Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Mayo de 2022

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución13 de Mayo de 2022
EmisorSegunda de lo Penal

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: J.E.A. Prado Canals

Fecha: 13 de mayo de 2022

Materia: Penal - Negocios de segunda instancia

Sentencia condenatoria apelada

Expediente: 32-2022

VISTOS:

Ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el proceso seguido a J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., declarados penalmente responsables por la comisión de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.).

ANTECEDENTES

PRIMERO

El presente proceso llegó por primera vez a esta Sala, a razón del recurso de apelación que presentó la Licenciada Geomara Guerra Miranda, Fiscal Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, el Licenciado Danilo Montenegro, Defensor Público del procesado Y.L.A., el Licenciado R.C.R., Defensor Particular del señor A.C.M. y por parte de la querella el Licenciado Armando Guerra Espinoza, en representación de los familiares del señor S.G.C. (q.e.p.d.), en contra de la SENTENCIA DE 1RA. INST. N°09 del 21 de febrero de 2019 (Fs. 1576-1596), donde el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, declaró responsable al señor J.G.P., como autor del delito de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.); y a los señores A.C.M. y Y.L.A., como cómplices primarios del delito de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.); y los condena a la pena de treinta (30) años de prisión y, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de públicas por un lapso de diez (10) años luego de cumplida la pena de prisión.

Es así que, mediante Resolución fechada 04 de febrero de 2021 (Fs. 1664-1673), esta Sala dispuso decretar la nulidad de lo actuado desde la SENTENCIA DE 1RA. INST. N°09 del 21 de febrero de 2019, y ordenó retrotraer la actuación al momento procesal anterior a que se distaran las diligencias anuladas, a fin de que el Tribunal corrija lo concerniente a los señores J.G.P., A.C.M. y Y.L.A. y emita una nueva sentencia.

SEGUNDO

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dictó la Sentencia 1ra. N°01 del 11 de enero de 2022, imponiendo a J.G.P. la pena de cincuenta (50) años de prisión en calidad de autor, y a los señores A.C.M. y Y.L. ALVARADO la pena de cincuenta (50) años de prisión en calidad de cómplices primarios; e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a cada uno por el término de diez (10) años, luego de cumplida la pena de prisión, por el delito de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL (SECUESTRO), en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.), como se puede apreciar de fojas 1727 a 1747 del expediente.

TERCERO

El Defensor Particular del sentenciado A.C.M., Licenciado R.C.R., se notificó el 17 de enero de 2022 y el día 20 de enero de 2022 anunció el recurso de apelación, el cual fue sustentado el día 26 de enero de 2022. (Fs. 1749, 1750 y 1760-1769)

El día 24 de enero de 2022, se notificaron los procesados A.C.M., Y.L.A. y J.G.P., anunciando recurso de apelación. (Fs. 1752, 1753 y 1754)

El Licenciado S.D., apoderado particular del señor procesado J.G.P., se notificó y sustentó el recurso de apelación el día 27 de enero de 2022. (Fs. 1770-1777)

Por su parte, el Licenciado Danilo Montenegro A., Defensor Público del procesado Y.L.A., se notificó el 28 de enero de 2022 y anunció recurso de apelación, sustentándolo el mismo día. (Fs. 1778 y 1779-1784)

LA SENTENCIA RECURRIDA

En la sentencia impugnada el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá estableció individualmente los elementos que acreditaban los delitos deHOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y SECUESTRO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.); de igual manera lo hizo respecto a la responsabilidad de los procesados en los mismos, explicando los elementos probatorios existentes en cada delito, concluyendo que eran suficientes para una declaratoria de culpabilidad para J.G.P., A.C.M. y Y.L.A..

En cuanto al delito de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO, señaló como elementos probatorios de la responsabilidad del procesado J.G.P., la Diligencia de Reconocimiento en Rueda de Presos mediante el cual el Testigo Protegido 2011-04, visible a foja 77, señaló que reconoció al número 2 cuyo nombre corresponde a J.G.P., quien fue debidamente distinguido como una de las personas que estuvo en el lugar de los hechos, es decir, en la Subasta Ganadera, lugar de donde se llevaron a la víctima, el señor S.G.C. (q.e.p.d.).

El Tribunal A Quo concluyó que, con respecto al imputado J.G.P. es autor, es decir, cometió los delitos contemplados en la norma penal, por su participación personal y directa en la ejecución del hecho en base al sostenido por el Testigo Protegido 2011-04, quien dijo se encontraba en el lugar de los hechos, en la Subasta Ganadera del Oeste; y observó cuando fue sacado del lugar el señor S.G.C. (q.e.p.d.), por personas desconocidas y uno de ellos le mostró una fotografía y documento al occiso.

En ese mismo orden de ideas, cabe señalar que se cuenta con el informe de novedad suscrito por el Sargento 2do. 15074 E.G., quien recibió información del radio operador comunicando que a la altura de la piscina La Pagoda se mantenía un vehículo de color amarillo, matriculado 8T-16273, que había pasado unos paquetes y unas armas; en ese momento estando en el recorrido observó un vehículo a la altura de Loma Campana, dentro de una cuneta y mantenía en efecto la placa 8T-16273, este vehículo estaba abordado por los señores procesados J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., quienes fueron llevados al Cuartel de Capira para verificación.

