Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Noviembre de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución:17 de Noviembre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La firma J., M. &M., actuando en nombre y representación de HOSPITALES NACIONALES, S.A., ha presentado ante la S. Tercera demanda contencioso administrativa de indemnización con el fin de que se condene a la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (al Estado Panameño) al pago de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54), en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados. La presente demanda fue admitida por medio de la resolución de 17 de septiembre de 2010 (f. 131), se le envió copia de la misma al Superintendente de Seguros y R. para que rindiera su informe explicativo de conducta y se le corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración. I. La pretensión y su fundamento. El objeto de la presente demanda es que se condene a la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (al Estado Panameño) al pago de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54), en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados. Según la demandante, la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá, infringe los artículos 1, 10 (numerales 2, 4, 7), 27 (primer párrafo), 44 (párrafo segundo), 64 (primer párrafo), 70 de la Ley 59 de 1996; el artículo 1645 del Código Civil. La primera norma que el demandante estima vulnerada directamente por omisión es el artículo 1 de la Ley 59 de 1996, dado que la Superintendencia al no cumplir sus funciones, provocó los daños que sufrió Hospitales Nacionales, S.A. A juicio del recurrente el acto impugnado infringe directamente por omisión los numerales 2, 4 y 7 del artículo 10 de la Ley 59 de 1996, toda vez que la Superintendencia de Seguros y R. no impidió que en diciembre de 2007, la sucursal de British American Insurance Company Ltd., trasladara bonos del Estado Panameño que estaban guardados en la casa de custodia de Panamá, los enviara a Caribbean Money Market Brokers Limited (CMB) ubicada en T. y T. y no se vino a enterar sino 22 meses después de haber ocurrido el traslado, en una entidad que tiene la función de cuidar estas reservas, cuantas veces lo estime conveniente. También la parte actora considera que el acto impugnado vulnera de forma directa por omisión el artículo 27 de la Ley 59 de 1996 porque la inactividad de la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá, causó que salieran del país las reservas de la aseguradora que garantizaban sus obligaciones en el país. Sostiene la parte actora que se ha transgredido directamente por omisión el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley 59 de 1996, puesto que del examen de la primera resolución de intervención y de todas las otras prórrogas ilegales, se deja ver que por ninguna parte decidieron dejar de ampliar las operaciones de la empresa porque siguieron aprobando pólizas nuevas que de buena fe tramitaban los corredores de seguros. Afirma la recurrente que se infringe de forma directa, por omisión, el artículo 64 de la Ley 59 de 1996, ya que de la primera resolución de intervención y de sus prórrogas ilegales, se deja ver que por ninguna parte resolvieron que tomaban posesión de los bienes y que asumirían su administración. De igual forma, se considera violado directamente por comisión el artículo 70 de la Ley 59 de 1996, pues se concedieron varias prórrogas ilegales que contribuyeron a impedir que los afectados tomaran las precauciones del caso para evitar mayor daño a sus intereses. Finalmente, la parte actora afirma que fue quebrantado en forma directa por comisión el artículo 1645 del Código Civil, dado que a la Superintendencia de Seguros y R. causó daño con sus omisiones y actuaciones ilegales que perjudicaron a asegurados y proveedores de la aseguradora British American Insurance Company Ltd. II. El informe de conducta del Superintendente de Seguros y R.. El Superintendente de Seguros y R. rindió su informe explicativo de conducta, mediante la Nota DSR-0896-2010 de 22 de septiembre de 2010 (fs. 133-135), en el que señaló que ninguna de las actuaciones de dicha institución fue realizada desatendiendo el principio de legalidad. Agrega que la Ley 59 de 1996 no dispone que cuando las aseguradoras son intervenidas deben ser cerradas y que las causales que originan la intervención son susceptibles de ser subsanas. Indica que en el caso particular, desde el día de la confirmación del status de la intervención se iniciaron los intentos por su recuperación. Señala que el informe del