Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Septiembre de 2008

Ponente:Adán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución:12 de Septiembre de 2008
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado C.S.V., quien actúa en representación de EDUARDO SANTOS VERGARA, ha presentado Demanda Contencioso-Administrativa de Indemnización, para que se condene al Estado, específicamente a la Policía Nacional, dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, al pago de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS (B/.105.968.00), en concepto de daños y perjuicios, incluyendo el daño emergente tales como incapacidades, gastos médicos, de transporte y de otra índole, además de lucro cesante y daño moral, emanados de la Sentencia No. SC-17 de 16 de febrero de 2004, dictada por el Juez Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

La parte actora solicita además, que la Sala realice las siguientes declaraciones:

  1. Que el Estado, por razón del daño moral y material ocasionado a E.S.V., producto del delito de lesiones personales del cual fue víctima a causa de la infracción cometida por L.C.M.P., en calidad de servidor público como miembro de la Policía Nacional Fuerza Pública en servicio y que operaba el vehículo marca Mitsubishi, tipo pick up, color blanco, placa No. 002592 propiedad de EL ESTADO y de uso de la Policía Nacional, está solidariamente obligado a indemnizar la totalidad de los daños causados.b) Que como consecuencia de la declaración anterior, EL ESTADO queda obligado a indemnizar y a pagar a EDUARDO SANTOS VERGARA como resarcimiento del daño material y moral que le produjera L.C.M.P., en calidad de servidor público, la suma de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS (B/.105.968.00); o en su defecto, aquella suma que resulte de una mejor tasación pericial, conforme la cuantía señalada y desglosada así:

    1. Daño Material

      Incapacidad (salario base B/.672.00 x 12) .......................................... B/.8.064.00

      Gastos Médicos ....................................................................................B/.3.500.00

      Terapia y Medicamentos ..................................................................... B/. 540.00

      Psicólogo Clínico ..................................................................................B/.1.350.00

      Transporte (B/.350.00 x 5 meses mínimo) .......................................... B/.1.750.00

      Gastos Legales .................................................................................... B/.3.500.00

      Lucro Cesante (B/.1.022.00 x 12)..................................................... B/.12.264.00

      Subtotal (Daño Material) ..........................................................B/.30.968.00

    2. Daño Moral

      Psíquico y familiar ..............................................................................B/.75.000.00

      TOTAL DEL DAÑO MATERIAL Y MORAL CAUSADO B/.105,968.00

    3. FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN

      El demandante señala que el 24 de mayo de 2003, el vehículo radio patrulla marca Mitsubishi, tipo pick up, color blanco, con placa 002592, propiedad del Estado y de uso de la Policía Nacional, conducido por L.C.M., miembro de dicha Institución, colisionó el vehículo marca Toyota, pick up, color blanco, con placa 240794, conducido por E.S.V., a la altura de la Estación AB, en la carretera P., vía Chepo.

      Se continúa manifestando que en virtud de dicho accidente automovilístico, el Juez Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá expidió la Sentencia No. SC-17 de 16 de febrero de 2004, por la cual se resuelve declarar PENALMENTE RESPONSABLE a L.C.M. (miembro de la Policía Nacional o Fuerza Pública en servicio, quien operaba un vehículo de propiedad del Estado y de uso de la Policía Nacional, dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia), por el homicidio culposo en perjuicio de R.M. y C.H.V. y donde también resultó lesionado E.S.V., con una incapacidad provisional hasta ese momento de 240 días, y lo CONDENA a la pena de 30 meses de prisión e interdicción del ejercicio de conducir vehículos a motor, por el mismo término que la pena de prisión, después de cumplida la pena principal. (Fs. 13-14)

      El proponente de la acción describe como daño material sufrido por el señor S.V., a consecuencia del accidente descrito, la pérdida total del vehículo de su propiedad, marca Toyota, tipo pick up, color blanco, con placa No. 240794, el cual se encontraba hipotecado a la sociedad ECONOFINANZAS, S.A., siendo cancelado por la Compañía Internacional de Seguros.

      Igualmente, se detalla que el señor S.V. sufrió lesiones personales que afectaron su rostro, frente, rodilla y las extremidades inferiores, fractura de fémur izquierdo y de calcáneo del mismo lado, lo que le imposibilita movilizarse por el término de un (1) año, conforme la incapacidad determinada por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

      Añade el recurrente que el señor S.V., a pesar de ser sometido a varias cirugías, presenta problemas ortopédicos y en sus tejidos óseos, al igual que cicatrices visibles en su frente, cuero cabelludo, rodillas y extremidades, teniendo que movilizarse con dificultad con el apoyo de muletas, y que en la actualidad camina cojeando, con limitación para la flexión total de la rodilla izquierda, con secuela de traumatismos producto del accidente.

