Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución22 de Agosto de 2017
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia de Primera Instancia fechada 22 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, a través de la cual se declaró penalmente responsable a J.A.J.M., y lo condenó a la pena de nueve (9) años y dos (2) meses de prisión y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en igual periodo que la pena principal, una vez cumplida ésta.

La Licda. I.O. de S., F.P. Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, anunció Recurso de Apelación contra la sentencia fechada 22 de octubre de 2015. Por su parte, la defensa técnica de J.A.J.M., licenciado A.E.V., también anunció Recurso de Apelación, contra la referida sentencia (Fs. 477 y vuelta).

Cabe destacar que en la parte resolutiva de la Sentencia que nos ocupa, no se estableció taxativamente el delito por el cual se le estaba imponiendo pena de prisión a J.M. (V.F.. 476-477), sin embargo, se desprende de la parte motiva de la misma, en el apartado de la individualización judicial que el procesado de acuerdo a lo probado en autos, debía responder como autor por la comisión de delito de homicidio simple, en grado de tentativa previsto en el artículo 131 en concordancia con los artículos 48 y 82 del Código Penal. Señalando además, que el intervalo de la pena a imponer, fluctuaba entre la mitad del mínimo y los dos tercios del máximo para el homicidio simple. Es decir, que quedó establecido, que el delito por el cual fue sancionado J.M., es Homicidio en Grado de Tentativa; amén de que el fundamento legal de dicha resolución judicial, cita los artículos concernientes al Homicidio simple (artículo 131 del Código Penal), tentativa (artículo 42 del Código Penal) y como se aplica la pena en casos de tentativa (artículo 82 del Código Penal), por lo que se tiene que, J.M., fue declarado penalmente responsable por el Delito de Homicidio en Grado de Tentativa.

DISCONFORMIDAD DE LA LICDA. IDALGIS OLMOS, FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

La Licda. I.O., F.P. Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, señaló que su disconformidad radica en que el tribunal de instancia, le descontó una sexta parte de la pena, de acuerdo con el artículo 90 numeral 7 del Código Penal, esto es, por haberse acogido al trámite en derecho, quedando una pena de 9 años y dos meses de prisión.

Refiere que a su entender, haberse acogido al trámite en derecho no puede ser apreciada como una atenuante, ya que la ley establece tanto el trámite por jurado de conciencia como en derecho, facultad que tiene el procesado de decidir como ha de ser juzgado, por lo que no es dable considerarse como atenuante, pues al imputado se le da la oportunidad de escoger el trámite que estime oportuno.

Cita fallos de la Sala Segunda de lo Penal, relativo a la aplicación de dicha circunstancia como atenuante, concluyendo que la circunstancia establecida en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, debe estar relacionada con otras contenidas en dicha normativa, para que pueda ser valorada por el Tribunal y que no vislumbra, como el trámite de juicio en derecho pueda asociarse a la atenuante previstas en el referido artículo y que tampoco el tribunal explicó de manera razonada dicha decisión.

Ante ello, estiman que sí bien la individualización judicial de la pena es una facultad discrecional del juzgador, esta debe seguir los parámetros establecidos en la normativa procesal, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Penal, no se puede aumentar o disminuir la pena, sino en atención a una disposición expresa de la ley, por lo que a nuestro juicio no procede la atenuante reconocida a favor del imputado.

Concluye peticionando que se reforme la sentencia recurrida en el sentido de mantener la pena principal de once (11) años de prisión impuesta a J.A.J.M., y por tanto no se reconozca atenuante alguna en su favor (Fs. 478-482).

DISCONFORMIDAD DEL LICDO. A.E., DEFENSA TÉCNICA DE JHONY AMÍLCAR

El Licdo. A.E., Defensa Técnica de J.A., señaló que su disconformidad radica en que en la referida resolución judicial fundamenta que para condenar a su representado J.J.M., en el examen médico legal (fs. 275-276), el cual indica que "las lesiones no pusieron en peligro la vida" del agraviado A.M., por lo tanto, mal puede el Tribunal a quo aprobar este tipo penal, cuando el mismo ha reconocido en resoluciones anteriores lo contrario.

