Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución 7 de Junio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 07 de junio de 2019

Materia: Penal - Negocios de segunda instancia

Sentencia condenatoria apelada

Expediente: 23-16

VISTOS:

Ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación, la Sentencia Penal de 13 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, a través de la cual se declaró penalmente responsable al señor E.C.G., como autor del delito de Homicidio, en Grado de Tentativa, en perjuicio de L.A.G.R., siendo condenado a la pena de OCHO (8) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual período que la pena principal.

La decisión en comento fue impugnada por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial y por la Licenciada M.M.M., Defensora de Oficio del procesado, señor E.C.G., quienes anunciaron y sustentaron recurso de apelación, en término procesalmente oportuno. No obstante, durante el término legal de traslado, la Fiscalía de la instancia, no presentó escrito de oposición al recurso de apelación de la defensora de oficio.

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El Licenciado H.M.F.P. Superior del Tercer Distrito Judicial, en lo medular de sus planteamientos, indicó no compartir la decisión proferida por el tribunal de instancia, toda vez que, descontó una sexta parte, de la pena base, de acuerdo al numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, es decir por haberse acogido el procesado al trámite de Juicio en Derecho.

Destaca el recurrente que, debe haber un nexo entre el numeral 7 y las atenuantes que se enlistan en el referido artículo, lo cual no ocurre en el caso bajo examen, tal como se desprende de nuestra Jurisprudencia Patria.

Finalmente, solicita, se modifique la sentencia, imponiendo una pena más alta, al no reconocérsele la atenuante prevista en el numeral 7 del Artículo 90 del Código Penal al señor E.C.G..

Por su parte, la Licenciada M.M.M., Defensora de Oficio, en lo medular de sus planteamientos, solicita se revoque la sentencia impugnada y en su lugar absuelvan a su representado E.C.G., de conformidad al artículo 42 del Código Penal, o de lo contrario se le aplique la disminución de la pena, en razón de las circunstancias del hecho y como incidieron en su percepción de los hechos.

Agrega que, las circunstancias del hecho llevaron a su representado a pensar que su vida estaba en peligro, creyendo erróneamente que lo amparaba una causa de justificación porque creía que actuaba dentro de los lineamientos de una causa de justificación no percibiendo ilicitud en su actuar, ante bienes jurídicos de igual entereza, situación que disminuye el reproche de su accionar porque las facultades físicas y psíquicas del mismo, vista la situación disminuía su capacidad de valorar correctamente la situación por la alteración de su entorno y la violencia de la situación.

OPOSICIÓN

La Licenciada M.M. MIRANDA Defensora de Oficio, del señor E.C.G., presentó escrito de oposición a la apelación del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, manifestando que en el escrito de dicha apelación se cita jurisprudencia patria sin señalar la fecha de la misma, lo que impide establecer el momento histórico de nuestra legislación en el que se profirió tal pronunciamiento, habida cuenta que el artículo 90.7 CP., ha sufrido modificaciones.

Agrega la opositora que al variar la normativa desapareció la atenuante analógica, porque no se establece que para su aplicación sea necesario que se relacione su aplicación con las anteriores circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, sino que sólo se establece que debe ser considerada. En ese sentido, con la actual redacción del Código Penal, permite al juzgador considerar como atenuantes otras circunstancias, aún cuando no estén expresamente establecidas en la Ley, por lo cual, considera procedente la aplicación de dicha atenuante en estos procesos, oponiéndose así a la solicitud efectuada por la Fiscalía en su escrito de apelación.

DECISIÓN DE LA SALA

Conocida la disconformidad del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial y de la Defensora de Oficio, le corresponde a esta Sala analizar y decidir los recursos interpuestos, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refieren los apelantes, tal como lo establece el artículo 2424 del Código Judicial.

En cuanto a la apelación del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, tenemos que el tema en discusión guarda relación con la rebaja, por parte del tribunal a quo, por haberse acogido el señor E.C.G., al trámite de juicio en derecho.

Se observa que el Tribunal primario, en su sentencia, señaló:

"De acuerdo a lo probado en autos, debe responder criminalmente, como autor, por la comisión del delito de homicidio simple en grado de tentativa, previsto en el artículo 131 en concordancia con los artículos 48 y 82 del Código Penal, ya que atentó contra la vida de L.A.G.R. fin que no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agente.

En consecuencia, para el delito de homicidio simple, en grado de tentativa, el intervalo penal al que debe someterse a C.G. fluctúa entre la mitad del mínimo y un máximo de dos tercios del máximo de la pena de 10 a 20 años de prisión contemplada para el homicidio simple, es decir, entre un mínimo de 5 a un máximo de 13 años y 4 meses de prisión.

De las constancias procesales, no se ha acreditado que C.G. haya sido condenado con anterioridad por la comisión de delito doloso, mediante sentencia penal ejecutoria.

Considera el Tribunal que la conducta del justiciable demuestra un alto grado de peligrosidad pues efectuó varias detonaciones de armas de fuego en un establecimiento repleto de personas y que disparó sobre la víctima en dos ocasiones.

