Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 1 de Diciembre de 2017

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución: 1 de Diciembre de 2017
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS:

ARTICULO 219: "La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete:

  1. Utilizando armas

  2. Por enmascarado

  3. Por dos o más personas

  4. Afectando la libertad personal o causando lesión.

  5. ..., 6...

Entre los indicios que demuestran la configuración del delito de robo y que son necesarias acreditar en la investigación, según el artículo 2069 del Código Judicial, por parte del Ministerio Publico, están; la violencia, el ocultamiento o encubrimiento de los efectos sustraídos, la preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, para lo cual, y a falta de otra clase de pruebas, se tendrá como prueba la deposición jurada del interesado, de su consorte, hijos, hermanos, o quienes le presten servicios personales. En vista de lo antes mencionado, en el caso bajo examen, consideramos que dicho delito fue ejecutado, pues tales extremos fueron comprobados con la declaración jurada de la señora J.M. de C., (fs.1215-1221) quien, a pregunta realizada si el occiso mantenía dinero responde: "Sí, él tenía dinero, ya que el día anterior había cobrado dos mil setecientos dólares (B/.2,700.00) ya que le pagaron todo el año de una propaganda, además tenía cuatrocientos dólares (B/.400.00) en el bolsillo derecho de su pantalón, también cargaba un collar grueso de oro, que nunca se lo quitaba, el cual tenía un C. de oro, cuando salí del cuarto y fui a darle los primeros auxilios a mi esposo él ya no tenía ni el dinero ni el collar". De igual manera señala que: "... uno le puso una pistola en el pecho, y el otro le amarró las manos hacia atrás a R.C., los sujetos golpeaban a R. en la cabeza y luego lo arrodillaron..."

También contamos con la declaración jurada de la señora D. delC. De Gracia, (fs.3-9) colaboradora doméstica de la víctima, quien señala: "...cuando salgo a la sala veo a dos hombres, encapuchados con pistola en mano, uno tenía al señor R. de rodillas dándole con la pistola en la nuca, lo golpearon como dos o tres veces." "... vimos al señor R. tirado en el suelo, boca abajo, amarrado con un zuncho y encima del pantalón, estaba la cartera sin dinero..." no movieron nada solo se llevaron el dinero del señor..."

Estas declaraciones cumplen con los preceptos del artículo 2069 del Código Judicial necesarios para determinar los delitos contra el patrimonio al referirse a la violencia o amenaza que haya habido, señales o rastros que hubiera dejado la comisión del hecho y la preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, pues las declaraciones de las testigos que presenciaron el hecho comprueban la utilización de armas de fuego, la violencia contra las víctimas, y la existencia de la cosa sustraída, (dinero y prendas).

También el Protocolo de Necropsia visible de folio 546 a 553, evidenció entre otras cosas, las lesiones causadas al occiso en la cabeza y manos, producto de los golpes recibidos lo que demuestra la violencia ejercida contra éste, con el fin de despojarlo del dinero.

En relación al ocultamiento o encubrimiento de los efectos sustraídos, se aprecia en autos (fs.663-683) que al momento de aprehender a los procesados J.G.M., mantenía en su poder la suma de quinientos sesenta y tres dólares (B/563.00) en efectivo, los cuales no justificó su procedencia lícita; a A.Q.V. se le ubicó, entre otras pertenencias y el arma homicida, un teléfono celular adquirido el mismo día de los hechos en un local comercial por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) tal como refleja la factura de compra encontrada junto a sus pertenencias; y al señor O.V., se le encuentra en el cubículo donde guardaba sus pertenencias en su lugar de trabajo, la suma de novecientos cuarenta dólares (B/.940.00), señalando que eran ahorros producto de su trabajo como taxista; sin embargo, dicha justificación no es creíble pues solo lo conocían como empleado de la Empresa Marapan, y nadie guardaría ahorros en un casillero del lugar de trabajo donde cualquier persona puede tener acceso. Lo que demuestra que los dineros encontrados en posesión de los implicados es aquel que le sustrajeron al occiso, dinero que trataron de ocultar y encubrir.

Esto demuestra los elementos del delito de Robo Agravado por el cual los procesados fueron sentenciados, pues las investigaciones demostraron que mediante violencia e intimidación, A.Q. y OVIDIO VILLARREAL, se apoderaron de las pertenencias del señor R.C.M. (q.e.p.d.), utilizando un arma de fuego con la cual posteriormente le quitaron la vida, hecho inspirado por J.G.M..

El señalamiento de los apelantes con respecto a la aplicación de los numerales 2 y 5 del artículo 90 del Código Penal, no puede ser aplicada, ya que las constancias que reposan en el expediente han demostrado que el actuar anterior, simultáneo y posterior al hecho los procesados conocían de primera mano el daño que podían causar, toda vez que utilizan armas de fuego para intimidar a la víctima, el cual es un medio letal, empleado para matar o lesionar a las personas, capaz de causar la muerte con un simple movimiento, conocían que la víctima era un adulto mayor, que en la vivienda del occiso solamente habitaban mujeres y personas mayores de 70 años, por lo que dicho planteamiento se aleja de la verdad material de los hechos, pues el actuar de los imputados a todas luces estaba encaminado a dar más que un escarmiento o susto como señalan los imputados en sus descargos.

En cuanto a la colaboración efectiva que según los apelantes no se les toma en cuenta, al haber colaborado confesando el ilícito y señalando a los partícipes del mismo, la Sala ha establecido que esta atenuante debe entenderse como aquella colaboración eficaz o relevante que sirva a los propósitos del proceso, bien sea para el esclarecimiento de los hechos investigados o a la identificación de las personas responsables.

