Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Noviembre de 2015 (caso Reparación directa, indemnización de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de 24 de noviembre de 2015)

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense Galindo, Arias & López, actuando en representación de MANU VALLABHBHAI, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, para que se condene al Estado Panameño, al pago de al pago de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo.

La demanda incoada, se admitió por medio de la resolución de 2 de agosto de 2006 (f.23), ordenándose el envío de la copia de la misma al Ministro de la Presidencia, a efectos de rendir el informe explicativo de conducta, dispuesto por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946; y, se le corrió en traslado al Procurador de la Administración, para la contestación de la misma.

I.                     LO QUE SE DEMANDA

En el libelo de demanda, la parte actora solicita se hagan las siguientes declaraciones:

1) Que el Estado es responsable de pagarle aMANU VALLABHBHAI todas las prestaciones que tiene derecho a tenor de lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997, así como los daños y perjuicios materiales, es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que se incurrieron, hasta la fecha efectiva de pago.

2. Que el Estado y sus funcionarios han debido cumplir con las Leyes de la República y, en consecuencia, han debido pagarle a La Parte Demandante la indemnización que le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

II.HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA

Los fundamentos de esta demanda, son plasmados en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO: La Parte Demandante, fue empleado permanente del fenecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (en adelante IRHE) hasta que fue reasignado a una de las empresas, que en virtud de lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, fueron constituidas como producto de la reconversión o reestructuración del IRHE.

SEGUNDO

De acuerdo con lo estipulado por el artículo 169 de la Ley 6 de 1997, a partir de la entrada en vigencia de la misma y hasta la declaratoria de venta del bloque de acciones a que se refiere el artículo 46 de dicha Ley, todos aquellos trabajadores que se acojan al plan de retiro voluntario que implemente el IRHE para las empresas reestructuradas, tendrán derecho al pago de todas sus prestaciones y a una indemnización igual a la señalada en el artículo 170 de la Ley 6 antes mencionada.

TERCERO

El artículo 170 arriba mencionado estipuló que la indemnización que le correspondía a dichos trabajadores del IRHE era el salario de 6.8 semanas para aquellos que tenían entre diez y veinte años de servicios, mientras que aquellos con tiempo de servicio de veinte a veintiséis años, seria el salario de dos y media semanas por cada año de trabajo y finalmente de tres y media semanas por cada año trabajado para aquellos que tenían más de 26 años de trabajar para el IRHE.

CUARTO

No obstante lo anterior, La Parte Demandada, que tenía más de DIECINUEVE (19) años de servicio en el IRHE, sólo se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto Ejecutivo N° 42 de 27 de agosto de 1998 y el artículo 225 del Código de Trabajo, indemnización esta muy inferior a la estipulada por el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

QUINTO

El numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial dispone que el Estado sea responsable y debe indemnizar los daños y perjuicios que se originen en las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas un funcionario público. Por tal razón es el Estado, en su condición de empleador del demandante, al momento en que éste se acoge a un derecho previsto por Ley, el único responsable de pagar todas y cada una de las indemnizaciones establecidas por la Ley, más los intereses que estas causen hasta que el demandante reciba la suma correspondiente.

SEXTO

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de cinco de mayo del 2006, declaró: "Que es Nula, por Ilegal, la frase "indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo" consagrada en el artículo tercero del Decreto Ejecutivo N° 42 de 27 de agosto de 1998, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y que No es ilegal la frase "cualquiera diferencia que surja del cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Estado" consagrada en el artículo primero del mismo Decreto."

SÉPTIMO

En virtud de lo dispuesto en el propio Decreto Ejecutivo N° 42 de 27 de agosto de 1998, cualquier diferencia que surja del cálculo de las liquidaciones de los ex trabajadores del IRHE, será responsabilidad del Estado.

OCTAVO

La suma que tiene derecho a recibir La Parte Demandante como ex trabajador del IRHE, en concepto de Indemnización, es la suma de US$ 24,846.32, mientras que al momento de acogerse a los derechos establecidos en los artículos 169 y 170 de la Ley 6 de 1997, sólo recibió la suma de US$ 12,423.16.

NOVENO

Habida cuenta de lo anterior, el Estado le adeuda a La Parte Demandante la suma de US$ 12,423.16, más intereses legales hasta la fecha de pago."