Se tiene en el presente caso, que quedó demostrado la responsabilidad del imputado J.G.P., al realizarse la diligencia de inspección ocular al teléfono celular de JOHN GUERRA PÉREZ donde se encontró una vista fotográfica, tarjeta base de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.), y al ser inspeccionado se verificó que la fotografía había sido tomada el 14 de junio de 2011, un día antes de los hechos ocurridos.

De la conclusión citada, el Tribunal A Quo observó que el procesado J.G.P. indicó no conocer a S.G.C. (q.e.p.d.), pero no es sincero que no haya visto o conocido al occiso, puesto que lo manifestado por J.G.P. al negar los hechos y que no estuvo en el lugar, se desvanece ante los elementos probatorios que lo ubican en la escena de los hechos.

Respecto al imputado A.C.M., negó conocer al occiso, sin embargo, la señora P.G., hija de S.G.C. (q.e.p.d.), indicó que su padre tenía enemistad con un primo de nombre A.C.M., ya que se consideraban enemigos hasta le habían señalado a su padre que lo iban a matar.

Siendo el testimonio de la señora P.G., otro medio probatorio que coincide con los otros elementos probatorios existentes en el expediente, como los vestigios de presencia y oportunidad en contra el señor procesado A.C.M., porque la declarante P.G., indicó que aproximadamente más de un año en la finca de Aguacate Abajo de Capira robaron, y unos sujetos agarraron al peón de su padre y le quemaron los testículos con un soplete para que les dijera dónde S.G.C. (q.e.p.d.) tenía el dinero y entre esos sujetos que agarraron aquella vez se encontraba involucrado el primo de su padre A.C.M..

De igual forma el hermano de la víctima, el señor R.M.G.C., dijo que su hermano S.G.C. (q.e.p.d.) se dedicaba a comprar y vender ganado, y un primo de ellos de nombre A.C.M., el papá que tiene nombre igual, y un hermano de nombre D.D., que trabajó con el occiso en la finca de Aguacate Abajo de Capira, en reiteradas ocasiones dijeron por allí, que querían secuestrar a "C.S.G.C. (q.e.p.d.), para robarle; y A.C.M., estuvo detenido por haber secuestrado a un empleado de "COCO" a quien torturaron.

Indicó el declarante que el día de los hechos, el miércoles 15 de junio de 2011, su hermano S.G.C. (q.e.p.d.) apodado "COCO", venía de la finca en el camión y se encontró con D.D., quien le debía dinero a su hermano por la venta de unos búfalos, tuvieron una discusión fuerte, y finalmente D. le contestó a S.G.C. (q.e.p.d.), "no te preocupes que te voy a pagar, ya tu (sic) lo vas a ver", pero de forma amenazante, por lo que el señor R.M.G.C. tiene la sospecha que D.D. era el informante que llamaba al imputado A.C.M. para poder cometer el secuestro y el crimen de su hermano. Además, R.M.G.C., señaló que recibió una llamada anónima después de la muerte de su hermano, y le manifestó que habían visto un vehículo Rav-4, color rojo o rojo vino, otro vehículo doble cabina blanco Hilux o Nissan y un carro sedán de color amarillo reunidos, no recordaba si en Quesos Chela o Quesos Mily, el mismo día que ocurrieron los hechos, donde estos sujetos tuvieron una reunión.

De los elementos probatorios acopiados en favor del procesado A.C.M. se tiene que manifestó que solo conocía al occiso de vista y que nunca lo había tratado, cuando de las declaraciones antes vertidas se demostró que mantenía vínculos de familiaridad, al ser primo de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.), por lo que el procesado demuestra una actitud no acorde, pues bien pudo haber comunicado que eran familiares, su negación crea suspicacia, máxime cuando se evidenció que mantenían serias discrepancias.

Encontró el fallador que lo cierto es que A.C.M. se encontraba a bordo del vehículo color amarillo con placa 8T-16273, el cual fue visto cerca del lugar en donde ocurrieron los hechos y que estos hicieron un intercambio de paquetes y armas con otro vehículo color rojo, resultando que en la Subasta Ganadera del Oeste fue visto de manera coincidente un vehículo Rav-4 color rojo y que mediante llamada anónima recibida por el señor R.M.G.C. le informaron que el otro vehículo involucrado era un sedán color amarillo, vehículo con similares características en el que se encontraban los aprehendidos J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., dándose con la identidad de J.G.P., el cual fue debidamente reconocido en rueda de presos y se probó que se encontraba en el lugar donde se cometió el ilícito.

Se indicó en la sentencia que, al analizar el informe de novedad suscrito por el S.E.G., en cuanto a la información obtenida por radio comunicando que un vehículo color amarillo, matriculado 8T-16273, había pasado unos paquetes y unas armas con otro vehículo y dicho vehículo coincidió con el que se encontraba en la cuneta, cuyos ocupantes eran los señores J.G.P., A.C.M. y Y.L.A..

Se precisó en cuanto al procesado Y.L.A., su complicidad con el informe de novedad calendado 20 de junio de 2011, suscrito por el I.O.V., quien indicó que aproximadamente a las 9:45 de la mañana recibió una llamada telefónica anónima por parte de una voz femenina, informando antes que ocurrieran los hechos, los involucrados para ultimar detalles se reunieron en el estacionamiento comercial Quesos Chela, ubicado en Capira, en la reunión estaba un sujeto conocido con el apodo de "ROLY" (residente en San Miguelito) a bordo del vehículo Rav-4 color rojo vino, acompañado de ULISES, conocido como "TOBE"; en el vehículo Nissan Frontier color blanco estaban varios miembros activos de la Policía Nacional, como el S.F.R., el C.J.A. apodado "MASCARA", otro de apellido P., barbero en la institución, C. propietario de un taxi color amarillo, R.; además al lugar llegaron en un taxi un sujeto conocido como JOHN GUERRA PÉREZ en compañía de Y.L.A. y A.C.M. quien mantenía un grado de parentesco con S.G.C. (q.e.p.d.), apodado "COCO", y le hizo ver a estos sujetos que su familiar tenía mucho dinero.

