Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Abril de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución17 de Abril de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

La firma R. y R. en representación de Financiero Centro S.A., y M.V.E., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de indemnización para que se condene a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la privación del uso de la clave de descuento sobre los salarios de los empleados de esa entidad estatal y, como consecuencia de la denuncia y querella penal presentada en contra del señor M.V.E..

  1. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

    Según las constancias que integran el presente expediente, los hechos que dan origen a la controversia pueden sintetizarse así:

    Que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le otorgó a favor de Financiera Centro S.A., una clave de descuento sobre los salarios de los servidores públicos de esa institución. Sin embargo, mediante Nota FAC-121 de 13 de marzo de 2008, la ACP le comunicó a la licenciada E.C., G. Ejecutiva de la División de Contabilidad y Costos de la ACP, que no se seguirían aplicando nuevos descuentos de esa empresa y que sólo se practicarían los ya comunicados.

    Que tal medida obedecía a que la Oficina del F. General de la ACP, había realizado una investigación en virtud de la denuncia presentada por el señor G.V.P. sobre supuestas irregularidades en el manejo de solicitudes de deducciones de salarios de los empleados de la ACP, en la cual indicaba que, cuando el señor M.V.E. era el G. General de Financiera Única S.A, (desde el año 2003 al año 2005), y cuando fungía como G. de Financiera Centro S.A., durante el período comprendido entre septiembre de 2005 a marzo de 2006, estas financieras se vieron beneficiadas con la información obtenida indebidamente de un funcionario de la sección de planillas de la ACP, C.M.D..

    Advierte el demandante que, se comprobó que no se cometieron las irregularidades alegadas por la ACP, toda vez que la información que mantenía el señor C.M.D. era de acceso público por medios electrónicos, las copias que aparecieron en Financiera Única S.A, fueron encontradas después que el M.V.E. había dejado el cargo de gerente en esa empresa, y se estableció que la confesión del señor M.D. sobre la supuestas irregularidades fue invalidada porque fue obtenida bajo amenazas por parte de funcionarios de la ACP, quien luego se retractó de la misma.

    Agrega que, la ACP interpuso una denuncia penal en contra del señor M.V.E. ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito Contra la Administración Pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos, sin embargo fue absuelto de los cargos mediante Sentencia Absolutoria No. 21 de 21 de septiembre de 2010, y confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través de Sentencia No. 178-S-I de 8 de noviembre de 2011.

    Ante tales hechos señala el demandante que es de la opinión que, la Autoridad del Canal de Panamá está obligada a pagarle a Financiera Centro S.A., y al señor M.V.E. una indemnización como consecuencia de los daños y perjuicios causados.

    En ese sentido, considera que Financiera Centro S..A, se le debe pagar la suma de cinco millones de balboas con 00/100 (B/.5,000,000,00), salvo mejor tasación, por la cancelación de la clave de descuento sin justificación legal, y a M.V.E., dos millones de balboas con 00/100 (B/.2,000,000.00), salvo mejor tasación pericial, porque la Autoridad del Canal de Panamá presentó una denuncia y querella penal en contra.

  2. INFORME DE CONDUCTA

    De la demanda instaurada se le solicitó a la Autoridad del Canal de Panamá, rindiera su informe explicativo de conducta, el cual fue remitido mediante escrito nota s/n de 4 de marzo de 212, indiciando que la presente acción de indemnización fue presentada contra varios actos de la ACP, independientes entre sí, y que tiene efectos en personas distintas, por tales motivos su informe de conducta se analizará de forma separada.

    Financiera Centro

    En primer lugar señala que, la entidad demandada que la acción de indemnización interpuesta por Financiera Centro S.A., se encuentra prescrita porque desde el día de que ésta supo del agravió, han trascurrido más de un año partiendo de la última actuación del actor cuando se expidió la Resolución No. ACP-AD-RM08-13 de 13 de mayo de 2008, que se resolvió el recurso de reconsideración presentado ante la Autoridad del Canal de Panamá contra la Nota de 13 de marzo de 2008.