Cita fallo del 30 de septiembre de 2014, cuando el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, expuso que se acreditó el delito de homicidio en grado de tentativa, toda vez que del examen médico se desprende que las lesiones sí pusieron en peligro la vida de la víctima, ya que los elementos integrantes del delito se perfilaron y acreditaron fehacientemente que la lesión sufrida por la misma fue de gravedad. Cita también sentencia de 13 de noviembre de 2012, expedida por el mismo Tribunal.

Anota también el recurrente que, según la declaración de A.M.G., se denota que del actuar del procesado no se desprende una intención homicida, ya que la víctima señaló que el sujeto se le acercó sin decir nada y comenzó a dispararle en las dos piernas como para que no pudiera correr y que de dicha acción no se desprende una intención homicida, ya que de lo contrario le hubiese disparado en un punto vital de la anatomía humana para causarle la muerte. Indica que se está ante el delito de lesiones personales y no de homicidio en grado de tentativa.

Señala que otra disconformidad con la resolución impugnada es que en la sentencia tomo en consideración un informe que expone que su representado pertenece a la banda LOS CRAZY KILLA, lo cual no se acreditó, ya que se tiene conocimiento de que los informes policiales no son más que averiguaciones preliminares que se realizan, ya que solo sirven para iniciar una investigación, lo que es contradictorio con los antecedentes de su representado que el mismo no mantiene registros penales, ni judiciales alguno.

Por lo que solicita, la aplicación del principio In Dubio Pro Reo, a favor de su representado, ya que en materia penal cualquier cargo que se le impute a una persona debe estar debidamente acreditado mediante elementos probatorios, que fuera de toda duda, den certeza de su participación en el hecho ilícito y no por razón de apreciaciones subjetivas o deducciones personales, por lo que ante la duda y en observancia de los principios de In dubio pro reo y presunción de inocencia, debe favorecérsele al imputado.

Concluye peticionando que se revoque la sentencia N° 22 de octubre de 2015, donde se condena a su representado a la pena de 9 años de prisión como autor del delito de Homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de A.M.G. (Fs. 486-489).

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

Dentro del término de ley, la Licda. I.O., F.P. Superior, presentó escrito de oposición al escrito de apelación, presentado por la Defensa de J.J., tal como se constata a folios 489-494.

Señala la Fiscal de la causa que, del análisis de los elementos probatorios recopilados en la encuesta penal, se cuenta con el hecho punible debidamente acreditado con los siguientes elementos de prueba, Diligencia de Inspección Ocular y Levantamiento de indicios, realizado por el despacho el 8 de diciembre de 2013 en la residencia de O.M. ubicado en el sector de Los Abánicos, Divino Niño N° 3, recolectándose cinco indicios.

Con la evaluación médico legal realizada por el señor A.M., mediante el cual se acreditan las lesiones que presentaba el ofendido al momento de ser atendido, ya que se consignó el arma utilizada, la incapacidad y la valoración de la lesión causada.fecha de lesiones 8-12-2013;objeto proyectil de arma de fuegoincapacidad CUARENTA Y CINCO (45) días provisionaleslas lesiones no pusieron en peligro su vida".

Al evaluarse definitivamente a A.M., le concedieron una incapacidad de 120 días, salvo complicaciones. S.: al momento de la evaluación médico legal, el examinado presenta limitación funcional a nivel del miembro superior derecho (antebrazo derecho) lo que equivale a un 3% de disminución en su capacidad funcional orgánica general.

Estima la Fiscal de la causa que, la acción desplegada se vinculo a J.A.J.M., (a) MENOR, conforme a los elementos probatorios detallados en la investigación y que resulta los testimonios acopiados. La vinculación surge del señalamiento del ofendido, al igual que el del señor O.M.A., N.G., I.M. y DEYDIS MENDOZA, familiares del ofendido, quienes lo señalaron como el ofensor de su pariente.