Al rendir declaración jurada el S.A.M. agregó que pasados unos minutos, luego que los linces fueron a verificar la información proporcionada por su persona, el Sub-Comisionado C.O., encargado del DIP, le solicitó que le repitiera el número de placa del vehículo que él había radiado minutos antes y observó un vehículo que coincidía con esa matrícula, le reiteró el número y entonces pudo retener el vehículo y sus ocupantes.

También analizó la sentencia que durante la investigación se logró vincular aJOHN GUERRA PÉREZ, A.C.M. y Y.L.A. al ser encontrados en el taxi y aunado a ello, fue debidamente identificado J.G.P. como uno de los sujetos que cometieron los ilícitos en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.). Lo que revela su participación con el hecho cometido, cuando viajaban en el vehículo color amarillo, taxi, el cual había sido señalado por el señor R.M.G.C., hermano del occiso, que a través de una llamada anónima recibida, le comunicaban que parte de los sujetos responsables se trasladaban en un vehículo taxi.

Ante estas situaciones se ha probado que J.G.P. en compañía de Y.L.A. y A.C.M. se ubican en tiempo, modo y lugar de los hechos, y que sus participaciones han sido debidamente demostradas; probándose la responsabilidad de los procesados con el delito investigado, que si bien J.G.P. fue plenamente reconocido en el lugar de los hechos, estando acompañado de Y.L.A. y A.C.M. los cuales han participado en el ilícito y apoyando a las personas que se llevaron el señor S.G.C. (q.e.p.d.), del lugar de la Subasta Ganadera.

Asimismo, el informe de Accidentología Vial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cálculo del tiempo y distancias desde la Subasta Ganadera del Oeste hasta Q.C. es de 9.36 Km, a una velocidad de 62 k.p.h., es de 9 minutos con 6 segundos y de allí hasta Campana es de 4 minutos con cincuenta y dos segundos, visible a foja 429, es una distancia bastante corta, la cual les permitió trasladarse de un extremo a otro con total facilidad y en componenda con los demás involucrados.

Para la individualización de la pena se tomaron en consideración los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 79 del Código Penal, sancionando a J.G.P. como autordel HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y SECUESTRO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.); y a los procesados Y.L.A. y A.C.M. como cómplices primaros, del HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y SECUESTRO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.).

De esta manera el Tribunal Superior estableció y justificó la pena impuesta.

SUSTENTACIÓN POR PARTE DE LA DEFENSA DE

A.C. MARÍN

El Defensor Particular del sentenciado A.C.M., Licenciado R.C.R., sustentó su divergencia de criterio respecto a la condena dictada por el Tribunal A Quo en contra de su patrocinado, entendiendo que todo acusado tiene derecho a que el Juez o Tribunal decida los casos sometidos a su conocimiento "en un plazo razonable".

Advierte el apelante, que este caso inició del día 15 de junio de 2011 y estamos ante la decisión apelada de primera instancia, es decir, que han transcurrido más de diez años sin que se decida esta causa de forma definitiva, máxime teniendo en cuenta que hay dentro de ella tres personas detenidas preventivamente, por todo ese tiempo. Arguye que sus pruebas extraordinarias fueron rechazadas de plano por ser la audiencia en derecho y no es dable el plazo extraordinario de pruebas, que es propio de los juicios con jurados.

A su criterio, el Tribunal vulneró el contenido de lo que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en materia de pruebas, y los acusados fueron llevados a juicio, sin pruebas en su favor.

Alega el censor, que antes de la primera sentencia condenatoria anulada de 21 de febrero de 2019, se practicaron pruebas de la defensa en la audiencia, pero que no fueron valoradas por el juzgador en la sentencia condenatoria apelada.

El recurrente cuestiona que en cuanto el derecho a contar con un juez o tribunal competente, independiente, imparcial y natural; el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá no es un tribunal instituido con anterioridad al hecho juzgado. Así su defendido no fue juzgado por un juez natural, sobre todo, cuando el tribunal está integrado por Magistrados que ni siquiera estuvieron presentes en la audiencia, solo firmaron la sentencia de primera instancia, seguramente sin conocer el expediente y sin ánimo de hacer justicia.

El recurrente aprecia que los delitos contra la libertad individual están regulados en el Código Penal de 2007, principalmente en sus artículos 149 y 150; y en la sentencia condenatoria apelada, se señaló que "la norma transcrita establece que la figura de privar de la libertad física a una persona; es decir, la anulación forzada de la libertad y de su voluntad; su derecho personal para desarrollar sus actividades vitales, se materializa cuando el sujeto activo, para cometer el hecho, impide moverse corporalmente a una persona, aplicando sobre ésta, métodos tendientes a anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, que abarca la libertad de ambular, desplazarse, moverse corporalmente de un sitio a otro con la intención de recibir un beneficio patrimonial o un precio de la liberación". Expone que lo esencial del delito de secuestro consiste en la intención de recibir un beneficio patrimonial o un precio para la liberación, y para el Licenciado R.C.R., ese elemento no se dio.