    Por otro lado, señala que el procedimiento contable para organizar los descuentos voluntarios que solicitan sus empleados sobre sus salarios a favor de la entidad pública o privada, y con ello dar cumplimiento a las normas sobre descuentos de los salarios establecidas en su Reglamento de Administración de Personal. La ejecución de estos descuentos no forma parte de ningún servicio público a ella adscrita. Sus procedimientos fueron establecidos en virtud de su autonomía financiera que le otorgan los artículos 320 de la Constitución Política y el 7 de la Ley Orgánica, y por tanto, no está sujeta conforme a estas normas, a control previo de la Contraloría de la República de Panamá, ni forma parte del procedimiento para otorgar claves de descuentos reglamentada por está, en base a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley No. 19 de 1997.

    Por tales razones, considera que ese procedimiento no genera derechos a las empresas o entidades que se benefician de los descuentos a los empleados, y aunado al hecho que la ACP tuvo la precaución no afectar los descuentos ya aprobados y tramitados a sus empleados antes de la suspensión.

    M.V..

    En cuanto a la pretensión del señor M.V. indica que el demandante no explicó en qué consiste el mal funcionamiento de los servicios públicos, no obstante la V.F. y el Auto de Llamamiento a Juicio demuestran que el J. encontró plena prueba del hecho punible y graves indicios contra el señor V., lo cual confirma que existían indicios de la comisión de un delito lo que obligaba a la ACP a denunciar al señor V..

    Igualmente indica que, no se ha declarado en un proceso que la ACP o sus empleados incurrieron en falsa denuncia, de modo que no existe responsabilidad por la vía del mal funcionamiento del servicio público que señala el artículo 10 del artículo 97 del Código Judicial.

    Por último añade que, en el caso la acción este sustentada su reclamación en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, éste exige que se dé alguna infracción en el ejercicio de sus funciones del servidor público, el cual no ha precisado quien es.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    Mediante Vista No. 473 de 23 de diciembre de 2013, el representante del Ministerio Público, señala que la pretensión de Financiera Centro S.A, consiste en que el Estado le ocasionó daños y perjuicios por conducto de la ACP, porque suspendió la clave de descuento, sin embargo, es del criterio que no ocurren los elementos necesarios para que se configure la responsabilidad directa del Estado, toda vez que no existe un nexo causal entre la actuación atribuida a la Autoridad del Canal de Panamá, producto de una infracción y el daño que alega la actora le fue ocasionado.

    Alega, el Procurador de la Administración que la Autoridad del Canal de Panamá actuando con fundamento en el artículo 13 del Decreto No. 275 de 26 de diciembre de 1974, emitido por la Contraloría de la República, le ordenó a la G. Ejecutiva de la División de Contabilidad y Costos de la ACP, que le cancelará a Financiera Centro S.A., la clave de descuento sobre las nuevas solicitudes, permitiéndole a la sociedad continuar recibiendo las deducciones de los salarios de aquellos trabajadores que mantenían un crédito con ella, así como las instrucciones de pago de neto de planilla que habían sido previamente aprobadas por la institución.

    Respecto a la pretensión del señor M.V.E. indica que los supuestos daños y perjuicios alegados le fueron ocasionados en virtud de la denuncia y querella penal presentada en su contra, tampoco se ha configurado un nexo causal entre la actuación que se le atribuye a la institución demandada, producto de una infracción en el ejercicio de sus funciones porque en la investigación realizada por la Oficina del F. de la ACP se pudo comprobar que el señor C.M., trabajador técnico de planillas de la ACP, a cambio de dinero suministraba información reservada sobre los descuentos de los empleados de la ACP, y sus capacidades de endeudamiento al señor M.V.E..

    Motivo por el cual el F. General de la Autoridad del Canal de Panamá, quien tiene calidad de servidor público tenía la obligación de poner en conocimiento de este hecho a la autoridad competente, toda vez que es quien determinaría si era culpable o no. Mediante V.F. No. 26 de 31 de enero de 2008, el Procurador General de la Nación le solicitó al J. de la causa que profiera un Auto Llamamiento a Juicio en contra el señor M.V.E., no obstante, el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó Sentencia Absolutoria No. 21 de 21 de septiembre de 2010.