      En este orden, se enfatiza que durante el período en que el señor S.V. se vio imposibilitado para realizar sus actividades laborales y comerciales habituales, dejó de percibir los ingresos y ganancias por el uso de su vehículo en el transporte y traslado de gaseosas de la Empresa Coca Cola (Panamá), de la cual es concesionario, lo que se afirma le producía una entrada de MIL VEINTIDÓS BALBOAS (B/.1.022.00) mensuales.

      La parte actora indica que el señor S.V. incurrió en gastos por la práctica de cirugías y tratamientos médicos a que fue sometido, lo que incluye honorarios de galenos, de hospitales, terapia y rehabilitación, medicamentos, de silla de ruedas y de transporte, entre otros.

      De igual forma, se aducen gastos legales que se incurrieron durante el proceso penal y por gestiones de reclamaciones ante la Aseguradora para el pago de la pérdida del vehículo del señor S.V., para garantizar su defensa y querellar como víctima del delito.

      En lo que se refiere al daño moral, el recurrente expone que como resultado de la incapacidad física del señor S.V., se vio afectado en sus relaciones maritales y familiares, lo cual afectó psíquica y emocionalmente a su persona, a su cónyuge e hijos, ocasionándole un daño moral y psicológico irreparable, que aún persiste; lo que lo ha obligado a acudir a un tratamiento clínico de terapia familiar.

      El fundamento de la petición indemnizatoria promovida se sustenta en la presunta violación, en forma directa, por omisión, de los artículos 977 y 1645 del Código Civil, y el artículo 126 del Código Penal, que a la letra disponen:

      Artículo 977. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas, se regirán por las disposiciones del Código Penal.

      "Artículo 1645. La obligación que impone el artículo 1644 es exigible no solo por los actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

      ...

      El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.

      Son por último responsables los maestros o directores de arte y oficio respecto a los perjuicios causados por sus alumnos y aprendices mientras permanezcan bajo custodia.

      La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las partes de derecho privado en él mencionado prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño." (El destacado es de la parte actora)

      Artículo 126. El Estado, las instituciones autónomas, semi-autónomas o descentralizadas así como los municipios, responderán subsidiariamente en el monto de los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus servidores con motivo del desempeño de sus cargos.

      El concepto de la violación del artículo 977 del Código Civil lo explica el actor, señalando que este precepto erige al delito como fuente de obligación civil, situación que se aduce planteada en el presente caso, en virtud a las lesiones culposas causadas al señor S.V. y la falta de reparación por parte del Estado como responsable solidario.

      En atención a la señalada conducta omisiva del Estado de reparar el daño causado al señor S.V., es que el accionante estima que se infringe el artículo 126 del Código Penal.

      La presunta violación del artículo 1645 del Código Civil se basa en el argumento que el Estado siendo solidariamente responsable, por la condición de L.C.M.P. de funcionario o miembro de la Policía Nacional, en ejercicio de sus funciones, no ha asumido su responsabilidad de reparar o indemnizar el daño causado al señor S.V., conducta que a su juicio resulta violatoria de esta disposición.

      Por último, se señala como infringida el artículo 8 de la Ley No. 18 de 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, el cual dice así:

      Artículo 8. Los miembros de la Policía Nacional son servidores públicos, por tanto, deberán conducirse, en todo momento, conforme a los postulados señalados en los principios éticos de los servidores públicos: lealtad, vocación de servicio, honradez, responsabilidad, eficiencia, valor y transparencia.

      Le corresponde sin excepción, ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución Política y a la Ley.

      El accionante indica que la norma ha sido violada teniendo como motivo de ilegalidad, la infracción de preceptos legales por violación directa, por omisión del Estado, dada la condición de servidor público en ejercicio de sus funciones en la Policía Nacional, del sujeto activo del hecho punible que le causó daños y perjuicios al señor SANTOS VERGARA.

    4. INFORME DE LA ENTIDAD DEMANDADA

      Mediante Nota No. 2519 DAL de 4 de julio de 2005, el Ministro de Gobierno y Justicia rindió informe de actuación en relación a la demanda de indemnización que nos ocupa. (Fs. 71-72 del expediente)

      El señor Ministro indicó que por el accidente de tránsito suscitado el 24 de mayo de 2003, en el cual perdieron la vida R.M. y C.H.V. y resultó herido E.S.V., se realizaron las investigaciones pertinentes a través de la Dirección de Operaciones del Tránsito, a nivel de la Policía Nacional, tomándose declaración a los dos conductores involucrados en la colisión, el señor L.C.M., miembro de la Policía Nacional y al señor E.S.V., quien conducía el pick up sencillo de una cabina, pero que dicha investigación continúo a nivel de la vía judicial y se remitió la información al Ministerio Público.

      Por otro lado, se subrayó que la Policía Nacional mantiene un seguro colectivo con la compañía aseguradora ASSA, el cual cubre hasta una cantidad de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) por lesiones corporales y hasta DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00), por daños a la propiedad ajena. No obstante, en dicho informe se aclaró que por el referido accidente no se hicieron las reclamaciones correspondientes, ante la compañía aseguradora.