III.DISPOSICIONES LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LAS MISMAS

Los apoderados judiciales de la parte actora, estiman vulneradas las siguientes normas legales:

Ley N° 6 de 3 de febrero de 1997.

·         Artículo 169, en concepto de violación directa, por omisión.

·         Artículo 170, en concepto de violación directa, por omisión.

Decreto Ejecutivo N° 42 de 27 de agosto de 1998.

·         Artículo Primero, en concepto de violación directo, por omisión.

Código Civil.

·         Artículo 1645, en concepto de violación directa, por omisión.

  1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, POR PARTE DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración contestó la demanda mediante Vista Nº 912 de 2 de septiembre de 2009 (fs.74 a 80), oponiéndose a los planteamientos de la demandante. Manifiesta que ante la evidente ausencia de daño causado o generado por la parte demandada, y considerando la irretroactividad de los efectos de las decisiones judiciales, los cargos de infracción alegados por la parte actora con relación a los artículos 169 y 170 de la Ley N° 6 de 1997; el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 42 de 1998 y el artículo 1645 del Código Civil, resultan carentes de asidero jurídico, y solicita a este Tribunal que declare que el Estado panameño no está obligado al pago de la suma de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo.

  2. DECISIÓN DE LA SALA

    Verificados los trámites establecidos por Ley, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia.

    A juicio de la demandante, el escenario generador de daños y perjuicios, y que sirve, a su vez, de fundamento de la demanda, consiste en que se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto N° 42 de 27 de agosto de 1998, y el artículo 225 del Código de Trabajo; indemnización esta muy inferior a la estipulada en el artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997. Por tanto, reclama que se declare al Estado panameño, responsable de pagarle a MANU VALLABHBHAI, todas las prestaciones que tiene derecho, al tenor de lo dispuesto en la comentada Ley N° 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la misma, así como los daños y perjuicios materiales; es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que incurrieron, hasta la fecha efectiva del pago.

    Acorde al criterio de la parte demandante, el escenario generador de daños y perjuicios, y que sirve, a su vez de fundamento de la demanda, consiste en que se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto N° 42 de 27 de agosto de 1998, y el artículo 225 del Código de Trabajo; indemnización esta muy inferior a la estipulada en el artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997. Por tanto, reclama que se declare al Estado Panameño, responsable de pagarle al señor MANU VALLABHBHAI, todas las prestaciones que tiene derecho, al tenor de lo dispuesto en la comentada Ley N° 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la misma, así como los daños y perjuicios materiales; es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que incurrieron, hasta la fecha efectiva del pago.

    Observa la Corte, que la parte actora manifiesta la importancia de tomar en consideración, que mediante Sentencia de 5 de mayo de 2006, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, declaró "Que es Nula, por Ilegal, la frase "indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", consagrada en el Artículo Tercero del Decreto N° 42 de 27 de agosto de 1998, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), y que no es ilegal la frase "cualquiera diferencia que surja del cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Estado", consagrada en el Artículo Primero del mismo Decreto.

    Esta Magistratura advierte, que para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración, se requiere determinar el nexo causal entre la actuación que se infiere a la administración (producto de una infracción) y el daño causado, de forma directa o subsidiaria según el supuesto que se invoque, acorde a los numerales 8, 9 y/o 10 del artículo 97 del Código Judicial.

    En un pasado reciente, esta Corporación de Justicia ha dispuesto, que existe nexo causal o se reputa responsabilidad al Estado o Administración, cuando el funcionario haya causado un daño en el ejercicio de sus funciones, o con el pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o Entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. Por lo que el principio fundamental del derecho a la indemnización, es el resarcimiento económico, pago o compensación por un daño.

    La parte demandante considera, que la Administración indemnizó a su representado de forma errónea, por lo que al momento de acogerse a los derechos establecidos en los artículos 169 y 170 de la Ley N° 6 de 1997, recibió menos de lo adeudado; y siendo así, el Estado aún le adeuda la suma reclamada, más intereses legales hasta la fecha de pago.

