentos, por el Director de la Policía Técnica Judicial, se observa un número plural de cargos directos que le hacen las Autoridades Antimafias italianas, por su supuesta participación en una organización criminal italiana dedicada tanto al narcotráfico, como al lavado de dinero proveniente de ese delito.

    6. - Que los integrantes de la Comisión también tuvimos acceso a copia de la traducción al español de la demanda de Asistencia Judicial de fecha 12 de octubre de 1998, entregada al Procurador General de la Nación, mediante la cual los Fiscales romanos, luego de exponer los resultados de su investigación y las pruebas recabadas, pedían en primer lugar, la identificación y secuestro de las cuentas corrientes en las que tuvieron lugar transacciones entre ORANGES y el capo de la droga L.R.L., especialmente aquellas donde se abonaron enormes cantidades de dinero para la campaña electoral en que participó ORANGES; y en segundo lugar, peticionaron un interrogatorio a ORANGES ante la presencia de representantes de la Fiscalía romana. La Comisión no recibió evidencias claras que demuestren el cumplimiento de la primera petición; en tanto que la atención a la segunda se ha dado con gran lentitud y no hay confirmación de que la respuesta del Procurador General de la Nación, haya sido recibida por los Fiscales italianos.

    7. - Tanto los Comisionados, así como los demás H.L. presentes en ambas sesiones, coincidieron en recordar que para el día 13 de octubre de 1998, el Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSA informó a la ciudadanía a través de los medios de comunicación social, que el material recabado en Italia por el Fiscal de Drogas ROSENDO MIRANDA comprueban que ene (sic) país no existen pruebas que involucren al ciudadano panameño-italiano A.O. en delito alguno y que ahora, luego de escuchadas las intervenciones del Licenciado MONCADA y del procurador SOSA, aunado a la revisión de la voluminosa documentación entregada por el primero, se ha podido constatar no solamente la vinculación que hacen los Fiscales romanos con una organización dedicada a actividades relacionadas con drogas, sino que se dicta una orden de detención contra un número plural de personas, entre los cuales se encuentran el ciudadano panameño-italiano A.O..

    8. - Que al revisar la copia del e-mail de fecha 14 de julio de 1998, remitido por Interpol-Panamá a su homólogo de Roma, cuyo contenido el Procurador General ha catalogado como una prueba falsa utilizada por el Juez italiano para dictar la medida de detención contra A.O., se aprecia referencia a lavado de dinero, por cuanto que sociedades vinculadas a A.O. y L.R.L., hacían ingresar fuertes sumas de dinero del exterior, las cuales permanecían dos (2) días en un banco local, para después ser transferidas hacia el exterior, lo que constituye una información con datos genéricos sin ningún detalle específico. En dicho documento, la Comisión no encontró alusión alguna de que los fondos en mención, estaban relacionados con el narcotráfico; por lo que se comparte el criterio expuesto por el Director General de la Policía Técnica Judicial, quien dijo no saber las razones por las cuales el Procurador JOSÉ ANTONIO SOSA decidió ordenar una investigación contra el J. de Interpol-Panamá.

      - Posteriormente a las exposiciones arriba indicadas, la Presidencia de esta Comisión recibió de parte del Licenciado A.M., Director General de la Policía Técnica Judicial, copia autenticada del mensaje conferencia No. 123/C2/SEZ. 1/981390/2-2/G2/PB. de fecha 5 de enero del año 2000, mediante el cual Interpol-Roma, aclara a su homólogo de Panamá que "la solicitud de medida de detención (orden de arresto) tomada en contra de ORANGES fue presentada por esta Dirección de Distrito Antimafia el 27 de junio de 1998 (27.06.1998), eso es, antes de la comunicación de Interpol-Panamá del 14 de julio de 1998".

      - Ante este hecho, esta Comisión considera de suma gravedad, las falsas afirmaciones vertidas por el Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSA, Procurador General de la Nación, durante su exposición, al igual que antes los medios de comunicación social del país, en el sentido de decir que la información enviada por Interpol-Panamá en su mensaje de 14 de julio de 1998, a parte de ser falsa, sirvió como prueba para que las Autoridades Judiciales italianas ordenaran la detención del señor A.O.B., al vincularlo con actividades de narcotráfico y lavado de dinero en virtud del antes citado mensaje.

    9. - Que habiendo escuchado ambas intervenciones y revisado todas las copias de la documentación entregadas a esta Comisión se ha podido determinar que por lo menos en los dos casos por nosotros examinados -HARRIS Y ORANGES-, se ha dado por parte del Procurador General de la Nación, Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSA, un evidente incumplimiento de sus deberes como funcionario de instrucción, al no ejercer una de las atribuciones que por Ley le compete, específicamente la de perseguir e investigar los delitos, de los cuales tengan noticia por cualquier medio. En este sentido de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Procurador General de la Nación, debió iniciar de inmediato las investigaciones sumarias sobre los casos en comento.

    10. - Que en la documentación de origen italiano entregada a esta Comisión por el Licenciado ALEJANDRO MONCADA, consta que las investigaciones efectuada por las Autoridades Antimafias de ese país, contaron con el apoyo de entidades policiales de un número plural de países, entre las cuales se destaca la participación que tuvo el F.B.I., en la vigilancia y seguimiento de la referida organización criminal, a la cual pertenece, según las Autoridades Italianas, el ciudadano panameño-italiano A.O.B., lo cual demuestra que se trató de una investigación multinacional de gran envergadura, que trajo como consecuencia el arresto de cuarenta y cinco (45) narcotraficantes que aún permanecen encarcelados y la búsqueda internacional con fines de extradición de otros componentes del grupo que se encuentran prófugos, contra los cuales se han girado solicitudes de Asistencia Judicial.

    11. - Que el Licenciado A.M., con posterioridad a su exposición, aportó mediante nota DG-01-005-2000 de 5 de enero de 2000, copia debidamente cotejada del Registro Judicial de marzo de 1996, en el cual aparece el fallo emitido el día 7 de marzo de 1996 por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, luego de analizar una Acción de H.C. interpuesta a favor del empresario panameño A.L., contra el Fiscal Especial de Delitos Relacionados con Drogas, en un caso, según indica el Director General de la P.T.J., muy similar al que actualmente enfrenta el ciudadano panameño-italiano A.O.B., lo que según él, consiste en un precedente.

      - Agrega el Licenciado MONCADA que a diferencia del caso ORANGES, en el del señor L., el Licenciado J.A.S. sí ordenó la detención preventiva mediante Resolución fecha 27 de octubre de 1995, la cual se sustentaba no en pruebas, sino en la nota verbal No. 852 de 27 de octubre de 1995, emitida por la Embajada de Los Estados Unidos de América en Panamá. Según el fallo en comento, la decisión del Procurador SOSSA de ordenar la detención de A.L., se apoyaba en la Convención de Viena de 1988, la Ley 23 de 1986, entre otras disposiciones legales.

      - En la parte final de su nota, el Director General de la P.T.J. señala que a pesar de la documentación recabada por su enviado especial a Italia, el F.R.M., el Procurador General de la Nación, Licenciado J.A.S. no ordenó la detención preventiva de A.O., sino que por el contrario, afirmó públicamente que no existía pruebas que lo involucraran en delito alguno, negándose a abrir una investigación penal, a diferencia de lo que hizo en el caso del señor A.L.. Esto comprueba que estamos ante un Procurador General de la Nación que administra justicia selectivamente.

    12. - Finalmente ante las pruebas expuestas por el Licenciado ALEJANDRO MONCADA sobre una campaña de hostigamiento y descrédito permanente asumida contra la institución a su cargo, por altos personeros del Ministerio Público, incluyendo al propio Procurador General de la Nación, lo que a su juicio ha desmoralizado a los miembros que la componen, esta Comisión no puede más que reconocer la amplia difusión a través de los diversos medios de comunicación social de país, de múltiples entrevistas y comentarios desfavorables efectuados básicamente por los L.J.A.S. y C.A.H., entre otros, que definitivamente en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, lo que hace es favorecer al crimen organizado."

      Por otro lado la Comisión pudo constatar serias irregularidades en la atención de las dos (2) peticiones contenidas en la solicitud de Asistencia Judicial, por parte del Licenciado J.A.S., lo que a no dudarlo constituye una grave omisión de sus actos públicos, a tenor de lo establecido en nuestro Código Penal vigente, que inclusive prevé sanciones para el servidor público que indebidamente rehuse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones. Como es de dominio público, el Procurador General ha admitido ante esta Comisión, haber recibido las solicitudes de Asistencia Judicial emanadas de las Autoridades Judiciales italianas en octubre de 1998, indicando al ser cuestionado por los Honorables Legisladores presentes, que él inmediatamente había dado respuesta a las peticiones, sin que ellos, refiriéndose a las Autoridades italianas, hayan respondido. Sin embargo, al examinar la copia de telex fechado 23 de noviembre de 1999, remitido por Interpol- Roma, esta Comisión pudo constatar que dichas Autoridades, para esa fecha, no había recibido respuesta alguna a sus peticiones de Asistencia Judicial.

      Con la denuncia aparecen adjuntos los siguientes documentos (ver de fojas 11 a 643 del expediente):

    13. - Actas del día 20 y 23 de diciembre de 1999 y 14 de enero de 2000, y sus grabaciones, de la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero.

    14. - Cintas magnetofónicas (cassettes).

    15. - Pruebas presentadas por el Licdo. A.M., Director de la Policía Técnica Judicial.

    16. - Pruebas presentadas por el Procurador General de la Nación; L.. J.A.S.R., en sus respectivas comparecencias.

  2. INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO.

    Tal como lo preceptuaba el numeral 12 del artículo 348 del Código Judicial (artículo 5 numeral 8 de la Ley 38 de 2000), correspondía a la Procuraduría de la Administración instruir las sumarias a que dieron lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el Procurador General de la Nación por delitos o faltas.

    El artículo 2031 del Código Judicial señala cuáles son los fines que persigue la instrucción del sumario:

    "ARTÍCULO 2031: La instrucción del sumario tiene por propósito:

    1. Comprobar la existencia del hecho punible, mediante la realización de todas las diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad;

    2. Comprobar el alcance de las lesiones físicas, mentales y emocionales sufridas por la víctima, su representante legal o tutor y sus parientes cercanos, como resultado del delito, así como los servicios profesionales médicos y psicológicos requeridos para su inmediata atención.

    3. Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, o que lo agraven, atenúen o justifiquen;

    4. Descubrir al autor o partícipe, así como todo dato, condición de vida o antecedentes, que contribuyan a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad."