Por lo que, la intención homicida en su modalidad imperfecta se encuentra plenamente comprobada. En atención a ello, los elementos de prueba examinados, son concretos y suficientes para demostrar la responsabilidad de J.A.J., siendo que la conducta investigada, concierne en el Delito contra la Vida e Integridad personal (Homicidio en grado de tentativa), tipificado en el Título I, Capítulo I, de la Sección Primera del Libro II del Código Penal, en concordancia con el Título I Capítulo I, sección primera del Libro Primero del Código Penal.

Concluye indicando que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

HECHOS

Para el día 8 de diciembre de 2013, en la Provincia de Chiriquí, Distrito de D., Corregimiento de D., Sector Los Abanicos, Divino Niño N°3, se tiene conocimiento de que el menor de edad A.M. de 16 años de edad, se encontraba en su cuarto, cuando un joven apodado MENOR de la banda CRAZY KILLA, entró al interior de la residencia y le efectuó tres disparos, uno en cada pierna y el otro en el brazo.

En Diligencia de Inspección Ocular y Levantamiento de Indicios, realizada en dicho lugar, se ubicó una residencia a la orilla de la calle, en la cual al ingresar a la misma se observó que era una residencia en construcción que no mantiene luz en la parte frontal, con cocina en la parte de afuera, lado derecho con una puerta de madera, dos cuartos en su interior, piso de cemento pulido, ninguno de los dos cuartos mantenía puerta. En uno de los cuartos, había una cama de madera, con un colchón y a dos metros del punto de referencia se ubicó un proyectil de formado de color dorado; a una distancia de tres metro un proyectil de formado de color dorado; a tres metros cincuenta, un fragmento de proyectil deformado de color dorado en un tanque plástico con agua; a una distancia de tres metros se ubicó un casquillo balístico de color dorado; a tres metros cero cinco se ubicó el último casquillo balístico de color dorado. Se observó también una sustancia de color rojo que se presumía era sangre (Fs. 9-12).

El menor de edad, A.M.G., rinde declaración jurada señalando que para el 8 de diciembre de 2013, cuando se encontraba reunido en su casa con su familia, celebrando el día de la madre, con sus hermanas y padre, cuando la perrita de la casa ladró, su hermana salió a ver quién era, y esta le dijo a su mamá que un hombre con un arma de fuego en mano se dirigía a la casa. Cuando el sujeto entró a la casa, le apuntó con el arma de fuego y el quedó en shock y sin decirle nada el sujeto se le fue acercando y comenzó a dispararle en las dos piernas como para que no pudiera correr, pero él se tiró debajo de la cama de su mamá y de allí observó cuando metió la pistola y comenzó a dispararle, por lo que metió las dos manos para taparse la cabeza y allí fue donde le metió el tiro en el brazo derecho.

Concluyo indicando que el sujeto apodado EL MENOR responde al nombre de Y.J.M. y que él no tenía problemas con este ni su familia, pero lo amenazaban de muerte, ya que como su hermano había caído preso, siempre amenazaban a su familia y los correteaban y ellos, ya habían denunciado estos hechos ante el Ministerio y anteriormente habían soltado bala en la casa. Agrega que este sujeto pertenece a la banda LOS CRAZY KILLA (Fs. 33-35).

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al realizarle evaluación médica legal a A.M., para el día 12 de diciembre de 2013 (Fs. 45), concluye indicando:fecha de lesiones 8-12-2013;objeto proyectil de arma de fuegoincapacidad CUARENTA Y CINCO (45) días provisionaleslas lesiones no pusieron en peligro su vida".

A folios 275-277, reposa reconocimiento médico legal del menor A.O.M.G., para el día 9 de mayo de 2014, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual concluye que:

Se cierra incapacidad definitiva en ciento veinte (120) días, salvo complicaciones

S.: al momento de la evaluación médico el examinado A.M. presenta limitación funcional a nivel del miembro superior derecho lo que equivale a un 3% de disminución en su capacidad funcional orgánica general.

Sin señal de cicatriz visible o permanente en el rostro al momento del exámen .

