Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Octubre de 2010

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución: 7 de Octubre de 2010
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Procurador de la Administración, el D.O.C., mediante Vista No.231 de 4 de marzo del año en curso ha presentado escrito de APELACIÓN en contra de la resolución de fecha 13 de julio de 2009 que admite y corre en traslado la demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta por el Licenciado M.A.N.J. actuando en representación de ZELIBETH DEL CARMEN MURILLO, al SERVICIO AEREO NACIONAL O SERVICIO AEREO NAVAL (EL ESTADO), al pago de cinco mil de dólares (B/.5.000.00) en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados, producto del accidente ocurrido el 29 de mayo de 2008.

Ahora bien, en un minucioso recorrido procesal realizado al expediente de la causa observamos que la presente demanda fue presentada en los estrados de ésta Colegiatura el día seis (06) de abril de 2009.

Que el día tres (03) de marzo de 2010 se notifica del auto admisorio a la Procuraduría de la Administración, quien anuncia y sustenta su recurso de apelación al día siguiente; y posteriormente el día catorce (14) de abril, el Licenciado Nuñez presenta escrito de oposición al recurso impetrado.

En ese sentido, apreciamos que no consta dentro del expediente la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte actora, por lo que se debe entender como notificada desde el día que se notificó del traslado de la apelación, por medio de formulario del Centro de Comunicaciones Judiciales visible a foja 55, por aplicación de la tan conocida "notificación por conducta concluyente" contemplada en el artículo 1021 (1007) del Código Judicial.

Siendo así, se entiende que el recurso en estudio ha sido presentando, sustentando y objetado en tiempo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 1132 y subsiguientes del Código Judicial.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

En lo medular del escrito de apelación, el Procurador de la Administración alega que a su juicio, la presente demanda no debe ser admitida por las siguientes causas:

En primer lugar, alega que la reclamación de indemnización no se encausó en ninguna de las causales que establece la Ley.

En segundo lugar, alegan una excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, respecto a la Compañía Internacional de Seguros, S.A; en atención al hecho que el apoderado judicial de la demandante solicita a este Tribunal que declare responsable solidariamente a dicha compañía asegurados, y esta constituye una persona jurídica de derecho privado y por tal, debió encausar el reclamo ante los tribunales ordinarios.

Finalmente alega, que la demanda adolece de los requisitos de forma que exige la Ley Contencioso Administrativa, específicamente lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

Solicitando así, que la Sala revoque la providencia de 13 de julio de 2009 que admite la presente demanda de indemnización, y en su lugar, no se admita la misma.

Por su parte, el opositor sostiene que la demanda detalla muy minuciosamente el hecho generador de las pretensiones invocadas dejando ilustrado a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, que la acción indemnizatoria está contenida en una defectuosa prestación de un servicio público por parte del Estado.

En otro punto, señala que le parece inadmisible tener que utilizar vías diferentes cuando lo reclamado opera en el ámbito de actuación tanto del Estado como de un particular.

Que para demostrar la pretensión incoada, aportaron una copia simple de la póliza de seguros, la que evidencia la relación extracontractual entre su poderdante y el Estado.

Por lo que, solicita que se rechace el recurso de apelación incoado por el Procurador de la Administración y en su lugar se siga el curso normal del proceso.

DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA

De lo expuesto por las partes, y cumplidos los trámites legales correspondientes, procede ésta Colegiatura a resolver el recurso de apelación impetrado, previa las siguientes consideraciones.

En primer lugar tenemos que, el artículo 97 del Código Judicial establece, entre las competencias asignadas a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el conocer de los procesos de indemnización directa contra el Estado y las entidades públicas, como en la que nos encontramos en estudio, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL AERONAVAL.

Siguiendo, vemos que la génesis de la inconformidad del Procurador respecto del auto que admite la presente demanda radica en que, considera que la demanda incumple con los requisitos de admisibilidad aunado a la falta de legitimidad de una de las partes demandadas.

De la breve lectura del libelo de demanda, podemos apreciar que efectivamente el mismo adolece de ciertos requisitos establecidos en la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

Esto es, que aún cuando el Licenciado N. alegue que de la lectura de los hechos se infiere que la demanda es incoada por la mala prestación de un servicio público (numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial), esto no es óbice para que haya dejado de cumplir con su carga de establecer de forma clara, la norma sobre la cual sustenta su pretensión.