Por ello considera que su defendido debió ser juzgado por el delito de privación de libertad tipificado en el artículo 149 del Código Penal y no por el secuestro, como en efecto ocurrió erróneamente en violación de la Ley, al no tenerse constancia que se haya pedido dinero para la liberación correspondiente, tal como siempre ocurre en los casos de secuestro.

Destaca el Licenciado R.C.R., Defensor Particular del sentenciado A.C.M., que la sentencia condenatoria apelada condenó a su defendido a la pena de cincuenta (50) años de prisión por el delito de homicidio agravado y por el delito de secuestro, al considerarlo cómplice primario en ambos delitos; pero la sentencia impugnada no se ocupó de señalar a los autores en estos delitos, se trata por tanto de varios autores desconocidos para el juzgador, a excepción de J.G.P.. No se ocupó el juzgador de primera instancia en señalar que ayuda prestó al autor o a los autores su defendido A.C.M. para que se cometieran los delitos de secuestro y de homicidio, y como pudo el juzgador concluir en que se trataba de dos cómplices primarios y no de dos cómplices secundarios, además no se explicó a qué acuerdo de voluntades sobre la finalidad delictuosa llegó su defendido y los autores.

Señala el recurrente que como la sentencia apelada no podía condenar a su defendido como autor, por falta de pruebas, lo condenó como cómplice, olvidando que para ello también necesitaba pruebas que sin lugar a dudas nos permitan afirmar acerca de la plena culpabilidad del acusado; destacando que en todos estos temas, la sentencia apelada incurrió en una falta absoluta de motivación, lo que la hace ilegal, violatoria del debido proceso y por ese solo hecho, debe ser revocada.

Reitera el recurrente que es evidente que el primer delito, el de privación de la libertad, ocurrió en la Subasta Ganadera, siendo las tres de la tarde, de aquel 15 de junio, o pasada esa hora, cuando cinco personas desconocidas se llevaron en dos autos a la víctima con destino desconocido. Esto quiere decir que si el primer delito, se cometió entre las tres a las tres y treinta de la tarde, no puede ser que sus autores y cómplices fueran los acusados, pues ellos estaban accidentados y privados de su libertad en Loma Campana, desde antes de esos momentos, entre las tres y las tres y quince de esa misma tarde.

De esta forma, los acusados no podían cometer el delito de secuestro, por estar presos desde antes de que ese delito fuera cometido, tampoco podían por esa sola razón, haber cometido el delito de homicidio, que evidentemente se cometió después de ocurrida la privación de libertad.

Indica además que el certificado de defunción de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.); señaló que falleció el 15 de junio de 2011 pero no hay certeza acerca de la hora exacta en que murió la víctima. El recurrente considera que aparece en la necropsia que la víctima falleció el día 15 de junio de 2011 pero sin determinar la hora, incluso a folio 178 aparece el formulario único de parte clínico de defunciones firmado por la Doctora Melissa Santana, donde se manifiesta que se desconoce la hora del fallecimiento de la víctima; pero a folio 437, se encuentra la declaración del D.J.C.R.A., quien señaló que: "... lo cual concluyo y tomando en cuenta el cálculo la muerte se dio el 16 de junio de 2011...".

Sobre esto indica el letrado, que a folio 1097 encontramos la declaración de la D.M.S., quien señaló: "... Estoy de acuerdo en que fueron mas (sic) de 16 horas, pero no en que murió el 16 de junio de 2011...", y de cualquier forma, es evidente que la muerte ocurrió varias horas después de la privación de la libertad, cuando ya los acusados estaban accidentados y detenidos en Loma Campana.

En este punto, repara el apelante que no se investigó la participación de policías o expolicías en estos hechos delictivos, ni la participación de A.P.S., quien se dice (folios 128-129) llegó a la Subasta Ganadera para "marcar" a la víctima. Por todo esto, el apelante manifiesta que no hay discusión alguna en cuanto a que los individuos que se llevaron a la víctima de la Subasta Ganadera eran cinco, en dos carros distintos y con edades y características físicas totalmente diferentes a las de los tres acusados, quienes solo eran tres y que viajaban en un solo auto, un taxi amarillo de placa 8T-16273.

Reclama el recurrente la revocatoria de la sentencia condenatoria apelada y la consiguiente absolución de cargos.

SUSTENTACIÓN POR PARTE DE LA DEFENSA DE

JOHN GUERRA PÉREZ

El segundo recurso de apelación fue presentado por el Licenciado S.D., Defensor Particular del sentenciado J.G.P., manifestando su disconformidad en torno a la vinculación y condena de su representado.

Explica que constaen el presente proceso la denuncia que presentó la señora P.G., quien pone en conocimiento de las autoridades que su padre el señor S.G.C.(.q.e.p.d.), había sido privado de su libertad cuando se encontraba en la Subasta Ganadera del Oeste, mas no tiene conocimiento de las personas que realizaron este acto. También se cuenta con la declaración jurada rendida por el señor D.J.D., indicando que el día 15 de junio de 2011, estando en la Subasta Ganadera del Oeste, llegaron varios sujetos, según escuchó eran miembros de la DEA o la DIP y se llevaron al señor S.G.C. (q.e.p.d.), unas personas se hicieron pasar por funcionarios del gobierno indicando además que no conocía a estos sujetos.