    Excepción de Prescripción

    Por último señala el Procurador de la Administración que, la acción de indemnización interpuesta por Financiera Centro S.A., se encuentra prescrita a tenor de lo que señala el artículo 1706 del Código Civil, en el cual establece un término de un año para exigir responsabilidad extracontractual al Estado, contado desde el momento en que el agraviado supo de la afectactión.

    Esto es así según el Procurador porque Financiera Centro S.A., presentó su acción el día 14 de noviembre de 2012, posteriormente corregida el 29 de noviembre de 2012, sin embargo tenía desde el 13 de marzo de 2008 hasta el 13 de marzo de 2009, para interponerla. Debido que, el día 13 de marzo de 2008, la G. Ejecutiva de la División de Contabilidad y Costos de la Autoridad del Canal de Panamá a través de la Nota FAC-121, le comunicó al G. General de Financiera Centro S.A., que no se le aceptaría nuevas solicitudes de descuentos directos de los salarios de los empleados de dicha entidad, debido a las investigaciones realizadas por la Oficina del F. General de la Autoridad, porque su empresa se había venido beneficiada con información obtenida indebidamente de un trabajador de la sección de planilla.

  4. DECISIÓN DE LA SALA

    Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio.

    Competencia

    La S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en atención a lo dispuesto en el Artículo 97 del Código Judicial, en concordancia con el Artículo 206 de la Constitución Política, es viable, en atención a lo dispuesto en el numeral 9 y 10, del Código Judicial, que establece como competencia de la S. Tercera, el conocimiento "De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado;" y "De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos".

    Advierte la S. que la acción de indemnización fue interpuesta por dos actores, Financiera Centro S.A., y M.V.E., por lo cual es necesario hacer un análisis por separado de cada pretensión.

    Pretensiones de la Financiera Centro S.A.

    La situación que sirve de fundamento de la demanda y que es considerada por la parte actora como generadora de daños y perjuicios causados, consiste en que cuando la Autoridad del Canal de Panamá, emitió la orden de suspender la clave de descuento sobre los salarios de los empleados de la Autoridad del Canal de Panamá, a favor de la Financiera Centro S.A.., por tales razones considera que es responsable por la mala prestación de los servicios públicos (numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial), y consecuencia, tiene la obligación de pagarle a Financiera Centro S.A., un monto de cinco millones de balboas 00/100 (B/.5,000,000.00), consistentes en las pérdidas respectivas de ganancias y gastos incurridos por la medida de suspender dichos descuentos.

    Ahora bien, esta S. estima necesario resolver, en primer lugar, la excepción de prescripción invocada por el Procurador de la Administración en su Vista Número 473 de 23 de diciembre de 2013, visible a fojas 316 a 327 del expediente judicial, a través de la cual alega que la acción de indemnización presentada por Financiera Centro S.A., se encuentra prescrita basado en en el artículo 1706 del Código Civil.

    En ese sentido se advierte que el representante del Ministerio Público alega que, la acción indemnizatoria esta prescrita porque la actora tuvo conocimiento del hecho agraviado el día 13 de marzo de 2008, por lo cual tenía el término de un (1) año establecido por el artículo 1706 del Código Civil para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia. Sin embargo, presentó la acción el día el 14 de noviembre de 2012, y corregida posteriormente el 28 de noviembre de 2012, de manera extemporánea.

    Cabe señalar en este punto que, esta Superioridad ha señalado en reiterada jurisprudencia que la prescripción en las acciones de indemnización por daños y perjuicios, es una cuestión que debe ser atendida al conocerse el fondo de la demanda y no en la forma, toda vez que al no admitirse se podrían estar vulnerando derechos fundamentales. (Auto de 30 de octubre de 2008, Auto de 18 de noviembre de 2008 y 28 de enero de 2011)

    Lo anterior es así, toda vez que el artículo 88 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, y el artículo 694 del Código Judicial, señalan lo siguiente:

    Artículo 88: Las excepciones se deciden en las sentencias definitiva. Pueden ser declaradas sin instancia de parte, cuando se encuentren justificados los hechos u omisiones que la constituyen.