La Diligencia de Inspección Técnica Ocular realizada en la residencia ubicada en la tercera etapa de Divino Niño, propiedad de O.M. (Fs. 70-77), para el día 8 de diciembre de 2013, en la cual indica el perito forense C.C., que dicha residencia es una construcción a medio terminar, a orillas de carretera, con dos luminares de la carretera ubicada cada una en una esquina, sin luz en la parte frontal de la casa, con una cerca de alambres de púas, con un espacio que hace las veces de un portón fácil para ingresar. Agrega que al ingresar a la residencia estaba compuesta de dos recamaras habilitadas por una sola puerta de madera de ingreso, la cual manifestó el afectado estaba abierta al momento del hecho. Al ingresar a la referida recamara había una cama doble de madera con su respectivo colchón y la misma está a una altura de 40 centímetros del piso y en el piso se observaron dos proyectiles, un fragmento y dos casquillos. Determinan que sí hubo violencia.

Al hecho se vinculó a J.J.M., a quien se le formularon cargos, por delito CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, Capítulo I, Sección Primera, Título I, del Libro II del Código Penal, en concordancia con el capítulo VIII, título II del Libro I del Código Penal (Fs. 155-170).

Al rendir sus descargos, señaló que es inocente de los cargos que se le endilgan y que tiene testigos de que se encontraba en otro lugar para el día de los hechos. Refiere además, que no conoce al ofendido, ni a ninguno de sus familiares. Señala que para el día y hora señalado, se encontraba en casa de una vecina desde las 6:50 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, y que posterior se retiró hacia la gallera EL TORIL, junto a MAILIN, esposa del joven que le cuida los gallos (Fs. 173-180).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conocidos los argumentos de la apelante, la Sala entrará a resolver la alzada sólo sobre los puntos censurados en los escritos de apelación, de conformidad con el artículo 2424 del Código Judicial.

La recurrente destacó que el Tribunal A-Quo, aplicó una atenuante que no se encuentra contemplada en el artículo 90 del Código Penal, la cual es la disminución de la pena por haber escogido el procesado que la causa, se surtiera en derecho. Señala que el trámite por jurado de conciencia o en derecho, no debe considerarse como atenuante pues al imputado se le da la oportunidad de escoger el trámite que estime oportuno.

La sentencia recurrida respecto a la aplicación de la atenuante a favor de J.M., indica:

"A juicio del Tribunal al no concurrir circunstancias agravantes modificatoria de la responsabilidad penal, la pena base se fija discrecionalmente en once años de prisión de la que se descuenta una sexta parte, por haberse acogido el procesado al juicio en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, quedando la pena definitiva en ciento diez (110) meses, o sea 9 años y dos meses de prisión" (Fs. 476).

Ahora bien el Código Penal de 2007, en su artículo 90, establece:

"Artículo 90. Son circunstancias atenuantes comunes las siguientes:

Haber actuado por motivos nobles o altruistas.

No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo.

Las condiciones físicas o psíquicas que colocaron al agente en situación de inferioridad.

El arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias.

La colaboración efectiva del agente.

Haber cometido el delito en condiciones de imputabilidad disminuida.

Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba ser apreciada.

Las circunstancias previstas en este artículo solo se aplicarán a tipos básicos que no tengan atenuantes especiales."

Como se desprende taxativamente de la norma antes citada, la disminución de la pena por el hecho de que el procesado se haya acogido a un juicio en derecho, no se encuentra taxativamente establecida entre las circunstancias atenuantes, establecidas por ley. Sin embargo, se infiere de la sentencia recurrida, que a pesar de que el hecho antes mencionado per se, no se encuentra establecido taxativamente en el Texto Único del Código Penal de 2007, el Tribunal Superior citó como fundamento de dicho hecho, lo establecido en el numeral 7 del artículo 90, el cual establece cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba ser apreciada.

Es decir, tomó como base la circunstancia de haberse acogido el procesado al juicio en derecho, como atenuante de responsabilidad penal, a aplicar en el caso en concreto.