    Los fines que señala el artículo anterior no le son contrarios a las normas de los procesos especiales. Esto es así, tal como lo señala el artículo 2463 del Código Judicial cuando señala claramente que: "En los negocios sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones de los procesos penales ordinarios, en cuanto no se opongan a las dadas especialmente para cada procedimiento".

    Además, en cuanto a la sujeción a trámites ordinarios, el artículo 2464 de la misma excerta legal dispone: "Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, y de que resarzan los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con excepción de los que tienen señalado un procedimiento especial en este Código".

    Así pues, una vez recibida la denuncia, la Procuradora de la Administración declaró abierta la investigación y ordenó la práctica de todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos denunciados, a través de la providencia de 24 de febrero del año 2000, tal como consta a foja 644 del expediente.

    La Procuraduría de la Administración, luego de declarar abierta la investigación contra el señor Procurador General de la Nación por la denuncia presentada, dispuso en primer término recibir declaración por medio de certificación jurada al licenciado J.A.S., a través de la providencia de 24 de febrero del año 2000, visible a foja 646 del expediente.

    Por otro lado, mediante providencia de 1 de marzo de 2000, la Procuradora de la Administración dispuso recibir declaración por medio de certificación jurada al licenciado R.M., Fiscal Primero de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga; al licenciado A.M., Director de la Policía Técnica Judicial y solicitó al Fiscal Auxiliar de la República, copia debidamente autenticada del expediente que contiene las sumarias instruidas en contra de J.M..

    Se aprecia de fojas 1414 a 1437 del expediente, la contestación de parte del señor Procurador General de la Nación, licenciado J.A.S.R., con relación al traslado que se le hiciera del cuestionario remitido por la señora Procuradora de la Administración.

    En efecto, el señor Procurador General de la Nación en sus descargos realizados por escrito, señaló:

    "A.-CRITERIO CON RESPECTO A LA PRUEBA SUMARIA.

    ...

    Como se ve tales documentos y cintas, no reúnen la idoneidad que se exige y que reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia así lo ha señalado, pues son documentos que recogen, unos las sesiones que se realizaron en la Comisión de Droga de la Asamblea Legislativa y otros, los aportados por quienes comparecimos en dichas sesiones, por lo que éstos se limitan a acreditar distintas actuaciones, mas no comisión de delito alguno. En todo caso tendrían que ser ratificadas ante su despacho para ser tenidas como prueba y por tanto, no son idóneas como pruebas sumarias.

    De allí que no es suficiente que se hayan aportado ciertos documentos, sino que además éstos deben ser de tal naturaleza que acrediten el hecho que se denuncia, por lo que no es la cantidad de lo aportado lo que determina la existencia del hecho denunciado, sino su idoneidad, contenido o condición particular para ser considerado como prueba sumaria. Ello no se da con los documentos que se han aportado.

    ...

    Considero con todo respeto, que esta denuncia, acusación o señalamiento jamás debió ser aceptada por cuanto:

    1.-Los miembros firmantes de la Comisión de Droga no pueden presentar una acción de este tipo en nombre de la Asamblea Legislativa.

    El informe de la Comisión de Droga debió ser remitido al Pleno de la Asamblea Legislativa para que esta tomase una decisión que, si hubiese sido procedente tendría que haber sido comunicado a la Procuraduría de la Administración a través del Presidente de la Asamblea y no por el Presidente de la Comisión que no ostenta la representación legal de la misma.

    2.-Una denuncia contra funcionario público por estos hechos no procede si no viene acompañada de prueba sumaria. Sobre este punto, Señora Procuradora, debo señalar que en aras de la necesaria claridad, ante la opinión pública, es cada vez más frecuente que tenga que destinar grandes porciones de mi tiempo y recursos para atender la contestación a estas denuncias infundadas. Le pido a la Señora Procuradora que tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia (Pleno), en casos anteriores que han atendido sobre denuncias contra mi persona, se dicte el rechazo de las denuncias cuando no existe la prueba sumaria, o cuanto los hechos denunciados no constituyen delito. Sabemos que es usted consciente, que el trabajo que desempeño ha generado y seguirá generando enemistades. Que cada una de las personas que se ve perjudicada por mis decisiones pensara en presentarme una denuncia, la más de la veces infundada. El mecanismo de existencia de prueba sumaria para la denuncia contra un funcionario público, es una protección para el trabajo correcto que realizamos todos los funcionarios públicos en este caso, de la Administración de Justicia. Si no puedo disfrutar de esta protección procesal, tenga la seguridad respetada Señora Procuradora, que una parte importante de su tiempo y de el mío estará dedicada a atender estos ejercicios.

    3.-Los hechos señalados en mi contra en esta ocasión han sido previamente denunciados, lo cual motivó un pronunciamiento suyo y un fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

    ...

    a). Se recibieron dos solicitudes de Asistencias Judiciales, la primera fue entregada a este despacho el día 12 de octubre de 1998, por el Lic. R.M., mediante oficio No. FD-DS-131-98 del 12 de octubre de 1998, la segunda solicitud fue tramitada a través de la INTERPOL-Panamá, tal y como lo señala la nota del 21 de octubre de 1998, suscrita por los Fiscales doctor G.S. y el D.P.S..

    "c) Señora Procuradora, la solicitud de Asistencia Judicial fue tramitada de manera inmediata, toda vez que se recibió el día 12 de octubre de 1998 y mediante providencia del día 13 de octubre de 1998, esta Procuraduría General accedió al diligenciamiento de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional vigente.

    A través de la PGN-AI-722-98 de 27 de noviembre de 1998 se remitió A su Excelencia Teodoro Fuxa, Embajador de Italia en Panamá, la Solicitud de Asistencia Judicial diligenciada por la Procuraduría General de la Nación, para que a través de su conducto fuese remitido a los F.G.S. y P.S.. Dicha documentación recabada y diligenciada practicadas consistía de dos tomos con 1,138 fojas útiles (Prueba 6 , con acuso de recibo)

    Posteriormente, y dada la obtención de nueva información se hizo necesario efectuar dos ampliaciones de la declaración rendida por A.O. y la toma de una declaración jurada al contador de la empresa ORANGES y Compañía. Estas declaraciones fueron acompañadas de la nota PGN-AI-17-99 de 8 de enero de 1999, dirigida al Embajador de Italia en la República de Panamá, a fin de sea (sic) tramitada a los Fiscales Adjunto de la República Tribunal de Roma, Italia y constaba de 295 fojas útiles (Prueba No. 7 con acuso de recibo).

    Igualmente el 22 de febrero de 1999 a través de la nota PGN-AI-150-99 se le envía a la citada sede diplomática 550 fojas útiles en adición que guardaban relación con el diligenciamiento de la Solicitud de Asistencia Judicial, para que fuese enviada a las autoridades correspondientes de Italia (Prueba No. 8 con acuso de recibo).

    Señora Procuradora, como podrá observar, en un período aproximado de dos meses y medio se evacuó la Solicitud de Asistencia Judicial y se remitió a los F.P.S. y G.S. un total de 1,983 fojas útiles contentivas de las diligencias practicadas y la documentación recabada".

  3. VISTA DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    Imputación del delito de violación del secreto (artículo 337 del Código Penal) y Petición de sobreseimiento.

    En su V.F.N. 353, de 6 de julio de 2000, la señora Procuradora de la Administración, manifestó que la denuncia que nos ocupa fue presentada contra un funcionario público, quien es el máximo Jefe del Ministerio Público, por la supuesta infracción de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título X del Libro II, del Código Penal, que trata sobre el Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

    En primer lugar, en cuanto a la figura de los denunciantes, la Procuradora de la Administración reconoce que los mismos poseen legitimación activa en relación al hecho punible denunciado, en virtud de que la presente investigación "no exige querella o denuncia de parte afectada, por tratarse de servidores públicos con facultades reconocidas en los artículos 2026 y 2027 (actuales 1996 y 1997) del Código Judicial, en concordancia con el artículo 342 del Código Penal"

    Opina además en la vista aludida, que la prueba sumaria aportada por los denunciantes (Actas de la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa), reúne los presupuestos legales exigidos, toda vez que en esos documentos consta la deposición del Procurador General de la Nación, ante la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero, de la Asamblea Legislativa.

    Por otro lado, la Procuradora de la Administración efectuó algunas consideraciones que se transcriben a continuación:

    "Hemos examinado con detenimiento, incluso desde varios ángulos diferentes, todo lo relativo a los hechos que constan en la documentación sumarial; como también hemos referido a las normas constitucionales y legales pertinentes, y como citamos opiniones doctrinales específicas, ahora sólo corresponde exponer las conclusiones que proceden. Son las siguientes:

    1. - El Señor Procurador General de la Nación recibió de la Directora de la Unidad de Análisis Financieros, el Oficio No. 738/98 de 26 de octubre de 1998, en el que se le solicitaba la investigación de Clark's Investment Corporation, porque sus estados de contabilidad mostraban "transacciones sospechosas", ya que el señor Procurador General estaba enterado, por la Solicitud de Asistencia Judicial proveniente de Italia, de que el S.A.O.B. tenía facultad de firmar con respecto a la cuenta bancaria de dicha empresa.

      Por oficio DPG, de 28 de octubre de 1998, el Señor Procurador General de la Nación remitió al Fiscal Primero de Drogas lo actuado por la Unidad de Análisis Financiera, dando el Señor Procurador General la instrucción de que se abriera una Investigación Preliminar, al efecto correspondiente.

      Dado el conocimiento que desde antes del 29 de octubre de 1998 el Señor Procurador General de la Nación tenía en cuanto a que el S.A.O.B.I., con su firma, en la cuenta bancaria de dicha empresa, esta Procuraduría de la Administración considera que la instrucción del señor Procurador General debió consistir en una medida de investigación formal sobre dicho asunto, y no una Investigación Preliminar, que generalmente se hace sin celeridad, porque se trata, precisamente de una acción preliminar.

    2. - Con fecha 21 de octubre de 1998, los Fiscales italianos G.S. y P.S., por conducto de INTERPOL- Roma, le escriben carta al Señor Procurador General, en la que parcialmente, se le expresa:

      "A tal fin, comunico que no deberían existir dificultades para identificar las cuentas corrientes de ORANGES y los movimientos de dinero que sobre esas tuvieron lugar, visto que fueron las autoridades panameñas las que comunicaron estas informaciones a la Dirección Investigativa Antimafia de Roma, con nota de 19 de julio de 1998 en la que textualmente resulta escrito:

      'Les informamos que a través de las investigaciones realizadas por la Policía Técnica Judicial de Panamá sobre blanqueo de dinero a raíz del conocimiento de vuestra Operación 'Malocchio' se ha descubierto la participación de muchas sociedades utilizadas para tal fin por los señores A.O., L., L. ROSARIO y otros más, que hacen llegar dinero por días y luego son transferidos a un banco de otro país '.