Concatenado a lo anterior, vemos que carece de formalismos contemplados en nuestra legislación contencioso administrativa, específicamente en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, a saber:

  1. La designación de las partes y sus representantes.

  2. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación.

En torno al tema, ésta Superioridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones. A manera de ejemplo, citamos un extracto de las siguientes resoluciones:

Auto de 4 de marzo de 1998

...este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa, a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad que deben ser debidamente invocados por el actor, al igual que ampliamente explicadas las infracciones de los preceptos en cualquiera de sus modalidades, violación directa por omisión o comisión, interpretación errónea o indebida aplicación de la Ley. De esta manera, si la parte actora no expresa cuales son las disposiciones que se consideran infringidas, la Sala no se puede pronunciar sobre la ilegalidad planteada.

Auto de 10 de mayo de 2007

"La Sala ha expresado, que para cumplir con el requisito anterior, deben transcribirse las disposiciones legales que se estiman violadas, para que de la confrontación del acto administrativo impugnado, con la norma que se considera violada, se pueda apreciar la violación aducida (Ver Autos de 5 de agosto de 2002: Cooperativa de Trabajo y Expendio de Alimentos, S.R.L. vs. Estado / Auto de 5 de septiembre de 2000: Euro Cargas y Aircraft International Company, S. A. vs. Estado).

Aunado a lo anterior, en lo se refiere a "la designación de las partes y sus representantes", cabe destacar que en este apartado debe señalarse la parte demandante, la demandada, e incluso la intervención de la Procuradora de la Administración." (Auto de 2 de julio de 2003).

Tal como se desprende de lo expuesto en ordinal 1 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 y como lo ha señalado reiterada jurisprudencia de esta Superioridad, la correcta designación de las partes y sus representantes en las demandas contencioso-administrativas, es un requisito necesario para darle curso.

Auto de 11 de abril de 2003

"... Este Tribunal en primer lugar, con fines docentes, debe acotar que los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, son requisitos indispensables para la presentación, ante esta S., de cualquier tipo de demanda, y no es exclusivo de las demandas de nulidad o plena jurisdicción.

...

Por consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA del Auto de 21 de febrero de 2006, emitido por el Magistrado Sustanciador, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por el licenciado J.F.O.N., en representación de ADSALINA ZUIRA DE SÁNCHEZ y L.A.S.B.." (MAG. PONENTE: V.B.).

De la jurisprudencia que precede, se deduce que, la omisión del Licenciado N. de señalar las normas que considera infringidas y el concepto de su violación, produce que ésta Sala carezca de los elementos necesarios para efectuar el debido análisis de fondo a la reclamación incoada, pues, nos encontramos ante una jurisdicción especial que exige ciertos requisitos / formalismos que difieren de aquellos estipulados para otras jurisdicciones.

Recordemos que el exigir las formalidades establecidas en la ley no es una tropelía de nuestra parte, pues, cada una de ellas constituye un elemento esencial para el debido tramite del proceso.

Siendo así, y una vez realizado este análisis jurídico-fáctico, podemos concluir que efectivamente existen los vicios de admisibilidad alegados por el apelante, por lo que no le queda más a esta S. que acceder a su pretensión, a lo que pasaremos a continuación.

Antes de finalizar, vale dejar constancia que una cosa es la Tutela Judicial Efectiva y otra cosa es el deber que tiene todo el que ocurra ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en auxilio de sus Derechos subjetivos o en defensa de los intereses de la colectividad, esto es, de cumplir con los requisitos básicos mínimos que por Ley se han establecido, por ello no se debe interpretar que la tutela judicial efectiva, sea un acceso desmedido a la justicia, puesto que, no ha sido esto lo que ha sostenido esta Corporación de Justicia a través de su jurisprudencia.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCAN la resolución de 13 de julio de 2009; y en su lugar NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta por ZELIBETH DEL CARMEN MURILLO, para que se condene al SERVICIO AEREO NACIONAL O SERVICIO AEREO NAVAL (EL ESTADO), al pago de cinco mil de dólares (B/.5.000.00) en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados, producto del accidente ocurrido el 29 de mayo de 2008.

N..

VICTOR L. BENAVIDES P.

ALEJANDRO MONCADA LUNA

KATIA ROSAS (Secretaria)