Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 3 de Abril de 2003

Ponente:Rogelio A. Fábrega Zarak
Fecha de Resolución: 3 de Abril de 2003
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

OLGA MARÍA ORTIZ DE ESPINO INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA Nº103, DEL 21 DE MARZO DE 1999, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA, DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INCOADO POR MANUEL ESPINO DOMÍNGUEZ CONTRA OLGA MARÍA ORTIZ DE ESPINO

 

VISTOS:

El licenciado LEOSMAR ALBERTO TRISTÁN, actuando en representación de la señora O.M.O.D.E., promovió ante esta Sala, recurso de revisión contra la Sentencia Nº103, de 21 de marzo de 1999, proferida por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de divorcio presentado por el señor M.E.D. contra O.M.O. DE ESPINO.

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de revisión se fundamenta en la causal prevista en el artículo 1189 (1204 actual), numeral 9º del Código Judicial que reza así:

ARTICULO 1204. Habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada, por un Tribunal Superior o por un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aun existiendo el Recurso de Apelación, éste no se haya surtido por cualquiera de los siguientes motivos:

...

9. Si una parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso, siempre que en uno y otro caso no haya mediado ratificación expresa o tácita de dicha parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso.

...

Los seis (6) hechos en que se fundamenta el recurso, se transcriben a continuación:

PRIMERO: Nos sirve de sustento para invocar la causal el hecho de que la señora O.M.O.D.E. no fue legalmente notificada de la Demanda de divorcio que le instauró su esposo señor M.E., esto es así toda vez que el señor ESPINO para divorciarse de su esposa, le mintió al Tribunal al jurar desconocer el paradero de ésta, cuando esto no es cierto, TODA VEZ QUE ELLA JAMÁS ha abandonado el hogar donde ha residido por más de 17 años, por lo tanto él SÍ SABÍA EL PARADERO DE SU ESPOSA, PUESTO QUE CONVIVIÓ CON ELLA en la residencia actual POR MÁS DE 17 AÑOS, Y DE LA CUAL NUNCA SE HA MUDADO. Muy por el contrario quien abandonó el hogar y se separó de la señora ORTIZ fue precisamente el señor M.E. y siempre ha sabido donde vive su esposa, a tal punto que desde la separación le ha entregado una Pensión mensual de manera ininterrumpida hasta la fecha.

SEGUNDO: El señor ESPINO presentó demanda de divorcio en contra de la señora O.M.O. DE ESPINO el 24 de junio de 1998, invocando la causal de Separación de Hecho por más de dos años y JURÓ DESCONOCER EL PARADERO de su esposa, lo que motivó que el Tribunal ordenara el emplazamiento por edicto.

TERCERO: Es completamente falso de toda falsedad que el señor M.E.D. (sic) EL PARADERO DE LA SEÑORA O.M.O.D.E., pues ella jamás abandonó el hogar donde reside actualmente y donde por más de 17 años convivió con el señor E., por lo que éste siempre ha sabido donde se encuentra su esposa.

CUARTO: Quien abandonó el hogar y se separó de la señora O.M.O.D.E. fue el señor M.E. el día 18 de febrero de 1998, posteriormente presentó el divorcio alegando desconocer el paradero de su esposa, lo cual no es cierto, y contrajo nuevo matrimonio el día 19 de abril de 1999. Es decir, la intención del señor ESPINO de divorciarse sin el conocimiento de su esposa era con la clara intención de contraer nuevo matrimonio, a tal punto que hasta la fecha el (sic) no se lo ha comunicado e incluso le sigue haciendo los cheques de la pensión con el apellido de casada.

La señora O.M.O.D.E. se enteró de que ya no se encontraba casada, mediante una llamada anónima, lo cual corroboró el día viernes 13 de agosto del presente año, al apersonarse al Registro Civil, en la cual le informaron que en efecto ella se encontraba divorciada y que el señor ya había contrido (sic) nuevo matrimonio.