    5. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

      El Procurador de la Administración, mediante V.F.N. 140 de 3 de marzo de 2006, que reposa de fojas 73 a la 86 del expediente, solicitó que se denegaran las declaraciones solicitadas por el demandante.

      Como primer argumento, se afirma que el actor omitió reclamar al responsable directo, L.C.M. P., el pago de indemnización en concepto de daños y perjuicios; por consiguiente, se alega que no puede exigirse responsabilidad directa de la Policía Nacional, dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia.

      En este sentido, se expone que en el caso bajo análisis solamente consta en el expediente el pronunciamiento judicial del Juez Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá que declaró penalmente responsable del accidente a L.C.M.P., sin emitir pronunciamiento alguno en torno al grado de responsabilidad civil derivada del este hecho delictivo.

      A juicio del representante del Ministerio Público, las acciones de indemnización dirigidas contra el Estado, como responsable subsidiario, solamente son viables una vez se haya logrado un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil del funcionario que causo los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama, criterio que considera se reafirma con el Fallo de la Sala Tercera, fechado 27 de diciembre de 2005, cuyos párrafos pertinentes fueron citados a foja 138 del expediente.

      Por otra parte, el señor P. se refirió al monto de la pretensión económica de EDUARDO SANTOS VERGARA, señalando que el entonces Ministro de Gobierno y Justicia, anotó en su informe de conducta que la Policía Nacional cuenta con un seguro colectivo por lesiones personales, contratado con la compañía ASSA, S.A., con una cobertura de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10.000.00) en caso de siniestralidad por accidente, y que el actor no ha realizado reclamo alguno en contra del mismo.

      El representante del Ministerio Público se opone al pago indemnizatorio en concepto de incapacidad del señor S.V., destacando que, de acuerdo al informe rendido por la Directora Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, dicha institución de seguridad social reconoció a EDUARDO SANTOS VERGARA la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 12/100 (B/.7,685.12) en concepto de subsidio de incapacidad, más un 25% de incapacidad parcial permanente y que posteriormente, la Comisión de Prestaciones le otorgó una indemnización total de (B/.3,954.96), tal cual consta en Resolución 198-2006 de 30 de marzo de 2006. (Cfr. Fojas 109 y 110 del expediente judicial)

      Igualmente el colaborador de instancia alega que carecen de sustento los supuestos gastos médicos invocados, debido a que el señor S.V. recibió de la Caja de Seguro Social la atención médica y rehabilitación respectiva. (Fs. 119-121 del expediente judicial)

      En relación a los gastos de transporte, se advirtió que dicha suma es excesiva puesto que no fueron todos los días del mes que el señor S.V. requirió de transporte y de la asistencia de una persona para las citas médicas y sesiones de terapia.

      Referente a los gastos legales, el señor P. señala que los comprobantes de pago aportados suman la cantidad de TRES MIL BALBOAS (B/.3,000.00) y no TRES MIL QUINIENTOS (B/.3,500.00), como alega el demandante.

      También se indica en la vista fiscal, que carece de sustento jurídico lo alegado por el recurrente en cuanto al lucro cesante, ya que el señor S.V. como promotor de ventas de la Compañía Embotelladora Coca Cola, S.A., probablemente sólo percibía un porcentaje de las ventas que generaba.

      Sobre el daño moral, se aprecia que en el alegato de conclusión de la Procuraduría de la Administración, se indica que de lo expresado por los peritos el señor S.V. no tiene daño psicológico en la actualidad. (Ver informes periciales a fojas 125 a 129 del expediente judicial)

    6. DECISIÓN DE LA SALA

      Cumplidos los trámites legales, la Sala se apresta a resolver la presente controversia previas las siguientes consideraciones.

      A.T. de Indemnización solicitada y su procedencia.

      Por medio de la presente demanda, se solicita se declare la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios generados de la comisión de un delito, por parte de un miembro de una dependencia estatal, en el ejercicio de sus funciones.

      De acuerdo a la legislación penal vigente a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación, se tiene que el principio de responsabilidad civil originada del delito para aquellas personas que resulten culpables de los mismos, se contempla en el artículo 119 del Código Penal. Este supuesto de responsabilidad se extiende al Estado, en los casos de actos delictivos incurridos por funcionarios de entidades públicas, en el desarrollo de funciones propias de su cargo, de acuerdo a lo regulado en el artículo 126 del Código Penal, que dice así:

      126. El Estado, las instituciones públicas autónomas, semi-autónomas o descentralizadas así como los municipios, responderán subsidiariamente en el monto de los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus servidores con motivo del desempeño de sus cargos.

      Conforme al alcance de esta norma, los servidores públicos son responsables, y subsidiariamente lo es el Estado, por los daños producidos en atención al delito cometido, con la reserva de que la conducta delictiva del funcionario debe ser declarada por un tribunal penal.

