Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 2ª de lo Penal, 23 de Enero de 2008

Ponente:Graciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución:23 de Enero de 2008
Emisor:Sala Segunda de lo Penal
 
CONTENIDO

VISTOS:

A través de resolución de 25 de junio de 2007, la Sala decide admitir el recurso de revisión presentado por el licenciado NEMESIO FAJARDO ANGULO contra la sentencia No. 76 S.I. de 9 de mayo de 2006 emitida por el Segundo Tribunal Superior, a través de la cual se condenó a G.A.G.G. a la pena de sesenta (60) meses de prisión por la comisión del delito de robo en perjuicio de H.S.R.. Así mismo, en la citada resolución, se dispone la práctica de una serie de pruebas, tras lo cual, el recurso entra en fase de alegatos, receptándose, dentro del término de ley, la opinión del Ministerio Público como del proponente del remedio extraordinario.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Dentro de la relación de hechos, el recurrente argumenta que su patrocinado no tiene ningún protagonismo en el hecho por el que se le procesó y condenó, pues para la fecha en que supuestamente ocurre el suceso, 26 de mayo de 2000, el señor G.A.G.G. se encontraba en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

Así las cosas, el revisonista utiliza como soporte jurídico del recurso, la causal de revisión descrita en el numeral 5 del del artículo 2454 del Código Judicial, la cual enseña que habrá lugar al recurso de revisión... "cuando despúes de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por aplicación de una disposición penal menos severa".

Como nuevo hecho, se presenta una declaración jurada notoriada de H.S.R., víctima del suceso criminal y quien afirma que cuando acude a la Policía Técnica Judicial a denunciar el delito, se le mostró una fotografía de G.A.G.G., sugiriéndole que aquel era responsable, por lo que lo identificó como tal, rogándose la ratificación del testimonio dentro del proceso; declaraciones de ingresos y pagos de rentas debidamente traducidas al español; recibos y certificaciones expedidas por la empresa Western Union a través de la cual se da fe, respecto envío de dinero desde Estados Unidos, que G.G.G. realiza a la Señora L.F.; se aducen como pruebas testimoniales: la declaración de L.F., E. POLO; Gerente de la Empresa Westen Union y de G.A.G.G., a quien nunca se le recibió declaración dentro de las diversas fases en que se secciona el proceso penal.

ADMISIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS

H. admitido el recurso a través de

resolución de 25 de junio de 2007 (fs.

35-38), se abre el proceso a pruebas por el término de treinta (30) días;

siendo que el promotor del recurso extraordinario acude a al Sala, para

ratificarse de las pruebas aducidas y

solicitar además diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos en la que

intervendría su representado y como sujetos reconocedores los señores HILARIO

SANTOYA, C.G.U. y

G.R.U.N..

Por intermedio de resolución de 16 de agosto de 2007

(fs. 41-45), la Sala decidió admitir como pruebas:

A-DOCUMENTALES

1- La declaración jurada de CELINA WILSON

2- Certificación de declaración de ingresos personales

3- Notificación de acción ante el Departamento de Migración del Gobierno de los Estados Unidos.

4- Una certificación de envío de dinero a través de la empresa Western Union.

B-TESTIMONIALES

1- Declaración G.A.G.G..

2-Declaración de L.F..

3- Declaración de ENRIQUE POLO.

FASE DE ALEGATOS

A- ALEGATO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

La licenciada A.M.G.R. recomendó acceder a la revisión de la sentencia No. 76 S.I. de 9 de mayo de 2006 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá que condenó a G.A.G.G. por la comisión del delito de robo en perjuicio de H.S.R..

Para la máxima representante del Ministerio Público, la causal aducida, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Penal, exige que las pruebas que se aducen y presentan como fundamento deban reunir los requisitos de novedad importancia y evidencia.

Siendo así, la Procuradora General de la Nación conceptúa que todos los elementos de convicción admitidos por la Sala, revisten la categoría de novedosos, por cuanto no fueron tomados en cuenta por los juzgadores, de primera y segunda instancia, a la hora de emitir sus respectivos veredictos.