En este orden declaró el señor F.J.C., quien es conteste en su deposición con lo que manifestó el señor D.J.D., y describe a uno de los sujetos como de tez trigueño, el otro era de tez blanco, corte de cabello a raspe y otro de tez moreno, alto, poco fornido, cabello duro, con chalecos que decían DEA y armados; que según el recurrente las descripciones físicas de su patrocinado que consta dentro de su declaración indagatoria no son las que describen estos dos testigos; por lo que sí es un hecho cierto que J.G.P., no se encontraba en la subasta al momento en que es privado de su libertad el señor S.G.C. (q.e.p.d.), cuando existe el testimonio del agente policial que indica que su representado fue aprendido a la una de la tarde en Loma Campana en una cuneta cuando el vehículo que conducía se accidentó, por lo que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.

A la vez, refiere que es importante que se destaque la declaración jurada rendida por R.M.G.C., hermano de S.G.C. (q.e.p.d.), quien entre otras cosas manifestó que D.D. (hermano de A.C.M., trabajaba con el señor S.G.C. (q.e.p.d.), y en reiteradas ocasiones manifestó que lo querían secuestrar para robarle indicando además conocer de la enemistad que estos mantenían.

Censura que dentro de las declaraciones aportadas por los testigos y allegados al señor S.G.C. (q.e.p.d.), se advierte que no existe una sola persona que indique que su representado J.G.P. fue visto en compañía del hoy occiso o que algún testigo directo indicara haber observado a su representado en la subasta para la fecha de marras; solo el testigo protegido 2001-04; cuando su representado ni siquiera se encontraba en el área de los hechos al ser aprendido, ya que consta la declaración del agente policial que lo aprende en Campana en una cuneta cuando el imputado conducía el vehículo taxi en donde sufrió un percance, este hecho se da a la una de la tarde y es a esa hora que privan de su libertad al señor S.G.C. (q.e.p.d.), lo que no permite ni siquiera de forma indiciaria vincular a J.G.P..

Refiere que al momento de vincular a su representado con este hecho se estableció como elementos que acreditan su responsabilidad los siguientes: Diligencia en Reconocimiento en Rueda de presos, mediante la cual el testigo con identidad protegida 2011-04, señaló que reconocía al sujeto número 2, cuyo nombre corresponde a J.G.P.. (v.fs.77); con el testimonio rendido por el testigo con identidad protegida 2011-04, quien se encontraba en el lugar de los hechos, en la Subasta Ganadera del Oeste, y observó que fue sacado del lugar el señor S.G.C. (q.e.p.d.), por personas desconocidas y uno de ellos le mostró una fotografía y un documento al occiso, también indicó que podía reconocer a una es estas personas, tal como se realizó en la diligencia de reconocimiento en rueda de presos, reconociendo al señor J.G.P.; que consta el informe de novedad suscrito por el S.E.G., quien recibió información del radio operador comunicando que a la altura de la piscina La Pagoda, un vehículo color amarillo matriculado 8T-16273, había pasado unos paquetes y unas armas, en ese momento estando en el recorrido observó un vehículo a la altura de Loma Campana, en una cuneta y mantenía la placa 8T-16273, dicho vehículo estaba abordado por los señores J.G.P. en compañía de Y.L.A. y A.C.M., posteriormente fueron llevados al cuartel de Capira para verificación; y con la diligencia de inspección ocular al celular de J.G.P., en el mismo se encontró una vista fotográfica, tarjeta base del occiso S.G.C. (q.e.p.d.), al ser inspeccionado se verificó que la fotografía había sido tomada el 14 de junio de 2011, un día antes de los hechos investigados.

En ese sentido, el Tribunal ha señalado que su representado aclaró que no conoce al occiso, no obstante en su teléfono celular se ubicó una foto de la víctima y dicha fotografía según las experticias mantiene la fecha de haber sido tomada el 14 de junio de 2011, por ello no es cierto que no haya visto o conocido al occiso, puesto que lo manifestado por el señor procesado J.G.P., al negar los hechos y que no estuvo en el lugar, se desvanece ante los elementos probatorios que lo ubican en la escena de los hechos. Interpreta que este hecho se aleja de la realidad jurídica, en primer lugar, el teléfono celular es un dispositivo que mantiene margen de errores y además es susceptible de modificación en cuanto las fotografías, fechas y otros; y esa aseveración no se sostiene sobre ningún elemento de prueba que acredite que estuviera en el lugar de los hechos.

Para el Licenciado S.D., Defensor Particular del sentenciado J.G.P., su representado es condenado como autor de dos delitos graves y ve que el autor es quien realiza una conducta punible, en otras palabras, es la persona que secuestra y la que quita la vida a la persona de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.), y en los delitos como homicidio se requiere que el autor y solo él adecue su comportamiento a la descripción del tipo penal; aplicando este criterio en el caso bajo estudio consideró que la conducta que se le atribuye a su representado no ha sido probada dentro de la encuesta penal, cuando ve que al momento de su detención no mantenía consigo prueba alguna que pudiera acreditar su participación en el hecho.