      Lo más seguro es que los Fiscales mencionados insistían ante el Procurador General de la Nación para que cumpliera con la investigación requerida por ellos pareciera por no haber recibido respuesto en la primera Solicitud de Asistencia Judicial, remitida con el Fiscal Primero de Drogas.

      Es demasiado notorio que los Fiscales italianos reclamaron al Señor Procurador General de la Nación el hecho de que "fueron las autoridades panameñas la que comunicaron estas informaciones a la Dirección Investigativa Antimafia de Roma, con nota de 19 de julio de 1998", y que lo que se informaba en esta última fecha era que "se ha descubierto la participación de muchas sociedades utilizadas para tal fin por los señores A.O., L., L.R. y otros más, que hacen llegar dinero..."

    3. - Sorprende el hecho de que, pocos días antes de recibir la solicitud italiana de Asistencia Judicial, el Señor Procurador General de la Nación formulara el 7 de octubre de 1998 una declaración pública en la que consideraba que en la posición del señor O. no había rastros de vínculo alguno con actividades relativas al narcotráfico o al lavado de dinero, a pesar de que meses antes, en nota de 19 de julio de 1998, las autoridades panameñas habían informado a las italianas (como eco nacional de la "Operación Malocchio") el descubrimiento de "muchas sociedades utilizadas para tal fin por los señores A.O., L., L.R. y otros más". Lo extraño de este hecho reside en que uno de los jefes máximos del Ministerio Público panameño, en vez de ahondar en las investigaciones practicadas y mencionadas en la nota de 19 de julio de 1998, lo que hizo fue, prácticamente, relevar al Sr. O. de responsabilidad en cuanto a sus relaciones con compañías que transferían dineros en Panamá. Esas situaciones eran reservadas y no debieron lanzarse al público, por quien debía guardar la circunspección investigativa y la reserva legal.

      Lo mismo debemos decir, acentuando esta nota cuando el Señor Procurador General de la Nación reitera públicamente igual señalamiento favorable al Sr. O. (13 de octubre de 1998), a pesar de que ya el Señor Procurador había recibido el día antes la primera Solicitud italiana de Asistencia Judicial, documentación en la que se mencionaba al Sr. O..

      Las dos declaraciones públicas del Señor Procurador General constituyen una conducta vedada por el artículo 337 del Código Penal, ya que era un aviso abierto de lo que él pensaba en torno a la posición del Sr. O., lo que podría tener algún efecto sobre la investigación que el mismo Señor Procurador General comenzaba a tramitar. Y conocemos la opinión del tratadista C.F.B., en el sentido de que, en esta clase de delitos de incumplimiento o de omisión de deberes públicos, la consumación de los mismos culmina "sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna".

    4. - Los Fiscales italianos solicitaron la oportunidad de participar en el trámite de las Solicitudes que formularon ante las autoridades competentes panameñas, lo que fue conocido oportunamente por el Señor Procurador General, y éste contestó, con una aceptación en principio, el 26 de octubre de 1998, cuando ya el Sr. O. había rendido declaración ante el mismo Señor Procurador. Sin embargo, no fue sino el 17 de noviembre de 1998 cuando el Señor Procurador General de la Nación impartió la aprobación final para la participación de los señores F. italianos en la investigación.

    5. - Hay una última circunstancia, sobre la conducta del Señor Procurador General en torno al trámite que le dio a la Solicitudes provenientes de Italia..

      El Señor Procurador General de la Nación, cuando prácticamente la investigación que hacía ya casi estaba terminada, dirigió a los Fiscales italianos la nota NºPGN-AI-055-00, del 15 de enero de 1999, solicitándoles copia autenticada del Proceso seguido a F.P. y otros, "así como información, testimonios", etc., "que decían haber tenido relaciones con A.O.". Agregó el Señor Procurador General en su Declaración jurada de 28 de marzo de 2000, lo que sigue:

      "Lo anterior fue solicitado, toda vez que se ha observado en diligenciamiento de la citada Solicitud de Asistencia, que los hechos que se investigan podrían constituirse a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, delito en nuestro país.

      El hecho de que esta solicitud de expediente y otros documentos fueran formuladas en enero de 1999, y de que la misma obedecía a que para el Señor Procurador General "los hechos que se investigan... podrían constituirse delito en nuestro país, está ratificando todos los retardos investigativos ya señalados en la presente Vista Fiscal."

      (ver fojas 1910 a 1915).

      Finalmente, la Señora Procuradora de la Administración solicita a esta Corporación de Justicia, se dicte un auto de sobreseimiento provisional a favor del licenciado J.A.S.R., con fundamento en el artículo 2211, ordinal 1º (Actual Artículo 2208) del Código Judicial, a pesar de que en el texto de su Vista la Procuradora le imputa al licenciado J.A.S. la infracción del artículo 337 del Código Penal (a fojas 1888 y 1889)

  4. OPOSICIÓN A LA VISTA FISCAL.

    Por su parte, el Señor Procurador General de la Nación en su escrito de oposición a la Vista Fiscal No. 353, de 6 de julio de 2000, emitida por la Procuradora de la Administración puntualizó lo siguiente:

    En primer lugar, considera que la denuncia presentada en su contra no debió admitirse y lo que correspondía era su archivo, toda vez que las denuncias contra servidores públicos requieren de la presentación de la prueba preconstituida en el acto de formalización de la acusación o denuncia.

    Además, no considera que en su comparecencia a la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero, de la Asamblea Legislativa, haya admitido alguna ilicitud como la que se denuncia ante la Procuradora de la Administración.

    Señala también, que el contenido de la documentación presentada por la Comisión denunciante no tiene la capacidad para comprobar el hecho punible, que en su calidad de servidor público se le imputa.

    En cuanto a las declaraciones públicas hechas por su persona, los días 7 y 13 de octubre de 1998, que "en cierta forma exculpaban al señor O.", como señaló la Procuradora de la Administración, puntualizó: "La información filtrada a la opinión pública de fuentes ajenas a la Procuraduría General de la Nación, desencadenaron cuestionamientos, tergiversaciones y confusiones que hicieron obligante, para preservar la buena imagen de la actuación de las autoridades encargadas de administrar justicia en lo que respecta al Ministerio Público, proferir las declaraciones escritas de 7 y 13 de octubre de 1998" (fojas 1925-1926). "Es preciso aclarar, que en aquel momento no existía en Panamá, al menos con conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, ninguna investigación criminal contra el señor A.O., por delitos relacionados con Drogas." (a foja 1926).

    Aclaró que, desde el primer momento en que recibió la Solicitud de Asistencia Judicial de Italia, con respecto al S.A.O., al igual que con la información recibida de la Unidad de Análisis Financiero, que en ese momento dirigía la Licenciada Victoria Figge, la puso en conocimiento y posesión de los Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Drogas.

    Presentó un breve resumen cronológico de las diligencias por él practicadas con motivo de la solicitud de asistencia judicial requerida por las autoridades italianas (ver fojas de 1930 a 1934).

    En ese aspecto, manifiesta que la solicitud de asistencia judicial requerida por las autoridades italianas fue tramitada de manera expedita. y que la misma fue evacuada en un período aproximado de dos mes y medio, enviándoles a los fiscales italianos, primeramente, 1,983 fojas útiles. Posteriormente, mediante Nota PGN-AI-17-99, de 8 de enero de 1999, se remitió al Embajador de Italia en Panamá documentación con 295 páginas que guarda relación con la solicitud de asistencia judicial requerida, para que a través de su conducto le fuese enviado a los fiscales italianos. Más adelante, el 22 de febrero de 1999, mediante Nota PGN-AI-150-00, procedió a enviar al Embajador de Italia nuevamente 550 fojas útiles, que guardaban relación con la solicitud de asistencia en comento.

    Finalmente, solicitó que se dicte un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, en virtud de que no se ha probado la existencia del hecho punible, ni mucho menos la prueba sumaria, que es requisito indispensable para este proceso.

  5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SITUACIÓN PLANTEADA.

    Dentro del presente sumario, se ha señalado que el Procurador General de la Nación, licenciado J.A.S.R., no ha cumplido con los deberes inherentes a su cargo, conducta que de acuerdo a nuestro Código Penal, establece sanciones para el servidor público que indebidamente rehuse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones.

    La Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea Legislativa presentó ante la Procuraduría de la Administración, formal denuncia contra el Procurador General de la Nación, luego de advertir irregularidades en las actuaciones de este funcionario, relacionadas con la Asistencia Judicial Internacional solicitada por las autoridades italianas en el caso del señor A.O., así como en lo referente a la Asistencia Policial en el caso del señor M.H..

    Se deben examinar entonces, los elementos de prueba aportados por la Comisión denunciante contra el Procurador General de la Nación, con la finalidad de poder determinar su eficacia jurídica en relación con la conducta punible que se le atribuye.

    1. - PRUEBA SUMARIA.

      El Pleno observa que la conducta delictiva que se le atribuye al funcionario acusado es la que describe el Capítulo IV, Título X del Libro II del Código Penal, relativo al abuso de autoridad e infracciones de los deberes de servidores públicos, tipo penal que según los términos del artículo 2464 del Código Judicial, coloca el negocio entre los procesos especiales contra servidores públicos, de donde se sigue la exigencia del artículo 2467 de la misma excerta legal.

      Como quiera que estamos en presencia de un proceso especial contra un servidores públicos, es por ello que merece especial atención el examen de los elementos probatorios aportados por la comisión denunciante, con el objeto de detectar si las mismas revisten la calidad de prueba sumaria, entendiéndose como tal, aquella que posea eficacia, idoneidad y capacidad probatoria suficientes para demostrar la acción antijurídica que se le está atribuyendo al funcionario denunciado.

      En el informe remitido por la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero, se adjuntaron los siguientes documentos: a) Las Actas del día 20 y 23 de diciembre de 1999 y la 14 de enero de 2000 y sus respectivas grabaciones; b) Cintas magnetofónicas (cassettes); c) Documentos presentados por el licenciado A.M., Director de la Policía Técnica Judicial y por el licenciado J.A.S.R., Procurador General de la Nación.

      La Procuradora de la Administración, en su V.F. señaló que la Comisión denunciante cumplió con el presupuesto legal de presentar prueba sumaria, ya que en las actas de la Comisión de Drogas de la Asamblea, consta "la deposición del Procurador General de la Nación, ante la citada Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea Legislativa". Este criterio fue sustentado con el pronunciamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia el 11 de mayo de 1993.