    Es pertinente traer a colación, la parte medular del Decreto Ejecutivo N° 42 de 1998, y de la Resolución del 5 de mayo de 2006, emitida por este Tribunal. Veamos:

    Decreto Ejecutivo No.42 de 1998

    ...ARTÍCULO TERCERO: El cálculo de las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, a que se refiere el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, se efectuará a la fecha de traspaso del primer bloque de acciones de la empresa eléctrica de que se trate. Las prestaciones laborales se calcularán aplicando la regla contenida en el artículo 149 del Código de Trabajo, la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo y la prima de antigüedad según el artículo 224 del Código de Trabajo...

    Resolución del 5 de mayo de 2006

    ...el artículo 170 de esta Ley contempló tres opciones a las cuales podían acogerse los trabajadores permanentes de las empresas resultantes del proceso de reestructuración del IRHE. Esas opciones consistían en mantener sus puestos de trabajos y acumular sus prestaciones; solicitar la liquidación de sus prestaciones, incluyendo la indemnización correspondiente, o terminar voluntariamente su relación de trabajo.

    No obstante lo dispuesto en la citada norma, el párrafo inicial del artículo tercero del Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 dispuso que el calculo de las prestaciones labores, incluyendo la indemnización contemplada en el numeral 2 del artículo 170 ibídem (opción 2), se harían "según el artículo 225 del Código de Trabajo."

    Como bien señala el demandante, la ilegalidad consiste en el establecimiento, por vía de un decreto reglamentario, de una formula de cálculo de la indemnización correspondiente a los trabajadores que decidiesen acogerse a la opción 2, distinta de la señalada en la norma legal supracitada...

    Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de l República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1)QUE ES NULA, POR ILEGAL, la frase "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", consagrada en el artículo tercero de Decreto Ejecutivo No. 42 de 27 de agosto de 1998....

    En este sentido, aprecia esta Colegiatura, que el señor MANU VALLABHBHAI, en virtud de su condición de trabajador permanente del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), se acogió a la liquidación de sus prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, según lo establece el numeral 2 del artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997. En este sentido, el Decreto Ejecutivo N° 42 de 1998, establecía cómo se debían calcular: a) Las prestaciones laborales; b) Indemnización; c) Prima de Antigüedad; señalando taxativamente, que según el artículo 225 del Código de Trabajo, se tenía que realizar el cálculo de la indemnización.

    Ahora bien, es un hecho público y notorio, que por medio de la Resolución de 5 de mayo de 2006, esta Sala de la Corte Suprema, declaró nula, por ilegal, la frase del Decreto Ejecutivo N° 42 de 1998, consistente en: "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", los pagos realizados con anterioridad a su declaratoria de nulidad por parte de la Sala Tercera son válidos y conforme a derecho, puesto que la nulidad no opera hacia el pasado, y es que las nulidades de los actos administrativos, declaradas en Sentencia por parte de la Sala Tercera, sólo tienen efectos a futuro.

    Se observa que la parte actora, interpuso la presente demanda contencioso administrativa de indemnización, a la luz del numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, alegando que la Administración en el ejercicio de sus funciones, le causo daños y perjuicios, al no cumplir con las Leyes de la República, ya que no le consignaron a su representado, basados en el artículo 170 de la Ley N° 6 de 1997; no obstante, este Tribunal Colegiado es del criterio que el Estado no es responsable por causarle daños y perjuicios al demandante, en el ejercicio de sus funciones, toda vez que el Estado se basó en una norma vigente y legal, al momento de realizarle el cálculo en concepto de indemnización.

    Al no haberse enervado los cargos de infracción alegados por la parte actora, lo procedente es negar la indemnización solicitada a la parte accionante, y a ello se procede.

    Por consiguiente, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por la firma Galindo, Arias & López, en representación de MANU VALLABHBHAI, para que se condene al Estado Panameño, al pago de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo.

    Notifíquese,

     

    NELLY CEDEÑO DE PAREDES

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO (Salvamento De Voto)

    KATIA ROSAS (Secretaria)

     

    Con el debido respeto, me veo en la necesidad de expresar que no estoy de acuerdo con lo decidido por el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera que NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por la firma Galindo, Arias & López, en representación de Manu Vallabhbhai, para que se condene al Estado panameño, al pago de doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/. 12,423.16), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Ejecutivo, por las siguientes razones:

    Primeramente, el fallo sustenta que el Estado no es responsable por causarle daños y perjuicios al demandante, en el ejercicio de sus funciones, toda vez que el Estado se basó en una norma vigente y legal, al momento de realizarle el cálculo en concepto de indemnización.