interventor brindó como primera sugerencia la transferencia de cartera, pero la misma no se pudo materializar por un asunto de legitimación. También indica el superintendente que la decisión de continuar proveyendo servicios después de decretada la intervención a la aseguradora fallida fue única y exclusivamente de Hospitales Nacionales, S.A. y la prestación económica por dichos servicios constituyen un crédito en su favor para ser reconocido dentro de la quiebra. III. La Vista del Procurador de la Administración. El Procurador de la Administración, mediante la Vista No.360 de 26 de abril de 2011 (fs.159-172), le solicitó a los Magistrados que integran la S. Tercera que declaren que El Estado Panameño, por medio de la Superintendencia de Seguros y R., no está obligado al pago de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54), en concepto de daños y perjuicios, ya que la imposibilidad que tenía la recurrente para cobrar la suma en mención que le adeuda la empresa British American Insurance Co. Ltd., sucursal de Panamá, en concepto de gastos hospitalarios y honorarios médicos, no obedece a una actuación irregular de Superintendencia de Seguros y R. que siempre estuvo encaminada a adoptar las previsiones correspondientes. Agrega que no es factible atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado, ya que el hecho que ocasionó que la empresa aseguradora British American Inssurance Co. Ltd., sucursal de Panamá, no pudiera hacerle frente a todas las obligaciones financieras que mantenía con los asegurados y proveedores, como es el caso de Hospitales Nacionales, S.A., guarda relación directa con la insuficiencia de activos de la aseguradora para cubrir sus pasivos, situación que se originó debido a que un grupo de bonos que constituían parte de las inversiones que había hecho la mencionada subsidiaria en nuestro país, se encontraban pignoradas a favor de terceros para amparar obligaciones de British American Inssurance Co. Ltd., T., por adelantos de efectivo que se le hicieron por un valor aproximado de veinticuatro millones de balboas (B/.24,000,000.00). IV. Alegato de conclusión Conforme lo establece el artículo 61 de la Ley N° 135 de 1943, en su último párrafo: "las partes pueden presentar, dentro de los cinco días siguientes al término fijado para practicar las pruebas, un alegato escrito respecto del litigio". El Procurador de la Administración, mediante la Vista No.363 de 27 de julio de 2012 (fs.452-464), presenta escrito de alegato de conclusión en el que señala que no se ha acreditado la existencia del supuesto daño cuya indemnización se reclama. También indica que las pruebas aducidas y practicadas en la etapa probatoria no son cónsonas con el reclamo de la parte actora que pretende que el Estado por conducto de la Superintendencia de Seguros y R., sea condenado por daños y perjuicios supuestamente causados. Con respecto a la cuantía indica que en caso que se condene al Estado que se tome en cuenta que como producto del desarrollo del proceso de quiebra de dicha compañía aseguradora que se ventila en el Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, el mencionado hospital ha recibido una serie de pagos que hasta la fecha limitan lo adeudado a la suma de cuatro cientos seis mil seiscientos cincuenta y cinco con cuatro centésimos (B/.406,655.04) y no a la cantidad de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54) que se demanda en el proceso. Finalmente, presenta excepción de no viabilidad de la demanda reiterando lo dicho en la Vista 1306 de 22 de noviembre de 2010, por medio de la cual se opuso a la admisión de la demanda que nos ocupa, en el sentido que el reclamo indemnizatorio que asciende a la suma de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54), coincide con la suma correspondiente al crédito presentado por Hospitales Nacionales, S.A., dentro del proceso civil de quiebra contra British American Insurance Company, Ltd., por lo que la pretensión de la parte actora es obtener la cancelación del mencionado reclamo, lo que demuestra que no se trata de una solicitud de reparación de daños que es característica de las acciones contencioso administrativa de indemnización en contra del Estado. Posteriormente, el Procurador de la Administración, por medio de la Vista No.389 de 9 de agosto de 2012 (fs.480-498), presenta nuevamente alegato de conclusión en el que vuelve a señalar lo dicho en la Vista 363 y se reitera de la excepción de no viabilidad de la demanda. Por su parte, la firma J., M. &M., actuando en nombre y representación de HOSPITALES NACIONALES, S.A., incorpora escrito de alegatos en el que señala, en