      No obstante, el delito atribuido al entonces Procurador General de la Nación, licenciado R.C., consistía en "desaprehender unilateralmente, sin facultad legal para ello, altas sumas de dinero, provisionalmente cautelados, con motivo de distintas investigaciones por delitos relacionados con drogas." En dicha Resolución la Corte también señaló lo siguiente: "Tal conducta emerge de la comparecencia pública que en su calidad de Procurador General de la Nación hizo el Licenciado ROGELIO CRUZ ante la Comisión de la Asamblea Legislativa, la cual no sólo fue difundida por los medios de comunicación social, sino también transcrita en las actas que levantó dicha comisión." (Resolución de 11 de mayo de 1993 de la Corte Suprema de Justicia).

      Ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda de esta Corporación de Justicia, la exigencia de la prueba sumaria cuando se trata de procesos especiales cuando el imputado es un servidor público.

      En este sentido, es imperativo citar el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de 26 de agosto de 1994, que en cuanto a la naturaleza de la prueba sumaria dijo lo siguiente:

      "Acompañar la prueba sumaria no se refiere a presentar una cantidad de documentos sólo para satisfacer el requisito de prueba sumaria. Los medios probatorios que se deben acompañar con la denuncia o la acusación deben ser lo suficientemente elocuentes que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado, es decir, que deben ser idóneos".

      Por otro lado, con respecto al caso de M.H., se advierte que algunos documentos aportados por la Comisión denunciante, con la finalidad de acreditar los ilícitos imputados no reúnen, en su gran mayoría, los requisitos de eficacia jurídica en cuanto a su autenticidad, tal como lo establece el artículo 833 del Código Judicial, toda vez que se trata de copias simples que no fueron debidamente autenticadas.

      A criterio del Pleno, si dichos documentos no reúnen el requisito de la autenticidad, adolecen entonces de la exigencia primordial para este tipo de procesos contra servidores públicos, como es la efectividad e idoneidad de la prueba sumaria para acreditar el hecho punible, según se desprende del artículo 2467 del Código Judicial, que dispone que toda persona que promueva acusación o denuncia contra algún servidor público deberá acompañar la prueba sumaria de su relato, a través de cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido, entendiéndose que los mismos deben ser suficientemente elocuentes para que por sí solas acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado.

      Y así lo señaló el Pleno de la Corte Suprema en Resolución de 19 de noviembre de 1999, cuando dijo:

      La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Segunda de lo Penal, ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones, en torno a lo que debe entenderse como prueba sumaria para los efectos de acreditar un hecho punible. Algunos de estos precedentes se reproducen en la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración, reiterándose que prueba sumaria es aquella que goza de la efectividad e idoneidad suficiente para acreditar el hecho punible que se atribuye a la parte denunciante.

      El Pleno advierte que efectivamente, todos los pronunciamientos de la Corte son uniformes en el sentido de que los medios probatorios (prueba sumaria) que acompañen una denuncia han de ser concluyentes, de forma tal que por sí mismos acrediten el hecho punible atribuido, y este condicionamiento es el que concede la idoneidad y eficacia probatoria que hace sostenible la denuncia y viable la instrucción de sumarias en averiguación.

      Siendo ello así, lo que correspondía en el presente caso, era el archivo de la investigación.

      En lo que respecta a la prueba sumaria, existe abundante jurisprudencia de la Sala Penal de esta Corporación de Justicia: Resoluciones de 5 de diciembre de 1997,13 de abril y 12 de julio de 1999, entre otras.

    2. - ASPECTOS PROBATORIOS.

      a.- Caso M.H..

      La Comisión denunciante señaló que pudo constatarse de la existencia de una solicitud de asistencia policial por parte del FBI de los Estados Unidos, dirigida a la Policía Técnica Judicial de Panamá, para investigar al empresario MARC HARRIS por su presunta vinculación con el Delito de Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico, en virtud de confesiones efectuadas por dos (2) narcotraficantes confesos y condenados, quienes indicaron que sus ganancias de ese ilícito eran lavadas en las empresas de M.H. en Panamá.

      Finalmente, la Comisión denunciante afirma que la asistencia policial solicitada por el FBI de los Estados Unidos no se atendió en debida forma, en virtud de la prohibición dada por el Procurador General de la Nación.

      Consta de fojas 791 a 792 del expediente, copia simple de la Nota File No. 163H-PC-715 de 11 de diciembre de 1997, que en su parte pertinente señala:

      "...

      Desearía ponerlo al tanto, de información sobre un norteamericano estadounidense, M.H.H.. HARRIS, es el dueño de una empresa conocida como La Firma de M.H.H., en Panamá. Hemos recibido varios informes de el y la firma. Se sospecha que ambos se prestan para el lavado de dinero y para ocultar o evitar pagar impuestos al tesorero estadounidense. Que si se puede probar, estas actividades son violación de ley estadounidense. Simultáneamente, es posible que sea violación de ley Panameña.

      En mayo 1997, se arrestaron dos sujetos en California por delito de droga, donde ambos le informaron a un oficial trabajando en cubierto que ellos invertían sus ganancias en la firma de M.M.H. en Panamá. Los sujetos son:

    3. W.B.S.; varón, fecha de nacimiento 02 NOV 59, tez blanco.

    4. J.M.S.; varón, fecha de nacimiento 28 MAY 58; tez blanco.

      Durante un registro de casa, se encontró una cuenta bancaria en nombre de Stull: Banco de Brasil, Panamá. #5896-1810-0000-1317".

      El Director General de la Policía Técnica Judicial, licenciado A.M., señaló que al recibir la nota del FBI, identificada como F.N.163H-PC-715, procedió a solicitarle vía telefónica una reunión al Procurador General de la Nación, con el objeto de informarle y solicitarle autorización para utilizar los recursos de la institución para poder atender la solicitud de asistencia policial.

      Aclara además, que la solicitud de asistencia policial de entidades policiales extranjeras recibida en la Policía Técnica Judicial de Panamá, son atendidas directamente sin necesidad de autorización del Procurador General de la Nación, cuando involucren diligencias que no requieran de la utilización de recursos especiales.

      En el caso de M.H., la asistencia solicitada requería de la utilización de la Unidad de Seguimiento y Vigilancia de la Policía Técnica Judicial, y que según la Resolución No. 07, de 18 de abril de 1997, que crea esta dependencia, ella solamente puede operar con la autorización previa del Procurador General de la Nación. Además, era necesaria la autorización del Procurador para filmar o grabar las conversaciones y comunicaciones telefónicas del señor H..

      También correspondía al Procurador General de la Nación, disponer la investigación de cuentas bancarias, en virtud de que la Policía Técnica Judicial no tiene entre sus funciones estas facultades.

      Por todas estas razones, señaló el Director de la Policía Técnica Judicial, fue que solicitó una reunión con el Procurador General de la Nación, con el fin de lograr la autorización para iniciar las investigaciones policiales requeridas por los funcionarios del FBI de los Estados Unidos de América.

      Al ser cuestionado el licenciado A.M., Director de la Policía Técnica Judicial, con respecto a que si el Procurador General de la Nación le explicó las razones por las cuales no se debía investigar al señor M.H.. Contestó: "El Licenciado JOSE ANTONIO SOSSA, Procurador General de la Nación no dio ninguna explicación sobre las razones por las cuales nos prohibió investigar al empresario de origen estadounidense MARC HARRIS, indicando que solamente autorizaría su investigación, si recibía un "INDICTMENT" (auto encausatorio) proveniente de la autoridades de los Estados Unidos de América, por conducto diplomático a través de la Cancillería, lo que sin lugar a dudas, resulta ilógico, toda vez que la existencia de un Indictment o auto encausatorio, presupone la finalización de toda investigación sumarial y en casos similares, jamás se había establecido dicha condición como requisito indispensable para proceder a una investigación policial.".

      Por su parte, el Procurador General de la Nación al ser cuestionado con respecto a que si en el año 1997, había negado su autorización para que el Director de la Policía Técnica Judicial, A.M., colaborara con el FBI, en la investigación de los posibles vínculos del señor M.H. con el lavado de dinero, proveniente del narcotráfico. Contestó: "No es cierto. Jamás recibimos una "Solicitud de Asistencia Judicial formal e idónea y por lo tanto, no pudimos haber negado nuestra autorización para ello."

      Agregó, que el contenido de la comentada nota lo conoció de manera accidental en una reunión que sostuvo con el licenciado A.M. en sus oficinas, para tratar diversos temas. Que en dicha reunión se mencionó también, que si el tema de lavado de dinero proveniente de narcotráfico era una acusación seria, debía presentarse a través de los requerimientos de los Estados Unidos de América en esa materia.

      Señaló finalmente, que la información de la mencionada nota es sumamente superficial y vaga, referente a la evasión fiscal y de lavado de dinero, sin aportar mayores elementos, tampoco establece de manera alguna qué autoridades de los Estados Unidos adelantan algún proceso en contra del señor M.H., ni si existen pruebas concretas de la participación de éste señor en actividades ilícitas, que pudieran permitir el inicio de una investigación en ese momento.

      Por otro lado, el Procurador General de la Nación observó con respecto a uno de los hechos aludidos en el informe de la Comisión denunciante, en relación al caso M.H., que los mismos fueron denunciados por el Legislador M.B., tal como se puede constar en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 19 de noviembre de 1999. Estos hechos denunciados con anterioridad, no prosperaron por falta de prueba sumaria, y la Corte Suprema ordenó el archivo del expediente (Fs. 1416-1417).

      b.- Caso A.O..

      Mediante Oficio No. FD-DS-1-131-98 de 12 de octubre de 1998, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga remitió al Procurador General de la Nación la solicitud de asistencia judicial requerida por las autoridades italianas.

      En esta primera solicitud de asistencia judicial se pedía lo siguiente:

      "S., por lo tanto, proceder de forma urgente a practicar las diligencias que se dan a continuación, con respecto a las cuales se adjuntan las pruebas documentales que justifican la práctica de las misma.