    Artículo 694: Las excepciones en los procesos de conocimiento, se deciden en la sentencia, salvo los casos de cosa juzgada, extinción de la pretensión por caducidad de la instancia y transacción. ...".

    Siendo ello así, y luego del análisis de las constancias procesales dentro del expediente la S. comparte los planteamientos del señor Procurador de la Administración por lo siguientes motivos:

    De los hechos del libelo la demanda, y como consta a foja 43 del expediente administrativo, se advierte que Financiera Centro S.A., tuvo conocimiento del hecho agraviado el día 13 de marzo de 2008, cuando la G. Ejecutiva de la División de Contabilidad y Costos de la Autoridad del Canal de Panamá, a través de la Nota FAC-121 le comunicó al G. General de la Financiera, que no se le aceptarías nuevas solicitudes de descuentos directos de los salarios de los empleados de dicha entidad, debido a que de las investigaciones realizadas por la Oficina del F. General de la ACP, se desprendía que su empresa se había visto beneficiada con información obtenida indebidamente de un trabajador de la Sección de Planilla.

    De lo anterior se desprende que, la acción interpuesta por Financiera Centro S.A., contra la Autoridad del Canal de Panamá, se fundamenta en la prestación defectuosa del servicio público, lo cual queda ciertamente comprendido dentro de los términos de prescripción a que alude el artículo 1644 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1706 del mismo cuerpo legal que establece lo siguiente:

    "Artículo 1706: La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un año, contado a partir de lo que supo el agraviado.

    Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inició anterior, la prescripción de la acción civil se contará a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o de la resolución administrativa, según fuere el caso.

    Para el reconocimiento de la pretensión civil, en ningún caso es indispensable la intervención de la jurisdicción penal."

    La norma arriba citada es clara en establecer el término de un (1) año para ensayar acciones civiles para reclamar responsabilidad civil por obligaciones derivadas por culpa o negligencia, y en el caso que nos ocupa, tomando como referencia que los hechos generadores del daño es cuando la Autoridad del Canal de Panamá, emitió la orden de suspender la clave de descuento sobre los salarios de los empleados de la Autoridad del Canal de Panamá, a favor de la Financiera Centro S.A.., del cual tuvo conocimiento el 13 de marzo de 2008, como se indicó en párrafos anteriores, y habiéndose presentado la demanda de indemnización por parte de Financiera Centro S.A., el 14 de noviembre de 2012, y corregida posteriormente el 28 de noviembre de 2012, (Foja 4-17 y 79-94 del expediente), ha transcurrido el término para accionar ante este Tribunal para exigir el resarcimiento de los supuestos daños y perjuicios causados por la entidad pública demandada.

    Por las consideraciones anteriores, la S. Tercera debe declarar probada la excepción de prescripción alegada por el señor Procurador de la Administración y, en consecuencia, declarar la extinción de las pretensiones formuladas por la parte demandante Financiera Centro S.A.

    Pretensiones del señor M.V. Estévez

    Corresponde a la S. determinar si los planteamientos expuestos por el accionante y las pruebas incorporadas al presente proceso, comprueban la existencia de un daño ocasionado al señor M.V.E., por el actuar de la entidad estatal demandada, nexo causal, con la consecuente reparación patrimonial por parte del Estado.

    En ese sentido, para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración, resulta indispensable determinar si el daño y perjuicio causado tiene su origen en que la infracción en que se incurrió haya sido responsabilidad del Estado, a la luz de lo estipulado en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial. Es decir, se requiere el nexo causal entre la actuación que se infiere a la Administración, producto de una infracción, y el daño causado.

    En ese orden de ideas, el derecho de exigir indemnización por daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurran en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado, se deriva de la denominada responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, concepto que ha sido asimilado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia a la responsabilidad civil extracontractual establecida en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 1644, 1644a y concordantes del Código Civil y por tanto aplicables a los procesos contenciosos administrativos de indemnización y reparación directa.

    Sobre este particular, la S. se ha pronunciado en diversos fallos, que para accederse a este tipo de indemnizaciones deben comprobarse tres elementos a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño".