Sin embargo, se tiene que ha sido criterio reiterado de la Sala que el hecho de que el procesado se acoja a los trámites de un juicio en derecho, no es una atenuante de circunstancia modificativa de responsabilidad penal, ya que: "el acogerse a un juicio en derecho es un acto voluntario por parte de quien lo asume, que no repercute en la dosificación de la pena, ni puede ser considerada como una circunstancia modificadora de la responsabilidad penal, tal y como lo ha señalado en reiteradas ocasiones este cuerpo colegiado en sentencias varias". Extraído del fallo fechado siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013). Recurso de Apelación promovido dentro del proceso penal seguido a F.A.C.M., por Delito contra la vida y la Integridad Personal en La modalidad de Homicidio Doloso Agravado en perjuicio de L.I.G.. Ponente: H.A.D..

En Fallo del 21 de diciembre de 2009, la magistrada Ponente Esmeralda Arosemena de T., indicó que: "La Sala advierte que la renuncia a ser juzgado por un tribunal de jurados de conciencia, no constituye un elemento que, expresamente y por potestad de la Ley, atenúe la responsabilidad criminal del justiciable. El listado de circunstancias de atenuación común que enumera el artículo 66 del Código Penal de 1982 (texto vigente al momento de la comisión del hecho) y el artículo 89 del Nuevo Código Penal (texto aplicable a la situación del imputado, en virtud del principio de ley favorable, no prescriben como elemento modificativo de responsabilidad, la renuncia a ser juzgado por un tribunal de jueces legos".

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala es del criterio que le asiste la razón a la vindicta pública, ya que el hecho de que el procesado se acogiera a un trámite en derecho, no es una circunstancia atenuante de responsabilidad penal establecida en la ley, por lo que la Sala estima que se hace necesario reformar la resolución impugnada en ese sentido.

En este orden de ideas, observa la Sala que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, impuso como pena base a J.M. la pena de once (11) años de prisión y al aplicarle la disminución de un sexto de la pena, por la circunstancia de haberse acogido a un juicio en derecho, quedó en Nueve (9) años y dos (2) meses de prisión, como pena de prisión a cumplir. Sin embargo, por lo decidido por esta S. en esta resolución judicial, al eliminarse la referida circunstancia por las motivaciones de derecho, antes expuestas, le quedará por cumplir a J.M. la pena de once (11) años de prisión y como pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en igual periodo que la pena de prisión, una vez cumplida ésta.

Respecto al Recurso de Apelación promovido por el Licdo. A.E., actuando en representación de J.A., quien sustenta su disconformidad en dos hechos fundamentales:

Que las lesiones no pusieron en peligro la vida de A.M., ya que el Instituto de Medicina Legal, refirió en las evaluaciones médicas que se le efectuaron al mismo que "las lesiones no pusieron en peligro la vida", por lo que el Tribunal a quo, no pudo probar el tipo penal de Homicidio en grado de tentativa. Por lo que indicó que se está ante un delito de lesiones personales y no de homicidio.

Que la sentencia, tomó en consideración un informe que expone que su representado pertenece a la banda LOS CRAZY KILLA, lo cual no se acreditó ya que se tiene conocimiento de que los informes policiales no son más que averiguaciones preliminares que se realizan y que solo sirven para iniciar una investigación, lo que es contradictorio con los antecedentes de su representado y que en virtud de ello, debe absolvérsele en virtud del principio In Dubio Pro Reo.

Con relación al primer punto, la Sentencia recurrida establece lo siguiente:

" En autos está probado que el justiciable disparó en más de una ocasión en contra del menor A.O.M.G., quien se escondió debajo la cama y que afortunadamente no fue impactado mortalmente, pero al hacerlo demostró una clara intención de matarlo y también un alto grado de peligrosidad" (Fs. 475).

Ahora bien, se tiene que al menor de edad, A.M., una vez fue atacado con arma de fuego, se le realizó por parte del Instituto de Medicina Legal, evaluación médico forense mediante la cual se consignó en primera instancia para el día 12 de diciembre de 2013, por parte del Dr. W.P.M., médico forense, lo siguiente:fecha de lesiones 8-12-2013;objeto proyectil de arma de fuegoincapacidad cuarenta y cinco (45) días provisionaleslas lesiones no pusieron en peligro su vida" (Fs. 45).