    5. -ORANGE A.A., nacido en Panamá el 09.09.1943, residente en Apartado 6-3729 El Dorado Panamá - Rep. de Panamá (puede ser hallado llamado a los números de teléfono 005072360509; 005072239674; 005076144006).-

      Les rogamos que realicen las siguientes diligencias:

      -registro personal y domicilio de los inmuebles (casa y establecimientos comerciales) de los cuales dispone O.A.A., con el fin de encontrar y secuestrar elementos de prueba relativos a las actividades de blanqueo desarrolladas por el mismo, tanto en Panamá como en otros países del continente americano, junto con L.L.R. (nacido en Palermo el 25.08.1945), que forma parte de la organización que se investiga, y otros integrantes de la organización criminal encabezada por PELLEGRINETTI Fausto, según ha surgido de las investigaciones desarrolladas por esta Oficina;

      -Averiguar si ORANGES dispone de cuentas de cualquier tipo, que podrían haber sido abiertas en nombre también de otros sujetos en bancos panameños y, en caso positivo, proceder al secuestro de la documentación correspondiente;

      -Interrogar a ORANGES en calidad de persona que se investiga. El objeto del interrogatorio es el de informar a ORANGES de los cargos que se le imputan y permitirle manifestar hechos y circunstancias en su defensa. Según la ley italiana, él deberá contar con la asistencia de un abogado defensor y ser informado de su facultad de no contestar a las preguntas que le serán dirigidas.

      En particular, ORANGES debería ser interrogado con respecto a:

      -sus relaciones con los demás sujetos que se investigan y, en particular, con PELLEGRINETTI Fausto, R.S., V.E., L.L.R. y CARTER MARVA;

      -el papel desempeñado por el mismo en el ámbito de las sociedades indicadas en el orden del Juez para las Investigaciones Preliminares y, más en general, con respecto a la existencia de relaciones de carácter económico con las personas arriba mencionadas;

      -recepción de dinero, incluso en efectivo, de algunos de los sujetos arriba mencionados; procedencia y destino de dichos importes; las razones de dichas transacciones.

      -Asimismo, les rogamos interrogar a O.A.A. también con respecto a las circunstancias que pudieran surgir a consecuencia de la ejecución de las órdenes de registro y secuetro.

    6. -Secuestrar la sociedad Mercantile Import-Export S. A., con sede en Panamá, administrada por M.T.C., nacida en Nueva York el 02.05.1969;

      tratándose de sociedad usada por Sefano RUBINI (nacido en Bolonia el 10.08.1952) y otros integrantes de la organización criminal que se investiga, encabezada por Fausto PELLEGRINETTI, con el fin de blanquear el dinero obtenido del tráfico internacional de sustancias estupefacientes y realizar pagos y transferencias de dinero de y al exterior, en particular a Suiza, en el ámbito de la financiación de actividades mercantiles internacionales emprendidas por la organización arriba mencionada para reinvertir los fondos ilícitamente obtenidos;

      identificar de forma completa a socios y administradores de la sociedad Mercantile Import-Export S. A., obteniendo también copia de su escritura fundacional y estatuto social;

      realizar el registro de la sede legal y administrativa de la sociedad Mercantile Import-Export S. A., con el fin de encontrar documentos de específico interés investigativo (contratos, documentación contable y administrativa, relaciones con los socios y en particular la documentación que compruebe las relaciones mantenidas con los bancos facultadas a obrar en las cuentas corrientes de la sociedad);

      secuestrar las cuentas corrientes bancarias y las cajas de seguridad usadas, directamente o a través de personas facultadas, por la sociedad Mercantile Import-Export S. A. que pudieran surgir a consecuencia del registro de las sedes de la sociedad.

      obtener de los bancos que pudieran surgir del registro arriba mencionado, copias de los extractos de cuentas concernientes a las cuentas corrientes susodichas, así como copias de la documentación concerniente a las transacciones financieras llevadas a cabo haciendo uso de las mismas cuentas corrientes, desde el 1 de Enero de 1997 hasta hoy;

      averiguar si la sociedad Mercantile Import-Export S. A. es titular, directamente o por medio de personas facultadas, o, de todas formas, disponga de cuentas corrientes, cajas de seguridad y otros depósitos bancarios en los siguientes institutos de crédito de Panamá:

      -Panamanian;

      -Bank Of Nova Scotia;

      -Saudi Bank;

      -Lloyd's Bank:

      según ha surgido de la conversación telefónica entre S.R. y un funcionario de Bank Austria, intervenida en el número de teléfono 06/8841550 a las 13:07 horas del día 17.06.1997, y , en caso positivo, proceder al secuestro de los depósitos bancarios obteniendo, a la vez, copia de toda la documentación bancaria existente desde el 1 de Enero de 1997 hasta hoy.

    7. -Identificar de forma completa a MARINELYS MARTE DE LA PAZ, documento de identidad n. 010-0041542-0 (véase Anexo 3), encargada de las relaciones públicas en Panamá por cuenta de la sociedad IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI GENERALI C. POR A., con sede en Santo Domingo (R.D.) en las siguientes direcciones:

      Interrogar a MARINELYS MARTE DE LA PAZ con respecto a las actividades desarrolladas en Panamá por la sociedad dominicana IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI GENERALI C. POR A. Y por el Presidente de la sociedad, S.R., nacido en Bolonia el 10.08.1952.

    8. -Localizar el banco panameño donde debería haber un depósito de 250 millones de dólares, sometidos de alguna forma a vínculos no específicos.

      Dicha circunstancia ha surgido de la grabación de una conversación entre R.S. y VITA Ernesto, durante la cual, R.S. y VITA Ernesto discuten sobre el hecho de que el importe de dinero arriba mencionado se encuentra "bloqueado" en un banco panameño y confían en la elección de un amigo suyo (que estimamos pueda ser identificado como ORANGES) como P., para poder disponer de dicho importe.

      De momento, no contamos con información más detallada.

      Por lo tanto, es necesario averiguar en primer lugar si el hecho arriba mencionado (existencia de un importe de 250 millones de dólares o de un importe parecido en un banco panameño, de momento no disponible) es real.

      En caso positivo, averiguar todo elemento útil (procedencia del importe, razones que impiden su uso, titulares aparentes y reales de la cuenta, etc.) para individuar a los sujetos que han manejado dicho importe de dinero.

      Le rogamos que autoricen a esta Oficina y personal de policía judicial de la Direzione Investigativa Antimafia asistir en los interrogatorios solicitados y examinar los documentos y materiales secuestrados incluso antes de que los mismos se remitan a Italia en ejecución de la solicitud de asistencia."

      (ver de fojas 1456 a 1459).

      La segunda solicitud de asistencia judicial fue tramitada a través de Interpol-Panamá, mediante Nota de 21 de octubre de 1998, suscrita por los Fiscales Italianos GIOVANY SALVI y P.S., en la que parcialmente se expresa: "A tal fin, comunico que no deberían existir dificultades para identificar las cuentas corrientes de ORANGES y los movimientos de dinero que sobre esas tuvieran lugar, visto que fueron autoridades panameñas las que comunicaron estas informaciones a la Dirección Investigativa Antimafia de Roma, con nota de 19 de julio de 1998, en la que textualmente resulta escrito: "Les informamos que a través de las investigaciones realizadas por la Policía Técnica Judicial de Panamá sobre blanqueo de dinero a raíz del conocimiento de vuestra Operación 'Malocchio' se ha descubierto la participación de muchas sociedades utilizadas para tal fin por los señores A.O., L., L. ROSARIO y otros más, que hacen llegar dinero por días y luego son transferidos a un banco de otro país".

      La Procuradora de la Administración, en su V.F., señaló que le sorprende el hecho de que el Procurador General de la Nación formulara el día 7 de octubre de 1998, una declaración pública en la que consideraba que el señor O. no estaba vinculado con actividades relativas al narcotráfico o la lavado de dinero. De igual manera, el 13 de octubre de 1998, reitera públicamente señalamientos favorables al señor O., a pesar de que el Procurador había recibido el día antes, la primera solicitud de asistencia judicial por parte de las autoridades italianas. Agrega que la conducta del Procurador General de la Nación, al emitir estas dos declaraciones, le estaban vedadas por el artículo 337 del Código Penal.

      Otro de los señalamientos realizados por la Procuraduría de la Administración, es el hecho de que mediante nota No. PGN-AI-055-99 de 15 de enero de 1999, el Procurador General de la Nación solicitó a los fiscales italianos, copia autenticada del proceso seguido a F.P. y otros, así como información, testimonios etc., cuando la investigación ya casi estaba terminada, lo que, según la Procuradora, "está ratificando todos los retardos investigativos ya señalados en la presente Vista Fiscal".

  6. CONSIDERACIONES DEL PLENO.

    Tal como consta en el expediente, mediante denuncia presentada por la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea Legislativa, se iniciaron las investigaciones contra el Procurador General de la Nación, con el objeto de determinar la veracidad de las afirmaciones realizadas por la precitada comisión, por la supuesta infracción de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título X del Libro II del Código Penal, que trata sobre el Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

    En esta ocasión debe la Corte Suprema de Justicia determinar si se han dado en el presente caso, las infracciones de las disposiciones señaladas anteriormente y que ellas sean imputables al Procurador General de la Nación.

    a.-Caso M.H..

    La Comisión denunciante señaló que la Policía Técnica Judicial no atendió en debida forma la Asistencia Policial que solicitaran funcionarios del FBI de los Estados Unidos de América, en la cual se pedía colaboración en la investigación de probables vínculos del empresario M.H., con dos narcotraficantes capturados, en virtud de la prohibición dada por el Procurador General de la Nación.

    Con respecto a este caso, la Corte Suprema de Justicia conoció previamente de las sumarias relacionadas con la denuncia presentada por el Honorable Legislador MIGUEL BUSH contra el Procurador General de la Nación JOSÉ ANTONIO SOSSA, por la supuesta comisión de delito genérico Contra la Administración Pública y por delito de Encubrimiento, la cual fue resuelta mediante Resolución de 19 de noviembre de 1999, en la que se ordenó el archivo del expediente, en virtud de que la Corte consideró que el denunciante no cumplió con lo establecido en el "artículo 2471 (actual 2467) del Código Judicial que exige al que promueva acusación por delito o denuncia, acompañar la prueba sumaria de su relato, entendiéndose por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido".

    En dicha Resolución de 19 de noviembre de 1999, la Corte Suprema señaló lo siguiente:

    "En el negocio sub-júdice es evidente que el legislador B.R. hace una referencia indirecta y remisoria a los artículos publicados en el Diario La Prensa para fundar su denuncia, utilizándolas como prueba sumaria, pese a que en éstas no existe un señalamiento concreto sobre la comisión de hecho delictivo por parte del señor Procurador General de la Nación. Recordemos que el reportaje periodístico no le imputa al Procurador General, licenciado S., la comisión del delito de encubrimiento, ni delito contra la Administración Pública.

    Tales publicaciones, así como la motivación del denunciante, puedan estar fundamentadas en un interés ciudadano legítimo, mas la naturaleza del relato y muchas de las aseveraciones incluidas en la pieza periodística indudablemente reflejan interrogantes de los autores sin respuestas sobre el señor M.H., por lo que mal puede desprenderse de ellas, la atribución de delitos al licenciado SOSSA. (Fs. 1439-1446).