síntesis, que el incumplimiento de la actividad debida por la Superintendencia de Seguros y R., en razón de su inactividad, pasividad, omisión y falta de acción, está plenamente demostrada con el caudal probatorio que existe en el expediente, así como esa pasividad y omisión culpable fue la que causó el daño que recibió Hospitales Nacionales, que siguió prestando servicios a una compañía quebrada desde diciembre de 2007, y que la Superintendencia de Seguros no supervisaba de a cuerdo a sus compromisos legales. Agrega que aún después de intervenirla, seguía diciendo que todo estaba normal, transmitiendo una impresión totalmente falsa a los asegurados, proveedores y corredores de seguros de la compañía British American Insurance Company. V. Decisión de la S.. Una vez cumplidos los trámites legales, la S. procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones. Advierte la S. que la firma J., M. y M., en su condición de apoderados judiciales de HOSPITALES NACIONALES, S.A., recurre ante la S. a través de un proceso contencioso administrativo de indemnización, alegando que la Superintendencia de Seguros y R., entidad adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias es el responsable directo por la prestación defectuosa del servicio público de controlar, fiscalizar, supervisar y vigilar a las empresas o entidades que tengan por objeto realizar operaciones de seguro en cualquiera de sus ramos, incluidas las sucursales de compañías de seguros extranjeras autorizadas para operar en la República de Panamá, como es el caso de BRITISH AMERICAN INSURANCE COMPANY LTD. Antecedentes Conforme al caudal probatorio, para el año 2006 el CL Financial Group, a la que pertenece la empresa British American Insurance Co. Ltd., T., enfrentaba acciones legales en base al incumplimiento de los pagos en el proceso de compra de 6,000 acres de tierra en los Estados Unidos de América, en donde el mencionado grupo económico desembolsó efectivo por un valor de 1.9 billones de dólares, situación que creó incertidumbre en el sistema financiero internacional (cfr. fs. 40 y 127 del expediente administrativo). En diciembre del año 2007, la casa matriz de British American Insurance Co. Ltd., giró instrucciones a su corredor en Panamá, Banistmo Securities, respecto de un paquete de bonos del Estado panameño que formaban parte de las inversiones realizadas por su subsidiaria en nuestro país, para que éstos fueran transferidos a T., toda vez que a partir de ese momento, la casa de valores Caribbean Money Market Brokers, propiedad de CL Financial Group, pasaría a ser la responsable de la custodia de dichos títulos. (Cfr. f. 110 del expediente administrativo) La Superintendencia de Seguros y R. no objetó la situación antes planteada, pues se trataba de un simple cambio de corredor, lo que constituye una práctica usual del comercio. Posteriormente, mediante la Resolución No. 0658 de 10 de septiembre de 2009 (fs. 64 y 65 del expediente administrativo), el Superintendente de Seguros y R., en atención a los acontecimientos relacionados con la situación económica de la empresa British American Insurance Co. Ltd., T., le ordenó a la subsidiaria local, entre otras cosas, que presentara mensualmente a la superintendencia, información financiera, con la finalidad de verificar los datos reflejados en el balance de prueba, en el informe de margen de solvencia y en el de reserva e inversiones. También se le exigió reportar diariamente las cuentas de inversión y de bancos. De igual forma, le advirtió a la empresa subsidiaria radicada en Panamá que las medidas antes descritas se mantendrían hasta que se pudiera constatar el restablecimiento de las condiciones de British American Insurance Co. Ltd., T.. La Superintendencia de Seguros y R. le pidió a British American Insurance Co. Ltd., sucursal de Panamá, que le pidiera a la casa de valores Caribbean Money Market Brokers, una certificación relativa a los bonos del Estado Panameño que se encontraban bajo su custodia, pero dicha documentación nunca fue remitida por parte del corredor, por lo que el Superintendente de Seguros y R., con previa autorización del Consejo Técnico de Seguros, emitió la Resolución 0710 de 8 de octubre de 2009 (fs. 84 y 85 del expediente administrativo), por medio de la que se decretó la intervención de la referida compañía de seguros y, en consecuencia, se designo como interventor al señor C.C., con las facultades conferidas por el artículo 68 de la Ley 59 de 1996. A través de la Resolución No.0783 de 7 de diciembre de 2009, el Superintendente de Seguros y R., resuelve extender por un período de noventa (90) días al licenciado C.C. como interventor para que en dicho término se evalúe y ejecute la posible venta o transferencia de las carteras y activos de British American Insurance Co. Ltd., a un interesado que tenga las condiciones aceptables por la Superintendencia de Seguros y R. y en última instancia si no procede la venta de cartera, acogerse al Título V de la Ley 59. De igual forma, mediante la Resolución No. 0094 de 8 de marzo de 2010, el Superintendente de Seguros y R., resuelve, nuevamente, extender por un período de noventa (90) días al licenciado C.C. como interventor. El Superintendente de Seguros y R. dictó la Resolución 0195 de 4 de junio de 2010 (fs. 307 y 308 del expediente administrativo), mediante la cual se dispuso solicitar ante los tribunales competentes, la quiebra de British American Insurance Company Ltd., sucursal de Panamá, puesto que para esa fecha la compañía aseguradora en mención presentaba una insuficiencia de activos por un monto total de diez millones de balboas (B/.10,000,000.00). Dicha petición fue acogida por el Juez Undécimo de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, a través del auto de 24 de junio de 2010. ( fs. 103-106 del expediente judicial) La petición de indemnización 1. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Fundamentos. En virtud de la obligación que se reclama, le corresponde a la S. establecer la responsabilidad extracontractual u objetiva del Estado que será, como ya se manifestó en Sentencia de 31 de mayo de 2004, siempre que en el desarrollo de una función pública se produzca un hecho dañoso en perjuicio de un particular. Previo a ello precisa indicar que la responsabilidad extracontractual u objetiva del Estado tiene fundamento legal y Constitucional. Así lo expuso esta S. en Sentencia de 2 de febrero de 2009 y 2 de junio de 2003, que en lo pertinente dice: "Para resolver, claro es que el fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado en nuestra legislación se deriva de lo que está contenido en los artículos 1644 y 1645 del Código Civil, y con la modificación de la que este último fue objeto mediante la Ley N°18 de 31 de julio de 1992, importante resulta señalar que está expresamente contemplada al prever "la responsabilidad directa del Estado" cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponde la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, la S. ha conceptuado que tiene claro fundamento en las normas de la Constitución Nacional, que en nuestro medio están previstas en el Título III de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo 1º, sobre las Garantías Fundamentales, específicamente los artículos 17 y 18. Así vemos que en el artículo 17 de la Constitución Nacional se instituye la concepción social de los fines del Estado, al preverse que "las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vidas, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción ...". Por su parte, el artículo 18 de la Constitución Nacional prevé el principio de la responsabilidad personal de los funcionarios públicos por infracción a la Constitución o de la Ley o por extralimitación de funciones en el ejercicio de ésta. Dicha responsabilidad extracontractual tiene, pues, un fundamento de derecho público, postura que ha sido también la mantenida por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en Colombia en relación con el artículo 16 de la Constitución de 1886 de ese país, norma que es el antecedente del artículo 17 de nuestra Constitución. (Cfr. U.M.S., "El Fundamento Constitucional de la Responsabilidad Extracontractual del Estado", en La Responsabilidad de la Administración Pública en Colombia, España, Francia e Italia, autores varios, Universidad Externado de Colombia, 1986, págs. 163 a 181.)" La S. estima oportuno reiterar que en la doctrina, autores como R.D., se inclinan en ese sentido y además sostiene que, "la responsabilidad del Estado existe sea que los agentes estatales actúen con o sin culpa y aunque nazca de un acto legítimo, pues su antijuricidad surgirá de su vulneración a la Constitución...que protege a los habitantes contra cualquier daño injustamente inferidos a sus derechos individuales...con esto se abre el camino a una concepción objetiva de la antijuricidad poniendo de relieve los elementos daños e injusticia por encima del concepto clásico de culpa..." También destaca que la jurisprudencia admite la responsabilidad del Estado, pero siempre tomando en cuenta la relación causal a fin de determinarla. (Derecho Administrativo, 7 Edición actualizada, Buenos Aires, 1998, págs. 816-817 y 836). En esa misma línea de pensamiento