    Presupuestos de la Responsabilidad de la Administración

    La situación que sirve de fundamento de la demanda y que es considerada por la parte actora, como generadora de daños y perjuicios es la actuación de la Autoridad del Canal de Panamá, a través del F. General cuando interpuso una denuncia penal en contra del señor M.V.E., por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública (Corrupción de servidores públicos), proceso penal del cual fue absuelto mediante Sentencia Absolutoria No. 21 de 21 de septiembre de 2010, confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través de Sentencia No. 178-S-I de 8 de noviembre de 2011.

    Alega el actor que, dicha actuación le ocasionó incurrir en gastos, como el pago de honorarios a abogados, gastos de obtención de prácticas de pruebas y otros derivados de este tipo de gestión legal, y le causó daños morales porque le afectó su buena imagen de comerciante en un medio relativamente pequeño, así como afectación emocional en su vida familiar, y social, durante los cuatro años que fue sometido al proceso penal.

    Por tales razones, es de la opinión que el Estado a través de la Autoridad del Canal de Panamá es responsable de los daños y perjuicios causados al señor M.V.E., por un monto de dos millones veinticinco mil balboas con 00/100 (B/.2,025,000.00).

    Ahora bien observa la S. que la Oficina del F. General de la Autoridad del Canal de Panamá realizó una investigación, por la denuncia presentada por el señor G.V.P. al Presidente del Canal de Panamá y del Caribe, mediante Nota de 28 de junio de 2006, sobre irregularidades en el manejo de solicitudes de deducción del salario de los empleados de la ACP.

    Mediante ampliación de denuncia realizada el día 26 de septiembre de 2006 manifestó que en varias oportunidades la sección de planillas de la ACP había rechazado intencionalmente solicitudes de deducción al salario provenientes de la Financiera Única S.A., y a su vez aceptado esas mismas deducciones y empleados a favor de la Financiera Centro S.A.

    Durante de la investigación se le tomó declaración a C.M., trabajador de la sección de planillas de la ACP, quien manifestó que a cambio de dinero suministraba información sobre descuentos de los empleados de la ACP, y sus capacidades de endeudamiento al señor M.V.E. desde el año 2003 a 2005 cuando fungía como G. General de Financiera Única S.A., y posteriormente de septiembre de 2005 hasta marzo de 2006, cuando era el G. General de Financiera Centro S.A.. (Visible a fojas 3-4 del expediente)

    El informe No. IG-3510 de 17 de noviembre de 2006 del F. General concluyó que la información obtenida durante esas fechas para las empresas Financiera Única S.A., y Financiera Centro S.A., fueron producto de faltas contra la ética y posible comisión de un delito de corrupción de servidores públicos, por lo cual se recomendaba iniciar un proceso disciplinario en contra del señor C.M., y presentar una denuncia penal en contra el señor M.V.E..

    Mediante V.F. No. 26 de 31 de enero de 2008 la Fiscal Tercera Anticorrupción solicitó al juez de la causa proferir un Auto de Llamamiento a Juicio en contra del señor M.V.E., y a través de Auto Encusatorio No. 137 de 4 de junio de 2009, el J. Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, abre causa criminal en contra de ambos denunciados. Posteriormente fue absuelto mediante Sentencia Absolutoria No. 21 de 21 de septiembre de 2010 emitida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y confirmada a través de la Sentencia No. 178-S.I de 8 de noviembre de 2011 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

    Ante tales hechos, considera este Tribunal que es necesario determinar si se le ocasionó un daño a M.V.E., con la actuación del F. General de la Autoridad del Canal de Panamá, cuando interpuso una denuncia y querella en contra esté. Toda vez que, el primer elemento que se debe comprobar es el daño, como primer requisito de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio del mismo, por más que exista una infracción por parte de la Administración.

