Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Julio de 2006

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 7 de Julio de 2006
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Lcdo. R.R.P., actuando en representación TROPAC MARITIME INC., ha presentado demanda contencioso administrativa directa de indemnización, por los daños y perjuicios ocasionados a su representada, contra el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por la responsabilidad extracontractual que le atañe, a fin de que, previo los trámites pertinentes, sea condenado a pagar a nuestra mandante, la suma de cuatro millones ochocientos dos mil ciento setenta y nueve balboas con 20/100 (B/.4,802,179.20) en concepto de capital, más costas, gastos e intereses.

La demanda fue admitida en resolución de 18 de abril de 2001, y en la misma se ordenó correr traslado de la resolución al Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y a la Procuradora de la Administración.

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida a la Sala a fin de que declare que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es responsable por los daños y perjuicios causados a la sociedad Tropac Maritime INC., al haber impartido órdenes arbitrarias e ilegales que le impidieron cumplir compromisos contractuales contraídos con la empresa Fuel and Marine Markeing Antilles Limited (anteriormente Texaco Antilles Limites) y ocasionaron daños a la nave Chilibre. Como consecuencia de ello, se ordene al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sea condenado a pagar a T.M.I., la suma de cuatro millones ochocientos dos mil ciento setenta y nueve balboas con 20/100 (4,802,179.20) en concepto de capital, más costas gastos e intereses, desglosado en los siguientes rubros:

1) SERVICIOS DE MUELLAJE PUERTO SAMBA BONITA B/.15,867.85

(Del 6 de abril al 26 de julio de 2000)

2) CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10,454.66

3) LIMPIEZA DE TANQUES DE LA BARCAZA DE CHILIBRE 10,589.51

4) SERVICIOS DE MUELLAJE PUERTO SAMBA BONITA 1,964.06

(Del 7 de agosto al 29 de septiembre de 2000)

5) REPARACIONES EN LA EMPRESA DE ASTILLEROS

NAVAL 303,613.12

6) COSTO DE FLETE

  1. Del 5 de abril de 2000 al 7 de febrero de 2001-308 días

Por US$3,000 diarios 3,528,000.00

7) HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A PORRAS

PORRAS 7,690.00

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la demanda, figura que el º1 de mayo de 1999, T.M.I., celebró un contrato de fletamento por tiempo definido para el trasiego de petróleo, por un período de 5 años con Fuel and M.M.A.L. (Anteriormente Texaco Antilles Limited) para lo cual T.M.I., utilizó la motonave Chilibre; según la Cláusula Segunda de ese contrato, por dicho trasbordo se pagaría a T.M.I., la suma de TRES MIL DOLARES, moneda de uso legal en los Estados Unidos de América (USS$3,000.00) diarios equivalentes a TRES MIL BALBOAS diarios.

Se señala que el Sindicato de Trabajadores de Servicios Marítimos Remolcadores, Barcazas y Afines de Panamá (SITRASERMAP) presentó un pliego de peticiones contra Kolney Co. I. y Tropac Maritime Inc., ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, contra el cual T.M.I., formuló escrito de oposición en razón de que esos trabajadores nunca laboraron para Tropac Maritime Inc. Se destaca que el D. General de Trabajo aceptó el Pliego de Peticiones presentado contra la empresa Kolney Co., Inc., y "rechazó de plano por improcedente" el mismo pliego contra Tropac Maritime Inc., al no acreditarse que los trabajadores que presentaron el pliego laboraban para esta empresa. Según la firma P. y Porras, contra esta resolución no fue interpuesto recurso alguno razón por la que quedó ejecutoriada.