El Tribunal fija la pena base en diez (10) años de prisión a la que se le descuenta una sexta parte, por haberse el justiciable acogido al procedimiento en derecho, lo que se le reconoce como circunstancia atenuante genérica conforme a lo previsto en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, quedando la pena líquida y definitiva en ocho (8) años y cuatro (4) meses de prisión..."

Dado el tema en debate, resulta oportuno indicar que la facultad de renunciar al derecho de ser juzgado por J. se encuentra establecida en la ley, específicamente en el artículo 2317 del Código Judicial que, a la letra dice: "El imputado puede renunciar al derecho de ser juzgado por jurados. La renuncia debe ser expresa y puede ser hecha en la notificación del auto de enjuiciamiento o antes de la juramentación de los jurados, por medio de memorial presentado personalmente por el imputado o su defensor."

Se hace necesario señalar que, el acogerse a un juicio en derecho es un acto voluntario por parte de quien lo asume, que no repercute en la dosificación de la pena, ni puede ser considerada como una circunstancia modificadora de la responsabilidad penal, tal y como lo ha señalado en reiteradas ocasiones este Cuerpo Colegiado.

Con relación al juicio en derecho en procesos seguidos ante Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la Sala expresó, en Sentencia de 3 de febrero de 2003:

"En cuanto al argumento esgrimido por la defensa técnica en lo referente a la renuncia del procesado al derecho de ser juzgado por Jurado de Conciencia lo que estima "debe ser tomado en cuenta por los beneficios que conlleva para la administración de justicia", la Sala debe indicar que ello no constituye una circunstancia que conlleve la disminución de la pena impuesta...En tal sentido, el Título IV del Libro III del Código Judicial que denominado Juicios con Intervención de J., en ninguna de sus normas establece que si el imputado renuncia al derecho de ser juzgado por jurados (art. 2331), ello le beneficiará para rebajarle la pena de prisión en caso de resultar culpable de alguno de los delitos que son competencia de los jurados de conciencia (art. 2320). Al respecto no existe norma dentro de dicho título que permita disminuirle al procesado la pena si se acoge al juicio en derecho. Lo que sería un contrasentido que el ejercicio de un derecho pueda ocasionarle un perjuicio a su titular".

De lo anterior, estima esta Superioridad que le asiste la razón al fiscal recurrente, por lo que se hace necesario reformar la resolución impugnada en el sentido de no reconocer la rebaja de una sexta (1/6) parte de la pena, por haber haberse acogido al trámite en derecho el señor E.C.G., por lo que la pena líquida a cumplir quedará en DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, de la cual debe descontarse el tiempo que ha permanecido detenido por esta causa.

En cuanto al recurso de apelación de la Licenciada M.M.M., Defensora de Oficio, se debe indicar que, el aspecto objetivo, es decir, la comisión del hecho punible y la vinculación del señor E.C.G., con el delito de Homicidio, en Grado de Tentativa, en perjuicio de L.A.G.R., no ha sido motivo de impugnación, por lo cual esta corporación no se pronunciará al respecto, salvo en reconocer que el mismo ha sido debidamente acreditado, ya que la recurrente pide la absolución de su representado alegando que el mismo actuó creyendo erróneamente que lo amparaba la causa de justificación de defender su vida.

Se procede al examen de la sentencia recurrida para establecer si le asiste razón a la defensora de oficio, se tiene que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial descartó la existencia de la causa de justificación por lo siguiente:

La defensora técnica ha excepcionado que a favor de su representado concurre una eximente de culpabilidad, específicamente la prevista en el numeral 3 del artículo 42 del Código Penal, a saber, por estar convencido erróneamente que estaba amparado por una causa de justificación, denominada también de error de prohibición, indirecto e invencible, y por lo tanto debe ser absuelto.

En otras palabras, argumenta que su representado declaró que realmente al chino encargado del bar, éste comenzó a pegarle y llamó a los seguridad quienes lo golpearon con los toletes que cargaban, para que le diera el cuchillo, que le tiraron gas pimienta y le siguieron pegando hasta que el actúo para defenderse.

Además, pone en duda la versión de los guardias de seguridad que intentaban reducirlo poniéndole las esposas porque en el video descrito en la inspección judicial, al salir éste del cuarto no aparece con las esposas y que las esposas no se mencionaban en el expediente, sino solamente la vara policial, el gas pimienta y las armas.

Al respecto de las esposas, aclara el Tribunal que al revisar el video, se percata que siendo las 5:36.19 a 5:36.31 P.C. sale del cuarto y se observa claramente que levanta ambas manos y en la derecha se observa que empuña el revólver y en la muñeca de esa mano se le observa nítidamente la esposa que le fue puesta durante el forcejeo, lo que indica que son atendibles las versiones de los guardias de seguridad C. y G.R., y que sustentan que trataron de reducirlo físicamente al mostrarse agresivo con R.C.Z., cantinero del bar Z., con J.B., también dominicana, a quien manoteó C. y la propia N.; amen de los propios guardias de seguridad.