    Sobre este tema, el jurista F.H. en su obra Resposabilidad Extracontractual: antijuricidad y culpa, ha señalado que "el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y el juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta de autor resultará necio e inútil. (Citado por J.C.H., en su obra El Daño, Universidad Externado de Colombia, Segunda Impresión, Colombia, 2007, página 36 )

    En ese sentido, el autor karl L., en su obra en Derechos de daños ha manifestado que, el daño es "...el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya que en sus bienes vitales o naturales ya en su propiedad o en su patrimonio." (Citado por A.D.A., en su obra El Daño y su Cuantificación Judicial, Editorial AbeledoPerrot S.A., Segunda Edición, Argentina, 2011, página 6)

    Cabe indicar que, en ocasiones a pesar que exista el daño no procede declarar la responsabilidad, esto es así porque el daño debe ser antijurídico. La doctrina ha señalado que la fuente de responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria a derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo. (Citado por C., J.D., La Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia, E.I., Colombia, 2006, página 121)

    Igualmente, F., L.M., E., G.R., J.A., C.D., en su obra La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos, señala:

    "Como hemos señalado, el requisito de la antijuricidad no se predica respecto de la conducta de quien produce la lesión (en el sentido de que se a contraria a Derecho), sino que se trata de una antijuridicidad objetiva que se hace recaer en el lesionado sin que éste tenga el deber jurídico de soportarla. ...

    El problema consiste en determinar cuándo el interesado tiene o no el deber de soportar el daño. En efecto, se trata de una regla fácilmente comprensible como tal pero cuya determinación en cada caso concreto suele encerrar muchas dificultades; y esto es así porque las normas no suelen señalar cuáles sean los daños que se deben soportar y cuáles no. Esto es algo que debe deducirse de la interpretación, bien de normas concretas (o sea -de acuerdo a la Ley- como dice expresamente el artículo 141.1 antes trascrito), o del ordenamiento jurídico entero." (Citado por F., L.M., E., G.R., J.A., C.D., en su obra La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos, Editorial Lex Nova, España, páginas 71-72)

    Por otro lado, el jurista colombiano y Magistrado del Consejo de Estado, E.G.B., en su obra Responsabilidad Extracontractual del Estado, indica que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha precisado que no toda incomodidad da lugar a una indemnización de perjuicios, ya que los ciudadanos están obligados a soportar ciertas cargas derivadas del ejercicio de la actividad jurisdiccional, y sólo en la medida que está sea anormal, (énfasis nuestro) surge el deber de indemnizar, sin considerar de la legalidad o ilegalidad de la conducta del funcionario.

    Sentencia de 27 de septiembre de 2000:

    ...Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley.

    "No puede considerarse, en principio que, el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y de los ciudadanos debe soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. ....

    "En desarrollo de su función de administrar justicia, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para investigar los delitos, y aunque, como se anotó anteriormente, toda investigación genera inconvenientes a las personas señaladas como posibles autores de aquellos, estas deben soportarlos, a menos que demuestren que se les ha impuesto una carga excepcional, situación que, como se vio, no se presenta en este caso." (Citado por: E.G.B., en su obra Responsabilidad Extracontractual del Estado, Editorial Temis S.A, Sexta Edición, Colombia, 2013, página 417)

    Bajo ese marco de referencias, advierte la S. que el artículo 28 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, Ley Orgánica de la ACP, establece que el F. General de la ACP es responsable por la realización y supervisión de áuditos e investigaciones, relacionadas con la operación de la Autoridad, igualmente se estipula en el artículo 31 las siguientes funciones:

    "Artículo 31: El F. General ejercerá las siguientes funciones:

    ....3. Llevar a cabo las investigaciones y áuditos que, a su juicio, sena necesarios o aconsejables, así como informar a la junta directiva sus resultados, recomendando las acciones correctivas correspondientes.

    ....4. Presentar informes periódicos a la junta directiva sobre fraudes, abusos de autoridad, despilfarros e irregularidades, relacionados con la administración o finanzas de la Autoridad. ...

    ....6. Recibir declaraciones sobre hechos que se investiguen con la relación a fraudes, abuso de autoridad, despilfarros e irregularidades en perjuicio de la Autoridad.

    ....7. Investigar los casos que se le presenten, relacionados con despilfarros, abuso de autoridad, fraudes, violaciones a la Ley, y a los reglamentos, aspi como los actos peligrosos contra la salud pública o la seguridad. El fiscalizador general de los trabajadores o personas, salvo que la revelación sea absolutamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos y la observancia del debido proceso. ....".