Se plantea que el 29 de febrero de 2000, se venció el término de la conciliación, y que el sindicato y K.C.I., llegaron a acuerdos satisfactorios en casi todos los puntos, salvo lo referente al cálculo de horas extras; el 30 de marzo de 2000, el sindicato presentó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, escrito de declaratoria de huelga, que se inició el 5 de abril, a las 8:30 A.M. Para ese día, según la apoderada de la parte actora, Tropac Maritime Inc., no era parte en las negociaciones ni tenía relación con las reclamaciones formuladas, mas la Directora Regional de Trabajo de C. ordenó al Capitán de la nave Chilibre que atracara en el Puerto de Samba Bonita, con el fin de hacer el conteo de los trabajadores que apoyaban la huelga, ordenó que los marinos descendieran del barco y notificó al Capitán que, por orden del Ministerio de Trabajo Desarrollo Laboral, la nave quedaba retenida y custodiada por la policía nacional con los huelguistas a bordo de la nave. Mediante Nota Nº431 DGT-00 de 19 de abril de 2000, el Lcdo. S.C., Sub-Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, notificó a la señora A.M., Director Regional de Trabajo de Colón, que el Ministerio de Trabajo había tomado directrices contra la empresa Kolney Co., Inc., como el desalojo inmediato de los trabajadores y empleadores de la barcaza Chilibre, para lo cual se ordenó a la Policía que garantizaran el desalojo y la protección de la barcaza, como también fue dispuesto que la barcaza se fondeara en un lugar cerca de tierra firme donde la policía y trabajadores puedan custodiarla y no estorbara a las actividades del Puerto de Samba Bonita.

En razón de la medida se presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Nota Nº 431-DGT-00 de 19 de abril de 2000, emitida por la Dirección General de Trabajo por ser violatoria de los derechos y garantías consagrados de la Constitución Nacional, y en sentencia de 7 de julio de 2000, la demanda fue concedida, razón por la que se revocó la orden de retener la nave Chilibre.

Sostiene la firma recurrente, que como consecuencia de la medida arbitraria e ilegal impartida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la motonave Chilibre permaneció retenida desde el 6 de abril de 2000, hasta el 18 de julio de mismo año, es decir, 105 días. A ello añade que mientras la motonave permaneció en el Puerto de Samba Bonita por orden del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, sumado el tiempo que necesitó para hacerle un lavado a los tanques, pagó servicios de muellaje por diecisiete mil ochocientos treinta y un balboas con 91/100 (B/17,831.91); por haber permanecido inactiva por más de tres meses, se afirma que la motonave Chilibre sufrió daños en sus máquinas y tanques que le impidieron efectuar el transporte de petróleo a que se había comprometido contractualmente con la empresa Fuel and Marine Marketing Antilles Limited (anteriormente Texaco Antilles Limited), para lo cual fue trasladada a la empresa Astilleros Naval, ubicada en Cartagena Colombia, donde permaneció desde el 2 de octubre de 2000 hasta el 17 de diciembre de ese mismo año. La limpieza de los tanques tuvo un costo de diez mil quinientos ochenta y nueve balboas con 51/100 (B/10,589.51) y la reparación tuvo un costo de trescientos tres mil seiscientos trece dólares con 12/100 (US$303,613.12); durante ese tiempo no pudo dar cumplimiento al contrato de trasiego de petróleo. También se indica que el movimiento que tuvo la nave tanto a nivel nacional como internacional después que fue liberada, consumió combustible por la suma de diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro balboas con 66/100 (B/10,454.66).

Finalmente señala que de conformidad a la cláusula sexta, numeral 2 del contrato en mención, figura como causa de terminación del contrato, la detención de la nave por autoridades, especificándose siempre que no es capaz de prestar el servicio a la fletadora por un período de 15 o más, la fletadora mediante aviso escrito tiene el derecho de elegir entre cancelar el fletamento o suspenderlo. En el numeral cinco de la misma cláusula, se estableció como causa de terminación huelgas, paros o disturbios laborales, si la paralización tarda 15 días o más. Es así que la empresa Fuel and Marine Marketing Antilles Limited, mediante Nota de 7 de febrero de 2001, comunicó a Tropac Maritime Inc., que en atención a lo estipulado en los numerales 2 y 5 de la Cláusula Sexta del Contrato cancela el Contrato de Fletamento por Tiempo Definido. Según la recurrente, la pérdida del contrato fue resultado de la paralización de la nave por la orden arbitraria que impartiera el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y del tiempo que permaneció inactiva mientras recibía reparaciones, razón por la que dejó de percibir un concepto de flete, desde el 8 de febrero de 2001 hasta el 30 de abril de 2004 (fecha de terminación del contrato) la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOLARES, moneda de uso legal en los Estados Unidos de América (US$3,528,000.00) equivalente a B/3,528,000.00 y por las gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Corte Suprema de Justicia, relacionada a este caso, Tropac Maritime Inc., pagó honorarios profesionales por siete mil seiscientos noventa balboas (B/.7,690.00)