    Ante esta nueva denuncia, con respecto al caso M.H., corresponde realizar un estudio en base a si existen nuevos elementos de juicio que permitan variar o no el criterio asumido en aquella ocasión por el Pleno de la Corte Suprema.

    En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que se encuentran en el expediente sendas copias simples, entre ellas, la Nota identificada como File No. 163H-PC-715 de 11 de diciembre de 1997 (ver foja 41; fojas 791-792). Según la Comisión denunciante, "la nota de 11 de diciembre de 1997, que el FBI dirigiera a la Policía Técnica Judicial, constituye una solicitud de asistencia policial, que no requiere de las formalidades de trámite por conducto diplomático...".

    Dichos documentos no reúnen los requisitos de idoneidad que establece el artículo 2467 nueva numeración del Código Judicial, como lo señalamos anteriormente, para ser consideradas como prueba sumaria, toda vez que carecen de eficacia jurídica por tratarse de copias simples, sin cumplir con los requisitos de Ley.

    Por otro lado, consta a fojas 1573-1574 del expediente, copia autenticada de la Nota No. PGN-A1-879-99 del 6 de diciembre de 1999, mediante la cual el Procurador General de la Nación, solicita al Señor Ministro de Relaciones Exteriores que a través de su conducto se requiera a la Embajada de los Estados Unidos de América, información de la existencia de una Asistencia Judicial dentro de alguna investigación en torno a la empresa "F.M.H. y el empresario M.H.", por delitos de narcotráfico o delitos conexos. Además a fojas 1576 del expediente, aparece la Nota No. DPG-204-99 de 13 de diciembre de 1999, suscrita por Procurador General de la Nación, mediante la cual se le informa al Embajador de los Estados Unidos en Panamá el envío de la nota al Señor Ministro de Relaciones Exteriores. Y tal como lo señaló el Procurador General de la Nación, "Hasta la fecha no hemos tenido respuesta de ninguna de nuestras solicitudes" (ver fojas 1436 del expediente).

    En virtud de lo anterior, el Pleno advierte que efectivamente no constan en el expediente nuevas pruebas, elementos de convicción o medios de justificación que nos permitan comprobar el hecho punible, por lo que debe procederse de conformidad con el artículo 2208 del Código Judicial.

    b.- Caso A.O..

    Consta en el expediente, que mediante Providencia de 13 de octubre de 1998, la Procuraduría General de la Nación, dispuso acceder en grado de colaboración internacional con la Solicitud de Asistencia Judicial al Estado requirente, dentro de las normas legales panameñas. Todo esto, con fundamento en la Ley 20 de 7 de diciembre de 1993, mediante la cual la República de Panamá ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y la Ley 13 de 27 de julio de 1994, por la cual se reforma, modifica y adiciona la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986.

    Una de las primeras diligencias practicadas por el Procurador General de la Nación, fue la citación y comparecencia al despacho de la Procuraduría General de la Nación al señor A.O.B., los días 13 y 15 de octubre de 1998, con el objeto de que rindiera declaración jurada en relación a la Solicitud de Asistencia Judicial requerida por las autoridades italianas.

    Posteriormente, el día 14 de octubre de 1998, la Procuraduría General de la Nación, mediante nota dirigida a los bancos establecidos en la República de Panamá, les solicita información sobre cuentas bancarias y transferencias recibidas que estuvieren a nombre de personas naturales y jurídicas que se adjuntaron en los anexos.

    El día 19 de octubre de 1998, la Procuraduría General, giró nota a la Directora Encargada del Registro Público, con el objeto de solicitarle si las personas naturales o jurídicas que se adjuntaron en los anexos, poseen propiedades inscritas en el Registro Público o aparecen en Sociedades Anónimas.

    Luego de varias diligencias realizadas y dada la obtención de gran parte de la información solicitada, la Procuraduría General de la Nación dispuso mediante Providencia de 27 de noviembre de 1998, remitir la Asistencia al Estado requirente, por lo que a través de la Nota PGN-AI-722-98 de 27 de noviembre de 1998 (fs. 1505 del expediente), se procedió a enviar al Embajador de Italia en Panamá, la Solicitud de Asistencia Judicial diligenciada por la Procuraduría General de la Nación, para que por medio de su conducto fuese remitida a los Fiscales Italianos G.S. y P.S.. Dicha documentación recabada y diligencias practicadas consistían en dos tomos con 1,138 fojas útiles.

    Posteriormente y en virtud de la obtención de nueva información, tal como consta a fojas 1,508 del expediente, el despacho del Procurador General de la Nación remitió, mediante Nota PGN-AI-17-99, de 8 de enero de 1999, al Embajador de Italia en Panamá, documentación que guarda relación con la solicitud de asistencia judicial requerida, con el objeto de que fuese enviada a los Fiscales italianos, constante de 295 fojas útiles.

    De igual manera, el 22 de febrero de 1999, mediante Nota PGN-AI-150-00, se remite nuevamente al Embajador de Italia en Panamá, documentación que consta de 550 fojas útiles, relativas a la solicitud de asistencia judicial mencionada, tal como consta a fojas 1,511 del expediente.

    La Procuraduría General de la Nación, mediante Oficio DPG-449-98 de 29 de octubre de 1998, remite a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, el informe que enviara la Unidad de Análisis Financiero del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, en el que se menciona a la sociedad CLARK'S INVESTMENT CORP., en la que figura el Dr. A.O. como la persona autorizada para firmar en las cuentas bancarias en el Global Bank Corp. Esta investigación, según el Fiscal Primero se encuentra en la etapa preliminar y se inició mediante Resolución de 26 de noviembre de 1998.

    Por otra parte, la Procuradora de la Administración señaló en su V.F., con respecto a la actuación investigativa del Procurador General de la Nación que: "Su acción respecto a la solicitud de los Fiscales Italianos para tomar participación personal en la investigación que se llevaba a cabo en Panamá, participación admitida en principio y comunicada en nota de 26 de octubre de 1998, pero que estuvo sujeta a una aprobación final dada el 17 de noviembre de 1998. En este caso, el Sr. Procurador General concedía una participación de los investigadores italianos, pero con notorio retraso, que pudo haber afectado su eficacia..." (fs.1902-1903).

    Con respecto a este punto, vale aclarar que la Solicitud de Asistencia Judicial fue recibida por la Procuraduría General de la Nación, el día 12 de octubre de 1998, y mediante Providencia de fecha 28 de octubre de 1998, se dispuso acceder a lo solicitado por los Fiscales Adjuntos de la República, Tribunal de Roma, relativa a la participación de los funcionarios del Estado requirente en la práctica de ciertas diligencias tendientes a evacuar la citada Solicitud de Asistencia Judicial, de conformidad con la legislación panameña vigente. Dicha comunicación se hizo vía fax, a través de la Nota PGN-A1-695-98 de 28 de octubre de 1998, y posteriormente fue enviada el día 17 de noviembre de 1998, por la Dirección de Telégrafos y Correos (ver fojas 1521, 1522-1523, 1524-1525 del expediente).

    En cuanto al cuestionario absuelto por el Licenciado ROSENDO MIRANDA, Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga, que le fuere enviado por la Procuraduría de la Administración, es importante destacar, en lo que respecta a la pregunta No. 10 ("Diga el Declarante, si existe alguna investigación contra el señor A.A.O.B., por Lavado de Dinero, producto del Narcotráfico?) que el F. contestó: "Señora Procuradora, al señor A.O.B., no se le adelanta ninguna investigación sumarial en los términos señalados por los artículos 2058 y 2059 (actuales 2031 y 2032) del Código Judicial por delito de Lavado de Dinero producto del narcotráfico, en la actualidad. Sin embargo, debemos de señalar que en este despacho se adelanta una investigación preliminar que guarda relación con las transacciones financieras sospechosas de la empresa CLARK INVESTMENT CORP., reportados a la Unidad de Análisis Financieros; y donde el Dr. A.O.B., aparece como una de las personas que tiene derecho a firma en la cuenta de dicha sociedad ubicada en el Gobal Bank Corp.- Panamá. Hasta la fecha no se ha podido vincular de acuerdo a la ley al señor A.O.B. en actividades de narcotráfico o lavado de dinero." (Fs. 682 del expediente).

    Es importante también, aclarar el hecho de que la Procuradora General de la Administración, recoge como cierta la información remitida a las autoridades italianas, el 13 de julio de 1998, por parte del funcionario JORGE MOTLEY, Director de la oficina de INTERPOL-Panamá (PTJ), el cual es del tenor siguiente:

    "IP-PANAMA 851 140798 1520 GMT

    FLASH

    IP ROMA

    N/REF.:IP-851-130.07-98-SOL

    EN ADICIÓN A NUESTRO MENSAJE IP-851-13-07-98-SOL. DEL DÍA DE AYER, INFORMAMOS QUE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE PANAMÁ SOBRE LAVADO DE DINERO A RAÍZ DEL CONOCIMIENTO DE NUESTRO OPERATIVO "MALOCCHIO", SE HA DETECTADO LA PARTICIPACIÓN EN MÚLTIPLES EMPRESAS UTILIZADAS PARA TAL FIN, DE LOS SEÑORES A.O., L.L. ROSARIO Y OTROS, QUIENES HACEN INGRESAR FUERTES SUMAS DE DINERO DEL EXTERIOR A UN BANCO LOCAL DONDE PERMANECE DOS (2) DÍAS, PARA LUEGO SER TRANSFERIDO A UNA ENTIDAD BANCARIA DE OTRO PAÍS.

    ESTAS Y OTRAS IMPORTANTES INFORMACIONES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE VUESTRAS AUTORIDADES INVESTIGATIVAS DURANTE LA PROYECTADA VISITA A VUESTRO PAÍS DEL FUNCIONARIO DE ALTO RANGO DE NUESTRA ENTIDAD POLICIAL. POR EL OTRO LADO, SE TIENE INTERÉS EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ESPECIALMENTE EN CONOCER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL SEÑOR LAURICELLA L.R., QUIEN COMO HEMOS DICHO PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL MOVIMIENTO DEL DINERO QUE SE TRANSFIERE DE BANCO A BANCO Y DE PAÍS A PAÍS, A TRAVÉS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS PANAMEÑAS PERTENECIENTES AL SEÑOR ORANGES.

    AGRADECEMOS CON URGENCIA UNA PRONTA RESPUESTA A ESTOS MENSAJES.

    SALUDOS.

    IN PANAM

    (ver foja 1,400, Vista Fiscal No. 1, del Licenciado C.A.A., F. Superior Especial).