    No obstante, soy de la opinión que, basados en que la situación que sirve de fundamento de la demanda y que es considerada por la parte actora, como generadora de daños y perjuicios, consiste en que se declare al Estado panameño responsable de pagarle a Manu Vallabhbhai todas las prestaciones que tiene derecho a tenor de lo dispuesto en la Ley 6 de 1997, por razón de haberse acogido a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997, así como los daños y perjuicios materiales, es decir, los intereses legales causados por la falta de pago de dichas sumas desde el momento en que incurrieron, hasta la fecha efectiva de pago.

    Y que además el recurrente alega que su representado se le pagó la indemnización contemplada por el Decreto No. 42 de 27 de agosto de 1998, y el artículo 225 del Código de Trabajo, indemnización está muy inferior a la estipulada en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

    Aunado al hecho que mediante Sentencia de 5 de mayo de 2006, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró "Que es Nula, por Ilegal, la frase "indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", consagrada en el artículo tercero del Decreto No. 42 de 27 de agosto de 1998, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y que no es ilegal la frase "cualquiera diferencia que surja del cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Estado" consagrada en el artículo primero del mismo Decreto.

    Ahora bien, para que pueda configurarse la responsabilidad de la Administración resulta indispensable determinar si el daño y perjuicio tiene su origen en la infracción en que incurrió ésta en el ejercicio de sus funciones, y que exista una responsabilidad directa del Estado, a la luz de lo estipulado en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial. Es decir, se requiere el nexo causal entre la actuación que se infiere a la administración, producto de una infracción, y el daño causado.

    En este sentido, hay nexo causal o se reputa responsabilidad al Estado o Administración, cuando el funcionario haya causado un daño en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas.

    Observando estas consideraciones se debió evaluar qué grado de responsabilidad tenía el Órgano Ejecutivo en el proceso planteado.

    Bajo ese marco de ideas, es preciso transcribir el artículo 169 y 170 de la Ley 6 de 1997:

    "Artículo 169. Trabajadores del IRHE. El IRHE Transferirá todos sus activos y pasivos a las nuevas empresas que se constituyan como producto de su reconversión o reestructuración.

    Desde el momento en que se haga efectiva dicha transferencia de activos y pasivos, las nuevas empresas, producto de la reestructuración del IRHE, asumirán a todos los trabajadores permanentes a esa fecha y su correspondiente pasivo laboral.

    El Reglamento Interno de Trabajo vigente a la promulgación de esta Ley y la Ley 8 de 1975, continuarán rigiendo las relaciones laborales de estos trabajadores, hasta la firma de la convención colectiva o la venta de las acciones de la empresa, a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, lo que ocurra primero, a partir de lo cual se aplicará el Código de Trabajo.

    Una vez que las nuevas empresas eléctricas hayan asumido a los trabajadores del IRHE, e considerará al Sindicato de Trabajadores del IRHE (SITIRHE) sindicato de naturaleza industrial; y los trabajadores del IRHE afiliados a dicha organización social, que pasen a prestar servicios a las nuevas empresas eléctricas que resulten de la reestructuración del IRHE, mantendrán su afiliación sindical.

    A este efecto, el SITIRHE dispondrá del término de un año, contado a partir de la fecha de la transferencia de los activos y pasivos del IRHE, a las nuevas empresas, para realizar los cambios pertinentes en sus estatutos, dado su nueva naturaleza industrial.

    Realizada la transferencia de los activos y pasivos del IRHE a las empresas nuevas, éstas quedarán obligadas a negociar con el SITIRHE sendas convenciones colectivas de trabajo.

    Todo lo relativo a la plena vigencia del principio de libertad sindical y del instituto de la negociación colectiva, se regirá por el Código de Trabajo, las leyes y convenios internacionales adoptados por la República de Panamá, que regulan la materia.

    A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta la declaratoria de venta del bloque de acciones a la que se refiere el artículo 46 de esta Ley, todos aquellos trabajadores que sean despedidos injustificadamente, que desean terminar sus relaciones de trabajo por mutuo consentimiento o se acojan al plan de retiro voluntario que implemente el IRHE para las empresas reestructuradas, tendrán derecho al pago de todas sus prestaciones y a una indemnización igual a la señalada en el artículo 170 de esta Ley.