QUINTO: Prueba de que el señor M.E. sabía donde se encontraba y por ende donde residía su esposa, es que desde que abandonó el hogar (febrero de 1998) donde convivió con la señora O.M.O., éste le da una pensión de MIL BALBOAS POR MES, pagaderos los 15 y 30. Estos cheques ella los iba a cobrar a la oficina de la empresa del señor M.E., entregándoselos siempre el señor R.H. quien laboraba en la sección de contabilidad. Actualmente un empleado se los lleva a la residencia de nuestra representada.

SEXTO: Las pruebas documentales que estamos aportando demuestran sin lugar a dudas que la señora O.M.O.D.E. siempre ha residido en el mismo lugar donde convivió con el señor ESPINO y por lo tanto éste si sabía el paradero de su esposa, sin embargo, le mintió al Tribunal con el claro propósito de que la señora ORTIZ DE E. no se enterara de la demanda de divorcio.

TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN

El recurso de revisión objeto de estudio, fue presentado conjuntamente con una gran cantidad de pruebas documentales y una serie de pruebas testimoniales, por lo que esta Sala de la Corte declaró admisible el recurso formulado, mediante resolución de 24 de septiembre de 1999 (fs.42-43), citándose al señor M.E.D..

Posteriormente, compareció al proceso M.E.D., mediante apoderado judicial, quien a través de escrito visible de fojas 59 a 61 del expediente y recibido por la Secretaría de la Sala el 3 de febrero de 2000, se opone al recurso de revisión, en base a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Nuestro poderdante presentó demanda de divorcio contra la señora O.O. la cual fue acogida por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

SEGUNDO: Este proceso dio como resultado que el vínculo M. de ambas partes fuera disuelto mediante la SENTENCIA No.103 DEL 21 DE MARZO DE 1999.

TERCERO: En todo momento a la señora O.O. se le respetó el debido proceso y se cumplieron con los pasos procesales que establece la ley por lo tanto la sentencia que hoy es objeto de este Recurso tiene fuerza de Cosa Juzgada.

CUARTO: Nuestro poderdante producto de esta Sentencia contrajo nuevo Matrimonio el 19 de abril de 1999, siendo este hecho el que sirve de sustento jurídico para solicitar la improcedencia del actual recurso de Revisión según lo establece el artículo 1189 numeral 9 que señala:

EL Recurso de Revisión no es procedente en contra de una resolución que decrete la nulidad de matrimonio o de divorcio, declare la inexistencia de un matrimonio, si una parte a contraído nuevo matrimonio en virtud de una resolución que hace tránsito a cosa juzgada.

QUINTO: La norma legal transcrita señala que el Recurso de Revisión no es procedente en contra de una Resolución que solicite la nulidad del Matrimonio o Divorcio, si una de las partes a contraído nuevo vínculo matrimonial. Como observará el Tribunal el recurso presentado por la recurrente es a todas luces improcedente.

SEXTO: El simple hecho de haber establecido un nuevo vínculo matrimonial trae aparejado como consecuencia que el actual recurso no sea viable su procedencia.

SÉPTIMO: En base a las consideraciones de hecho y de derecho emitidas solicitamos al Tribunal que decrete de plano la improcedencia de este Recurso de Revisión.

Cumplido el término de citación exigido por el artículo 1215 del Código Judicial, se fijó fecha de audiencia, tal como lo señala el artículo 1216 del mismo, realizándose la misma el día 12 de agosto de 2002, con la participación de los Magistrados integrantes de esta Sala, la Secretaria de la misma y los apoderados judiciales de ambas partes.

El acta de la audiencia consta de fojas 79 a 81del expediente principal; sin embargo, el apoderado judicial de la parte demandada en el presente recurso de revisión, señor M.E., solicitó suspensión de la respectiva audiencia, toda vez que recientemente le otorgaron Poder, por lo que requiere de un tiempo para examinarlo. En estas circunstancias, el apoderado judicial de la parte recurrente en revisión no objeta la solicitud hecha al tribunal por la parte demandada, por lo que la Sala suspendió la misma.