En tanto, a folios 275-277, reposa reconocimiento médico legal del menor A.O.M.G., para el día 9 de mayo de 2014, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por reevaluación, realizado por la Dra. V.M.G., que concluye así:

Se cierra incapacidad definitiva en ciento veinte (120) días, salvo complicaciones

S.: al momento de la evaluación médico el examinado A.M. presenta limitación funcional a nivel del miembro superior derecho lo que equivale a un 3% de disminución en su capacidad funcional orgánica general.

Sin señal de cicatriz visible o permanente en el rostro al momento del exámen .

Estima la Sala que en efecto, se desprende que en la primera evaluación médico legal se le concedió una incapacidad provisional por 45 días, y que dichas lesiones no pusieron en peligro su vida, siendo que al ser reevaluado por el médico forense, le otorgó incapacidad definitiva de ciento veinte (120) días, además de que el mismo presenta una limitación funcional al nivel del brazo derecho, lo que incide en una disminución de su capacidad funcional orgánica general.

Ahora bien, se desprende que el letrado solo mencionó la primera evaluación provisional que se le hizo al menor afectado, dejando de lado la evaluación posterior que medía el grado de progresividad de las lesiones sufridas por el menor de edad, producto del ataque con arma de fuego, del cual fue objeto.

Aunado el hecho de que contamos con la narración de los hechos y testigos presenciales del mismo, que es evidente que la intención de J.M., era ultimar al menor de edad, A.M..

En el caso específico del delito de homicidio en grado de tentativa, se ha indicado en la doctrina que se exige la concurrencia de los siguientes elementos:a) Que esté plenamente acreditado que el sujeto activo del delito quería privar de la vida al ofendido; b) además de que aquél lleva a cabo los actos necesarios e idóneos para privarlo de la vida, y c) que no se consuma el homicidio por causas ajenas a la voluntad del sujeto del delito.(E.L.B., Delitos en Particular, Tomo I, 2ª Edición, E.P., México D.F., 2001.p.82

Por su parte, en la jurisprudencia de la Corte se ha señalado que para "poder calificar una conducta bajo el tipo de tentativa, en el caso en comento tentativa de homicidio, es indispensable la presencia del inminente peligro contra la integridad del bien protegido, es decir la vida del individuo". (Auto de 8 de diciembre de 1998). Extraído de fallo de 9 de diciembre de 2002, dentro del proceo seguido a J.A.J.D.C. y G.A.J.D.C., por delito de homicidio en grado de tentativa. Ponente: Graciela J. Dixon C.

Aplicando los criterios doctrinales y jurisprudencial que anteceden al caso subjúdice, se debe señalar que A.O.M., fue objeto de una agresión con arma de fuego dentro de su residencia Corregimiento de D., Sector Los Abanicos, Divino Niño, N° 3, para el día 8 de diciembre de 2013, sufriendo heridas producidas con arma de fuego en ambas de sus piernas y brazo derecho.

Nótese que en declaración jurada rendida por O.M.A., quien se encontraba presente en la residencia cuando su hijo estaba siendo atacado, indicó lo siguiente:

"... luego el caballero empieza a dispararle a mi hijo A. y luego al verse mi hijo desprotegido sin ver donde cubrirse, se tiró como pudo al piso y se metió como pudo al piso y se metió debajo de la cama, estando ya impactado en las piernas y luego el sujeto entró a la casa, cruzó una rejilla que tenemos en la puerta cruzó a la habitación apoyando su mano izquierda de la piesera (sic) de la cama y empezó a dispararle a A. debajo de la cama, pero viéndonos a mi señora y a mi persona, sin dejar de disparar, y me imagino que cuando dejo de disparar fue porqué pensó que había matado a mi hijo, ya que AMETH no gritaba, ni decía nada, cuando deja de disparar, me apunta con la pistola y recorre con su mano apuntando también a la señora y de allí dió la espalda y se fue... ." (Fs. 42).