    Artículo 170. Derecho de los trabajadores. A partir de la declaratoria de venta del bloque de acciones, a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, y hasta la firma del contrato de compraventa respectivo, los trabajadores permanentes de las empresas que surjan del proceso de reestructuración del IRHE tendrían las siguientes opciones:

    1. Mantenerse en sus puestos de trabajo y continuar acumulando sus prestaciones laborales, con todos sus derechos y con la garantía de la misma relación.

    2. Solicitar la liquidación de sus prestaciones labores, incluyendo la indemnización correspondiente. Los trabajadores que opten por su liquidación, podrán utilizar lo que reciban por estos conceptos para comprar acciones de la empresa, pudiendo recibir un máximo de cincuenta por ciento (50%) de esa suma en efectivo. A estos trabajadores se les ofrecerá una nueva relación trabajo, bajo las mismas condiciones salariales que tenían a esa fecha;

    3. Terminar voluntariamente su relación de trabajo por mutuo consentimiento, en cuyo caso se les cancelarán las prestaciones legales y se les reconocerá una indemnización igual a la establecida en este artículo.

      En el caso de los trabajadores contemplados en el numeral 2 de este artículo, las empresas no podrán dar terminada la relación laboral sin que medie causa justificada prevista por la ley y según las formalidades de ésta. En consecuencia, no se les aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 212 del Código de Trabajo, conforme ha sido subrogado por la Ley 44 de 1995.

      Durante un período de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de la firma del contrato de venta del primer bloque de acciones en una determinada empresa, regirá con carácter temporal un régimen especial de terminación de las relaciones laborales, consistente en que, de producirse una terminación sin causa justificada, el trabajador tendrá derecho a recibir la prima de antigüedad que señale el Código de Trabajo y una indemnización conforme a la escala especial siguiente: a. Por el tiempo de servicios hasta diez (10) años, el salario de 6.8 semanas por cada año de trabajo. b. Por el tiempo de servicios de diez (10) años hasta veinte (20) años, el salario de dos (2) semanas por cada año de trabajo. c. Por el tiempo de servicios de veinte (20) a veintiséis (26) años, el salario de dos y media (2.5) semanas por cada año de trabajo. d. Por el tiempo de servicios por más de veintiséis (26) años, el salario de 3.5 semanas por cada año de trabajo.

      Esta escala se aplicará en forma combinada, distribuyendo el tiempo de servicios prestados en cada uno de los numerales anteriores, según corresponda. Esta escala especial no llevará recargos de ninguna clase.

      En caso de que el trabajador a quien se le haya comunicado la terminación entablare demanda ante los tribunales competentes, por razón del despido, y el empleador no probare la causa justificada, la sentencia ordenará, en todo caso, el pago de la indemnización especial y el pago de los salarios caídos hasta por un máximo de dos meses y medio (2.5) a partir de la fecha del despido.

      Este artículo se aplicará a los trabajadores de la Empresa de Transmisión, en el evento en que el Estado decida vender sus acciones de acuerdo con lo establecido en esta Ley." (Lo subrayado por la Sala)

      A la par, lo medular del Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 y de la Resolución del 5 de mayo de 2006, emitida por este Tribunal, alegada por la parte actora, contempla:

      "Decreto Ejecutivo No.42 de 1998

      ...ARTÍCULO TERCERO: El cálculo de las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, a que se refiere el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, se efectuará a la fecha de traspaso del primer bloque de acciones de la empresa eléctrica de que se trate. Las prestaciones laborales se calcularán aplicando la regla contenida en el artículo 149 del Código de Trabajo, la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo y la prima de antigüedad según el artículo 224 del Código de Trabajo...

      Resolución del 5 de mayo de 2006

      ...el artículo 170 de esta Ley contempló tres opciones a las cuales podían acogerse los trabajadores permanentes de las empresas resultantes del proceso de reestructuración del IRHE. Esas opciones consistían en mantener sus puestos de trabajos y acumular sus prestaciones; solicitar la liquidación de sus prestaciones, incluyendo la indemnización correspondiente, o terminar voluntariamente su relación de trabajo.

      No obstante lo dispuesto en la citada norma, el párrafo inicial del artículo tercero del Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 dispuso que el cálculo de las prestaciones labores, incluyendo la indemnización contemplada en el numeral 2 del artículo 170 ibídem (opción 2), se harían "según el artículo 225 del Código de Trabajo."