G.M.R. enfatiza que la responsabilidad extracontractual objetiva por parte del Estado tiene por finalidad "restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública..." (La Responsabilidad Civil Extracontractual, 10° Edición, Editorial Temis, S.A., Colombia 1998, Pág. 363). En la sentencia de 2 de febrero de 2009 y 2 de junio de 2003, la S. dejó sentado que nuestra tradición jurídica contencioso administrativa, particularmente la colombiana y la francesa es reiterada en cuanto a que la responsabilidad extracontractual del Estado surge cuando concurren tres elementos a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño. En Sentencia de 20 de noviembre de 2009, al conceptuar sobre el sentido y alcance del artículo 1644 del Código Civil en particular, la S. manifestó que para que se configure el mal funcionamiento del servicio público deben acreditarse los siguientes elementos: "La existencia de una conducta culposa o negligente. La presencia de un daño directo, cierto y susceptible de ser cuantificado; y La demostración del nexo de causalidad entre el resultado dañoso y la conducta del agente provocador del evento." Corresponde entonces a la S. examinar los presupuestos de responsabilidad que están planteados en la demanda, a la luz del marco jurídico señalado. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado.a. La falla del servicio público La falla del servicio público como fuente de la obligación que se reclama en esta oportunidad, es la deficiente prestación del servicio público de vigilancia o fiscalización que le adscribe la Ley, ya que incumplió con sus atribuciones de fiscalizar y vigilar la conducta de la compañía British American Insurance Company Ltd., sucursal de Panamá, pues no se percató para el mes de diciembre de 2007 que la aseguradora había transferido a la casa de valores Caribbean Money Market Brokers Limited, ubicada en T., bonos del Estado Panameño que servían para garantizar sus operaciones locales y que se encontraban anteriormente bajo la custodia de HSBC Securities (Panamá), S.A. b. El daño o lesión A juicio de quien recurre, la falta de actuación de la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá en impedir que sacaran del país las reservas que garantizaban las obligaciones de British American Insurance Company Ltd., sucursal de Panamá, provocó la quiebra de la misma y que por tal razón dejó de pagarle a Hospitales Nacionales, S.A., la suma que adeudaba en la atención de pacientes asegurados y que asciende a quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54).c. El Nexo Causal Precisa entonces establecer primero, si hubo falla en el servicio público de vigilancia o fiscalización por parte de la Superintendencia de Seguros y R., para luego entonces determinar el nexo causal, es decir, si esa falla fue la causa directa del daño resarcible. Vale indicar que la jurisprudencia y la doctrina conceptúan daño resarcible como el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen (daño patrimonial o material) y también la lesión a los sentimientos, al honor o las afecciones (daño moral). No hay falla en el servicio público por parte de la Superintendencia de Seguros y R. Cabe destacar que los paquetes de bonos del Estado panameño a los que alude la actora por un valor de siete millones quinientos dieciocho mil balboas (B/.7,518,000.00), formaban parte de las inversiones hechas por British American isnsurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, y los mismos fueron transferidos a T. y T. por instrucciones de su casa matriz, bajo el concepto que se trataba de un simple cambio de acreedor. Por otro lado, la casa de valores Caribbean Money Market Brokers Limited, designada para la custodia de los mencionados bonos del Estado Panameño, jamás le informó a la Superintendencia de Seguros y R. que los mismos iban a ser utilizados para amparar obligaciones de British American Insurance Company, Ltd., T., las cuales ascienden a un monto aproximando de veinticuatro millones de balboas (B/.24,000,000.00), lo que riñe con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 59 de 1996 que obliga a las compañías aseguradoras a mantener sus reservas libres de gravámenes. Por tal razón, la Superintendencia de Seguros y R. solicitó a Caribbean Money Market Brokers Limited la certificación de saldos de los bonos del Estado panameño que se encontraban bajo su custodia para confirmar el estado real de los referidos títulos, pero dicha petición nunca fue atendida por la casa de valores en mención, situación que dio lugar a que la Superintendencia le planteara la situación al Consejo Técnico de Seguros, organismo