Finalmente solicitó, se emita un fallo revocando la sentencia condenatoria y dictando un fallo absolutorio a favor de J.G.P. por ser en derecho lo que corresponde, al no existir suficientes pruebas que determinen de manera certera la culpabilidad de quien hoy sufre una condena injusta

SUSTENTACIÓN POR PARTE DE LA DEFENSA DE

YONATAN LANDAZURI ALVARADO

Dentro del término procesalmente hábil, el Licenciado Danilo Montenegro A., Defensor Público del sentenciado Y.L.A., se notificó y sustentó el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de grado.

Para el apelante, se violentó el principio de inmediación que rige todos los procesos penales, lo cual es más grave si valora que en la audiencia se practicaron pruebas y los magistrados que nunca intervinieron en el proceso, sean quienes suscriban la sentencia. Estableció que el informe de una llamada anónima que, según el declarante Sub-Teniente O.V., recibió el 20 de junio de 2011, es decir, cinco días después de los hechos, proveniente de una voz femenina; el señor Veces fue interrogado a folio 292 y ni siquiera pudo decir si esa persona presenció lo narrado o se lo dijeron, sólo recalcó que "hablaba con seguridad".

Es del criterio que esto no se constituye en prueba, como tampoco lo es otro informe jamás confirmado de llamada de persona no identificada, indicando que del taxi accidentado en Loma Campana, se habían pasado unos paquetes y armas a otro vehículo, sobre este hecho carente de respaldo se puede verificar el informe de fojas 49 y las declaraciones de A.G.V. (Fs. 66 y 317) y A.M.M. (Fs. 322), sobre las informaciones anónimas que se recibe constantemente.

La disconformidad del recurrente gira en torno a que la sentencia acreditó la responsabilidad de Y.L.A., como cómplice primario, basado en que fue detenido y vinculado porque viajaba en el taxi accidentado conducido por J.G.P., quien es reconocido como partícipe del secuestro por un testigo protegido; pero debate que esta prueba indiciaria no basta para tenerlo como culpable del secuestro y posterior homicidio del señor S.G.C. (q.e.p.d.).

Sostiene que el testigo de identidad protegida no identificó a los señores Y.L.A. y A.C.M., entre quienes se acercaron fingiendo ser autoridad para llevarse al señor S.G.C. (q.e.p.d.), cuyo cuerpo fue encontrado atado y con signos evidentes de tortura, pese a que el suceso se da en horas de la tarde, o sea de día y los mismos no cubrieron sus rostros, por lo que pudieron ser visualizados íntegramente.

Si la privación de libertad del señor S.G.C. (q.e.p.d.), se llevó a cabo en la Subasta Ganadera el 15 de junio de 2011 a las 3:02 P.M. (Fs. 31) o a las 3:30 p.m. (Fs. 27 y 47) o a las 3:15 p.m. (Fs. 59), se lo llevaron los secuestradores y apareció muerto el día siguiente 16 de junio en el Sector El Nancito, Corregimiento La Laguna; y por otro lado Y.L.A. fue aprendido ese mismo 15 de junio en Loma Campana de tres a tres y treinta de la tarde (Fs. 49 y 320), se pregunta por qué su patrocinado es cómplice del homicidio, si evidentemente cuando mataron el señor S.G.C. (q.e.p.d.), ya él estaba preso.

Descolla el apelante que Y.L.A. no fue identificado por el testigo protegido (Fs. 83-86) entre los que realizaron la privación de libertad del señor S.G.C. (q.e.p.d.), y además que a las 3:03 p.m. y 3:04 p.m., del 15 de junio se tomaron las fotos que reposan a fojas 1292 a 1296 sobre el taxi accidentado, entonces hay que concluir que tampoco Y.L.A., tiene participación en la privación de libertad porque a la hora que ocurrió, según los presentes en la Subasta Ganadera, Y.L.A. estaba en otro lugar muy distante.

Que contrario a lo afirmado en la sentencia apelada, no hay constancia que se haya pedido dinero, bienes, información o algún otro provecho a favor de nadie, como precio por liberar al señor S.G.C. (q.e.p.d.), por tanto, no es aplicable el artículo 150 del Código Penal del Secuestro, sino el 149 que tipifica el delito de Privación Ilegal de la Libertad.

Solicitó que se revoque la sentencia condenatoria y en su lugar se absuelva a su patrocinado de los cargos por los cuales fue llamado a juicio.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Analizados los argumentos planteados por los recurrentes, en confrontación con las constancias procesales y la propia decisión apelada, corresponde a la Sala, conforme lo establece el artículo 2424 del Código Judicial, verificar lo pretendido en la apelación.

Aprecia la Sala que los recurrentes plantean diversos puntos de disconformidad. En primer lugar, censuran que J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., fueron condenados por el secuestro en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.); toda vez que si bien es cierto el Tribunal A Quo ubica la figura del Secuestro dentro de los delitos que atentan Contra la Libertad Individual; sin embargo, el Defensor Particular del sentenciado A.C.M., Licenciado R.C.R.; y el Licenciado Danilo Montenegro A., Defensor Público del sentenciado Y.L.A., yerran al concluir que el requisito esencial de este tipo penal, es que se haya pedido dinero para la liberación correspondiente; y que no hay constancia que se haya pedido dinero, bienes, información o algún otro provecho a favor de nadie, como precio por liberar al señor S.G.C. (q.e.p.d.), por tanto, no es aplicable el artículo 150 del Código Penal del Secuestro, sino el 149 que tipifica el delito de Privación Ilegal de la Libertad.

