Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Marzo de 2020

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución 2 de Marzo de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 02 de marzo de 2020

Materia: Acción contenciosa administrativa

Reparación directa, indemnización

Expediente: 830-19

VISTOS:

Conoce el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del Recurso de Apelación promovido por el Procurador de la Administración, contra el Auto de 15 de octubre de 2019 (fj.22 del expediente) mediante el cual se admitió la Demanda Contenciosa Administrativa de Indemnización por Daños y Perjuicios (corregida), interpuesta por el Licenciado JAVIER ALCIDES DE LEÓN, actuando en nombre y representación de ESCARLETH J.V.C., para que se condene al Ministerio de Educación, al pago de la suma de un millón de dólares (B/.1,000,000.00), por los daños y perjuicios ocasionados a su representada.

  1. ARGUMENTO DEL APELANTE

    El Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de la Administración, mediante Vista N°1395 de 29 de noviembre de 2019 (fs.28- 41), se sustenta en base a los siguientes términos:

    "La oposición de esta Procuraduría en lo que corresponde a la mencionada acción, radica en el hecho que la misma no cumple con algunos de los requisitos para la admisibilidad de toda demanda contencioso administrativa, tal como se describe a continuación:

    1. La demandante omitió cumplir con el requisito exigido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, al presentar copia autenticada de la Sentencia Penal en que fundamenta su pretensión, sin que exista constancia que la misma se encuentra debidamente ejecutoriada.

      De una atenta lectura de la demanda en estudio, se desprende que el apoderado judicial de la demandante pretende que se declare responsable al Estado, por conducto del Ministerio de Educación, por supuestos daños y perjuicios causados, en virtud de su presunta mala prestación del servicio público, en el incidente en el que fue afectada E.J.V.C., ocurrido el 8 de octubre de 2016, y, como consecuencia de esa responsabilidad, se le pague, la cantidad de un millón de balboas (B/.1,000,000.00), en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios que señala se le han causado (Cfr. foja 14 del expediente judicial).

      ...para los efectos de la prescripción, si la demanda se sustenta en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, como ha indicado la recurrente, la responsabilidad civil derivada del delito prescribe al año de la ejecutoria de la sentencia penal, tal como lo dispone el artículo 1706 del Código Civil.

      ...al confrontar el contenido de la normativa recién aludida con la copia autenticada de la sentencia en que la parte actora fundamenta su pretensión, es decir, la Sentencia 253 de 5 de octubre de 2018, se desprende con meridiana claridad el incumplimiento de la aludida norma, pues, si bien la demandante aportó copia autenticada de dicha sentencia, no existe constancia alguna de su ejecución que permita establecer que, efectivamente, el proceso penal (sic) objeto de la acción presentada concluyó, pues, no se tiene certeza si alguna de las partes involucradas en el precitado proceso penal haya hecho uso del derecho de impugnación que posee para esos casos. Es por lo que, reiteramos, dicha circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946.

      Al respecto, y como hemos indicado en primeras líneas, al leerse el libelo de la demanda, se puede determinar, sin hacer esfuerzo alguno, que E.J.V.C. esgrime como fuente de su pretensión la Sentencia 253 de 5 de octubre de 2018, anteriormente aludida; sin embargo, la recurrente no acreditó la constancia de su ejecución que permitiera tenerla como prueba válida en el proceso.

      ...

    2. La acción bajo análisis no cumple a satisfacción con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946; en concordancia con el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial.

      ...resultaba necesario que en la situación en estudio, la actora enunciara las normas que dentro del marco legal que regula las funciones del Ministerio de Educación infringió el servidor de esa entidad; sin embargo, R.N.V.F., en su demanda no expone como vulnerada ninguna norma regulatoria de dicha institución ministerial, lo que resulta imprescindible, pues, es la acreditación de presuntas infracciones relacionadas a esa normativa, las que eventualmente podrían derivar de una responsabilidad civil extracontractual al Estado.

      En efecto, en el negocio jurídico en examen, la recurrente no sustenta su pretensión indemnizatoria en la infracción que hubiese podido cometer el servidor público del Ministerio de Educación en el marco del Texto Único de 30 de abril de 2004, el cual ordena sistemáticamente la Ley 47 de 1946, Orgánica de esa entidad, o de cualquier otro instrumento jurídico relacionado, sino que lo hace únicamente sobre la base de las normas genéricas sobre responsabilidad civil establecida en el Código Civil, lo que es insuficiente, puesto que, como hemos visto, el numeral 9 del artículo 97, claramente establece la posible indemnización por los daños y perjuicios que se generaron por las infracciones en que incurra un servidor público en el ejercicio de sus funciones.

      Al no haberse precisado lo anterior, no existe un sustento normativo sustantivo que permita entrar a considerar las pretensiones de la recurrente.

      ...".

  2. OPOSICIÓN AL RECURSO

    El Licenciado J.A. De León presentó su oposición al Recurso de Apelación propuesto por la Procuraduría de la Administración (fs. 44- 49 del expediente), señalando medularmente lo siguiente:

    "I. En cuanto a la presunta carencia del requisito exigido en el numeral 44 de la Ley 135 de 1943, nos oponemos a lo señalado por el apelante en virtud que con la demanda se presentó copia autenticada del acto acusado, es decir de la Sentencia 253 de 5 de Octubre de 2018, proferida (sic) la Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, donde se condena al funcionario del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, O.J.R.A., varón, P., mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 3-95-654.

    ...