Entre las disposiciones que la firma Porras y P. alegan como violadas, figuran el artículo 493, numeral 1 del Código de Trabajo; el artículo 194 de la Ley 8 de 1982 y los artículos 974, 1644 y 1645, párrafo 4º del Código Civil que dicen:

CODIGO DE TRABAJO

ARTICULO 493: La huelga legal produce los siguientes efectos:

1.-El cierre inmediato de la empresa, establecimiento o negocio afectado. Una vez iniciada la huelga, la Inspección o Dirección Regional o General de Trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que garanticen el cierre y protejan debidamente a las personas y propiedades.

LEY 8 DE 1982

""ARTICULO 194: Será de competencia privativa de los tribunales marítimos la ejecución y levantamiento de secuestros dirigidos contra naves, su combustible, carga a bordo o flete, decretado por un tribunal que no es competente para conocer de las causas que surjan del ejercicio del comercio y tráfico marítimo."

CODIGO CIVIL

ARTICULO 974: Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

ARTICULO 1644: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados.

"ARTICULO 1645: La obligación que impone el artículo 1644 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por lo de aquellas personas de quienes se debe responder.

...

Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones."

La firma Porras y P. sustenta la violación por indebida aplicación que alega al artículo 493 numeral 1 del Código de Trabajo, sobre la base de que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral con la orden impartida, pasó por alto que la motonave Chilibre no es una empresa ni un establecimiento, ni resultaba afectada por declaratoria de huelga, pues, la Dirección General de Trabajo, en Resolución Nº28-DGT-00 de 9 de enero de 2000, había declarado que T.M. Inc., no era parte en las negociaciones colectivas. Y aún cuando procediera, destaca que en atención a la norma, el cierre o la paralización tendría que efectuarla la empresa y no la autoridad.

También señala que en caso de Tropac Maritime Inc., hubiese sido parte en las negociaciones del pliego presentado por SITRASERMAP, el Ministerio de Trabajo tendría que haber ordenado al Tribunal Marítimo que retuviera la nave Chilibre. La falta de competencia que tiene el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para ordenar la retención de la motonave Chilibre, conlleva la violación por omisión del artículo 194 de la Ley 8 de 1982. Lo anterior se une al hecho de que ni el propietario ni su arrendatario eran parte en las negociaciones.

El artículo 974 del Código Civil, para la recurrente se viola de manera directa por omisión, toda vez que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral incurrió en actos arbitrarios, en abierta violación de las leyes que gobiernan la materia, razón por la cual ha contraído una serie de obligaciones con su mandante Tropac Maritime Inc., por los daños y perjuicios que le ocasionó, al mantener paralizada a la nave Chilibre or 105 días, impidiéndole que cumpliera compromisos contractuales. También señala la violación por omisión del artículo 1644 y 1645 párrafo 4º del Código Civil, pues, los actos arbitrarios realizados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, causaron graves daños a Tropac Maritime Inc.

INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

De fojas 82 a 85 del expediente, figura mediante Nota Nº361-DM/2001 de 27 de abril de 2001, el informe explicativo de conducta rendido por el Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Según el Viceministro, KOLNEY CO. INC es la empresa que contrató a los trabajadores mantenía el vínculo laboral con los mismos, mientras que TROPAC MARITIME INC., arrendó la Barcaza Chilibre para que KOLNEY CO. INC., transportara combustible a los barcos que solicitaran sus servicios. En su opinión, es obvio que una huelga contra KOLNEY CO. Únicamente iba a ser "un ripio legal sin efecto alguno" por considerar que la empresa sólo contrata y enrola a los trabajadores sin ningún respaldo económico, toda vez que TROPAC MARITIME INC., continuaría desplazándose por el mar en la Barcaza Chilibre realizando el trasiego de combustible, mientras que los trabajadores al realizar una huelga en el Puerto de no tomar las medidas de ordenar el cierre de la empresa serían vulnerados los derechos de los trabajadores. Afirma el Viceministro que lo anterior tiene fundamento en los artículos 493, 494, 495, 496 y 497 del Código de Trabajo.