En este orden de ideas, el afectado menor de edad A.M., al relatar los hechos, indicó que:

" ... Y de allí cuando levanté la mirada el muchacho me estaba apuntando con la pistola y no me dijo nada, mi hermana Deidys en ese momento se escondió detrás del ropero con la niña y empezó a gritar y yo quedé en shock cuando me estaba apuntando y sin decirme nada se me acercó y comenzó a dispararme en las dos piernas como para que no pudiera correr, pero yo como pude me tiré debajo de la cama de mi mamá y allí yo ví cuando metió la pistola y comenzó a dispararme y yo metí las dos manos para taparme la cabeza y de allí fue donde me dio en el brazo derecho" (Fs. 34).

Se desprende de ambas declaraciones que la intención de J.M., era quitarle la vida al menor de edad A.M., pues de los actos y la secuencia de los mismos, se infiere que su intención era matarlo, ya que observa la Sala en base al principio de la sana crítica, que sí el joven M. no hubiese cubierto su cabeza con sus dos manos, cuando estaba debajo de la cama, lo hubiese lesionado de gravedad la cabeza, con las consabidas consecuencias. Cabe destacar que las declaraciones refieren el hecho de que el procesado solo dejó de disparar cuando no escuchó más al joven agredido con los impactos de bala, es decir, que el mismo tenía la firme intención de ultimar al A.M., y de ello la Sala no tiene la menor duda.

Lo anterior se corrobora, con la Diligencia de Inspección Ocular y Recolección de evidencias practicadas para la noche del hecho que nos ocupa, de la cual se desprende que se ubicaron cerca de la cama de la madre del menor, dos proyectiles deformados, tres casquillos de color dorado, así como sustancia de color rojo (sangre) (Fs. 11-12) (Fs. 70-77), lo que evidencia la magnitud del hecho perpetrado en perjuicio del menor de edad.

Se tiene pues, que tal como lo indicó el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, que los hechos acreditados encuentran adecuación típica en las figuras descritas en la Sección Primera del Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal, en concordancia con el capítulo VIII, Título II del Libro I del Código Penal, es decir, por la presunta comisión del delito atentatorio contra la vida humana (homicidio en grado de tentativa) en perjuicio de A.M., pues si bien la primera evaluación médico legal que se le realizó al menor de edad, A.M., concluyó que las lesiones no pusieron en peligro su vida, lo cierto es que los actos llevados a cabo por el procesado estaban firmemente encaminados a causarle la muerte al ofendido, lo que no logró, pues se desprende de las declaraciones, que el mismo dejó de disparar cuando no escuchó gritar más al ofendido, luego de ello, se retiró del lugar de los hechos.

Amén de que, en la Evaluación médico legal que se le realizara para el 9 de mayo de 2014, cinco meses después de los hechos, se desprende que el mismo, presentaba limitaciones a nivel superior del miembro derecho superior, resultado del ataque del cual fue objeto.

Respecto al segundo punto de disconformidad por el recurrente, L.. A.E., la Sentencia recurrida establece lo siguiente:

" En autos está probado que el justiciable disparó en más de una ocasión en contra del menor A.O.M.G., quien se escondió debajo la cama y que afortunadamente no fue impactado mortalmente, pero al hacerlo demostró una clara intención de matarlo y también un alto grado de peligrosidad, lo que de alguna manera se sustenta con el informe de la Sección de Antipandillas de la Subdirección de Investigación Judicial de Chiriquí, visible a fojas 219-220, que señala que J.A.J.M. (a) menor, quien es presunto integrante del autodenominado grupo delincuencial Los Krazy Killa, que mantiene control territorial en la barriada Los Abanicos, El Retorno y San Cristobal.

. ...

A Jucio del Tribunal al no concurrir circunstancias agravantes modificatorias de la responsabilidad penal, la pena base se fija discrecionalmente en once (11) años de prisión de la que se descuenta de la que se descuenta una sexta parte, por haberse acogido el procesado al juicio en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, quedando la pena definitiva en ciento diez (110) meses, o sea 9 años y dos meses de prisión" (Fs. 475-476).