No obstante, en relación a los demás requisitos, importancia y novedad, la licenciada A.M.G.R. segmenta el escrutinio prueba a prueba.

Así las cosas, para la Señora Procuradora, las declaraciones de pagos calendadas a 19 de mayo de 2000, 16 de junio de 2000, 30 de junio de 2000 y 6 de octubre de 2000; la notificación de acción del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos; y lo declarado por el imputado; sugiere la presencia física de G.A.G.G. en Nueva York, Estados Unidos, para la fecha en que ocurre el hecho punible; logrando satisfacer los presupuestos de importancia y evidencia; lo que, de otro giro, no se concreta en la declaración ofrecida por C.W., ante un Notario Público de los Estados Unidos; la declaración de renta ante el Servicio de Rentas Internas; las certificaciones de envío de dinero a través de la empresa Western Union; así como lo declarado por ENRIQUE POLO y L.F..

B- ALEGATO DEL REVISIONISTA

El licenciado NEMESIO FAJARDO ANGULO, señala que el sumario dentro del cual se emite la sentencia, cuya revisión ruega, tiene como hecho probado que H.S.R. denunció que el 26 de mayo del año 2000, siendo las 10:30 P.M., fue victima de un robo, en su residencia ubicada en el Corregimiento de parque L., Panamá Viejo, sector Puente del R., calle principal, casa 184, lo que en definitiva, activa la jurisdicción penal, provocando la emisión de un fallo condenatorio, que tiene como responsable del hecho a G.A.G.G..

Sin embargo, el señor G.A.G.G., no puede ser considerado autor del ilícito, pues en el preciso momento en que se presenta el suceso criminal, aquel se encontraba en Nueva York, Estados Unidos de América, lo que encuentra aval en las pruebas admitidas por el Tribunal, destacando entre ellas, la certificación de envío de dinero a través de la empresa Western Union, donde tenía que mostrar su identidad para realizar la remesa de dinero desde Nueva York a Panamá. Así mismo, resalta la declaración de ingresos y la acción ante del Departamento de Migración de los Estados Unidos, las cuales demuestran la presencia física de su representado en los Estados Unidos para el mes de mayo de 2000.

DECISIÓN DE LA SALA

El recurso de revisión es un remedio procesal extraordinario que permite, a través de muy típicas causales, reabrir el debate sobre los hechos que constituyeron el fundamento de una sentencia condenatoria ejecutoriada, requiriendo, un sesudo escrutinio de los elementos fácticos, probatorios, doctrinales y jurídicos en los que se sustenta pues, tiene la potencialidad de diluir la cosa juzgada que caracteriza a las resoluciones judiciales en firme.

La causal que fue utilizada como fundamento jurídico del recurso, a saber: "cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa", que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia de éste Tribunal es conocida como "restitutio ex capite novorum o propter nova", se genera a partir del momento en que acredita la existencia de evidencia inédita en el proceso, que por tanto, no fue considerada por el juzgador en su momento, pero que además tiene la capacidad, autónoma o en asocio con el material probatorio que yace en el proceso penal original, para provocar la extinción de la responsabilidad penal o la aplicación de una sanción menos rigurosa. De ahí, que la evidencia que avala el recurso debe satisfacer los presupuestos de novedad, relevancia y eficacia probatoria (ver fallos 26 de julio de 1995, 28 de enero de 2003 y 21 de mayo de 2007).

Es de rigor establecer, que la novedad se obtiene cuando la prueba suministrada no existía en el expediente al momento de emitir la sentencia, por lo que no puedo tenerse presente al momento de emitir la sentencia. Así mismo, esa evidencia debe llegar a través de pruebas lícitas con idoneidad para acreditar que la relación de hechos, que utilizó el juzgador original, no se ajusta a la verdad material.

El revisionista señala que su representando no puede ser responsable de un robo que ocurre el 26 de mayo de 2000 en la residencia de H.S.R. ubicada en la Casa No. 184 Panamá Viejo, Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito de Panamá pues G.A.G.G. se encontraba, en ese mismo momento, en Nueva York, Estados Unidos de América.