Destaca que debe tenerse presente que la huelga es un derecho universalmente reconocido por Convenios Internacionales y la Constitución Nacional. Es, pues, en razón de ello y ante la declaratoria de huelga por parte del sindicato y la comprobación de que la misma contaba con el apoyo de los trabajadores a través del conteo realizado por la Dirección Regional de Trabajo de Colón, que el Ministerio de Trabajo no podía realizar ninguna acción legal para prohibir dicha huelga, dado que una vez declarada, sólo puede ser declarada ilegal por un Juzgado Seccional de Trabajo y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Trabajo, que forman parte del Organo Judicial.

Los apoderados legales de las empresas TROPAC MARITIME INC., y KOLNEY CO.INC , señala el Viceministro presentaron formalmente demanda de ilegalidad de la huelga ante el Juzgado Seccional de Trabajo de Colón y en Sentencia Nº5 de 10 de mayo de 2000, fue declarada legal, decisión que fue confirmada con la Sentencia de 18 de mayo de 2000 por el Tribunal Superior de Trabajo.

Finalmente sostiene, que ante los mencionados fallos que reconocen la legalidad de la huelga, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no le queda otra alternativa que seguir garantizando el derecho de los trabajadores huelguistas e igualmente indica que, contrario a lo afirmado por los demandantes, que la Dirección General de Trabajo no ha emitido ninguna orden de retención de la barcaza Chilibre.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal Nº 316 de 3 de julio de 2001, que reposa de fojas 86 a 112 se opone a los criterios expuestos por la demandante, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones.

Según la Procuradora de la Administración, al proceso que nos ocupa no es aplicable el numeral 8 del artículo 98 del Código Judicial, previsto para cuando deban responder personalmente los funcionarios del Estado y las restantes entidades públicas por razón de daños o perjuicios causados por actos que le corresponde a esta Sala reformar o anular, pues, no se trata de una situación en la deban responder los servidores públicos por razón de daños o perjuicios causados como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo. Ello lo señala en razón de que los demandantes sustentan su pretensión en una sentencia emanada del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 7 de julio de 2000, que resolvió un amparo de garantías constitucionales.

En cuanto al numeral 10 el artículo 98 del Código, donde está previsto que la Sala Tercera conocerá de las demanda de indemnización en las que sea responsable el Estado y las demás entidades del Estado, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos, para la Procuradora de la Administración tampoco es aplicable, dado que no se está ante una situación en la que se esté demandado la presteción defectuosa o deficiente de servicios públicos que deba brindar el Estado a los asociados.

De igual forma no es de aplicación a este caso el numeral 9 del artículo 98 del Código Judicial, ya que según la Procuradora de la Administración, no hay responsabilidad por parte del Estado, como consecuencia de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. Lo anterior se debe a que la actuación de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se ajustan a lo dispuesto en materia de "huelgas" en el Código de Trabajo. La Procuradora sostiene que el Ministerio de Trabajo no emitió orden de secuestro de la nave, sino que lo que se verificó fue una situación de huelga que en su oportunidad fue declarada legal con el cierre del centro de trabajo, la Barcaza Chilibre.

Finalmente indica que las autoridades del Ministerio de Trabajo no han transgredido la Ley, contratos, cuasicontrato, ni ha incurrido en actos u omisiones ilícitos en los que ha intervenido culpa o negligencia, razón por la ni el Estado, las instituciones descentralizadas del Estado ni el Municipio son responsables, hecho que queda demostrado con la expedición de las sentencias del Juzgado Primero Seccional de Trabajo de C. y del Tribunal Superior antes mencionadas, donde se declaró legal la huelga.

DECISIÓN DE LA SALA

Evacuados los trámites de rigor, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Queda visto que TROPAC MARITIME INC., debidamente representada por la firma Porras y Porras, ha invocado la intervención de lo contencioso administrativo a fin de que se condene al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a pagar la suma de Cuatro Millones Ochocientos Dos Mil Ciento Setenta y Nueve Balboas con 20/1000 (B/4,802,179.20) en concepto de capital, más costas, gastos e intereses, que en líneas precedentes fueron desglosados.