    En ese mismo orden de ideas, se puede corroborar que en la copia autenticada de la Sentencia 253 de fecha 5 de Octubre de 2018 del Juzgado de Garantías de la Provincia de Coclé, consta la notificación de la Víctima es decir de la señora E.J.V.C., cumpliéndose de esta manera lo establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

    ...

  3. Bajo este mismo contexto, no compartimos lo señalado por el Procurador de la Administración, sobre la carencia del requisito de admisibilidad establecido en el artículo 43 numeral 4 de la Ley 135 de 1943, en virtud que en la demanda admitida por el Magistrado Sustanciador se establecieron las disposiciones que se entienden infringidas y el concepto bajo el cual lo han sido, se aprecian las normas transcritas de manera individualizada, y expuesta la explicación de cómo fueron vulneradas, de forma entendible.

    ...".

  4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

    Atendidos los argumentos de las partes y revisadas las constancias procesales, corresponde al resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

    Como ha quedado expuesto, la disconformidad del Procurador de la Administración con la decisión adoptada por el Magistrado Sustanciador, obedece a dos situaciones a saber: 1)La demandante omitió cumplir con el requisito exigido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, al presentar copia autenticada de la Sentencia Penal en que fundamenta su pretensión, sin que exista constancia que la misma se encuentra debidamente ejecutoriada; y 2) La acción bajo análisis no cumple a satisfacción con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946; en concordancia con el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial.

    Tal como se aprecia de las constancias procesales, el apoderado judicial de la demandante pretende que se declare responsable al Estado, por conducto del Ministerio de Educación, por supuestos daños y perjuicios causados, en virtud de su presunta mala prestación del servicio público, en el incidente en el que fue afectada E.J.V.C., ocurrido el 8 de octubre de 2016, y, como consecuencia de esa responsabilidad, se le pague, la cantidad de un millón de balboas (B/.1,000,000.00), en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios que señala se le han causado.

    Conforme se ha visto en el presente caso, el actor fundamenta su demanda en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial (fs.20 del expediente), norma que consagra la responsabilidad subsidiaria del Estado, siendo pertinente que previamente se haya reconocido la responsabilidad del agente, para que así, se demande al Estado subsidiariamente por el daño producido por un servidor público o una entidad.

    Sobre el particular, el artículo 1706 del Código Civil, señala taxativamente que la acción civil para reclamar indemnización por la responsabilidad derivada de la culpa o negligencia prescribe en el término de un año, contado, en caso de haberse iniciado una acción penal o civil, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia jurisdiccional o bien, desde el momento en que el agraviado supo de la afectación. La referida norma sobre prescripción señala lo siguiente:

    "Artículo 1706. La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el Artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un (1) año, contado a partir de que lo supo el agraviado.

    Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inciso anterior, la prescripción de la acción se contará a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o de la resolución administrativa, según fuere el caso...".

    Respecto a la ejecutoria de las resoluciones, el artículo 995 del Código Judicial dispone que "Las resoluciones judiciales se ejecutorían por el solo transcurso del tiempo. Una resolución queda ejecutoriada o firme cuando no admite dentro del mismo proceso ningún recurso, ya porque no proceda o porque no haya sido interpuesto dentro del término legal." En ese sentido, el Dr. J.F., señala lo siguiente "...es propio de toda resolución... significa que ésta ya no es susceptible de recursos, sea porque la ley no lo permite, o por que, permitiéndolo, se ha agotado; en otras palabras no es susceptible de modificación mediante recursos ordinarios". (ver: Instituciones de Derecho Procesal Civil. E.J.P.. 1998. P.. 786).

    La revisión de los elementos que componen el presente proceso Contencioso-Administrativo de Indemnización, tal como lo ha expresado el Procurador de la Administración, permite corroborar el incumplimiento del artículo 1706 del Código Judicial, pues, si bien la demandante aportó copia autenticada de la Sentencia N°253 de 5 de octubre de 2018, emitida por el Juzgado de Garantías de la Provincia de Coclé, cuya parte resolutiva "DECLARA penalmente responsable al señor O.J.R.A.... y lo CONDENA a la Pena Principal de Veinte (20) meses de prisión, por el Delito Contra la Vida e Integridad Personal, en su modalidad de Lesiones Personales Culposas, artículo 139 del Código Penal, en perjuicio de Escarleth Yackeline Valdés..."; no obstante, lo cierto es que no se tiene certeza si alguna de las partes involucradas en dicho proceso penal hizo uso de los medios de impugnación que otorga la ley, por lo que no existe constancia alguna en el expediente sobre la fecha de ejecución de la misma.

    Así pues, ante la ausencia de piezas procesales que permitan establecer la fecha de ejecutoria de la referida Sentencia N° 253 de 5 de octubre de 2018, este Tribunal se ve imposibilitado para efectuar el cómputo aludido en el artículo 1706 del Código Judicial; revelándose una posible extemporaneidad, que obliga a negar el curso de la demanda.

    Siendo ello así, y en virtud del principio de economía procesal, esta Sala considera que los razonamientos expuestos son suficientes para que este Tribunal de Apelación revoque la decisión impugnada.

    En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la Ley, REVOCA el Auto de 15 de octubre de 2019 y, en su lugar, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa deIndemnización por Daños y Perjuicios (corregida), interpuesta por el Licenciado JAVIER ALCIDES DE LEÓN, actuando en nombre y representación de ESCARLETH J.V.C., para que se condene al Ministerio de Educación, al pago de la suma de un millón de dólares (B/.1,000,000.00), por los daños y perjuicios ocasionados a su representada.

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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