que autorizó a la Superintendencia a intervenir a la empresa British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, por lo que resulta cierto que la Superintendencia cumplió de manera efectiva con las funciones que le son inherentes como entidad encargada de fiscalizar y supervisar a las personas jurídicas que tengan por objeto realizar operaciones de seguros, por lo que adoptó mecanismos de control tendientes a proteger los intereses de los asegurados, los cuales se ejecutaron con estricto apego al principio de legalidad, respetando la normativa vigente sobre la materia (V. f 43 exp administrativo) El Superintendente de Seguros y R. al contestar la pregunta 6 del cuestionario formulado por el apoderado judicial de la parte actora durante el período probatorio (fs.251-256 del expediente), indicó que la última confirmación expedida por Caribbean Money Market Brokers Limited de 28 de octubre de 2009, después de intervenida la compañía aseguradora, fue la que reveló que los bonos mencionados habían sido utilizados para cumplir con obligaciones por la suma de veinticuatro millones de balboas (24,000,000.00) que mantenía la British American Insurance Company, Ltd. T., pero en la confirmación anterior de 17 de septiembre de 2009, no se le informó de dicha situación a la Superintendencia. Por lo tanto, la conducta en la que incurrió British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, no se produce por haber realizado un cambio de custodio de los bonos del Estado panameño que formaban parte de sus reservas, sino haber comprometido dichos títulos, cuando sabía que esa acción se encuentra expresamente prohibida por el artículo 27 de la Ley 59 de 1996, que obliga a las compañías aseguradoras a mantener sus reservas libre de gravámenes. La S. coincide con el Procurador de la Administración cuando señala que la falta de respaldo financiero de las operaciones de British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, es el resultado de su propia gestión que debe ser catalogada de engañosa y como la causa de exoneración de la responsabilidad extracontractual que se le exige al Estado mediante la presente demanda de reparación directa, siendo evidente la ruptura del nexo causal entre la supuesta prestación defectuosa del servicio público de vigilancia que la ley le adscribe a la Superintendencia de Seguros o R., y el daño alegado por Hospitales Nacionales, S.A., debido a que la empresa aseguradora fue la única y exclusiva causante de los perjuicios que reclama la parte actora. Conforme a la doctrina, la ruptura del nexo casual por la gestión de un tercero, constituye una de las causas de exoneración de la responsabilidad civil porque lo que da lugar al hecho dañoso es el resultado de una acción producida por éste. Al haberse producido la ruptura del nexo casual como resultado de hechos atribuidos de forma directa a British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, y a su casa de valores Caribbean Money Market Brokers Limited, se produce la exoneración de la Superintendencia de Seguros y R. de cualquier responsabilidad exigible por la parte actora. Por otro lado, cabe señalar que en materia de responsabilidad civil es necesario que el sujeto agraviado demuestre a través del uso de medios probatorios idóneos que el demandado es el causante del daño alegado, pues como ha expresado la S. Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 25 de febrero de 2000 "...para que una persona sea responsable de un daño es necesario concluir que, de no haber sido por la conducta de dicha persona, el perjuicio sufrido por el demandante no habría ocurrido..." La confirmación de las inversiones que realizó British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, con sustento en los bonos del Estado panameño, sólo se produjo después que se decretó la intervención de dicha compañía, situación que se confirma con la declaración rendida, a través de un cuestionario, por el Superintendente de Seguros y R., quien presentó todas las certificaciones que la casa de custodia Caribbean Money Market Brokers Limited, le remitió en relación con los bonos del Estado panameño, las cuales demuestran que no fue sino hasta el 28 de octubre de 2009, cuando la Superintendencia tuvo conocimiento de que los referidos bonos habían sido comprometidos para garantizar obligaciones por B/.24,000,000.00 que mantenía en el exterior British American Insurance Company, T.. En virtud de lo antes expuesto, la S. considera que no se ha producido la vulneración de los artículos 1 y 10 (numerales 2,4 y 7) de la Ley 59 de 1996. Con respecto a la supuesta violación