Se desprende de autos, que los cargos que se le endilgaron a J.J.M., fueron por delito CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, Capítulo I, Sección Primera, Título I, del Libro II del Código Penal, en concordancia con el capítulo VIII, título II del Libro I del Código Penal (Fs. 155-170). Siendo que mediante Auto Penal de 18 de diciembre de 2014, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, decretó Apertura a causa criminal contra J.A.J., por ser presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en Capítulo I, Sección Primera, Título I, del Libro II del Código Penal, en concordancia con el capítulo VIII, título II del Libro I del Código Penal, es decir, por DELITO CONTRA LA VIDA HUMANA (homicidio en grado de tentativa) cometido en perjuicio de A.O.M.G. (Fs. 393-401).

Lo anterior, ante el hecho de que el letrado indicó que en la individualización de la pena se tomó en cuenta Informe policial, el cual establece que su representado forma parte de la banda CRAZY KILLA, lo cual no se demostró en el dossier, por lo que se le debía absolver al mismo, ya que ante la duda y en observancia a los principios In Dubio Pro Reo, debía favorecérsele.

Ahora bien, estima la Sala que en Informe visible a folios 219-220, suscrito por el Cabo 2do. E.T., de Servicio en la Sección Antipandillas de la Provincia de Chiriquí, refirió que J.A.J.M., alias MENOR, según sus archivos el mismo es un presunto integrante del autodenominado grupo delincuencial "LOS KRAZY KILLAS", la cual mantiene control territorial en la Barriada Los Abanicos, El Retorno y S.C., información policial que se recabó durante la etapa investigativa, lo que consideró el Tribunal Superior, ponderar en su justa medida en base al principio de la sana crítica. Sin embargo, este informe no es el único elemento que tomó en base el Tribunal Superior para declarar penalmente responsable a J.M., puesto que existen tal como lo hemos indicado anteriormente, declaraciones y diligencias practicadas durante el sumario que analizadas entre sí, llevaron a la conclusión al juez natural sobre la declaratoria de culpabilidad del procesado, lo que desvirtúa el principio de presunción de inocencia, aludida por el letrado.

Amén de que, existe jurisprudencia de esta alta corporación de justicia, en lo que se refiere a la discrecionalidad del juzgador en cuanto a fijar la pena base, misma que debe ser respetada por el Tribunal de alzada, en aras de la independencia judicial que tienen los jueces de instancia al momento de hacer la dosificación de la pena.

Lo anterior, se observa en fallo de la Sala Segunda de lo Penal, de fecha 4 de marzo de 1997, bajo la ponencia del Magistrado HUMBERTO COLLADO:

"... Debe respetarse la discrecionalidad del juez al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito, o sea, la individualización judicial por antonomasia que hace el juez de la causa en uso de sus facultades legales, considerando los elementos de juicio del proceso respecto de la persona del sujeto activo del delito."

En este sentido, es importante resaltar que esta Corporación de Justicia con relación a la individualización de la pena ha sostenido: "que la determinación judicial de la pena, es llevada a cabo por el juzgador a efecto de escoger entre varias penas o entre diversos grados o cuantías de pena. No obstante, tal prerrogativa legal ésta delimitada por los elementos de juicio que arroja la realidad del proceso, a objeto de que exista proporcionalidad entre la pena impuesta y la conducta del penado. De consiguiente, la pena base impuesta no es modificable cuando no se observen visos de ilegalidad manifiesta, por lo que en aras de la independencia judicial, se debe respetar la discrecionalidad del Tribunal de Primera Instancia" (Cfr. Sentencias de 19 de junio de 2002, de 11 de octubre de 2000 y de 9 de agosto de 2000). (el resaltado es nuestro).

Ante los fundamentos antes expuestos, la Sala estima que no le asiste razón al Licdo. A.E., Defensor Técnico de J.J., ya que los elementos incorporados al dossier son contundentes para demostrar la responsabilidad penal de su representado por el delito de Homicidio en grado de Tentativa, en perjuicio de A.M..

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la Sentencia fechada 22 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, en el sentido de:

ELIMINAR el reconocimiento de la circunstancia de haberse acogido a un juicio en derecho como atenuante de responsabilidad, aplicada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, con fundamento en lo establecido en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal;

CONDENAR a J.A.J.M., de generales conocidas en autos, a la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN, en calidad de AUTOR del DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en perjuicio de A.O.M.G..

Y se confirma en todo lo demás,

Notifíquese y Cúmplase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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