      En referencia al régimen de responsabilidad establecido en el artículo 126 del Código Penal, la Sala Tercera en Resolución de 27 de diciembre de 2007, expresó lo siguiente:

      "... la comisión de un delito por un servidor público en el desempeño del cargo, también genera responsabilidad para el Estado, debido a que el daño se produce como consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que le tuvieren encomendados al servidor y no a la actuación particular o privada ajena al cumplimiento de sus funciones.

      Es esta extensión del ámbito de la específica actividad de la entidad estatal lo que le genera responsabilidad, solo que subsidiaria, requiriendo para su reconocimiento el establecimiento de la responsabilidad penal del funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Código Penal." (Demanda Contencioso-Administrativa de Indemnización interpuesta por el licenciado R.C., en representación de M.H.H., para que se condene al Municipio de Panamá y/o la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario, al pago de CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN BALBOAS (B/.128,721.00), en concepto de daños materiales y morales que fueron causados por accidente de tránsito.)

      De los párrafos del fallo recién trascrito, se infiere que para obtener el resarcimiento del Estado a consecuencia de este tipo de daños, se requiere previa sentencia condenatoria emitida por un tribunal penal, contra el funcionario público causante del delito originario del daño. Luego de declarada la responsabilidad penal respectiva, de considerarse que han resultados daños a consecuencia del delito, le compete a la Sala Tercera de la Corte conocer de la responsabilidad civil por ese delito, y determinar la cuantía de la indemnización solicitada, de prosperar la pretensión.

      El razonamiento expuesto descarta el argumento del Procurador de la Administración, de que el Estado sólo está llamado a responder de manera subsidiaria si el funcionario que originó el hecho dañoso es declarado responsable en juicio penal y civil, y el mismo no puede hacer frente a las obligaciones derivadas de la última, ya que reiteramos que en estos casos, lo que se requiere es un pronunciamiento judicial que establezca la responsabilidad penal imputable al funcionario público cuya actuación genero el daño.

      Cabe destacar que el régimen de responsabilidad del Estado al cual hacemos referencia, ha sufrido un cambio normativo en el Código Penal, al establecerse de un régimen de responsabilidad subsidiaria a un régimen de responsabilidad solidaria.

      Por otra parte, en relación a este tipo de obligaciones tiene aplicación lo estipulado en los artículos 1644-A y 1645 del Código Civil, que comprenden la responsabilidad extracontractual del Estado, por daños y perjuicios ocasionados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Los párrafos pertinentes de estas disposiciones se transcriben a continuación:

      Artículo 1644-A. Dentro del daño causado se comprende tanto los materiales como los morales.

      ...

      Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en materia de responsabilidad contractual, como extracontractual. Si se tratare de responsabilidad y existiere cláusula penal se estaría a lo dispuesto en ésta.

      Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quién incurra en responsabilidad objetiva así como el Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio y sus respectivos funcionarios, conforme al Artículo 1645 del Código Civil.

      Artículo 1645. La obligación que impone el artículo 1644 es exigible no solo por los actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

      ...

      El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.

      En este caso la fuente de la obligación deriva del accidente de tránsito, ocurrido el 23 de julio de 2003, en el que L.C.M., quien conducía un vehículo de la Policía Nacional, se fue vía contraria en la Panamericana y colisionó con el vehículo conducido por E.S.V., quien resultó lesionado.

      Mediante Sentencia No. SC-17 de 16 de febrero de 2004, dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, se declara Penalmente Responsable a L.C.M.P., por el delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de R.M., donde además resultaron lesionados C.H., quien murió dos meses después del accidente de tránsito, y EDUARDO SANTOS VERGARA, con una incapacidad provisional hasta ese momento de 240 días. (Ver fojas 1-17 del expediente)

      La condena impuesta a L.C.M. fue de TREINTA (30) MESES DE PRISIÓN e interdicción del ejercicio de conducir vehículos a motor, por el mismo término que la pena de prisión, después de cumplida la pena principal. Adicionalmente, se le Reemplaza la pena de prisión, es decir los 30 meses de prisión, por 250 días multa, a razón de SEIS BALBOAS (B/.6.00) lo que hace un total de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/1,500.00).

      En el mencionado fallo se indica que, L.C.M.P., Policía de Tránsito, conducía un pick up, marca Mitsubishi, color blanco, con placa No. 002592, de propiedad de la Policía Nacional, lo que acredita que a quien se le atribuye la causa del accidente de tránsito en el cual resultó lesionado E.S.V., fue un agente de la Policía Nacional y que el accidente se suscitó cuando el mismo actuaba por cuenta de la entidad estatal a la que pertenece.

      Las circunstancias analizadas permiten concluir que concurren los elementos para declarar la responsabilidad del Estado, en la medida en que hay constancia de un pronunciamiento judicial en firme, en el que se estableció como autor del delito de lesiones en el caso de E.S.V., a un miembro de una entidad pública, que actuaba en su condición de servidor público, al momento en que se suscitaron los hechos, así como hay evidencia de la existencia de daño resarcible.