    Dicha información es objeto de un proceso penal contra J.E.M.A., que se encuentra sindicado como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título XI del Libro II del Código Penal, esto es por el delito genérico CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN ACTUACIONES JUDICIALES); por lo que, en principio, lo afirmado por el Lic. M. es objeto de debate en otro proceso y no podría servir de fundamento en el presente para sustentar imputaciones contra el Procurador General de la Nación.

    Finalmente, el 15 de enero de 1999, mediante Nota PGN-055-99, la Procuraduría General de la Nación solicitó a los doctores G.S. o P.S., Fiscales Adjunto de la República, Tribunal de Roma, Italia, copia autenticada del proceso seguido a F.P. y otros, además de información, testimonios, declaraciones recibidas a los imputados, en especial aquellos que mencionaban haber tenido relaciones con A.O..

    c.-Presupuestos de las figuras delictivas a la luz de la doctrina y de la legislación vigente.

    1).- Violación del deber de reserva o secreto.

    Al señor Procurador General de la Nación se le imputa la conducta antijurídica que nuestro Código Penal tipifica en los siguientes términos:

    "Artículo 337: Será sancionado con prisión de 6 a 18 meses o 25 a 75 días multa el servidor público que comunique o publique los documentos o noticias que posea por razón de su empleo y que debía mantener en secreto."

    Consideró la Procuradora de la Administración en su Vista Fiscal No. 353, de 6 de julio de 2000 que: "Sorprende el hecho de que, pocos días antes de recibir la solicitud italiana de Asistencia Judicial, el Señor Procurador General de la Nación formulara el 7 de octubre de 1998 una declaración pública en la que consideraba que en la posición del Señor Oranges no había rastros de vínculo alguno con actividades relativas al narcotráfico o al lavado de dinero, a pesar de que meses antes, en nota de 19 de julio de 1998, las autoridades panameñas habían informado a las italianas (como eco nacional de la "Operación Malocchio") el descubrimiento de "muchas sociedades utilizadas para tal fin por los señores A.O., L., L.R. y otros más". "Estas situaciones eran reservadas y no debieron lanzarse al público, por quien debía guardar la circunspección investigativa y la reserva legal".

    Por su parte, el Señor Procurador General de la Nación señaló: "Es un hecho público de la época, que desde el 27 de septiembre de 1998, fuentes ajenas a la Procuraduría General de la Nación, filtraron a la opinión pública y particularmente a los medios de comunicación, documentación relativa a las diligencias procesales que autoridades italianas adelantaban en relación con el ciudadano A.O. y con difusión de documentos tramitados por conducto de la oficina de INTERPOL -Policía Técnica Judicial Panamá, sobre posible extradición de este ciudadano panameño".

    Ahora bien, "secreto" dice el Diccionario de la Lengua Española, editada por la Real Academia, es "lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto", es "reserva, sigilo".

    El autor F.J.F.D., en su obra Delitos Contra la Administración Pública señala lo siguiente:

    "Reserva es lo mismo que el secreto. Por manera que, atendiendo al valor castellano de ambas expresiones, significan lo mismo y la o es copulativo. No obstante, alguna diferencia hay, pues no siempre la ley las emplea al tiempo. Tratándose de la etapa investigativa, el art. 314 del Código de Procedimiento Penal dice que es reservada, mas no secreta." "Por consiguiente, alguna diferencia debe haber, puesto que la ley les da trato diferente a cada una." (el Subrayado es nuestro) (F.D., F.J.. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Editorial Temis Librería, Bogotá-Colombia. 1995. Pág.150-151).

    En el caso que nos ocupa, en el momento de las declaraciones hechas por el Procurador General de la Nación, no existía en Panamá ninguna investigación por delitos relacionados con drogas contra O., por lo que no se violó disposición legal alguna que previera la reserva sumarial. El artículo 2079 del Código Judicial se refiere a la identidad de los imputados hasta tanto se produzca el llamamiento a juicio.

    Es importante aclarar, y tal como lo señaló el F.P. Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, que en su despacho no se adelantaba ninguna investigación sumarial en los términos que señala los artículos 2031 y 2032 del Código Judicial por delito de Lavado de Dinero producto del narcotráfico. No obstante, se adelanta una investigación preliminar que guarda relación con las transacciones financieras sospechosas de la empresa CLARK INVESTMENT CORP., reportados a la Unidad de Análisis Financieros, y que hasta el momento no se ha podido vincular de acuerdo a la ley al señor A.O.B., en actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

    Ahora bien, cuando se señaló que no existía investigación sumarial, significa que en ese momento no existía cabeza de proceso, es decir, no existía la diligencia que da inicio al sumario, y en la cual se declara abierta una investigación y en la que se ordena la práctica de la actividad procesal que previene la ley, tal como lo señala el artículo 2032 del Código Judicial.

    Como no se ha comprobado el hecho punible no puede imputarse al Procurador General de la Nación, la infracción del artículo 337 del Código Penal, por lo que debe aplicarse el artículo 2208 del Código Judicial.

    2).- Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

    El artículo 338 del Código Penal señala:

    "Artículo 338: El servidor público que indebidamente rehúse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones, será sancionado con 25 a 100 días-multa, siempre que tal hecho no tenga señalada otra pena por disposición especial.

    Veamos lo que ha señalado la doctrina penal extranjera en cuanto a la conducta objetiva desplegada por un servidor público que "omita, retarde, rehúse o deniegue" un acto.

    En primer lugar, para el autor F.A., en su obra Manual de Derecho Penal, "la omisión no es más que el no cumplimiento de la acción que se esperaba de alguien. Naturalmente, como al derecho no le interesan todas las omisiones, sino las que están en contradicción con sus preceptos, en la práctica solo se consideran las omisiones que consisten en el no cumplimiento de las acciones prescritas por el orden jurídico". (ANTOLISEI, FRANCESCO. Manual de Derecho Penal, P. General. Editorial Temis, Bogotá-Colombia. 1988, Pág. 157).

    Por su parte, S.S. en su obra Derecho Penal Argentino, señala:

    "La omisión debe ser ilegalmente cometida. En este punto, la función de la palabra es la de marcar a un tiempo el contenido objetivo y el subjetivo de la acción. Debe tratarse de un conducta omisiva ilegal, y debe actuarse en el conocimiento de esa ilegalidad; es decir, la omisión ha de ser maliciosa. Si un juez falla las causas que humanamente se pueden fallar, si un empleado revisa los expedientes en cantidad proporcionada al trabajo normal, no se dirá que ilegalmente omiten estudiar o resolver el resto, aun cuando la ley haya establecido los términos n que ello debía cumplirse. El vencimiento de un término legal no importa en sí mismo la comisión de este delito. Por el contrario, la inexistencia de término no excluye la posibilidad de su comisión.

    Debiendo referirse la omisión a alguno o algunos de los actos que el funcionario deberá ejecutar, el delito queda consumado cuando en consideración a ese acto debido pueda afirmarse que ha sido dolosamente omitido, retardado o que habiendo mediado pedido o interpelación el funcionario ha rehusado cumplirlo". (El subrayado es nuestro). (SOLER, SEBASTIAN. Derecho Penal Argentino. Tipografía Editora Argentina. Buenos Aires. 1973. Pág.144).

    El autor C.M.M.A., en su obra Delitos Contra la Administración Pública, al tratar el tema de prevaricato por omisión, señala lo siguiente:

    "El "prevaricato por omisión" aparece consagrado en el artículo 150 del Código Penal, con las modificaciones introducidas por el artículo 29 de la Ley 190 de 1995, en los siguientes términos:

    "El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior".

    "Omitir" es no hacer lo debido, y "retardar" es hacerlo, pero fuera del tiempo oportuno, esto es, de los términos legales; "rehusar" consiste en negarse a hacer lo que corresponde, a tiempo que "denegar" también consiste en un negarse a hacer lo que le corresponde (al funcionario), habiendo mediado petición previa de parte (que es precisamente la que se desestima a través de la denegación)"

    Más adelante dice:

    "...efectivamente, existen retardos u omisiones "justificados", tal como lo admitiese la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia disciplinaria proferida el día 6 de septiembre de 1984, al decir:

    "Cuando el retardo se justifica no puede ser reprochado. Una mora se justifica frente al caso fortuito y la fuerza mayor o cuando, no dándose estas excluyentes absolutas de toda responsabilidad, se presenta una situación bajo cuyo imperio resulta imposibilitado razonablemente el funcionario para cumplir los términos legales. El criterio de lo razonable no es otro que aquel que concilia la prontitud de la administración de justicia con su eficacia, para que el retardo no se convierta en sí mismo, en causa generadora de injusticia".

    sentido en el cual, agregaríamos nosotros, resultaría altamente conveniente (aunque ni definitivo ni absoluto), para determinar la diligencia o negligencia del funcionario en el cumplimiento de sus labores, el cotejar la intensidad cuantitativa de su trabajo, con el de los otros funcionarios que desempeñan idéntica o similar posición o función, dentro de un período de tiempo determinado: y decimos que no es ese, a pesar de lo pertinente, un criterio absoluto, porque ni ciertamente todos los seres humanos tienen el mismo ritmo o capacidad de trabajo, ni es exactamente igual el trabajo que se debe (o tiene) que desplegar dentro de una determinada tramitación, en relación con otras (como que hay oportunidades en que el mismo tiempo que se le dedica a una determinada investigación penal, es el necesario para adelantar dos o tres investigaciones de menor entidad, importancia o trascendencia). (MOLINA ARRUBLA, C.M.. Delitos Contra la Administración Pública. Biblioteca Jurídica Dike. 1995. P.. 365-369).

    La Procuradora de la Administración señaló que existió un notorio retraso en autorizar la participación de los fiscales italianos, en la investigación que se realizaba en Panamá, cuando en realidad, la solicitud de asistencia judicial fue recibida por la Procuraduría General de la Nación el día 12 de octubre de 1998 y mediante Providencia de fecha 28 de octubre de 1998, se dispuso acceder a lo solicitado por los fiscales italianos, y fue comunicado en esa misma fecha, vía fax de la nota PGN-A1-695-98 de 28 de octubre de 1998 y posteriormente, el 17 de noviembre de 1998, fue enviada a través de la Dirección de Telégrafos y Correos.

    Por otro lado, se señaló que el Procurador General "no esperó que la investigación que practicaba quedara terminada, sino que decidió el 27 de noviembre de 1998 "remitir la Asistencia al Estado requirente", ya que "se había evacuado gran parte de ella". Es decir, se criticó también el hecho de haber enviado las diligencias tan pronto se habían evacuado.