La audiencia se dio efectivamente, el día 16 de octubre de 2002, tal como consta en Acta visible a fojas 86 a 103 y reverso, sólo con la presencia de la parte recurrente, en cumplimiento del artículo 1286 del Código Judicial, toda vez que la parte demandada no compareció; sin embargo, la misma estaba notificada.

Siendo así, procede la Sala a resolver en el fondo el recurso de revisión formulado por la señora O.M.O.D.E., mediante apoderado judicial.

POSICIÓN DE LA SALA

La Sala no considera ocioso exponer, antes de entrar a decidir el fondo del recurso interpuesto, algunas reflexiones en torno al recurso de revisión. Es de destacar que existe en la doctrina una polémica, de la cual la Sala no va a participar, con respecto a la naturaleza jurídica del recurso de revisión, por cuanto, para algunos se trata de un recurso extraordinario o excepcional, para otros se trata de un proceso autónomo de impugnación (JAIME GUASP, por ejemplo). Desde hace bastante tiempo viene siendo admitida pacíficamente la clasificación que realiza el procesalista español J.G., si bien éste se inclina por la tesis del proceso autónomo, como quedó destacado. Este eximio procesalista, al analizar los diferentes medios de impugnación, exponía:

"II. Generalmente se propone como criterio básico de distinción de los procesos de impugnación, o sea de los recursos, la agrupación de todos ellos en dos categorías fundamentales, que vienen a estar constituídas por los llamados recursos ordinarios y extraordinarios respectivamente.

Los recursos extraordinarios son aquellos que, como indica su nombre, se dan con cierto carácter de normalidad dentro del ordenamiento procesal. De esta normalidad deriva la mayor facilidad con que el recurso es admitido de resolverlo. Por eso suele decirse que el recurso ordinario no exige motivo para su interposición ni limita los poderes judiciales de quien los dirime en relación a los poderes que tuvo el órgano que dictó la resolución recurrida.

En cambio, los recursos extraordinarios se configuran de un modo mucho más particular y limitado. Han de darse en ellos las notas estrictamente inversas a las de los recursos ordinarios que acaban de examinarse, tanto en cuanto a las partes como en cuanto al Juez. Por consiguiente, el recurso extraordinario se configura como aquel en que se exigen, para su interposición, motivos determinados y concretos y en que el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino solamente sobre aquellos sectores acotados de la misma que la índole del recurso establezca particularmente.

Todavía, con independencia de los recursos ordinarios y extraordinarios, la clasificación dominante establece la posibilidad de unos recursos excepcionales, caracterizados más bien como acciones impugnativas autónomas, los cuales se singularizan por romper la unidad del proceso con el proceso recurrido, y por dar lugar a una nueva tramitación que no afecta tanto a la firmeza de la resolución, sino a su autoridad de cosa juzgada material, ya que constituyen un ataque al proceso principal, en vista de una acción autónoma distinta, que se ventila en proceso independiente; categoría de los recursos excepcionales que, a diferencia de los medios ordinarios y extraordinarios de impugnación de una sentencia, podría explicar cómo ciertas sentencias son firmes, esto es, irrecurribles, y, sin embargo, admiten frente a sí esta clase excepcional de ataques, como, v.g., el llamado recurso de revisión."

(J.G., "Derecho Procesal Civil", Tercera edición corregida, Tomo segundo, parte especial, Madrid-España, 1968, pág.712)

Lo que deviene esencial para la Sala, es ubicar el recurso de revisión en aquélla categoría en la que se limita al juzgador el ámbito de competencia, para las causales que taxativamente la ley permite que se pueda obtener la revisión de una sentencia sea tratándose de un recurso extraordinario como un recurso excepcional, como es el caso de aquellas que ya van revestidas de la autoridad de cosa juzgada material, en la terminología con la cual ya estamos familiarizados. En base a lo expresado, es evidente que la Sala, teniendo la limitación que le impone la causal esgrimida, que es la contenida en el numeral 9º del artículo 1204 del Código Judicial, se debe concentrar en analizar si el recurrente le asiste la razón, y decidir el recurso en consonancia, por lo que debía ser llamado al proceso al que accede este recurso excepcional.

