Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 22 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Reparación directa, indemnización

Expediente: 233-19

VISTOS:

Conoce el resto de la Sala, en grado de apelación de la demanda contencioso administrativade indemnización, interpuesta por el L.. C.A.M.S., actuando en nombre y representación de Ocean Pollution Control S.A., para que se condene a la Autoridad Marítima de Panamá (Estado Panameño) al pago de treinta y cinco millones de dólares (B/.35,000,000.00), por los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo de la terminal marítima de servicios, en virtud de la resolución de 31 de mayo de 2019, que admite la precitada demanda, proferida por el Magistrado Sustanciador.

ARGUMENTOS DEL APELANTE.

La Procuraduría de la Administración mediante vista fiscal No. 795 de 30 de julio de 2019, solicita a esta Superioridad REVOQUE la resolución de 31 de mayo de 2019, fundamentado medularmente en los siguientes aspectos: la demandante no cumplió con el requisito relativo a la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la infracción, señalando normas que corresponden al procedimiento administrativo general, además de algunas normas que guardan relación con disposiciones del procedimiento administrativo especial, mismas que considera el Procurador sólo deben ser objeto de análisis a través de un proceso contencioso administrativo que tenga como finalidad la declaración de nulidad del acto administrativo acusado, así como el restablecimiento del derecho subjetivo invocado, por lo que considera el Ministerio Público que la parte actora violó lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, al dirigir el concepto de la infracción a cuestionar la legalidad del acto administrativo como si fuera una pretensión de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, que no es el caso, por lo que son dos pretensiones en un solo libelo, por lo que la misma no debe ser declarada viable.

Aunado a lo anterior, la demandante solicita la indemnización de daños y perjuicios supuestamente provenientes de una situación jurídica de naturaleza contractual, y se fundamenta en el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial, con el propósito de pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios que alega le fueron causados, sin embargo los daños ocasionados no se corresponden con pretensiones de naturaleza extracontractual, por lo que solicitan se revoque la admisión de la precitada demanda.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN.

La parte actora de opone a lo planteado por el Procurador de la Administración en el sentido de que la demanda cuenta con siete disposiciones normativas citadas como infringidas, cada una con la respectiva indicación del concepto en que se estima infringida y la correspondiente explicación. Además señala que la declaración de ilegalidad del acto administrativo generador de perjuicios, cuya indemnización se pretende es el acto de desalojo que ordenó la Autoridad Marítima de Panamá contra Ocean Pollution Control S.A. Asimismo, plantea que aunque el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial contempla, uno de los supuestos para demandar la llamada responsabilidad directa del Estado, en este supuesto se requiere de un pronunciamiento previo de la ilegalidad, y que sería diferente en virtud de los numerales 9 y 10 del Código Judicial.

Indica que la demanda no se fundamenta en aspectos contractuales, sino de conformidad con un permiso provisional de ocupación que esa misma entidad le había otorgado para ese fin y suspendió el trámite de refrendo del Contrato de Concesión, en síntesis plantea que la demanda se fundamenta en el sentencia de 28 de diciembre de 2018, de conformidad con el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial, dada la previa existencia de un acto declarado ilegal, por lo que éste es el supuesto fáctico extracontractual, como fuente de obligación para reclamar indemnización del Estado, por lo cual solicitan que se desestime y confirme, en todas sus partes, la providencia que admitió la demanda.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver el presente recurso. Observa este Tribunal de Instancia que, a través la Resolución fechada 31 de mayo de 2019, el Magistrado Sustanciador admite la demanda contencioso administrativa de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por el L.. C.A.M.S., actuando en nombre y representación de Ocean Pollution Control S.A., para que se condene a la Autoridad Marítima de Panamá (Estado Panameño) al pago de treinta y cinco millones de dólares, por los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo de la terminal marítima de servicios.

El Procurador de la Administración al sustentar su recurso de apelación es del criterio que la misma no debe ser admitida por considerar que la misma no cumple con el requisito del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, al dirigir el concepto de la infracción a cuestionar la legalidad del acto administrativo como si fuera una pretensión de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, que equivoca sus pretensiones que son contractuales, fundamentando equivocadamente en el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial, que refiere a demandas indemnizatorias de tipo extracontractual. Ya que si bien es cierto, la empresa OPC mantenía un contrato con la Autoridad Marítima, no se está demandando la indemnización por violaciones al contrato en cuestión, sino por la declaración de ilegalidad de una orden de desalojo verbal proferida por dicha Autoridad, la cual puede haber ocasionado daños o perjuicios a la citada empresa.

La parte demandante por su parte considera que debe confirmarse la Resolución que admite la demanda en virtud de que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en la norma para que la misma sea admitida, que la demanda se fundamenta en el sentencia de 28 de diciembre de 2018, proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial, dada la previa existencia de un acto declarado ilegal, por lo que éste es el supuesto fáctico extracontractual, como fuente de obligación para reclamar indemnización del Estado.

Tal como puede apreciarse de fojas 2 a 45 del expediente correspondiente y en la oposición a la apelación, la parte actora presenta demanda contencioso administrativa de indemnización contra el Estado Panameño (Autoridad Marítima de Panamá), utilizando como fundamento el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial, que indica que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo conocerá de las indemnizaciones de que deben responder personalmente los funcionarios del Estado y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule.

En ese orden de ideas, puede corroborarse que mediante el fallo de 28 de diciembre de 2018, la Sala Tercera DECLARA QUE ES ILEGAL la orden verbal de desalojo ejecutada por la Autoridad Marítima de Panamá el 10 de septiembre de 2009, del área ocupada por la empresa Ocean Pollution Control S.A., lo que se subsume dentro del tenor de la norma (numeral 8 del artículo 97) que requiere, la preexistencia de una sentencia proferida por la Sala Tercera en donde se reforme o anule un acto administrativo que cause un perjuicio, a diferencia de lo que plantea el Procurador de la Administración que señala que la parte actora equivoca el fundamento, ya que sus daños son producto de una relación contractual y no extracontractual.

Es por lo cual, este Tribunal de Apelación, luego de revisada la demanda correspondiente y los documentos que obran en el expediente judicial correspondiente, es del criterio que la demanda en cuestión cumple con los requisitos necesarios para su admisión, y que cuando se resuelvan las pretensiones en el fondo se determinará si son o no procedentes las pretensiones de la parte actora, basadas en que la indemnización en cuestión se está fundamentando en una decisión de la Sala Tercera que versa sobre un aspecto específico de la relación jurídica existente entre la empresa Ocean Pollution Control S.A., y la Autoridad Marítima de Panamá, en donde deberán determinarse si existen daños probados, directos, ciertos, una conducta antijurídica y un nexo de causalidad en la orden verbal de desalojo ejecutada por la Autoridad Marítima de Panamá.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 31 de mayo de 2019, que ADMITE la demanda contencioso administrativade indemnización, interpuesta por L.. C.A.M.S., actuando en nombre y representación de Ocean Pollution Control S.A., para que se condene al Municipio de Panamá (Estado Panameño) al pago de treinta y cinco millones de dólares (35,000,000.00), por los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo de la terminal marítima de servicios.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

KATIA ROSAS (Secretaria)