del segundo párrafo del artículo 44 y el primer párrafo del artículo 64 de la Ley 59 de 1996, la S. estima que no se ha producido, ya que en ninguna de las normas consagradas en el Título V, Capítulo Único de la Ley 59 de 1996, concerniente a la liquidación voluntaria, intervención, reorganización, disolución y liquidación forzosa o quiebra de compañías de seguros, establece que el interventor designado por la Superintendencia de Seguros y R. tiene que ordenar el cierre de la aseguradora intervenida. De hecho, el artículo 74 de dicha Ley dispone que las causales que dan origen al proceso normativo de intervención son susceptibles de ser subsanadas. Por el motivo señalado en el párrafo anterior, la aseguradora British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, continuó realizando sus operaciones. Al respecto, se observa que en el Informe de Proceso de Intervención del 8 de octubre de 2009, presentado el 1 de diciembre de 2009, (fs. 105-134 del antecedente), el interventor señaló que "Esta condición se pudo desarrollar debido a que la empresa British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, al momento de su intervención contaba con una posición de efectivo alrededor de unos dos punto seis (B/.2.6) millones de balboas así como su flujo de caja producto de la recaudación de sus asegurados se mantenía en un promedio mensual cerca de los novecientos mil balboas aproximadamente". Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Seguros y R. cumplió con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 59 de 1996, al fijar copia de la resolución que decretaba la intervención en un lugar público y visible del establecimiento de British American Insurance Company, Ltd., sucursal Panamá. Igualmente, dicha resolución también fue publicada en diarios de circulación nacional (fs. 89, 92, 97, 98 y 99 del expediente administrativo), lo que evidencia que los asegurados y proveedores de la compañía intervenida, tenían pleno conocimiento de su situación financiera. Con respecto a la supuesta violación del artículo 70 de la Ley 59 de 1996, la S. considera que la misma debe ser desestimada, pues en la primera etapa de intervención de British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, la mayor parte de las acciones desplegadas por el interventor designado por la Superintendencia de Seguros y R., se concentró en la recuperación de los bonos del Estado panameño que se encontraban custodiados por la casa de valores Caribbean Money Market Brokers Limited en T.a, toda vez que los mismos respaldan las inversiones realizadas en Panamá por la compañía aseguradora intervenida, gestiones que no se excedieron de los sesenta (60) días en la Ley, pues el interventor presentó el 1 de diciembre de 2009 el Informe de Proceso de Intervención del 8 de octubre de 2009 (fs.106-134 del antecedente), siete (7) días antes de que venciera el plazo a la que se refiere el artículo 70 en mención. Posteriormente, la Superintendencia de Seguros y R., emitió la Resolución 0783 de 7 de diciembre de 2009 (f. 141 del antecedente), por medio de la cual decidió extender, por un período de noventa (90) días adicionales, las facultades del licenciado C.C. como interventor, para que en este período evaluara y ejecutara la posible venta o la transferencia de las carteras y los activos de British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, a un interesado que tuviera las condiciones aceptables por la Superintendencia, quien solo0 buscaba propiciar la protección de los intereses de los asegurados y proveedores. Finalmente, a juicio de la S. tampoco se ha producido la supuesta vulneración del artículo 1645 del Código Civil, por los motivos que se explican a continuación. La responsabilidad que puede exigirse al estado a través de una demanda de indemnización o reparación directa, es aquella de tipo extracontractual o la que derivada de culpa o negligencia, tal como se infiere de los artículos 1644, 1644-A y 1645 del Código Civil. En el presente caso no es viable atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado, dado que la situación que ocasionó que la empresa British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, no pudiera hacerle frente a todas las obligaciones financieras que mantenía con los asegurados y proveedores, guarda relación directa con la insuficiencia de activos de la aseguradora para cubrir sus pasivos, lo que se originó debido a que un grupo de bonos que constituían parte de las inversiones que había hecho British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, se encontraban pignoradas a favor de terceros para amparar