Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:30 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 30 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Reparación directa, indemnización

Expediente: 922-19

VISTOS:

La licenciada S.A.A., actuando en nombre y representación de J.F.A.E., interpone ante esta Sala demanda contencioso administrativade indemnización, para que se condene al Estado Panameño (Órgano Judicial, Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial) al pago de la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) en concepto de daños y perjuicios sufridos por su representado.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los presupuestos que condicionan su admisión, y en este punto advierte que, de la revisión del líbelo de demanda y de cada una de las constancias procesales insertas al presente cuadernillo de marras, que la misma no puede ser admitida en virtud de que quien demanda no plantea con claridad cuál es el hecho generador de su pretensión, toda vez que plantea como hecho generador que el Órgano Judicial no efectuó una adecuada valoración probatoria en materia penal y que se cometió error de derecho en la apreciación de la prueba, presupuestos que escapan de la competencia de esta Sala y se enmarcan en los presupuestos atendibles a través del recurso de anulación en el Sistema Penal Acusatorio y de casación en el Sistema Inquisitivo, por lo que no son objeto de las demandas indemnizatorias, requisito esencial para que la Sala pueda admitir este tipo de demandas y determinar si la misma fue interpuesta en tiempo oportuno, aunado a que plantea como normas infringidas disposiciones de tipo Constitucional que escapan de la competencia de esta Sala.

Es deber de este Tribunal reiterar a la parte actora que toda demanda debe cumplir con ciertos requisitos de forma y fondo esenciales para que dichas acciones puedan ser consideradas por la Sala Tercera. En ese sentido, se advierte que en la demanda presentada por la parte actora no cumplió con los presupuestos esenciales de una demanda contencioso administrativa de indemnización, y ya esta Superioridad ha dejado clara su posición al respecto, no pudiendo pasar por alto que la jurisdicción contenciosa administrativa se activa en base al principio de justicia rogada, en el sentido que las partes son las que delimitan la materia y las pretensiones que deben ser objeto de análisis por parte del Tribunal.

Con respecto al tema del concepto de la infracción, la Sala ha indicado en innumerables precedentes que su cumplimiento supone una explicación detallada y lógica de la forma como el acto acusado infringe la norma o normas que se cita como violadas, de modo que se ilustre a la Sala acerca de las infracciones que se alegan, situación que no ocurre en el negocio jurídico en cuestión, ya que la parte actora también omite establecer el concepto de la infracción, por tanto, no es una exposición de hechos, como tampoco de argumentaciones subjetivas; por el contrario, es un juicio lógico-jurídico en el que, partiendo de unos hechos concretos, se confronta el acto impugnado con el contenido de las disposiciones que se dicen vulneradas, de modo que a través de este ejercicio mental se pueda establecer si dicho acto es contrario o no al orden jurídico. Así lo establece el auto de 22 de marzo de 2016 que señala:

...la parte actora debe...exponer las normas legales que estiman son vulneradas por el acto administrativo, y explicar de forma razonada y concisa en qué consiste el concepto de infracción.

Estas delimitaciones de que la Sala de la Corte debe fallar en base a las normas citadas por la parte actora como infringidas por el acto administrativo y en atención a su concepto de infracción, se han materializado en la jurisprudencia de la Sala Tercera que se ha pronunciado reiteradamente en cuanto a este tipo de requisitos.

De la lectura del expediente judicial nos permite concluir que la demanda formulada adolece de requisitos básicos que debe contener toda demanda indemnizatoria presentada ante la Sala Tercera, por lo cual en base el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, la misma no debe ser admitida.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta por la Licenciada S.A.A., actuando en nombre y representación de J.F.A.E., para que se condene al Estado Panameño (Órgano Judicial, Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial) al pago de la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) en concepto de daños y perjuicios sufridos por su representado.

N.;

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

KATIA ROSAS (Secretaria)