No existe elementos racionales que indiquen que C., por un error invencible, no atribuible a su propia persona, incurrió en una falsa representación de la realidad creyendo estar amparado en una causa de justificación, en este caso, la legitima defensa de su vida; pues los elementos objetivos del caso indican que la acción de los guardias de seguridad estuvo dirigida a reducirlo físicamente con las esposas y el gas pimienta, lo que no logran completamente, pero no matarlo como indica la defensa técnica, habría creído erróneamente el justiciable.

En todo caso, el animus necandi solo provino de su conducta luego de vaciar el arma de fuego y solo cesa en la misma cuando los agentes de la Policía logran desarmarlo, una vez salió del cuarto.

Establecida la existencia de una conducta típica descrita por el Código Penal que motivó la apertura de causa criminal y al declararse la responsabilidad penal del imputado al concluirse el juicio de reprochabilidad, corresponde a esta Corporación de Justicia la imposición de la pena privativa de libertad ambulatoria y las accesorias correspondientes, según las constancias procesales...

Una atenta lectura a las intervenciones de J.C.C. (fs. 2-8); L.A.G. (fs. 39-44); KENNETH DE GRACIA (fs. 55-57); R.C.Z. (fs. 69-71) y D.N. (fs. 264-269), permite inferir que, en efecto, el día que ocurrieron los hechos investigados, el señor E.C.G., mantenía una conducta totalmente agresiva, por lo cual tuvieron que intervenir los agentes de seguridad con la finalidad de que no le ocasionara daño a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar.

En lo correspondiente a la causa de justificación de la Legítima Defensa que alega la defensora de oficio, el artículo 32 del Código Penal, expresa que (...) La defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones:

· Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera resultar afectado por el hecho;

· Utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión; y

· Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido.

Consecuentemente, cabe analizar la conducta en la que incurrió el procesado, con el propósito de determinar si efectivamente concurren los requisitos indispensables para que se configure la Legítima Defensa.

En ese sentido, corroboramos, que no hubo una agresión injusta de parte de los agentes de seguridad, ya que la conducta desplegada por los mismos, era la de dar cumplimiento a su deber de brindar seguridad y mantener el orden a lo interno de la pensión y del B.Z., sin embargo, ante la omisión del procesado de retirarse del lugar y de entregar el cuchillo, con el que amenaza al señor R.C.Z., empleado del bar, se vieron obligados a utilizar los diferentes niveles de fuerza permitidos para reducir a E.C.G., lo cual fue infructuoso, resultando herido uno de los seguridad al ser impactado con el arma de fuego de uno de los seguridad.

Referente a la racionalidad del medio utilizado para repeler o eludir la agresión, se evidencia en las constancias probatorias que el procesado le quitó el arma de reglamento a uno de los agentes de seguridad, con la cual le disparó al mismo, siendo desproporcional al medio utilizado por los agentes de seguridad quienes trataban de reducirlo para esposarlo utilizando el tolete y gas pimienta.

También se comprobó de la propia declaración indagatoria del señor E.C.G. visible de fojas 360 a 365, que en principio no hubo provocación por parte de los agentes de seguridad hacia el procesado, sino una intervención de los mismos con el propósito de defender al colaborador del bar, señor ROSVINSON, toda vez que, el prenombrado E.C.G., lo estaba amenazando con un cuchillo.

Se desprende de lo enunciado, que en el caso que nos ocupa no se cumplen los requisitos que exige la Legítima Defensa para su configuración, por tanto es inaplicable.

Ahora bien, frente a estas circunstancias aparecen sus justificaciones en torno a su actuar, las que a juicio de esta Sala, no son viables, para exculparle penalmente de su actuar, ya que indudablemente al momento de realizar la acción punible, estaban al alcance del imputado otras alternativas para conducirse y evitar así producir el resultado logrado, por lo cual nada justifica que para impedir o repeler la supuesta conducta desplegada por los agentes de seguridad, el encartado agrediera al afectado con un arma de fuego, siendo su actuar desproporcional.

Por tanto, se desestiman los argumentos expuesto por la defensa oficiosa de E.C.G., tendientes al reconocimiento de la causa de justificación de la legítima defensa o disminución de la pena.

Como quiera que esta Superioridad concluye que le asiste razón a la apelación del Licenciado H.M.F.P. Superior del Tercer Distrito Judicial, se reformará la Sentencia Penal de 13 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, en el sentido de no reconocer la rebaja de una sexta (1/6) parte de la pena, por tramitarse bajo las reglas del juicio en derecho, por lo que la pena líquida a cumplir quedará en DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, de la cual debe darse por cumplida, el tiempo que ha permanecido detenido por esta causa.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito a lo expuesto, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia Penal de 13 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR A E.C.G., a la pena de diez (10) años de prisión, como autor del delito de Homicidio, en Grado de Tentativa, en perjuicio de L.A.G.R., y la CONFIRMA en todo lo demás.

N. y Cúmplase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS MARIO CARRASCO

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)