Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 9 de Abril de 2007

Ponente:Esmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución: 9 de Abril de 2007
Emisor:Segunda de lo Penal
RESUMEN

RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A WILLIAM SMITH LUNA POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL.

 

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, el 4 de diciembre de 2006, a través de la cual se condenó a W.S. LUNA a la pena de doce (12) años de prisión y a igual periodo de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como responsable del delito de HOMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de Flavia Santos Vargas (q.e.p.d.).

En tiempo oportuno, la defensa de W.S.L. anunció y sustentó recurso de apelación contra la sentencia supracitada.

De la respectiva sustentación, se corrió traslado al representante del Ministerio Público, quien presentó el correspondiente escrito de oposición, solicitando la confirmación de la resolución impugnada.

Cumplido este trámite, el Tribunal Superior de Justicia, concede el recurso en el efecto suspensivo y remite la actuación a esta Superioridad, a fin de que se surta la alzada (f. 868).

DISCONFORMIDAD DE LA APELANTE

En su libelo de apelación de fojas 855 a 859, la defensora ténica del sentenciado, consigna su disconformidad por la calificación del hecho ilícito en la figura delictiva de Homicidio agravado.

En su opinión, la ejecución del homicidio por medios atroces, como circunstancia agravante específica del tipo penal, no está debidamente acreditada en el proceso. En este sentido, señaló que para la aplicación de esta agravante específica del tipo penal de homicidio, se requieren de dos elementos, uno psíquico y otro material. Respecto al primero, consiste en el deseo o voluntad de hacer sufir a la víctima más de lo necesario para causarle la muerte. El elemento material se refiere a la realizacíon de actos que ocasionen una muerte dolorosa y larga.

En el caso particular, expresa la recurrente que el hecho que el imputado le haya tirado arena a la occisa en su cuerpo y rostro, no implica la intención de hacerle padecer un sufrimiento mayor, ya que la víctima estaba inconsciente.

Por lo anterior, concluye solicitando la modificación de la sanción impuesta y la consecuente reducción de la pena, teniendo como base la figura simple del delito de homicidio.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

El Ministerio Público, representado en este proceso por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, presentó en tiempo oportuno, sus argumentos en oposición al recurso interpuesto, destacando que tanto la diligencia de levantamiento de cadáver, como en el informe del protocolo de necropsia, se describe la presencia de cuerpos extraños en las vías respitarorias de la víctima.

Citando doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, el agente del Ministerio Público señala que la víctima recibió multiples golpes y que al ser enterrada, aspiró arena que le produjo la asfixia, que al final acabó con su vida por sofocación.

El agente del Ministerio Público concluyó su alegato manifestando que la pena impuesta al sindicado se ajusta a derecho, por lo que solicitó la confirmación de la sentencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PENAL

A efectos de resolver la apelación, esta Superioridad procede a atender los puntos a los cuales se refiere la recurrente en su libelo de apelación, conforme al artículo 2424 del Código Judicial.

Es importante señalar que un Jurado de Conciencia declaró culpable a W.S.L., como responsable de la muerte de F.S.V. (q.e.p.d.), concubina y madre de sus cuatro hijos, por lo que el Tribunal Superior del Tercer Distrito, al individualizar la pena, la tasó en doce (12) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo, al calificarel delito como homicidio agravado, de acuerdo con el artículo 132, numeral 3 del Código Penal.

En lo medular de la apelación, la recurrente cuestionó la aplicación de la agravante de ejecución por medios atroces, lo que impone el examen de los hechos, no sin antes identificar brevemente el razonamiento de la sentencia apelada en la cual se sustenta la aplicación del homicidio calificado.

Para el Tribunal Superior el carácter agravado del homicidio, surge del hecho que el sindicado, además de propinarle a la víctima múltiples golpes, procedió a enterrarla parcialmente, arrojándole arena en sus orificios faciales, lo cual constituye un medio atroz de comisión del delito, pues le causó a la occisa un sufrimiento innecesario.

Se debe tener presente que el Código Penal en su artículo 132, establece una sanción de 12 a 20 años cuando el delito de Homicidio se perpetre por medios de ejecución atroces, más no identifica cuáles son esos medios.

Por lo anterior, esta Superioridad considera pertinente ampliar el concepto de medios de ejecución atroces, a fin de contar con un soporte teórico suficiente para emitir un adecuado juicio de valor en la causa. De esa manera, se resalta que dicha circunstancia está constituida "por actos que revelen una crueldad extrema o ausencia total de sentimientos morales en el agente del delito. Tales actos podrían ser, por ejemplo, la mutilación o el destrozo innecesario del cadáver, o haber infligido graves torturas físicas y morales antes o durante la ejecución del homicidio. Es decir, que la agravante de medios atroces, además de los hechos físicos que puedan constituirla deben revelar en el delincuente una mayor insensibilidad moral" (Cfr. Registro Judicial de febrero de 2001, pág. 219).

Otro criterio doctrinal útil respecto al homicidio agravado por medios de ejecución atroces, es el denominado "homicidio con sevicia o ensañamiento moral y físico, el mismo consiste en...`matar haciendo sufrir en forma intencional o innecesaria a la víctima; no sólo en propinar heridas, golpes innecesarios, ni producir excesivo dolor a la víctima, como tampoco en el solo hecho de ocasionar destrozos o mutilaciones en el cuerpo de la víctima, sino que además se necesita el obrar en forma deliberada, es decir, el querer producir sufrimientos crueles e innecesarios" (Cfr. Registro Judicial de mayo de 2003, pág. 498).