Por su parte, la Procuradora General de la Nación emite concepto secundando la tesis del promotor del recurso extraordinario, al considerar que unos recibos de pago, la certificación de una gestión ante el Servicio de Migración de los Estados Unidos y la propia declaración del imputado suministran evidencia novedosa e importante para sugerir la presencia física de GERARDO GEORGE GRANT en los Estados Unidos en el preciso momento en que ocurre el hecho punible en la República de Panamá.

Siendo así el itinerario procesal, a partir de este momento, estará orientado a verificar si las pruebas admitidas, revisten de novedad, trascendencia y eficacia.

Así las cosas, en cuanto al primer requisito, la novedad, la Sala debe señalar que al momento de pronunciarse sobre la admisión y práctica de pruebas; dio por acreditado que los documentos consistentes en: una declaración notariada de C.W.; la certificación de ingresos y/o pagos realizados a G.A.G.G. con fechas de cancelación 16 de junio de 2000, 30 de junio de 2000, 6 de octubre de 2000, 19 de mayo de 2000; notificación de acción ante el Departamento de Migración de los Estados Unidos; certificación de la empresa Western Union que acredita el envió de dinero desde los Estados Unidos a Panamá en varias fechas del año 2000; así como lo declarado por el imputado, la señora L.F. Y.E. POLO; constituye material probatorio que no fue tomado en cuenta por el Juzgador de Segunda Instancia al momento de emitir su decisión.

Ahora bien, en relación a la trascendencia (importancia) y eficacia probatoria, es notable a primera vista que los documentos que acreditan el pago efectuado a G.A.G.G. (ver folios 11-14 y 21-25), particularmente aquel que señala como fecha de pago el 19 de mayo de 2000(ver folios 14 y 24), por su proximidad con el hecho punible ocurrido en Panamá, sugieren la presencia física del imputado en los Estados Unidos, pues tales comprobantes se asemejan a aquellos que se utilizan en la cancelación de un servicio personal prestado por cuenta ajena (jornal o período laborado).

Así mismo, la Sala considera que la notificación de acción ante el Departamento de Justicia, Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, atesta que G.A.G.G. se presentó con el interés de renovar su tarjeta de residente, legitimando así su condición migratoria en los Estados Unidos (fs. 17 y 26) en abril de 2000, del que fue notificado el 5 de junio de 2000; lo que refuerza la tesis de presencia física en Estados Unidos, toda vez que es sugerente que una persona que pretende normalizar su situación migratoria no abandonará el territorio de un Estado extranjero, hasta tanto no obtenga la respectiva carta que legitima su permanencia en ese Estado, pues sólo así podrá salir y retornar con la certeza de ser aceptado. Este hecho es acreditado en la declaración que rinde el imputado, quien señala directamente que en 1999 sale de Panamá vía frontera con Costa Rica, con el ánimo de ingresar a Estados Unidos como ilegal, pues sólo así podría optar por normalizar su condición, toda vez que había poseído, con anterioridad, residencia legal en Estados Unidos, la que extravió una vez sale en 1991, siendo que a partir del momento en que adquiere su condición de inmigrante legal, es que puede realizar salidas de los Estados Unidos con la expectativa de retornar sin dificultades legales.

Por otro lado, en relación con las demás pruebas, la Sala se aparta del criterio suministrado por la Procuradora General de la Nación cuando señala que la declaración notarial rendida por C.W., una certificación de la empresa WESTERN UNION; así como lo dicho por E.E.P.R. y L.F., no cumplen con los criterios de importancia y evidencia para demostrar que G.A.G.G. no se encontraba en la República de Panamá en el preciso momento en que ocurre el suceso criminal.

Ciertamente, si se hace un examen sesgado y unitario de esos elementos probatorios, puede arribarse a la conclusión de que no son capaces de arrojar evidencia contundente para demostrar la presencia de G.A.G.G., en los Estados Unidos para mayo de 2000. Sin embargo, cuando optamos por hacer una ponderación colectiva de esas pruebas; nos percatamos que cada uno de esos medios de convicción tiene utilidad, al menos desde el punto de vista indiciario, para reforzar una situación fáctica, la ausencia de G.A.G.G. en el territorio de la República de Panamá el día 26 de mayo de 2000.