La responsabilidad por daños y perjuicios que TROPAC MARITINE INC., imputa al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, surge luego de que fueran decretadas por esta entidad, órdenes a juicio de la firma recurrente arbitrarias e ilegales, como lo es que mediante N. Nº 431-DGT-00 de 19 de abril de 2000 se dispusiera que en razón de la huelga decretada por el SITRASERMAP, se detuviera la Barcaza Chilibre, la cual se encuentra arrendada por su representada y no por la empleadora que viene a ser la empresa KOLNEY CO. INC.. Asegura que las medidas impuestas le impidieron cumplir compromisos contractuales contraídos con la empresa Fuel and Marine Marketing Antilles Limited (anteriormente Texaco Antilles Limited) y le ocasionaron daños a la nave Chilibre fletada por su cliente.

Está plenamente acreditado en autos que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 7 julio de 2000, expedida en ocasión de la acción de amparo de garantías constitucionales presentado por la firma Porras y P. en representación de TROPAC MARITIME, INC., contra la orden de hacer contenida en la Nota Nº431-DGT-00 de 19 de abril de 2000, emitida por la Dirección General de Trabajo, concedió el amparo y revocó la orden impugnada. En esa oportunidad señaló que la empleadora contra la cual se llevó a cabo la huelga lo constituye KOLNEY CO. INC., y no TROPAC MARITIME, INC., de modo que se está reteniendo una barcaza que no es propiedad de la empleadora de los huelguistas. Asimismo dispuso el Pleno que no existe relación laboral de los demandantes con la empresa TROPAC MARITIME INC., ni existe dependencia económica o subordinación jurídica de los trabajadores suscriptores del Pliego para con dicha empresa, de tal forma que no se puede considerar como su empleadora. Finalmente el Pleno no entró a considerar la legalidad de la huelga, pues, es competencia de los Juzgado de Trabajo, pero sí dejó claramente indicado que con la retención de la nave Chilibre, se violó el debido proceso y la garantía a la propiedad privada en perjucio de la sociedad recurrente, derechos que son tutelados por nuestra Constitución Política, pues las autoridades de trabajo no pueden conculcar el derecho a la propiedad que poseen terceros, so pretexto de cumplir con la normativa laboral (fs. 53 a 61).

I.-La falla del servicio público debe ser la causa directa del daño.

La responsabilidad extracontractual del Estado surge cuando concurran tres elementos, a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño. Así lo ha señalado la jurisprudencia de nuestra tradición jurídica contencioso administrativa, particularmente la colombiana (Sentencia de 31 de mayo de 1990 del Consejo de Estado, expediente 5847) y la francesa.

La relación de causalidad entre la falla del servicio y el daño debe ser directa. Así el tratadista francés A. De Laubadére ha señalado que el daño debe tener frente a la acción administrativa una relación de causalidad directa y cierta (Sentencia de 4 de octubre de 1968 caso Doukakis).

En este caso es evidente la relación de causalidad directa entre la falla del servicio administrativo y el daño, que se configura con la expedición de una orden para la retención y custodia de la nave Chilibre, que no es propiedad de la empleadora de los huelguitas, a raíz de la cual, ciertamente por las razones antes indicadas, TROPAC MARITIME INC., perdió el contrato como consecuencia de la paralización de la nave y del tiempo que permaneció inactiva mientras recibía las reparaciones.

Debe, pues, el Estado reparar el daño causado a TROPAC MARITIME INC., en atención a lo que figura previsto en el artículo 1644 y 1645 del Código Civil, que le imputa responsabilidad al Estado cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponde la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones.

  1. Los daños y perjuicios reclamados en indemnización.

La doctrina y la jurisprudencia conceptúan el daño resarcible como el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económico que lo componen (daño patrimonial o material) y también la lesión a los sentimientos, al honor o las afecciones (daño moral).

Tradicionalmente los daños patrimoniales o materiales incluyen el daño emergente y el lucro cesante. G.M.R. define daño emergente como "el empobrecimiento directo del patrimonio del perjudicado...lo conforma lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender el daño y sus efectos o consecuencias". Lucro cesante lo define como "la frustración o privación de un aumento patrimonial. La falta de rendimiento, de productividad, originada por los hechos dañosos." Responsabilidad Civil Extracontractual, 8ªedición, Biblioteca Jurídica Diké, 1995, págs 194 y 195.