Es evidente que la tramitación de un proceso sin que hayan estado presentes las partes que tuviesen algún derecho o interés legítimo afectado por la decisión, provoca en los mismos una situación de indefensión, que tiene, incluso, rango constitucional, toda vez que afecta la tutela judicial efectiva, inserta dentro del principio del debido proceso, previsto por el artículo 32 de la Constitución Política.

Sobre este particular, ha sostenido G.S.H., lo siguiente:

"Los principios de contradicción e igualdad se garantizan mediante las citaciones, emplazamientos, notificaciones, traslado de escritos, etc.; de aquí que los actos de comunicación del órgano judicial con las partes tengan una especial trascendencia constitucional, como el Tribunal Constitucional, de manera constante y uniforme, ha reiterado.

Así los órganos judiciales deben cumplir o hacer cumplir escrupulosamente las normas reguladoras de dichos actos. Su omisión o defectuosa realización (independientemente de que se deba a un error, extravío o a otro motivo), siempre que impida la adquisición por la parte afectada del conocimiento de la pendencia del proceso que es preciso para que pueda ejercer su derecho de defensa, coloca a la misma en una situación de indefensión.

La falta de citación o emplazamiento, o de notificación de la sentencia, por cualquier causa no imputable al justiciable impide la contradicción y defensa en la segunda instancia o recurso, por lo que produce indefensión. Igualmente, no dar cuenta de cualquier alteración del señalamiento para permitir la defensa."

(G.S.H., "La prohibición de indefensión y su incidencia en el proceso", Editoriales Comares, Granada, 1997, pág.182-183)

Una situación especial se presenta cuando el demandante alega desconocer el paradero de la demandada. Concluído el proceso, la demandada puede promover recurso de revisión para anular ese proceso por la declaración no ajustada a la verdad, y, de probarse este desconocimiento del paradero, debe anularse el proceso, para lo que dispone el artículo 1016 del Código Judicial, lo mismo que en el actual artículo 754 del Código Judicial, el término de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. Se trata, evidentemente, de la protección a quien no se le ha permitido acudir al proceso por no haberlo hecho partícipe del mismo, en un mecanismo, por la parte demandante, de un acto censurable que afecta un trámite, el de notificación o emplazamiento, que forma parte esencial de la tutela judicial efectiva y, por ende, del debido proceso, y cuya pretermisión coloca a la parte demandada en una situación de indefensión que le impide ejercer sus derechos procesales.

Por ello, el remedio previsto en la Ley de promover el correspondiente recurso de revisión, como lo llama la Ley, con la finalidad de anular un proceso que ha lesionado el debido proceso, aun cuando la sentencia así obtenida se encuentre protegida por la autoridad de cosa juzgada material. De allí a que proceda el recurso de la demandada (demandante en revisión) si logra acreditar, como ha ocurrido en el proceso cuya revisión se promueve, que la parte demandante conocía el paradero del demandado, todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la responsabilidad que le cupiere al demandante que alega, falsamente, que desconocía el paradero de la parte demandada.

Al realizar un estudio minucioso de las constancias en el expediente y tomando en cuenta los aspectos discutidos en la audiencia celebrada en este proceso, no existe duda en cuanto a que el señor M.E.D. interpuso, a través de su apoderado judicial, licenciado H.H.L., el juicio de divorcio contra O.M.O., lo que culminó con la disolución del vínculo matrimonial de ambos, en base a la causal novena del artículo 212 del Código de la Familia, es decir, la separación de los cónyuges por más de dos (2) años, a sabiendas y con plena conciencia del paradero de esta última, en virtud de los distintos testimonios presentados por la parte recurrente, quienes fueron todos contestes en señalar que en los años 1998 y 1999 el señor M.E. visitaba la residencia donde ha convivido junto a la señora O.O. , ubicada en Villa de Las Fuentes No.2, y que la misma nunca ha abandonado su hogar.