      1. Fijación del monto de la indemnización solicitada.

      La cuantía a que asciende la indemnización solicitada es de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS (B/.105.968.00), que se desglosa en TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS (B/.30,968.00) en concepto de daño material y SETENTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.75,000.00) en concepto de daño moral, los cuales corresponde verificar que se encuentran debidamente acreditados.

      1. Daño Material. Esta categoría de daño comprende aquellos aspectos que afectan el patrimonio del perjudicado.

      Los daños materiales reclamados fueron divididos en los siguientes rubros:

  2. Incapacidad. El monto estimado por el actor para este rubro es por OCHO MIL SESENTA Y CUATRO BALBOAS (B/.8,064.00), suma calculada en razón del salario de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS (B/.672.00), que se aduce recibía el señor S.V., por el período de un año que estuvo imposibilitado de trabajar.

    El sustento probatorio aportado para esta categoría es el siguiente:a.1. Informe de la Dirección Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, de 16 de octubre de 2006, que certifica con relación al caso de EDUARDO SANTOS VERGARA:

    "Al asegurado, se le reconocieron los subsidios de incapacidad concedidos por el accidente de trabajo sufrido el 24 de marzo de 2003, por 435 días, desde el 24 de mayo de 2003 hasta el 31 de julio de 2004, por el monto total de B/.7,685.12. (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 12/100).

    Su médico tratante le dio de alta en cumplimiento del artículo 19 del Decreto de Gabinete No. 68 del 31 de marzo de 1970 y del 22 de febrero de 2006, el asegurado fue evaluado por la Comisión Médica Calificadora de Riesgos Profesionales.

    Este organismo le otorgó un 25% de Incapacidad Parcial Permanente, por el diagnóstico de "Limitación de los movimientos de la articulación de la rodilla y tobillo izquierdo".

    Mediante la Resolución 198-2006 de Comisión de Prestaciones de 30 de marzo de 2006, se resolvió concederle una Indemnización total de B/.3,954.96 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS CON 96/100)". (Fs.109-110)a.2. Informe del P. de la Procuraduría, D.R.C.S., de 22 de noviembre de 2006, el cual es consultable de la foja 119 a la 123 del expediente.

    El informe se refiere a los traumatismos sufridos por el señor S.V., según consta en la cuadrícula de atención médica del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, Dr. A.A.M., que se debieron al accidente automovilístico ocurrido el 24 de mayo de 2003, así como el tratamiento recibido y una evaluación de la condición del paciente.

    Es de lugar destacar las interrogantes absueltas por el Doctor CABEZAS SMIROS, al efectuarse la entrega del informe pericial, las que se resumen de seguido:

    - De acuerdo al dictamen médico rendido el señor S.V. se ha recuperado en un 75% de las lesiones originales sufridas a consecuencia del accidente automovilístico producido por un funcionario de la Policía Nacional y el porcentaje que ha perdido es probablemente permanente y con el agravante de que la osteoartrosis de la rodilla puede progresar.

    - La incapacidad del 25% probablemente es permanente debido a que ya ha pasado más de un año en fisioterapia y no se ha recuperado, tiempo en que sí no se ha recuperado es difícil después, de acuerdo a especialidad de ortopedia u traumatología.

    - Por el porcentaje de incapacidad que tiene el señor S.V., podría laborar en trabajos con carga de trabajo liviano y moderado, sin exigencias de trabajo pesado.

    a.3. Examen Médico Legal del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, con fecha de 30 de agosto de 2004, donde se indica que el señor S.V. sufrió fractura de fémur izquierdo y de calcáneo (pie) del mismo lado, y que para esa fecha, caminaba cojeando y presentaba limitación para la flexión total de la rodilla izquierda, limitación que es una secuela de los traumatismos recibidos en el accidente. También se indica que le corresponde Incapacidad Definitiva de 360 días a partir del accidente, salvo por complicaciones por las lesiones descritas en informe médico legal No. PTE 003-7-15129 del 21 de julio de 2003. (F. 17 del expediente judicial) a.4. Certificación del P. de la parte actora, D.L.A., O. y T., del 15 de enero de 2004, en el cual se expresa que para esa fecha no había consolidación de la fractura sufrida por el señor S.V., la rodilla se encuentra rígida y dolorosa por el tiempo de inmovilización y que de mantenerse esta condición (pseudoartrosis) requerirá cirugía para corregir esta complicación. (F. 26 expediente judicial)

    En este documento se explica que el señor S.V. sufrió trauma musculoesquelético en el 2003, que fue tratado con reducción y fijación de la fractura clavos intramedulares en la Caja de Seguro Social y que de haberse realizado la cirugía en un hospital privado, el costo aproximado entre hospitalización y honorarios médicos hubiese oscilado entre B/.3,500 y B/.5,000, dependiendo del tipo de implante ortopédico utilizado y sin complicaciones.