Sobre este apartado precisa recordar que el artículo 1941 del Código Judicial, relativo al proceso penal, establece que: "El objeto del proceso penal es investigar los delitos, descubrir y juzgar a sus autores y partícipes". Igualmente, el numeral 4 del artículo 2031, ibídem, dispone que la instrucción del sumario tiene por propósito entre otros: averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, o que lo agraven, atenúen o justifiquen; descubrir al autor o partícipe, así como todo dato, condición de vida o antecedentes, que contribuyan a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad.

Por lo anterior, la colaboración efectiva, que pueda brindar el agente, debe estar dirigida a satisfacer tales propósitos y, para ello, el juzgador deberá comprobar si con su actuar, el procesado intentó contribuir con los fines del proceso.

Atendiendo a lo anterior, en punto de la rebaja de pena por colaboración, la Sala señala que a ello no se accederá, toda vez que J.G.M. ninguna colaboración presta a la justicia, porque son los investigadores judiciales los que lo traen a la encuesta, cuando es aprehendido por los agentes de policía en el desarrollo de las investigaciones. Desde que se dan los hechos, él era señalado como la persona que mantenía rencillas y enemistad con la víctima señalamiento que hicieron varios testigos y familiares, además que el vehículo que alquiló (Chevrolet Aveo, color rojo) fue visto en los alrededores de la vivienda del occiso el día de los hechos y fue el mismo vehículo en el que se dirigió a la casa de éste un día antes de los eventos en compañía de unos de los partícipes (A.Q.. Dichas diligencias y declaraciones se aprecian desde el inicio de las investigaciones, lo que demuestra que su aprehensión en horas de la tarde del 01 de abril el 2014, no fue por su voluntad sino por las pesquisas realizadas por los agentes de policía. (fs.26-145)

De igual manera los señalamientos que hiciera en su momento J.G.M., contra los demás imputados no cumplen con los propósitos del proceso antes mencionados y relacionados a las circunstancias que rodearon el crimen, pues su actuar estaba dirigido más que a colaborar con las investigaciones a intentar deslindarse de ellas, indicando que él solamente llevó a la casa de su padrino MONCHY a los dos sujetos que le causaron la muerte y que no tenía que ver con la muerte del mismo, como informaban los medios locales, versión que dio al ser aprehendido, pues sabía que todos los indicios lo señalaban como el autor del crimen del señor R.C.M., versión que fue desvirtuada posteriormente luego de interrogar a los demás implicados; lo que demostró que su participación en el crimen fue la de instigador, participación que a la fecha rechaza, considerándose inocente, al igual que A.Q. y O.N., los cuales también externan ser inocentes por diferentes motivos, en sus escritos de apelación, inocencia que, a todas luces ha sido desvirtuada.

La colaboración por la confesión oportuna aducida por A.Q. y O.N., como se señaló en líneas anteriores, no es aplicable toda vez, que en reiterados fallos, esta Corporación de Justicia, en lo relativo a la atenuante de confesión, ha sostenido que es espontánea cuando el imputado comparece por sus propios medios ante la autoridad, a comunicar que ha infringido la ley penal; y oportuna, cuando no se hayan dado antes otros elementos probatorios que vinculen al compareciente con el delito y sea su confesión la única forma de conocer la verdad material del hecho (Cfr. Fallo de 14 de enero de 2000. R.J.E., 2000, pág. 381).

Partiendo de esta premisa, la Sala advierte que los imputados A.Q. y OVIDIO NUÑEZ no comparecieron por sus propios medios a ninguna autoridad a comunicar los hechos puesto que, según informe de aprehensión y allanamiento suscrito por los agentes de policía e instrucción los mismos fueron detenidos en sus residencias días después del homicidio producto de diligencias de allanamientos, por lo que, a todas luces, dichas atenuantes no les pueden ser aplicadas.

Respecto a los planteamientos relacionados con la pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia consideramos prudente recordar a los recurrentes que la discrecionalidad del Juzgador al momento de fijar la pena debe respetarse; puesto que la pena impuesta no es modificable, salvo evidentes vicios de ilegalidad. En relación a ello, existe jurisprudencia de esta alta corporación, en lo que se refiere a la discrecionalidad del juzgador en cuanto a fijar la pena base, misma que debe ser respetada por el Tribunal de la alzada, en aras de la independencia judicial que tienen los jueces de instancia al momento de hacer la dosificación de la pena; tal como se puede observar en fallo de la Sala Segunda de lo Penal, de fecha 4 de marzo de 1997, bajo la ponencia del Magistrado H.C..

... debe respetarse la discrecionalidad del juez al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito, o sea, la individualización judicial por antonomasia que hace el juez de la causa en uso de sus facultades legales, considerando los elementos de juicio del proceso respecto de la persona del sujeto activo del delito.

De igual forma con relación a la aplicación de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período que la pena principal, se aprecia que el Tribunal de Primera Instancia aplica los parámetros establecidos en los artículos 68 y 69 del Código Penal, pues su duración no es superior a la pena principal y de igual manera, como la pena de prisión a imponer, es discrecionalidad del juez.

Todo lo anterior lleva a la conclusión que el Tribunal a-quo realizó una adecuada valoración de las pruebas contenidas en el expediente penal, conforme con las reglas de la sana crítica, siendo que las mismas logran alcanzar la eficacia para crear la convicción y la certeza necesaria para condenar a los procesados, por lo que procede confirmar la pieza judicial impugnada, en todas sus partes.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia del 11 de diciembre de 2015, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la que condena a J.G.M.L., A.Q. VILLARREAL y O.J.N.V., por la comisión del delito de homicidio en detrimento de R.C.M.. (q.e.p.d.)

N. y Cúmplase

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)