Aunado a lo anterior, la Sala se convenció cuando en el acto de la audiencia la recurrente manifestó que ellos llegaron a un acuerdo económico, es decir, que el señor ESPINO siguió dándole la pensión de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) que ella iba a retirar a la oficina del señor ESPINO como siempre lo hacía, pero agrega, que después de 1999, el señor ESPINO le enviaba los cheques con uno de sus empleados y hasta a veces, lo hacía de manera personal, concordando con los cheques y copias de cheques presentados como pruebas documentales junto al libelo de recurso de revisión, visible a fojas 23 a 36 del expediente.

Por otro lado, esta Sala observa que de acuerdo a la fecha de presentada la demanda de divorcio, es decir, el 24 de junio de 1998, la señora O.M.O. ha estado viviendo en el mismo domicilio que ha mantenido con el señor M.E., tal como se evidencia en los recibos de agua, de electricidad y de teléfono, visible a fojas 16 a 22 del expediente, la cual se describe: Calle 3ra, V. de las Fuentes, Casa No.D-9.

Advierte la Sala, que el hecho de que el proceso de divorcio haya cumplido con las formalidades legales, inclusive, si se ha jurado, como en efecto se hizo, del desconocimiento del paradero de la demandada, señora O.M.O., tal como trata de justificar el apoderado judicial del oposicionista al recurso que nos ocupa, no se justifica con las pruebas aportadas al proceso en las cuales claramente se señaló el domicilio de la señora O.M.O.. Es obvio, que no se ha dado la lealtad procesal que exige nuestro ordenamiento procesal, dado que el propio señor E.D. le hacía llegar los cheques como ayuda económica, en su momento, a su esposa, cheques éstos que han sido aportados en este recurso de revisión y, como consecuencia de ello, debía tener conocimiento del domicilio de la demandada.

El método utilizado para surtir el traslado de la demanda, pasando por encima su notificación personal, colocó a la parte demandada en total indefensión lo que imposibilitó ejercer la auténtica defensa de sus intereses y de sus derechos. Tal desventaja hizo posible que se profiriese una sentencia que decretaba la disolución del vínculo matrimonial de la cónyuge, sin permitir a la demandada el derecho de defensa.

No obstante, la Sala es del criterio, para la decisión del recurso de revisión, lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1204 (antes 1189) del Código Judicial, es determinante. Existen, en la actualidad, en materia de recursos extraordinarios y excepcionales (como es el caso del recurso de revisión), dos normas que regulan de manera contradictoria la materia. Por una parte, el artículo 756 del Código de la Familia permite la posibilidad de decidir los recursos "conforme a las formalidades y procedimientos aplicables", y el artículo 1204 del mismo Código Judicial, que ya conocemos. Estima la Sala que resulta de aplicación, para solventar esta antinomia, preferir la norma contenida en el Código Judicial, por ser especial y consistente con la preservación de los derechos que están en juego, en esta caso las normas tendientes a proteger la institución matrimonio, dejando en pie el status quo que consiste en la existencia de un segundo matrimonio del demandado en el proceso de divorcio que motivó este recurso.

Es cierto, por una parte, que el opositor al recurso de revisión (demandante en el proceso de divorcio) propuso como prueba, certificado de matrimonio para acreditar el nuevo matrimonio de éste, cuando el primer divorcio se encontraba ejecutoriado. (V. fs.57 del expediente de Revisión y escrito de oposición, fs.61). Por otro lado, es obvio que tal circunstancia ha sido admitida por la demandante en revisión, la que, a pregunta del Ponente en el recurso, expresó lo que la Sala (a foja 99 del expediente de divorcio) se permite transcribir:

El Magistrado Fábrega PREGUNTÓ: S.O., usted ha afirmado que la actual, la persona que sale con su ex esposo, está casado con ella? CONTESTÓ: Eso me lo dijeron a mí cuando fui a investigar al Registro. PREGUNTADA: En el Registro usted verificó eso? Contestó: Sí, yo fui y allí aparecía como que yo estaba divorciada y que él se había casado el 19 de abril de 1999 y mi divorcio, es decir ya lo dieron declarado el 21 de marzo de 1999 que allí consta en la resolución, además eso también yo lo iba a preguntar, que si esas oficinas de los juzgados donde divorcian o casan trabajan los domingos, porque según eso, el 21 de marzo de 1999 caía domingo, eso yo lo vi en el Registro, es más, yo una vez lo llamé a él, ella parece que le agarró el celular y me contestó fue ella y me insultó y me dijo no quiero que llames más a mi marido, porque ahora él es mi esposo, así me contestó.

Es obvioque esta declaración de parte (la demandante en revisión), aunada a la certificación del Registro Público del segundo matrimonio del opositor al recurso de revisión, acredita el supuesto de hecho contenido en el segundo párrafo del artículo 1204 (antes 1189) del Código Judicial, y, por tanto, ha de declararse, con fundamento en el precepto citado, improcedente el recurso de revisión propuesto por la demandante.

Concuerda la Sala con la petición del opositor, en el sentido de que la acción (recurso de revisión) ejercida es improcedente por el hecho de que ya contrajo matrimonio el 19 de abril de 1999, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1204 (antes 1189), ordinal 9º del Código Judicial.

"Artículo 1204 (1189

9....

El Recurso de Revisión no es procedente en contra de una resolución que decrete la nulidad de matrimonio o de divorcio, declare la inexistencia de un matrimonio, si una parte ha contraído nuevo matrimonio en virtud de una resolución que hace tránsito a cosa juzgada."

Encuentra la Sala, después de haber hecho las anteriores consideraciones, que le asiste razón a la recurrente cuando invoca, como fundamento fáctico de su impugnación, lo previsto en el segundo párrafo del ordinal 9º, artículo 1204 del Código Judicial, porque resulta obvio que en este caso, la parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada en el proceso. Dicha falta de notificación tiene su origen en la manifestación que hace la parte demandante en el proyecto objeto del recurso de revisión de desconocer el paradero de la demandada, lo que constituye una afirmación reñida con la realidad, que es conducta procesal que debe ser censurada en toda su extensión.

Por ello, la Sala debe declarar no procedente el recurso, tomando en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1204 del Código Judicial (antiguo 1189), por las razones de política legislativa que se han dejado anotadas anteriormente.

En efecto: la Sala se percata que el último párrafo del artículo 1204 del Código Judicial constituye un mandato al Juzgador en la sentencia impugnada para que, en circunstancias en que se persigue anular un proceso que decreta el divorcio, o su nulidad a partir de la falta de notificación, debe prevalecer el cierre al acceso del recurso de revisión a la luz de la existencia de un segundo matrimonio de una de las partes, atendiendo al interés protegido de la conservación del segundo matrimonio, sobre todo tomando en cuenta que el matrimonio, supone, como preceptúa el artículo 53 de nuestra Constitución Política, "el fundamento legal de la familia", cuya finalidad viene señalada en el artículo 26 del Código de la Familia, circunstancias estas que justifican la política legislativa a que se contrae el citado artículo 1204, en su último párrafo, del Código Judicial.

El Código Judicial, desde su adopción inicial en 1917, ha hecho esfuerzos jurisprudenciales y ha propuesto mecanismos legales para erradicar la corruptela judicial consistente en la afirmación (no probada) de desconocer el domicilio del demandado y expedir un edicto emplazatorio que surta los efectos de una notificación con el efecto de dejar en indefensión a la parte demandada, a quien se le impide defenderse con un procurador judicial de su elección. El mecanismo vigente ha consistido, como se sabe, en una declaración jurada del demandante o su apoderado, y, cuando esto no sea exacto, acudir, a su elección, al proceso sumario o al proceso (recurso) de revisión, con lo que la sentencia, de ser cierta la discrepancia entre lo declarado bajo juramento, y la realidad, procederá a anular el proceso, sea que esta declaración la haya hecho el demandante, o , si se encontrare en las hipótesis consagradas en la norma contenida en el artículo 1016 del Código Judicial, su apoderado, asumiendo las responsabilidades que correspondan.