De conformidad a lo anotado, el examen de la Sala se circunscribe entonces a la determinación de si los perjuicios que reclama el recurrente a raíz de los hechos ya enunciados, han sido debidamente acreditados en autos.

  1. -Las pruebas aportadas

    a.-Daño Material

    Analizado el caudal probatorio, no cabe duda que los daños materiales alegados, son una consecuencia directa de la falla del servicio administrativo.

    De fojas 21 a 50 del expediente, figura la traducción notariada del Contrato de Fletamento por Tiempo Definido, mediante el cual las empresas TROPAC MARITIME INC., y FUEL AND MARINE MARKETING ANTILLES LIMITED (anteriormente llamada Texaco Antilles Limited), celebraron un contrato de fletamento por tiempo definido, y se dispuso que TROPAC MARITIME INC., utilizaría la motonave Chilibre para transportar petróleo y productos similares en aguas territoriales en la República de Panamá, por el término prorrogable de 5 años, a cambio del pago de B/3,000.00 diarios, en concepto de alquiler.

    La orden impartida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el 6 de abril de 2000, en efecto motivó que T.M. I., se viera imposibilitada de cumplir el compromiso de transportar el material a que se había comprometido, con la consiguiente pérdida de B/3,000.00 diarios, que se prolongó hasta el 18 de julio de ese año, cuando la Directora Regional de Trabajo de C. levantó la retención (f.120)

    Asimismo pudo demostrarse que luego del levantamiento de la retención de la motonave Chilibre, ésta continuó inhabilitada para trasegar petróleo, pues, fue objeto de reparaciones tanto en Panamá como Cartagena, Colombia, según declaraciones de C.B. y M.A.D. visible de fojas 290 a 294 del expediente.

    Lo anterior generó, que FUEL AND MARINE MARKETING ANTILLES LIMITED (anteriormente Texaco Antilles Limited), mediante Nota Nº010-FAMM de 7 de febrero de 2001 que reposa a foja 52 debidamente traducida y autenticada, decretara la ruptura del contrato con fundamento en los numerales 2 y 5 de la Cláusula Sexta del contrato. Dicha medida evidentemente significó una perdida de B/3,528,000.00 que es el resultado de la operación matemática de multiplicar B/3,000.00 por los días transcurridos entre la fecha de la nota del Ministerio de Trabajo de 19 de abril de 2000, y el 30 de abril de 2004, cuando hubiese terminado el contrato .

    La parte actora alega otras pérdidas generadas como consecuencia de la orden del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de retención de la nave Chilibre, entre las que figuran gastos por servicios muellaje, limpieza de los tanques de la barcaza Chilibre y la reparación de la motonave Chilibre en la empresa Astilleros Naval, ubicada en la República de Colombia. Importante resulta anotar que la Procuradora de la Administración en su alegato final (fs.413-420), respecto a los gastos por servicios de muellaje que alega la parte actora, indica que en sesión judicial practicada por la Sala Tercera el 5 de septiembre de 2000 en la que se recibieron explicaciones de los peritos designados por las partes, pudo establecerse, en atención con el concepto definido (vía certificación ) por la misma empresa CORAL MINERA, S.A., (f.300) "que en el buque no se efectuó ninguna actividad de muellaje", pues "la barcaza Chilibre no recibió ni entregó carga hacia el muelle ni hacia alguna otra nave". Foja 364 figura la certificación que rindiera el Director de Asesoría Jurídica de la Autoridad Marítima de Panamá, que así lo corrobora.

    Examinado entonces el material probatorio, la Sala estima que las pruebas aportadas para acreditar el daño resarcible, específicamente el daño emergente, no son concluyentes para establecer la cuantía que reclama el demandante en este concepto, pues son evidentes zanjadas contradicciones. De fojas 331 a 336 del expediente, figuran los resultados de la diligencia exhibitoria practicada sobre los libros de contabilidad y documentos que reposan en la Empresa CORAL MINERA S.A.., efectuada por los peritos designados por la parte actora, para determinar las sumas de dineros pagados por la empresa TROPAC MARITIME, INC., en concepto de servicio de muellaje de la motonave Chilibre en el Muelle Samba Bonita, ubicado en Cativá, Provincia de Colón, entre el 5 de abril y el 26 de julio de 2000. Según la mencionada diligencia, las sumas de dinero recibidos de Tropac Maritime Inc., en ese concepto asciende a B/15,867.85, suma establecida luego de analizar notas de cargo emitida por CORAL MINERA S.A., a R.R., R. Shipping Management Services, S.A., según se explica por ser el agente naviero armador o dueño de la motonave Chilibre. De la misma diligencia figuran los resultados de los peritos designados por la Procuraduría de la Administración, quienes son enfáticos en sostener que los cargos cobrados por la Empresa CORAL MINERA, S.A., se refieren a cargos cobrados en concepto de otros rubros y no por cargos de muellaje, ya que en las facturas en el rubro de muellaje no aparece valor alguno (fs. 298-299)