    De lo anterior se desprende que, el F. General de la Autoridad del Canal de Panamá, tenía la obligación de investigar actos relacionados con despilfarros, abuso de autoridad, fraudes, violaciones a la Ley, y a los reglamentos, así como los actos peligrosos contra la salud pública o la seguridad, quien durante dicha investigación, igualmente tiene el deber de interponer una denuncia ante las autoridades respectivas, sí existe la comisión de un delito, de acuerdo al Reglamento de la Oficina del F. General aprobado por la Junta Directiva de la ACP mediante Acuerdo No. 14 de 17 de junio de 1999, que señala en su artículo 27, lo siguiente:

    "Artículo 27: En caso de que una investigación indique la comisión de un delito, el F. General interpondrá la denuncia respectiva ante as autoridades competentes y deberá suministrar copia del informe sobre la investigación."

    Aunado el hecho que, el artículo 1996 del Código Judicial, que se aplica de manera supletoria como estipula el artículo 202 de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, señala que,"Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento de culpable o culpables."

    Ante tales hechos, esta Tribunal es de la opinión que las actuaciones realizadas por el F. General son acordes conforme a la normativa, en consecuencia, los daños ocasionados al señor M.V.E. no pueden calificarse como daño antijurídico, toda vez que el daño proviene de un actuación legitima de la administración, donde el sujeto que lo sufre tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio.

    Esto es así porque "Para que exista lesión resarcible se requiere, sin embargo, que ese detrimento patrimonial sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a derecho (Antijuricidad subjetiva), sino más simplemente, porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber de soportarlo (Antijuricidad objetiva)....La lesión supone "un perjuicio por la manera de producirse, sino porque el titular del bien o derecho lesionado no tiene el deber jurídico de soportarlo, aún cuando el agente que lo ocasione obre dentro del marco de la licitud". La Antijuricidad susceptible de convertir el perjuicio económico en lesión indemnizable se predica, pues, del efecto de la acción administrativa (no de la actuación del agente de la administración causante material del daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en cuanto no existan causales de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trate". (Citado por E., G. de Enterría y T.R.F., Curso de modelo administrativo, Madrid, Tomo II, páginas 357-358).

    De allí entonces que, si bien es cierto el Ministerio Público luego de realizar una investigación determinó mediante V.F. No. 26 de 31 de enero de 2008, a través de Auto Encusatorio No. 137 de 4 de junio de 2009, el J. Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, abrió causa criminal en contra de M.V.E.. Posteriormente dentro del proceso penal, fue absuelto mediante Sentencia Absolutoria No. 21 de 21 de septiembre de 2010, y confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia a través de Sentencia No. 178- S-I de 8 de noviembre de 2011.

    No podemos soslayar que las actuaciones e investigaciones administrativas realizadas por el F. General de la ACP se acreditó que existían supuestos que arrojaban la comisión de una falta administrativa, y la posible comisión de un delito, razón por la cual con apego la normativa como se observa en párrafos anteriores interpuso la denuncia y querella en contra del señor M.V.E..

    En consecuencia, y basados en que el supuesto daño y perjuicio alegado por el actor no se pueden calificar antijurídico, porque el señor M.V.E. tenía el deber jurídico de soportarlo por del interés general, por tales motivos, concluye la S. que no existe una responsabilidad extracontractual por parte del Estado frente a las pretensiones del señor M.V.E..

    En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1-DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPICIÓN propuesta por la Procuraduría de la Administración dentro de la demanda contencioso administrativa de Indemnización interpuesta por el apoderado legal de Financiera Centro S.A.,, para que se condene a la Autoridad del Canal de Panamá, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la privación del uso de clave de descuento sobre los salarios de los empleados de la ACP,y 2- NO ACCEDE a las pretensiones formuladas en la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el apoderado legal de M.V.E., para que se condene a la Autoridad del Canal de Panamá, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la denuncia y querella penal presentada en su contra.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    VICTOR L. BENAVIDES P. -- EFRÉN C. TELLO C

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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