      Como bien señala el demandante, la ilegalidad consiste en el establecimiento, por vía de un decreto reglamentario, de una fórmula de cálculo de la indemnización correspondiente a los trabajadores que decidiesen acogerse a la opción 2, distinta de la señalada en la norma legal supracitada...

      Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1) QUE ES NULA, POR ILEGAL, la frase "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", consagrada en el artículo tercero de Decreto Ejecutivo No. 42 de 27 de agosto de 1998.... (Lo subrayado por la Sala)

      Ante tales supuestos, se observa que el señor Manu Vallabhbhai, en virtud de su condición de trabajador permanente del IRHE, se acogió a la liquidación de sus prestaciones labores, incluyendo la indemnización, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

      El Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 establecía como se debían calcular a) las prestaciones laborales, b) indemnización, c) prima de antigüedad, señalando taxativamente que según el artículo 225 del Código de Trabajo se tenía que realizar el cálculo de la indemnización. Sin embargo, a través de la Resolución del 5 de mayo de 2006 se declaró nula, por ilegal, la frase del Decreto No. 42 de 1998, "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo".

      De lo anterior se desprende que los cálculos realizados para el pago de los ex trabajadores del IRHE en concepto de indemnización basados en el artículo 225 del Código de Trabajo, son nulos e ilegales, por lo cual tienen derecho a que se les pague basado en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

      Por otra parte, se advierte que la parte actora interpuso la presente demanda contencioso administrativa de indemnización a la luz del numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, alegando que la Administración en el ejercicio de sus funciones le causó daños y perjuicios, porque no cumplieron con las leyes de la República, ya que no le pagaron a representado basados en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

      Bajo ese marco de ideas, considero que según las constancias procesales, el Estado es responsable de pagar la diferencia de la indemnización no pagada al Señor Manu Vallabhbhai en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997, toda vez que la Sala anuló la frase contentiva en el Decreto Ejecutivo No. 42 de 1997, que fue utilizada para establecer la indemnización del señor Vallabhbhai con posterioridad a que fuera fijada la misma, es decir que ésta se basó en una norma que era vigente al momento de pagarse la indemnización correspondiente.

      En ese sentido, se debió observar las piezas de convicción incorporadas al proceso, y determinar si los perjuicios que reclama el recurrente a raíz de los hechos enunciados, ha sido debidamente acreditados, de allí que, la parte actora incorporó un conjunto de elementos probatorios de carácter documental y pericial, con el propósito de sustentar su pretensión.

      Dentro del acervo probatorio allegado a los autos, el recurrente solicitó y practicó un dictamen de intervención con peritos a fin de determinar el monto exacto que debió recibir el señor Manu Vallabhbhai, en concepto de liquidación de sus prestaciones y derechos laborales de acuerdo a la Ley 6 de 1997.

      Tal dictamen, luego del cumplimiento de las formalidades respectivas, fue practicado el dictamen pericial con la participación de los peritos Luis Enrique Castillo Guevara y Manuel Ábrego Romero, peritos de la parte actora y de la Procuraduría de la Administración respectivamente. (cfr. 130-151 fojas)

      Dichos peritos después de revisar las correspondientes constancias documentales, expresaron en dos dictámenes que el señor Manu Vallabhbhai no se le pagó la totalidad de su indemnización.

      De la lectura de ambos dictámenes, se constata que el dictamen elaborado por la parte actora, Luis Enrique Castillo, determinó que la totalidad de la indemnización que debió recibir el señor Manu Vallabhbhai era de veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 05/100 (B/.23,942.05), sin embargo se le pagó doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 17/100 (B/.12,423.17), es decir se le adeuda la suma de once mil quinientos dieciocho con 88/100 (B/.11, 518.88), de la cual debe pagar impuesto sobre la renta.

      Por otro lado, el perito de la Procuraduría de la Administración determinaron que la suma que debió recibir la parte actora era de veintitrés mil seiscientos cincuenta balboas con 54/100 (B/.23,650.54) sin embargo éste recibió doce mil cuatrocientos veintitrés balboas con 16/100 (B/.12,423.16), por lo cual se produce una diferencia de once mil doscientos veintisiete balboas con 38/100, (B/.11, 227.38) monto que se le adeuda.