obligaciones de British American Insurance Co., Ltd., T., por adelantos de efectivo que se le hicieron por un valor aproximado de veinticuatro millones de balboas (B/.24,000,000.00). Vale destacar que desde que la casa de valores Caribbean Money Market Brokers Limited incumplió con el requerimiento exigido por la Superintendencia de Seguros y R. de remitir la confirmación relativa a la situación de los bonos descritos, la Superintendencia tomó todas las medidas legales necesarias para proteger los intereses de los aseguradores y proveedores de la compañía British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, entre ellas, Hospitales Nacionales, S.A. Por lo tanto, la imposibilidad que tenía Hospitales Nacionales, S.A., para cobrar la suma de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54) que le adeuda British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, en concepto de gastos hospitalarios y honorarios médicos, no son consecuencia de actuación irregular de la Superintendencia de Seguros y R. que siempre adoptó las previsiones correspondientes. Aunado a lo anterior, el manejo dado por la casa de calores Caribbean Money Market Brokers Limited y la casa matriz de British American Insurance Company, Ltd., en T., fueron quienes causaron el daño reclamado por la parte actora a las que les corresponde la responsabilidad de asumir el pago de la suma de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54) y no el Estado panameño. Decisión Luego de un detenido análisis de las normas estimadas para el reconocimiento de la acción indemnizatoria propuesta, y del recaudo probatorio allegado al infolio judicial, para lo cual se verificó la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado, la S. concluye que los presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado no se dan en esta ocasión, pues, la falla en la prestación del servicio público no se configuró en los términos alegados. Como resultado de ello, la S. reitera que el Estado Panameño, a través de la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, no es agente responsable por el daño o perjuicio causado. Por otra parte, en la Vista contentiva de la emisión de concepto del Procurador de la Administración, se evoca la figura de la excepción de no viabilidad de la demanda, pues el reclamo indemnizatorio de la parte actora se encuentra dirigida a obtener la cancelación de un crédito generado por las cuentas pendientes de pago por atención a los asegurados de la empresa British American Insurance Company, Ltd., sucursal de Panamá, hasta el 4 de junio de 2010 y cuya cuantía asciende a la suma de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54), que según la actora, se le adeudaba al momento en que la Superintendencia de Seguros y R., adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, decretó la intervención de la mencionada compañía de seguros. Examinada la anterior petición esbozada por el Procurador de la Administración, esta S. considera que la excepción de no viabilidad de la demanda debe declararse no probada, pues si bien el Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá conoce del proceso de quiebra que se interpuso contra la compañía British American Insurance Company Limited, el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial prevé la posibilidad que la parte actora acuda a la jurisdicción contencioso administrativa a exigir la indemnización por responsabilidad directa al Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, nos encontramos frente a una pretensión indemnizatoria contra el Estado, cuyo sustento es que los daños fueron causados por la falla del servicio público, por lo que la jurisdicción competente es la contencioso administrativa, ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia que conoce en materia administrativa, conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial, "De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos". En consecuencia, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa deindemnización con el fin de que se condene a la Superintendencia de Seguros y R. de Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (al Estado Panameño) al pago de quinientos treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho balboas con cincuenta y cuatro centésimos (B/.539,448.54), en concepto de daños y perjuicios materiales y morales causados. Igualmente, DECLARA NO PROBADA la excepción de no viabilidad de la demanda, interpuesta por el Procurador de la Administración. Notifíquese Y CÚMPLASE, N.C. DE PAREDES EFRÉN C. TELLO C -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)