El artículo 1016 del Código Judicial dispone:

Artículo 1016: Cuando la parte demandante manifestare no conocer el paradero del demandado o de alguno de ellos, si fueren varios, lo hará saber al tribunal y solicitará su emplazamiento por edicto.

La manifestación de que desconoce el paradero del demandado la hará el demandante personalmente y se tendrá por hecha bajo la gravedad del juramento, y podrá expresarla de cualquiera de las siguientes maneras:

1. En el memorial por medio del cual se otorga el poder;

2. En diligencia que se extenderá ante el secretario del tribunal o de un oficial mayor del mismo despacho, en la cual el demandante comparecerá personalmente;

3. Por medio de memorial que será firmado personalmente por el demandante y que refrendará su apoderado para su presentación personal.

Cuando el demandante se encontrare ausente o no pudiese por otra causa hacer la manifestación correspondiente sobre el paradero del demandado, su apoderado en el proceso podrá hacerla, asumiendo las responsabilidades consiguientes.

Cualquiera que sea la forma que se siga, en el documento respectivo deberá expresarse con claridad la manifestación del demandante en el sentido de que desconoce el paradero del demandado.

Si el demandado se presentare antes de terminado el proceso, podrá promover incidente de nulidad, presentando prueba de que el demandante sí conocía su paradero al momento de la presentación de la demanda, en cuyo caso se decretará la nulidad y se enviará copia de lo conducente al Ministerio Público para efectos de que promueva la acción penal a que haya lugar.

Si el proceso se encuentra terminado, el demandado podrá pedir su nulidad en proceso sumario aparte o mediante Recurso de Revisión, donde deberá probar la circunstancia a que se refiere el inciso anterior. Esta acción prescribirá en el curso de un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Si el demandado comparece al proceso y no pide, dentro de los dos días siguientes, su anulación, el proceso quedará saneado.

También habrá lugar a la anulación del proceso, si habiéndose emplazado al demandado, se prueba que el apoderado del demandante conocía su paradero, aunque éste no haya hecho el juramento, sino su poderdante.

Cumplidos los requisitos para el emplazamiento, se fijará un edicto por el término de diez días y se publicará copia de él en un periódico de circulación nacional durante cinco días.

Si a pesar de este allanamiento no compareciese el demandado, transcurridos diez días desde la última publicación en el periódico, se le nombrará un defensor con el que se seguirá el proceso.

Cuando el domicilio del demandado aparezca indicado en la demanda o en el poder y no fuere hallado en el lugar designado, se hará constar por el tribunal tal circunstancia en el proceso y se procederá a su emplazamiento en la forma indicada en el párrafo anterior siempre que el demandante o su apoderado manifieste bajo juramento que desconoce el paradero del demandado.

No obstante el hecho de haberse acreditado que el demandante (opositor en la revisión) conocía el paradero de la demandada (demandante en revisión), y que conduciría a la estimación del recurso de revisión y su secuela de anulación del proceso (argumentos del artículo 1218 del Código Judicial), en el presente caso ha de declararse improcedente el recurso de revisión, con fundamento en el último párrafo del artículo 1204 del estatuto Procesal, que ya ha sido reproducido, en lugar de declarar fundado el recurso de revisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,DECLARA:IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por O.M.O.D.E., mediante apoderado judicial, contra la Sentencia Nº103 de 21 de marzo de 1999, dictada por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso de divorcio propuesto por M.E.D. contra O.M.O. DE ESPINO.

REMITASE copia autenticada del proceso al MINISTERIO PUBLICO, para que adelante las sumarias por la comisión del delito que corresponda (artículo 1016, párrafo 5º del Código Judicial).

No se imponen costas, de conformidad con el artículo 1077, numeral 2º del Código Judicial.

N..

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

JOSÉ A. TROYANO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)