Corresponde entrar a considerar los medios de prueba incorporados en la encuesta penal, a afectos de determinar la concurrencia o no de los elementos y circunstancias constitutivos de la situación agravante analizada.

En este sentido, contrario a lo que la recurrente plantea en su recurso, en cuanto a que no se puede tener como agravado el delito de homicidio, la Sala estima que tal calidad sí está acreditada en el proceso, por medio de las circunstancias particulares de la muerte de la occisa, comprobadas por medio del informe del Protocolo de Necropsia (fs. 114 y ss).

De acuerdo con dicha prueba, F.S.V. (q.e.p.d.), además de recibir múltiples golpes en su anatomía, fue también enterrada parcialmente, sufriendo la obstrucción de sus vías respiratorias que le impidieron obtener el oxígeno vital para la vida, prolongando la angustia en la víctima. No hace falta describir en detalle y con la profundidad médico legal, cómo opera el proceso de asfixia en una persona, para concluir que el padecimiento y la desesperación que experimenta una persona que se ahoga, tiene connotaciones altamente dolorosas, no sólo física, sino también psíquicamente, sobre todo si se está consciente. A lo anterior, debe agregarse que la asfixia por ingesta de un elemento tan extraño al cuerpo, como la arena, distinta de la asfixia por inmersión o ingesta de alimentos, por ejemplo, acarrea igualmente un daño adicional en las vías respitarorias, pues éstas no están preparadas para acoger materia de tal calidad.

Todas estas particularidades, revelan, en el ánimo del agente agresor, mayor insensibilidad moral por el sufrimiento de la víctima, que además, no se trataba de cualquier extraño, sino de su pareja o concubina, con quien tenía cuatro hijos que hoy quedan en la orfandad. Esta circunstancia, que denota la existencia de un vínculo o relación conyugal de hecho, si bien no se encuadra en ninguna de las agravantes específicas del tipo penal de homicidio, y por tanto inaplicable en razón del principio de legalidad, sí constituye una de las agravantes generales o comunes de toda conducta delictiva, recogida en el numeral 10 del artículo 67 del Código Penal, circunstancia cuya aplicación no fue invocada por la acusación pública, y que de haberse hecho, hubiera permitido al Tribunal de alzada entrar en el examen de esta situación fáctica, que es importante en la búsqueda de una justicia con proyección de género; ante tal inactividad, no puede esta S. reconocer de oficio dicha agravante común, en razón del principio de la non reformatio in pejus,.

De otro lado, esta Superioridad estima necesario dejar plasmada, como lo ha hecho en casos similares, su preocupación por el desempeño de las autoridades de investigación en el ejercicio de la acción penal en casos de violencia contra la mujer. Sobre este punto, se requiere de un Ministerio Público que en la etapa de instrucción, acopie todo el material probatorio necesario para sustentar una solicitud de condena más enérgica, atendiendo a cada una de las particularidades del caso, de modo que se agoten las circunstancias que pudieran agravar la responsabilidad penal del imputado en un caso de feminicidio, como el que nos ocupa.

Tal proceder resulta exigible a las autoridades de investigación, a la luz de los compromisos que adquirió nuestro país a partir de 1995, al ratificar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la "Convención de Belem Do Para", que en su artículo 7, dispone que los Estados Partes deberán actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Tal responsabilidad fue desatendida por las autoridades competentes, desde el momento en que, tal como lo declaró una testigo del hecho (fs. 32 y 33), las autoridades de policía no respondieron oportunamente al llamado que le hizo la misma testigo, en el momento en que la víctima aún estaba con vida, cuando era objeto de maltrato en la vía pública, ya que en al menos dos ocasiones, el auto patrulla pasó de largo por el sitio donde estaba siendo agredida la hoy occisa.

La grave situación de violencia doméstica que se vive en la sociedad panameña, especialmente contra niños y niñas, mujeres y adultos mayores, y la cual ha sido denunciada recientemente por organizaciones de promoción de derechos de las mujeres, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe convocar a todos los operadores del sistema de administración de justicia, a efectos de lograr la efectiva protección de los derechos de estos sectores de la población panameña.

En fallo de 1 de diciembre de 2005, la Sala Penal tuvo oportunidad de referirse a la situación de violencia contra la mujer, destacando que estos actos "son muestras de un patrón de conducta proclive hacia la agresividad física, sexual o psicológica contra las mujeres, que no debe resultar extraño a los operadores judiciales dada la tendencia de esta forma de criminalidad en el mundo actual, donde se reconoce la vigencia de un enfoque de género, que visualiza la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación, mayoritariamente hacia las mujeres, todo lo cual ha germinado en la aprobación de Convenios Internacionales para erradicar estos actos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres (Cfr.Ley 12 de 20 de abril de 1995, por la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención De Belem Do Para")."

Por todo lo anterior, la Sala desestima la pretensión del apelante y en cuanto a este extremo, deberá confirmar lo resuelto por el A-quo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, el 4 de diciembre de 2006, a través de la cual se condenó a W.S. LUNA a la pena de doce (12) años de prisión y a igual periodo de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como responsable del delito de HOMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de Flavia Santos Vargas (q.e.p.d.).

N..

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

ROBERTO E. GONZÁLEZ R. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)