El delito de Secuestro, está previsto en el Título II, Capítulo I de los delitos contra la Libertad Individual:

"Artículo 150: Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, bienes, información, documentos con efectos jurídicos, por acción u omisión o algún otro provecho a favor suyo o de un tercero, aunque no logre el fin perseguido, será sancionado con prisión de quince a veinte años...".

De la norma transcrita se infiere que el tipo penal de Secuestro exige retener indebidamente a una persona y obtener de ella como precio de liberación, no solo que comprometa el patrimonio económico de la víctima, sino todo aquello que tenga una medida de valor y que puede ser objeto de protección jurídica.

Ahora bien, del estudio de las constancias procesales se desprende que los procesados no solicitaron recompensa a cambio de liberar a S.G.C. (q.e.p.d.); sino que su finalidad era obtener un provecho; es decir que a cambio de su libertad, tenía que decirle donde mantenía el dinero u otro valor, y al no encontrar el fin propuesto le quitan la vida. De lo anterior, no hay duda que la libertad de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.);tenía un precio, el cual consistía en un provecho para los imputados, requisito indispensable de la esencia del Secuestro; aún cuando se sabe que los sindicados J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., fueron detenidos en el vehículo Taxi, con la placa 8T-16273, que a la altura de Loma Campana permanecía dentro de una cuneta, cerca de Subasta Ganadera lugar de donde se llevaron varios sujetos a la víctima, el señor S.G.C. (q.e.p.d.).

En cuanto al punto anterior la Sala observa, que el informe de Accidentología Vial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cálculo que el tiempo y la distancia desde la Subasta Ganadera del Oeste hasta Q.C. es de 9.36 Km, a una velocidad de 62 k.p.h., es de 9 minutos con 6 segundos y de allí hasta Campana es de 4 minutos con cincuenta y dos segundos.

Aunado a ello, se debe indicar que, en este proceso figura como elementos periféricos que constatan objetivamente el Informe de Novedad, de fecha 15 de junio de 2011, suscrito por el Sargento 2do. 15074 E.G., en el que explica cómo se da la aprehensión de J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., quienes fueron aprehendidos a 14.36 kilómetros de la entrada de la Subasta Ganadera del Oeste hasta Campana.

Tenemos entonces que la hora en que se cometió HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de S.G.C. (q.e.p.d.), fue aproximadamente las tres de la tarde del día 15 de junio de 2011, lo que demuestra para los recurrentes, que sus patrocinados J.G.P., A.C.M. y Y.L.A. no pudieron haber participado en estos hechos delictivos, y no se les encontró pertenencias que supuestamente los vincularan con el hecho investigado, que no aprecian ningún razonamiento por parte del Tribunal A Quo,que les indique cuál fue la conducta de A.C.M. y Y.L.A. antes, durante y posteriormente a la comisión de los delitos. En otras palabras, si los delitos de secuestro y homicidio se hubiesen cometido con ayuda de los sindicados.

Lo anterior nos obliga a examinar cuál fue el grado de participación criminal de los condenados en los delitos investigados. En cuanto a A.C.M. y Y.L.A., como dijimos anteriormente consta que fueron detenidos a bordo de un automóvil marca Toyota, taxi amarillo de placa 8T-16273, al igual que el señor J.G.P., quien era el conductor del vehículo Taxi, con la placa 8T-16273, encontrándosele en su teléfono celular una vista fotográfica, tarjeta base de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.), verificándose que la fotografía había sido tomada el 14 de junio de 2011, un día antes de los hechos ocurridos. Se tiene además que los prenombrados permanecieron retenidos pasadas las tres y quince de la tarde (3:15 p.m) de ese día 15 de junio de 2011, bajo custodia de los miembros de la Policía Nacional, hasta cuando se tuvo conocimiento que a las una y treinta de la tarde (1:30 p.m) del 16 de junio de 2011, el hallazgo del cuerpo sin vida de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.), y que no pudo haber ningún grado de participación criminal por parte de los sindicados en los ilícitos investigados (secuestro y homicidio) que desembocan en la trágica muerte del prenombrado S.G.C. (q.e.p.d.).

En materia de participación criminal nuestra legislación sigue la teoría unitaria, la cual le asigna una naturaleza jurídica accesoria, que tiene como presupuestos: a) la pluralidad de sujetos; b) la identidad delictiva basada en la accesoriedad mínima, que permite considerar la existencia de la participación una vez se realiza la acción típica; c) la voluntad de cooperar; y d) la aportación causal a la realización del hecho punible.

Según la calidad de la participación, ésta puede ser moral o psíquica, como es el caso de la instigación y material o real, clasificación en la que se encuentran las distintas formas de complicidad. En atención al grado de participación, tanto la doctrina como la legislación, distingue la participación primaria que se da durante los actos propiamente de ejecución del delito y la secundaria, en la que se ubicaban los cooperadores o auxiliadores, y que corresponde a la participación material que se produce con independencia de los actos de ejecución, ya sea antes, durante o después de llevado a cabo el hecho delictivo.

Con relación a la complicidad primaria, que no es más que una participación material, el artículo 44 de nuestro ordenamiento jurídico punitivo, los define como "... quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito".

La definición transcrita comprende dos supuestos, a saber: cooperar en la realización o ejecución del delito, lo cual se adecúa al criterio universalmente aceptado en el sentido de que la complicidad primaria debe darse en los actos de ejecución, que son aquellos revestidos de idoneidad para consumar el tipo penal de que se trate. El segundo se refiere a la prestación de un auxilio o aportación sin el cual el hecho punible no se hubiera podido realizar, esto es una forma de participación necesaria.