    Consta en el expediente que la primera solicitud de asistencia judicial debidamente diligenciada por la Procuraduría General de la Nación, fue remitida mediante Nota PGN-AI-722-98 de 27 de noviembre de 1998, al Embajador de Italia en Panamá para que por su conducto fuese remitido a los F.G.S. y P.S., y que consistían en dos tomos con 1,238 fojas útiles.

    Posteriormente, mediante nota PGN-AI-17-99 de 8 de enero de 1999 dirigida al Embajador de Italia en Panamá, se remitió documentación que guarda relación con la solicitud de asistencia judicial requerida por las autoridades italianas, que constaba de 295 fojas útiles.

    Nuevamente, el 22 de febrero de 1999, a través de la nota PGN-AI-150-00, se remitió documentación que consta de 550 fojas útiles, a la Embajada de Italia en Panamá; dicha documentación guarda relación con la solicitud de asistencia judicial librada por los F.G.S. y P.S..

    En virtud de lo anterior, se ha acreditado y consta en el expediente que la asistencia requerida por las autoridades italianas se ha tramitado en un tiempo prudencial.

  7. CONCLUSIONES.

    Una vez valorados todos los elementos de convicción incorporados a los autos, la Corte concluye lo siguiente:

    1. - Ante la nueva denuncia con respecto al caso de M.H., el Pleno concluye que no existen nuevos elementos de juicio que pudieran variar el criterio ya asumido previamente en Resolución de 19 de noviembre de 1999, emitido por la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordenó el archivo del expediente.

      El Pleno advierte que efectivamente, los documentos adjuntos con la presente denuncia, con respecto al caso M.H., no reúnen los requisitos de idoneidad que establece el artículo 2467 del Código Judicial para ser considerados como prueba sumaria, por tratarse de copias simples , sin cumplir con los requisitos de Ley.

    2. - Por otra parte, con respecto al caso A.O., la solicitud de asistencia judicial se recibió en el despacho de la Procuraduría General de la Nación el día 12 de octubre de 1998 y mediante Providencia de fecha 28 de octubre de 1998, se dispuso acceder a lo solicitado por los Fiscales Adjuntos de la República, Tribunal de Roma, relativa a la participación de los funcionarios del Estado requirente en la práctica de ciertas diligencias tendientes a evacuar la citada solicitud de asistencia judicial, de conformidad con la legislación panameña vigente. Dicha comunicación se hizo vía fax, a través de la Nota PGN-A1-695-98 de 28 de octubre de 1998, y posteriormente fue enviada el día 17 de noviembre de 1998, por la Dirección de Telégrafos y Correos (ver fojas 1521, 1522-1523, 1524-1525 del expediente). Lo que indica que no hubo tal retraso, como señala la Procuradora de la Administración en su Vista Fiscal, toda vez que consta en el expediente que dicha Solicitud de Asistencia fue concedida pocos días de ser recibida.

    3. - La Procuraduría General de la Nación recibió por parte de la Directora de la Unidad de Análisis Financieros, el 29 de octubre de 1998, el oficio DPG-449-98, en el que solicitaba la investigación de Clark's Investiment Corporation, porque sus estados de contabilidad mostraban "transacciones financieras sospechosas". Procedió entonces, el Procurador General de la Nación, a remitir la actuación recibida a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dando instrucción de que se abriera una investigación preliminar.

      La Unidad de Análisis Financiero del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, fue creada mediante Decreto NO. 136 de 1995, y es quien procede a realizar los respectivos análisis de las operaciones sospechosas que han sido reportadas por los propios empleados bancarios.

      Los bancos establecidos en Panamá están obligados a comunicar directamente, y por iniciativa propia, a la Unidad de Análisis Financiero, cualquier hecho, transacción u operación, respecto al cual el banco tenga sospecha de que está relacionado con el lavado de dinero, procedente de actividades ilícitas relacionadas con droga. Luego de encontrar alguna situación que denote actividades sospechosas de narcotráfico, se remite vía consejo de Seguridad al Presidente de la República y la Presidencia toma la decisión de autorizar o no la remisión de este expediente al Procurador General de la Nación, quien lo envía a su vez a las Fiscalías Especializadas de Drogas.

      Una vez recibida la comunicación en la Fiscalía Especializada de Drogas, en ese momento, no se encontraba acreditada la existencia de un hecho punible y procede a manejar el expediente mediante una investigación preliminar, con el objeto de recabar la información y datos necesarios para llegar a ese propósito si fuere el caso. (Ley 46 de 17 de noviembre de 1995, que modifica a su vez el Decreto 41 de 1990).

      Lo que indica entonces, que el Señor Procurador General de la Nación no podía ordenar, en primer lugar, más que una investigación preliminar, con el objeto de recabar la información y datos necesarios para poder acreditar la existencia de un hecho punible.

      No obstante, la Corte considera que el Procurador General de la Nación y la Fiscalía Especializada de Drogas deben culminar las investigaciones que adelantan en torno a CLARK INVESTMENT CORPORATION y a la supuesta participación del señor A.O. en esa sociedad, a fin de que se esclarezca de manera definitiva todo lo relacionado con este problema.

    4. - Con respecto a la conducta vedada al Señor Procurador General de la Nación, por el artículo 337 del Código Penal, en el presente caso, no existía, en las fechas de las declaraciones públicas del Procurador General de la Nación, ninguna investigación sumarial contra el señor A.O. en Panamá, en los términos señalados por los artículos 2031 y 2032 del Código Judicial. Y tal como consta en el expediente, en el despacho del Señor Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, se adelantaba una investigación preliminar que guarda relación con las transacciones financieras sospechosas de la empresa CLARK INVESTMENT CORP., reportados a la Unidad de Análisis Financieros y que hasta la fecha no se ha podido vincular de acuerdo a la ley al señor A.O.B. en actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

      Si bien dichas declaraciones del Procurador no constituyen, en estricto derecho, delito, las mismas fueron poco prudentes y sin una justificación clara; y se dieron en el marco de una campaña político-electoral de la cual el Procurador General debió mantenerse alejado totalmente.

    5. - Según las constancias que obran en el expediente, se ha podido verificar que el Señor Procurador General de la Nación ha tramitado la solicitud de asistencia judicial Internacional requerida por las autoridades italianas a cabalidad y en poco tiempo, toda vez que dicha solicitud fue recibida en el despacho del Procurador el 12 de octubre de 1998 y mediante Providencia de 13 de octubre de 1998, la Procuraduría General de la Nación accedió a su diligenciamiento.

    6. - El Pleno finalmente concluye, que a lo largo de la instrucción sumarial, que consiste en un voluminoso expediente, no existen elementos probatorios suficientes que nos permitan afirmar que se han comprobado los hechos punibles que se atribuyen al Procurador General de la Nación, por lo que procede dictar, a la luz de lo preceptuado en el artículo 2208 del Código Judicial, un sobreseimiento provisional.

  8. DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

    En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en las sumarias que se seguían al Licenciado J.A.S.R., Procurador General de la Nación, por la presunta infracción de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título X del Libro II del Código Penal, que trata sobre el Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

    N..

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) C.P.B.

    (fdo.) E.A. SALAS

    (CON SALVAMENTO DE VOTO)

    (fdo.) J0SÉ A.T.

    (fdo.) A.A.A. L.

    (fdo.) G.J.D.C.

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) G.E.F.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

    Secretario General

    SALVAMENTO DE VOTO

    Con mi acostumbrado respeto, debo manifestar que disiento del fallo pronunciado por el pleno de la Corporación el día en la denuncia penal presentada por la Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de la Asamblea Legislativa contra el Procurador General de la Nación.

    Mantengo el contenido de mis observaciones iniciales del día, a las cuales se unieron en distintos grados, los Magistrados Salas, T., D. y G. (actuando como suplente de Magistrado Arjona). Lamento manifestar- nuevamente- que el fallo del Pleno no reúne los requisitos necesarios según la Ley a pesaar del cambio sustancial frente al proyecto original, que preveía el Sobreseimiento definitivo del señor Procurador General, ahora sustituído por un sobreseimiento provisional, como lo hab{ia aconsejado en su vista la Procuraadora de la Administración, en su ocasión ignorada por la ponencia.

    El artículo 337 de Código Penal dice: "Será sancionado con prisión de de 6 a 18 meses o 25 a 75 días-multa el servidor público que comunique o publique los documentos o noticias que posea por razón de su empleo y que debía mantener en secreto".

    La Procuradora de la Administración consideró que las declaraciones hechas por el Señor Procurador General sobre la inocencia del señor A.O. rompieron el obligado silencio del sumario y contituían una conducta delictiva.

    El fallo del Pleno vislumbra una falta ética mas no una conducta delictiva con desviación de la letra y espíritu del articulo 337 y el secreto del sumario.

    Por la claridad de esta materia, no creo necesaria nuevas explicaciones doctrinales y sólo adiciono cuanto sique:

    1. El fallo no alcanza un real pronunciamiento después de más de un año de lecturas y estudio.

    2. Deja sobre la Procuradoría de la Administración la tarea de reabrir el sumario y colmar sus legunas.

    3. Deja sobre la misma Asamblea Legislativa la posibilidad de iniciar otro procedimiento contra el Procurador General por las llamadas faltas que no constituyen delito de dicho funcionario.

    4. Dicha situación mantendrá una espada de Damocles sobre dicho funcionario que habría desaparecido con una ampliación favorable del sumario. No creo que la decisión beneficie ni a las personas y sobre todo, la manera con la cual el Pleno ha descartado la aplicación del artículo 337 del Código Penal invocado por la Procuradora de la Administración, me parece poco viable.

    Es instructivo transcribir las normas referentes al sobreseimiento provisional:

    ARTÍCULO 2210... "El sobreseimiento provisional no concluye definitivamente el proceso y en culquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas del cargo puede reabrirse la investigación".

    ARTICULO 2220. "El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté agotada la investigación tendiente a comproba el hecho punible y determinar la identidad del imputado."

    El Diccionario Jurídico Espasa, edición de Madrid 1999, Página 923, dice lo siguiente: "Se habla de sobreseimiento provisional cuando solamente existen sobre la comisión del hecho o sobre su autoría, dando lugar a una mera suspensión del proceso, sin efectos de cosa juzgada material"

    Lamento que se mantenga esta situación sin solución definitiva, razón por la cual tendremos que esperar que precriba la acción penal o se alaren las dudas, por otro camino, a menos que el propio interesado solicite la reapertura, como también prvée el Código Judicial cuando este quisiere defender su inocencia.

    4 de diciembre del 2001.

    (fdo.) C.P.B.

    ==¤==¤==¤==¤==¤==¤==¤==¤=