    También figura el resultado de la acción exhibitoria llevada a cabo sobre los libros de contabilidad y documentos que reposan en la Empresa FAMM ANTILLES LIMITED PANAMA (TEXACO), para determinar las sumas de dineros pagadas por la empresa TROPAC MARITIME INC., en concepto de limpieza de los tanques de la motonave Chilibre, en el Puerto Bahía Las Minas, ubicado en Cativá, entre el 27 de julio y el 31 de julio de 2000. En la diligencia efectuada por los peritos designados por la parte actora pudo establecerse que la suma de dinero pagada por TROPAC MARITIME INC., por servicios de limpieza de los tanques de la motonave Chilibre, entre el 27 de julio y el 31 de julio de 2000, fue de B/2,700.00., mientras que en el resultado de la diligencia efectuada por los peritos de la Administración (fs.355-358 y 338-339) que en dichos período no existen pagos y que la cantidad señalada por la parte actora "en concepto de limpieza" corresponde a la factura Nº263 de 28 de agosto de 2000, mediante C.N..

    Tampoco se demuestra de manera fehaciente que la suma a la que ascienden los gastos de combustible sea de B/10,454.66, tal como se plantea en la demanda.

    Finalmente, en cuanto a los gastos de reparación de la motonave Chilibre en la empresa Astilleros Naval, ubicada en la República de Colombia, que según afirma la parte actora, ascienden a la suma de B/303,613.12 dólares o balboas, la Sala igualmente los desestima, en razón de que la documentación que los sustentan no se aportó al expediente debidamente autenticada ni reconocida. Así lo dispuso el Magistrado Sustanciador en resolución de 24 de mayo de 2002, que está visible a fojas 153 y 154 del expediente.

    Todo lo anterior lleva a esta S. a considerar que la condena indemnizatoria que procede en este caso es parcial, en la que medida que sólo se accede a la indemnización del daño material en lo que respecta al lucro cesante, pues, en lo que respecta al daño emergente, deberá liquidarse conforme a los trámites establecidos en los artículos 996 y siguientes del Código Judicial. El trámite de condena en abstracto es aplicable al proceso contencioso administrativo, a tenor de lo previsto en el artículo 57c de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, en concordancia con el artículo 98 del Código Judicial.

    La Sala accede al pago de honorarios profesionales a P. y P. por la suma de B/7,690.00

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

  2. -CONDENA AL ESTADO PANAMEÑO a indemnizar a TROPAC MARITIME INC., por los daños y perjuicios causados a consecuencia de la orden de retención de la Motonave Chilibre proferida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

  3. -En atención a que los perjuicios causados configurados como daño patrimonial, sólo pudieron ser debidamente tasados por el Tribunal, en lo que respecta al Lucro Cesante, en lo que respecta al Daño Emergente, por lo escaso del material probatorio que lo sustenta, la condena es en ABSTRACTO, y deberá liquidarse de acuerdo a los trámites previstos en los artículos 996 y siguientes del Código Judicial. El trámite de condena en abstracto es aplicable en este caso, a tenor de los previsto en el artículo 57c de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, en concordancia con el artículo 98 del Código Judicial.

  4. -ORDENA AL ESTADO PANAMEÑO a pagar a TROPAC MARITIME INC., en concepto de indemnización por el lucro cesante, la suma de tres millones quinientos veintiocho mil balboas (B/3,528.000.00).

  5. -SE ORDENA el pago por honorarios profesionales a P. y P., por la suma de B/7,690.00.

    Notifíquese Y CUMPLASE

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    JANINA SMALL (Secretaria)

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