    En lo concerniente al salario del señor S.V., se aportan ocho (8) comprobantes de pago quincenales por ingresos devengados en Ventas y Mercadeo, S.A., correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2003, que reflejan una remuneración mensual de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON 74/100 (B/.662.74). (Fs. 18-25)

    El material probatorio permite comprobar que a consecuencia del accidente de tránsito que motiva la indemnización que nos ocupa, el señor S.V. sufrió lesiones que lo imposibilitaron para realizar sus labores cotidianas, como promotor de ventas de la Compañía Embotelladora Coca Cola (Ventas y Mercadeo, S.A.), cuyo salario según se desprende del cotejo de los comprobantes de pago se determina en SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON 74/100 (B/.662.74), por el término de un 435 días, según lo certifica la Dirección Nacional de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.

    Los dictámenes médicos observados son coincidentes en que el señor S.V. se mantuvo afectado desde que se produjo el accidente, debido a múltiples traumatismos recibidos en el cuerpo, principalmente por fractura del fémur y de calcáneo (pie) izquierdo, lo que le limitó la flexión en su rodilla y tobillo; que se ha recuperado de las lesiones sufridas, pero que actualmente presenta una Incapacidad Parcial Permanente del 25%, diagnosticada por la Caja de Seguro Social como Limitación de los movimientos de la articulación de la rodilla y tobillo izquierdo.

    En este punto hay que hacer mención al planteamiento del Procurador de la Administración, que la incapacidad del señor S.V. fue cubierta por el régimen de seguridad social, por lo que no debe reconocerse suma alguna bajo este concepto, porque como asegurado de la Caja de Seguro Social recibe una subvención por parte del Estado.

    En materia de seguridad social, el Decreto de Gabinete No. 68 de 31 de marzo de 1970, estipula la cobertura de diversos riesgos o contingencias, entre lo que se encuentran los Riesgos Profesionales, los que a su vez se dividen en Prestaciones Médicas, Prótesis y Ortopedia; Subsidio de Incapacidad Temporal; de la Incapacidad Permanente; y de las Prestaciones en Caso de Muerte.

    En este caso, el señor S.V. tenia derecho a cobertura de riesgos profesionales por haber sufrido un accidente de trabajo, lo que dio lugar a percibir un subsidio de incapacidad y posterior indemnización por incapacidad parcial permanente.

    Sobre estas prestaciones, los artículos 19, 26 y 27 del Decreto No. 68 de 1970, disponen:

    Artículo 19. Cuando a causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, el trabajador se incapacite temporalmente para el trabajo y por tal motivo deje de percibir el salario mientras no haya sido declarada la incapacidad permanente, tendrá derecho a un subsidio diario en dinero, desde el primer día de incapacidad cuantía igual a su salario durante los dos primeros meses, y el equivalente al 60% del mismo salario, hasta cuando, según dictamen de los médicos del Seguro, el trabajador se halle en condiciones de volver al trabajo, o se declare que no procede más el tratamiento curativo.

    Artículo 26. El incapacitado permanente parcial tendrá derecho a una pensión proporcional a la que le hubiese correspondido en caso de incapacidad permanente absoluta, y de acuerdo con el porcentaje de valuación de la incapacidad.

    Artículo 27. El incapacitado permanente absoluto tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 60% del salario.

    La cobertura de estos riesgos es de competencia obligatoria para la Caja de Seguro Social, por constituir prestaciones previstas en nuestra legislación de seguridad social, lo cual es independiente del deber del Estado de responder patrimonialmente por el perjuicio de incapacidad, ocasionado al señor S.V., derivado de la comisión de un delito imputable a un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

    En vista de la situación comentada, en concepto del rubro de Incapacidad se le reconoce la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 81/100 BALBOAS (B/.9,388.81) b. Gastos de Transporte. La suma cuya asignación es solicitada para este renglón asciende a MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.1,750), correspondiente a cinco meses de contrato de transporte, el que se argumenta que el señor S.V. se vio obligado a pactar para su movilización, posterior al accidente de tránsito.

    A foja 27 del expediente, reposa autenticada por Notario Público del Contrato de Transporte celebrado entre LUIS ST ROSE HERRERA y EDUARDO SANTOS VERGARA, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00) mensuales, durante los meses de junio a octubre del año 2003, para el traslado a las citas médicas, así como cualquier diligencia que tenga que realizar y acompañarlo.

    A criterio de la Sala debe reconocerse la cifra de MIL SETECIENTOS CINCUENTA (B/.1,750.00), lo que corresponde a cinco meses de duración del contrato de transporte aportado con la demanda.c. Gastos Legales. La parte actora tasa este rubro en la suma de TRES MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.3,500.00), atendiendo a los gastos legales que tuvo que incurrir el señor S.V. para garantizar su defensa y querellar como víctima del delito, además de las gestiones efectuadas ante la Aseguradora para el pago de la pérdida de su vehículo.