      De allí entonces que se debió realizar una ponderada valoración de las pruebas de conformidad con la sana crítica y con sujeción a las pautas consagradas en el artículo 980 del Código Judicial que indica:

      "Artículo 980: La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso".

      En cuanto a las pautas que debe seguir el Tribunal para la apreciación probatoria de los dictámenes periciales con arreglo a las reglas de la sana crítica, la doctrina nacional ha enumerado un elenco de factores que deben ser tomados en cuenta, como se observa a continuación:

      "ELEMENTOS CONCRETOS DE VALORACIÓN.

      La experiencia demuestra que existen ciertos elementos y criterios relevantes de apreciación probatoria que debe tomar en cuenta el juez en la valoración de la prueba pericial. Son estos, entre otros:

    4.     Competencia y especialización profesional del perito en relación con la materia que dictamina (como regla, y sin perjuicio de otros elementos, mayor valor probatorio tiene un perito experto e independiente, que varios mediocres).

    5.      Precisión, coherencia y grado de certeza del dictamen.

    6.      Método de investigación y exposición.

    7.      Fuentes y datos que sirven de base al dictamen.

    8.      Principios técnicos en que se funda el dictamen.

    9.      Contestación a las repreguntas del opositor.

    10.      Comportamiento del perito en el proceso.

    11.      prestigio, especialmente en los círculos profesionales y en los tribunales.

    12.      Sana crítica.

    13.    Concordancia con el resto de las pruebas" (el resaltado es propio). Jorge Fábrega P., MEDIOS DE PRUEBA, Editorial Plaza & Janés, Bogotá, 2001, Tomo II, segunda edición, corregida y aumentada, págs 533 y 534.

      La apreciación integral de los citados dictámenes periciales rendidos durante el curso del proceso, arrojaban que el peritaje confeccionado por Luis Enrique Castillo Guevara, se realizó conforme a lo establecido en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997, y luego de las valoraciones que ordena el artículo 980 del Código Judicial, revelan, a juicio de esta Sala, que merecen fe probatoria respecto del punto en discusión.

      Luego de realizados los cálculos y las correspondientes valoraciones de los informes periciales, soy de la opinión que debió pagársele al señor Vallabhbhai según lo establecido por el perito de la Procuraduría de la Administración, quien realizó el cálculo de forma correcta en atención a las certificaciones emitidas por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S. A. (EDEMET), en donde se determinó que esté tuvo una relación laboral con el IRHE desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 31 de octubre de 1998 y que efectivamente el Señor Vallabhbhai tiene derecho a que se le pague el monto de la indemnización adeudada, al haberse probado que éste se acogió a la liquidación de sus prestaciones laborales, incluyendo la indemnización, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997 y que el Decreto Ejecutivo No. 42 de 1998 establecía como se debían calcular a) las prestaciones laborales, b) la indemnización, c) la prima de antigüedad, señalando taxativamente que según el artículo 225 del Código de Trabajo se tenía que realizar el cálculo de la indemnización. Sin embargo, a través de la Resolución de 5 de mayo de 2006 se declaró, nula por ilegal, la frase del Decreto 42 de 1998, "la indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo"

      De lo anterior se desprende que los cálculos realizados para el pago de los ex trabajadores del IRHE en concepto de indemnización basados en el artículo 225 del Código de Trabajo, son nulos e ilegales, por lo cual tienen derecho a que se les pague basado en el artículo 170 de la Ley 6 de 1997.

      Adicional a lo anterior, la parte demandante también tiene derecho a los intereses establecidos en el artículo 169 del Código de Trabajo que señala lo siguiente: "En caso de mora o falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones, causarán intereses a la tasa de diez por ciento anual, desde el momento en que sea exigible la obligación."

      En consecuencia, se debió condenar al Estado panameño a pagarle al señor Manu Vallabhbhai, la suma de once mil doscientos veintisiete balboas con 38/100 (B/.11,227.38), en concepto de diferencia de la indemnización no pagada al Señor Vallabhbhai en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 170 de la Ley 6 de 1997 como ex trabajador del IRHE, del cual debe pagarse el Impuesto Sobre la Renta correspondiente y negar el resto de las pretensiones,por tales razones, SALVO EL VOTO.

      Fecha ut supra,

      Abel Augusto Zamorano

      Katia Rosas (Secretaria)