Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Febrero de 2007
| Ponente | Winston Spadafora Franco |
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral |
VISTOS:
En grado de apelación, conoce el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema, de la demanda contencioso administrativa de indemnización promovida por el licenciado I.D., en representación de ECONO-FINANZAS, S.A., a fin de que se condene a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Estado Panameño), a pagar la suma de B/.100,000.00 en concepto de daños y perjuicios ocasionados con la transferencia ilegal del certificado de operación No. 8B-2696, en detrimento de la empresa ECONO-FINANZAS S.A.
Mediante providencia de 11 de octubre de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, por considerar que el libelo cumplía con los requisitos formales que le conceden viabilidad.
Este acto procesal fue apelado por el Procurador de la Administración, mediante V.F. No. 815 de 9 de noviembre de 2006, argumentando en lo medular, que el accionante erró la vía para hacer valer los derechos de su representada, toda vez que ha interpuesto una acción de indemnización contra el Estado, en lugar de solicitar la ejecución de la resolución judicial dictada por la propia Sala Tercera de la Corte, mediante sentencia de 27 de marzo de 2006.
En tal sentido resalta, que el recurrente fue claro en su demanda al señalar que pese a la decisión de la Corte, "la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se ha negado a cumplir lo ordenado, entrando en claro desacato a la majestad de la Sala"
En virtud de ello, el Ministerio Público estima que lo que correspondía era solicitar la ejecución de la sentencia de la Sala Tercera, por lo que pide al Tribunal de apelación la revocatoria de la providencia de admisión de la demanda.
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ARGUMENTOS DEL OPOSITOR DE LA APELACION
La empresa ECONO-FINANZASS.A., refuta las objeciones esgrimidas por la Procuraduría de la Administración, señalando en primer término, que la empresa no busca la ejecución de una resolución judicial, sino obtener el resarcimiento de los daños, lucro cesante, honorarios y gastos que le fueron ocasionados por la Autoridad de Tránsito, con su acto administrativo declarado ilegal, y así se desprende en forma clara, del petitum de la demanda.
Subraya finalmente, que la demanda cumplió con todos los requisitos formales que exige la ley y la jurisprudencia para este tipo de demandas, razón por la cual solicita al Tribunal que haga valer la tutela judicial efectiva, y se confirme la providencia de admisión de la demanda de indemnización promovida contra la Autoridad de Tránsito y Transporte...
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