    Como prueba de ello, se presenta copia autenticada de dos (2) recibos de pago al licenciado C.S. por la cantidad de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) y DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00), por trámite de Querella Penal, Asesoría y Asistencia en Proceso Penal y Reclamo, con fecha de 27 de octubre de 2003 y 11 de enero de 2004, respectivamente. (F.28)

    Respecto a los honorarios profesionales del licenciado C.S., por un monto de TRES MIL BALBOAS (B/.3,000.00), se accede al pago de los mismos, ya que obedecen a gastos legales relacionados a la colisión de la cual resultaron los daños y perjuicios reclamados por el señor SANTOS VERGARA.d. Gastos Médicos. Al referirse a este rubro, el demandante reclama la cuantía de TRES MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.3,500.00); en sustento de lo cual se aprecian los documentos que describimos a continuación: d.1 Doce (12) recibos de pago por Terapia Física, en el Instituto de Rehabilitación S.F., con un costo de (B/.20.00) por sesión, correspondientes al período del 1 al 6 y del 8 al 13 de marzo de 2008, lo que representa la suma de DOSCIENTOS CUARENTA BALBOAS (B/.240.00). (Fs. 29-34 del expediente judicial)d.2 Dos (2) recibos de abono de pago por evaluación del M.. R.J. practicada al señor SANTOS VERGARA el 18 de diciembre de 2003 y el 28 de enero de 2004, por un monto de CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) y CIEN BALBOAS (B/.100.00) respectivamente. (Fs. 88-89 expediente judicial)

    Frente a los gastos médicos reclamados por el demandante, el Procurador de la Administración argumenta que se trata de servicios privados y que los mismos son brindados en las instituciones médicas de la Caja de Seguro Social, y por ello no se justifica su pago.

    La Sala indica sobre esta confrontación, que a pesar que son servicios médicos privados, se ha podido corroborar que los mismos fueron recibidos por el señor S.V. a consecuencia de las lesiones sufridas por el accidente de tránsito, y necesarias para el tratamiento de su dolencia.

    Por tanto, se reconoce la cifra de TRESCIENTOS NOVENTA BALBOAS (B/.390.00), lo que arroja los gastos médicos debidamente comprobados mediante recibos de pago que constan en el expediente.e. Lucro cesante. Este rubro fue cuantificado por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BALBOAS (B/.12,264), computo que se realizó en base a MIL VEINTIDÓS BALBOAS (B/.1.022.00) mensuales, multiplicado por DOCE (12) meses.

    Según se indica en la demanda, el señor S.V. dejó de percibir ganancias que recibía adicional a su salario, por el uso de su vehículo en el transporte y traslado de mercancía, en este caso de gaseosas, por ser concesionario de la Empresa Embotelladora Coca Cola (Panamá), lo que se dice le producía una entrada de MIL VEINTIDÓS BALBOAS (B/.1,022.00) mensuales.

    Se entiende por lucro cesante, el perjuicio ocasionado por el no ingreso de dineros o beneficios como consecuencia del hecho dañoso.

    La Sala no considera viable el pago del monto estimado por el peticionario, en concepto de lucro cesante, toda vez que no se aportaron los documentos que acrediten las presuntas remuneraciones adicionales al salario, que recibía el señor S.V., por razón del hecho dañino.

    Luego de examinados cada uno de los rubros señalados en concepto de daño material, la suma a pagar corresponde a CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 81/100 (B/.14,528.81)

    1. Daño Moral. Esta categoría abarca aquellos perjuicios que afectan el aspecto personal o emotivo, derivados de la violación de los derechos inherentes a la personalidad, como lo son el honor, la reputación, la fama, el decoro, la dignidad, la vida, la intimidad, entre otros.

    El Código Civil en el artículo 1644-A, se refiere al daño moral:

    "1644-A. ...

    Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.

    ...

    El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso."

    La citada disposición establece como regla para fijar el monto indemnizatorio, que el juzgador considere los factores descritos en la norma, los cuales recaen en la naturaleza del derecho lesionado, el grado de responsabilidad del sujeto generador del daño, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias relativas al perjuicio reclamado.

    Estos factores constituyen una herramienta de ayuda para la formación del criterio del juez, el cual debe basarse esencialmente en el principio de la sana crítica, toda vez que goza de amplios poderes discrecionales en materia de tasación de daños y perjuicios.

    El proponente de la demanda cuantifica el daño moral ocasionado al señor SANTOS VERGARA en SETENTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.75,000.00), ya que sostiene que como resultado del accidente, se vio afectado psíquica y emocionalmente, lo que se refleja en sus relaciones familiares.

    Las pruebas aportadas para la comprobación del daño moral son las siguientes:a. Informe Psicólogo Clínico del Perito de la parte actora, M.. R.J., de 17 de diciembre de 2003, visible de la foja 35 a la 37 del expediente.