En relación a ello, si bien, no se acreditó cual es vínculo de C.W. con el imputado y mucho menos si posee algún cargo o función que le permita dar fe, para determinadas situaciones, lo cierto es que si se toma en consideración que ésta afirma que efectivamente G.A.G.G. estuvo en los Estados Unidos de América en el año 2000 tramitando tarjeta de residente, lo que acreditó el revisionista al exhibir un documento del Departamento de Migración de los Estados Unidos, se obtiene un fuerte indicio de la presencia del imputado en aquel territorio para mayo de 2000. Algo similar ocurre con la certificación de la empresa Western Union y con lo dicho por E.E.P.M., pues éste, como empleado de aquella empresa, afirma que es un protocolo de ese establecimiento verificar la identidad del remitente como del receptor de las remesas, siendo que se deja ver que, entre diciembre de 1999 y julio de 2000, G.A.G.G., personalmente envió dinero a Panamá a fin de cumplir con las obligaciones que le asisten en razón de los hijos que mantiene con L.E.F., lo que nuevamente apunta a favor de la presencia física del imputado en los Estados Unidos para mayo de 2000.

Aún cuando L.E.F., no suministra el momento exacto en que el imputado viaja a los Estados Unidos y se distancia de lo dicho por aquél respecto sus retornos a Panamá, lo cierto es que este testimonio tiene la virtud de apuntar que el imputado no se encontraba en Panamá para el año 2000; que enviaba personalmente dinero con regularidad a sus hijos en Panamá y que fue a trabajar a aquel país, donde tuvo que arreglar documentos migratorios.

Por tanto, es palmario que existe evidencia suficiente para autorizar la revisión de la sentencia No. 76 P.I. de 9 de mayo de 2005 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, pues, una vez mas, arribamos a la conclusión que las pruebas que acompañan el recurso, revisten de novedad, y trascendencia para sugerir que G.A.G.G. se encontraba en Nueva York, Estados Unidos de América para el día 26 de mayo 2000; cuando supuestamente ocurre el hecho, tal como es secundado, tanto por el revisionista como por la Procuradora General de la Nación, lo que a su vez permite cuestionar su participación en el ilícito, toda vez que es físicamente imposible que una persona pueda, de manera simultánea, estar en dos lugares al mismo tiempo, máxime cuando se encuentran distanciados por varios miles de kilómetros.

Habida cuenta que el señor G.A.G.G. se encuentra cumpliendo la sanción impuesta, se decreta la libertad provisional del prenombrado con fundamento en el artículo 2458 del Código Judicial.

Como quiera que el artículo 2457 del Código Judicial indica que corresponde a la Sala Penal la designación del Tribunal que debe realizar la revisión de la sentencia, el cual debe ser distinto a aquel que la tramitó y decidió el proceso penal; y en atención a que la decisión objeto de revisión fue proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, corresponderá al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial realizar la revisión de la Sentencia No. 76 S.I. de 9 de mayo de 2006. Ello es así, pues la correcta inteligencia de esa norma, artículo 2457 del código judicial, permite entender que, cuando el legislador se refiere "al juzgado de revisión", tal expresión se utiliza como sinónimo de Tribunal puesto que no sería jurídicamente viable que un A quo revise la actuación realizada por un Tribunal Ad quem y mucho menos que se encargue al mismo Tribunal Superior que emite la sentencia objeto del recurso extraordinario; la tarea de revisar su propio fallo.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; ACCEDE A LA REVISIÓN de la Sentencia No. 76 S.I. de 9 de mayo de 2006 a través de la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia, declaró penalmente responsable a G.A.G.G. por la comisión del delito de robo agravado en perjuicio de H.S.R. y le impuso la pena de sesenta (60) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período; y designa como tribunal de revisión, al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial con sede en la ciudad de Penonomé, Provincia de Coclé.

Se ordena la libertad provisional de G.A.G.G..

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JERÓNIMO E. MEJÍA E.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO E. HERRERA E. (Secretario)