En nuestra legislación, atendiendo el grado de la participación, se distingue entre la primaria y la secundaria que define y describe el artículo 45 de la misma excerta y que permite una cooperación de cualquier otro modo en la realización del hecho punible, permitiendo hasta la promesa de ayuda, que se puede ubicar como una forma específica de complicidad psíquica o moral.

Respecto de una complicidad primaria de A.C.M. y Y.L.A. en atención al reclamo de los apelantes, debemos señalar que las piezas procesales permiten corroborar que para el 16 de junio de 2011, el señor S.G.C. (q.e.p.d.), fue víctima del delito Contra la Libertad Individual (Secuestro), momentos en que se encontraba en la Subasta Ganadera del Oeste, donde el Testigo Protegido 2011-04, en la Diligencia de Reconocimiento en Rueda de Presos, señaló a J.G.P. como una de las personas que estuvo en la Subasta Ganadera, acto del cual se informó horas después que los sujetos que se desplazaban en varios vehículos (Rav-4, color rojo o rojo vino, otro vehículo doble cabina blanco Hilux o Nissan y un carro sedán de color amarillo) y que se hicieron pasar por Policías se habían llevado al occiso con la finalidad de obtener un beneficio.

En síntesis, la disconformidad de los recurrentes se basa en que unas llamadas anónimas hicieron plena prueba dentro del proceso, olvidándose que J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., nunca estuvieron en compañía de la víctima en la Subasta Ganadera, ni mucho menos en el vehículo en el cual se transportó a la víctima al momento del hecho.

Tal como se ha dicho en la doctrina y jurisprudencia, los indicios son mecanismos legales utilizados, por los jueces para determinar la existencia o veracidad de otros hechos, que de por sí no constituyen el delito en sí, pero a través de los cuales se puede llegar a los mismos. Así las cosas es patente que aún siendo los indicios mecanismos legales en la consecución del delito y sus autores; que los mismos deben ser suficientes para que en conjunto con el resto de las pruebas directas, indirectas, mediatas etc. y hasta en determinados casos, sólo en base a éstas, es decir, a los propios elementos indiciarios, permitan arribar a la conclusión de que se encuentra vencido el principio de presunción de inocencia y de toda duda razonable, para que en consecuencia pueda prosperar un veredicto de responsabilidad penal contra quien se investigue.

En este orden advertimos que A.C.M., negó conocer al occiso, sin embargo, la señora P.G., hija de S.G.C. (q.e.p.d.), indicó que su padre tenía enemistad con un primo de nombre A.C.M., ya que se consideraban enemigos hasta le habían señalado a su padre que lo iban a matar.

En otras palabras, al momento de valorar los indicios recolectados en el tracto investigativo, debe existir un nexo causal y lógico con el resto del caudal probatorio, no acogiendo conjeturas y teorías argumentativas de lo que puede ser, sino que tengan un sustento arraigado con otros medios valorativos, a fin de vislumbrar un elemento fehaciente y sólido.

Al respecto, la Sala debe manifestar que se comprueba el grado de participación de J.G.P., A.C.M. y Y.L.A. en los delitos por los que fueron llamados a juicio y que la hora en que se cometió el Secuestro y Homicidio de marras fue aproximadamente a las tres de la tarde del día 15 de junio de 2011, que muestra la presencia del indicio de mala justificación, restándole valor a su dicho. Basado en lo anterior, al examinar los argumentos de la apelación, se observa el planteamiento hecho por el Segundo Tribunal Superior respecto a la vinculación tanto objetiva como subjetiva de los procesados, resulta acorde a derecho y a la sana crítica.

Por último, los apelantes manifiestan su disconformidad con la sentencia impugnada, toda vez que los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, quienes expidieron la mencionada sentencia, no participaron en el acto de audiencia oral, lo cual a su juicio, ha vulnerado el Principio de Inmediación porque ninguno escuchó de viva voz los argumentos de las partes.

Al respecto, la Sala considera que no prospera el argumento de los apelantes, pues no ha explicado por qué la participación de los Magistrados ha infringido el Principio de Inmediación y cómo ha influido de forma trascendental en la toma de la decisión, cuando las pruebas han sido practicadas por escrito y reposan en el expediente, de ahí que el cuerpo colegiado que resuelve el recurso de apelación tampoco estuvo presente en la audiencia pero tiene acceso al caudal probatorio a través de la lectura del expediente, por ellos los apelantes no ofrecen un argumento jurídico que permita variar la decisión impugnada; cuando se encuentra acreditada la responsabilidad penal de los procesados con el señalamiento del testigo protegido, además del testimonio de J.G.P., A.C.M. y Y.L.A. y los indicios de presencia, oportunidad y mala justificación que emergen de los descargos de los justiciables, esta Sala procede en derecho a confirmar la sentencia venida en grado de apelación y así nos pronunciamos.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia 1ra. N°01 del 11 de enero de 2022,dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso seguido a J.G.P., A.C.M. y Y.L.A., declarados penalmente responsables por la comisión de los delitos de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO y SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de SANTIAGO GÁLVEZ CASTRO (q.e.p.d.).

N. y Cúmplase.

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

MARIBEL CORNEJO BATISTA -- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

ELVIA VERGARA ATENCIO (Secretaria)

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