    En dicho informe se certifica que el señor S.V. fue evaluado a través de varias entrevistas psicológicas y la aplicación del Test de Multifasico de la Personalidad de Minnessota (MMPI), de lo cual consideró que el cuadro presentado corresponde al Trastorno Mixto Ansioso-depresivo, cuyas características diagnóstica describe que consisten en lo siguiente:

    "un estado de ánimo disfórico persistente o recurrente que tiene una duración de al menos 1 mes. Este estado de ánimo se acompaña de síntomas adicionales de idéntica duración, entre los cuales se incluyen un mínimo de cuatro de los siguientes: dificultades de concentración o de memoria, trastornos del sueño, fatiga o falta de energía, irritabilidad, preocupación, llanto fácil, hipervigilancia, anticipación de peligro, desesperanza o pesimismo ante el futuro y baja autoestima o sentimientos de inutilidad. Estos síntomas provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El trastorno mixto ansioso-depresivo no debe considerarse cuando los síntomas se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica, o si en algún momento el individuo ha cumplido los criterios diagnósticos para trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno de angustia o trastorno de ansiedad generalizada." (Fs. 36-37)

    El especialista recomienda que el señor S.V. se someta a terapia psicoanalítica individual y con su familia, por un período aproximado de un año (50 sesiones), con el propósito de ayudar con el trastorno mixto ansioso-depresivo que padece, lo que genera sentimientos de inadecuación y depresivos. b. Informe Pericial Psiquiátrico del Perito de la Procuraduría de la Administración, D.E.E., de 6 de diciembre de 2006, consultable de la foja 125 a la 129 del expediente.

    El perito señala que el examen psiquiátrico realizado al señor S.V. no demuestra que tenga daño psicológico en la actualidad. En este sentido, específica que no hay evidencias clínicas de patología mental del tipo de trastorno de estrés pos traumático, depresiones, psicosis, enfermedad bipolar, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad no específicos.

    No obstante lo antes reseñado, en el informe se reconoce que la colisión causo impacto, describiendo lo siguiente:

    Sin embargo, el señor S.V. padeció una experiencia traumática intensa, en la que recibió heridas en su cuerpo y dos personas fallecieron siendo este acontecimiento inesperado y nunca antes experimentado por él, además pasó por un proceso de rehabilitación largo y penoso ..., lo que le puedo haber provocado una situación de angustia y temor que quizás por las fortalezas emocionales propias del paciente y previas al accidente, no permitieron que se convirtiera en una patología mental."

    En estas condiciones, el doctor ESCOBAR concluye que: "el señor E.S.V. ha tenido una sólida defensa emocional que le permitió sobrevivir al trauma recibido sin presentar patología psicológica en la actualidad."c. Informe del Psicólogo Clínico, F.M., quien realizó evaluación al señor SANTOS VERGARA por parte de la Caja de Seguro Social, con fecha de 12 de diciembre de 2006. (Fs. 130-133)

    En dicho informe se indica como diagnóstico sugerido, Trastorno Adaptivo Mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo, el cual fue interpretado así:

    Interpretación del Dx: Pensamos en un trastorno adaptativo debido las reacciones a varios estresantes identificables como la perdida del empleo anterior y al deterioro de la actividad social y profesional del paciente debido a la baja significativa de sus ingresos personales.

    Los dictámenes observados reflejan que el señor S.V. resultó afectado por el accidente de tránsito ocurrido, en cuanto al aspecto sentimental, social y laboral. Dicha afectación se traduce en sentimientos de inadecuación y depresivos, que inciden en su calidad de vida, lo cual requiere de un proceso de rehabilitación para su mejoramiento.

    La afección psicológica del señor S.V., debe ser considerada en relación a la condición en que se encontraba a la fecha del accidente, como lo es la edad de 36 años, casado, con dos hijas, la menor de seis meses, se desempeñaba en un trabajo estable como promotor de ventas de una compañía, y gozaba de buen estado de salud.

    Respecto al plano laboral, se indica en el informe pericial a foja 125, que transcurrido poco más de un año del accidente, retornó a su trabajo de donde fue despedido en 15 días y tardó dos años en obtener un trabajo permanente, lo cual incide en el ingreso que aportaba para el sustento de su familia.

    Los supuestos comentados acreditan que el señor S.V. ha atravesado una difícil situación desde el accidente automovilístico, provocándole sentimientos de ansiedad y zozobra ante el inesperado cambio provocado en su vida, acompañado que su estado físico no es igual al que tenía previo al suceso.

    Tomando en consideración estas circunstancias, los elementos probatorios aportados, en aplicación a la sana crítica, es viable para este Tribunal reconocer la cuantía reclamada en torno al daño moral alegado en la demanda, de SETENTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.75,000.00).

    Por todo lo anterior, la totalidad del monto indemnizatorio a pagar es de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 81/100 (B/.89,528.81).

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONDENA AL ESTADO PANAMEÑO (Policía Nacional, dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia) a pagar a E.S.V., la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 81/100 (B/.89,528.81), en concepto de indemnización por daños materiales y morales, sufridos por el delito de lesiones personales del que fue víctima por parte de L.C.M., miembro de la Policía Nacional, que actuaba en ejercicio de sus funciones.

    N..

    ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    VICTOR L. BENAVIDES P. -- WINSTON SPADAFORA FRANCO

    JANINA SMALL (Secretaria)