Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Febrero de 2007

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución14 de Febrero de 2007
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

El licenciado S.Q.M., actuando en su condición de Fiscal Primero de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, ha presentado ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación, en el fondo, contra la sentencia Nº7 de 26 de enero de 2006, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual, se revoca la decisión de primera instancia, dictada por el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, y en su lugar, se absuelve a V.A.S.M. de los cargos criminales que le fueron formulados, por la comisión de los delitos de violación carnal y robo, cometidos en perjuicio de Y.I.D.F..

El mecanismo extraordinario de impugnación, fue admitido por esta Corporación de Justicia mediante resolución judicial calendada 18 de julio de 2006.

Cumplidos los trámites procesales inherentes al traslado del recurso a la Procuraduría General de la Nación y realización del acto de audiencia oral, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el fondo de la pretensión procesal esbozada por el funcionario de instrucción, para lo cual se atienden las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas:

HISTORIA CONCISA DEL CASO

La encuesta penal inicia con la denuncia formulada por Y.I.D.F., el 16 de enero de 2004 en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial de Arraiján, en la que puso en conocimiento de la autoridad que en horas de la madrugada de ese mismo día, en las proximidades de calle 20, Barriada El Sol del Tecal, Distrito de Arraiján, fue sorprendida por un sujeto desconocido, que con el porte de un arma blanca, primero la despojó de todos los objetos de valor que portaba y luego la obligó a sostener relaciones sexuales.

En diligencia de ampliación de denuncia, D.F. indicó que en la sala de guardia de la Estación de Policía de Vacamonte, visualizó al sujeto que días antes la había asaltado y violado, resultando ser V.A.S.M..

Mediante diligencia sumarial calendada 21 de enero de 2004, la Personería Segunda Municipal del Distrito de Arraiján, ordenó la declaración indagatoria y detención preventiva de V.A.S.M..

Al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, S.M. negó su autoría en las conductas punibles endilgadas, alegando que el día en que ocurrieron los hechos se encontraba en el sector de San Miguelito, en compañía de su hermana L.S..

La etapa de instrucción sumarial culminó con la solicitud fiscal que se decretara apertura de causa criminal, contra S.M. por la presunta infracción de las normas contenidas en el Capítulo I, T.V., y Capítulo II, Título IV del Libro II del Código Penal.

La causa fue sustanciada por el Juzgado Primero de Circuito Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, autoridad judicial que ordenó llamamiento a juicio contra S.M., por la presunta comisión de los delitos de violación carnal y robo. Con posterioridad, dicta sentencia Nº267 de 9 de septiembre de 2005, mediante la cual, declara penalmente responsable al justiciable y le impone la pena principal de 93 meses de prisión, por ser autor de los delitos de violación carnal y robo agravado, cometidos en perjuicio de Y.I.D.F..

Contra esta medida jurisdiccional, la defensora de oficio de S.M., promovió recurso de apelación, remitiéndose el negocio al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que mediante sentencia Nº7 de 26 de enero de 2006, revocó la decisión apelada, y en su lugar, absolvió a S.M. de los cargos criminales. Esta última resolución judicial es la que se censura con el presente recurso de casación.

CAUSALES INVOCADAS

La iniciativa procesal promovida por el funcionario de instrucción, se apoya en dos causales de fondo, por lo que se procede a su referencia de manera separada.

PRIMERA CAUSAL

La primera causal invocada corresponde al "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influenciado en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la Ley sustantiva penal" (f.246), descrita en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

MOTIVOS

La causal aducida se sustenta en tres motivos.

El primer motivo, plantea que el Tribunal "Ad-Quem" valoró erróneamente la ampliación de la declaración indagatoria de V.A.S.M., puesto que "solo (sic) apreció que el mismo negaba los cargos...y alegaba haberse encontrado en lugar distinto para la fecha del ilícito", cuando "el sindicado nunca precisó la fecha de llegada y salida de la residencia en donde decía haberse encontrado...señaló no saber la fecha del deceso del marido de su hermana así como, por igual, desconocer la fecha del velorio" (f.246).

En el segundo motivo, se alega la errónea valoración del testimonio de L.M.S.M., ya que "ésta solo (sic) manifestó la fecha de llegada y retirada a su residencia de V.A.S.M....y que la misma solo (sic) indicó, de manera vaga, que su hermano nunca salió de la residencia y, generalizó, que éste solo (sic) se dedicó a jugar dominó y sin precisar otras actividades" (f.246).

En el tercer motivo, se cita la mala valoración del testimonio de la víctima Y.I.D.F., la descripción física del imputado y el informe médico visible de foja 78 a 79, toda vez que, "estos elementos probatorios sí existían concordancias en cuanto al color de piel (trigueña), vellosidad facial (abundante), estatura promedio (1.70 mts), edad aproximada (37 a 41 años), condición de la vista (hinchado o semi-cerrado) y pómulos (hinchados o con cicatriz) y con ello habría concluido que tales características guardaban fuerza y contundencia en la demostración de la identificación cierta del agresor" (f.247).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Se cita la infracción del artículo 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, ya que entre la declaración del imputado y la de su hermana L.M.S.M. "no había una corroboración seria y adecuada, por lo que carecían de fuerza para desvirtuar al señalamiento que sobre el imputado efectuaba la víctima" (f.248).

Se indica la infracción del artículo 918 del Código Judicial, en concepto de violación directa por comisión, pues "a pesar de tomar este precepto en cuenta, estimó que la sola imputación de la afectada YAZMINA ISABEL DOUGLAS FUENTES...no era avalada por ninguna otra prueba que ofreciera certeza jurídica de la incriminación de V.A.S.M.", cuando al "exponer la características de su agresor...coincidieron con la del indagado" (f.248).

Se invoca la infracción del artículo 2114 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, ya que "al valorar el testimonio de LUZ M.S.M....consideró que este (sic) era una prueba favorable al sindicado, sin embargo dejó de apreciar que la declarante encontrándose de reciente luto no estaba en la mejor disposición para verificar la ocupación, compañía y circunstancias de su hermano" (f.249).

Se aduce la infracción del artículo 983 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, pues se dejaron de apreciar "los indicios derivados de la declaración indagatoria de V.A.S.M....no determinó que el sindicado, al excepcionar haber estado en otro lugar sin especificar actividades, ocasiones y circunstancias, al no recordar la fecha del deceso de su cuñado ni la fecha respectiva del velorio, y que el testimonio de su hermana...al ser vago y general, no arrojaba claros elementos que pudiesen corroborar de manera específica tal excepción" (fs.249-250).

Por último, se cita la infracción de los artículos 185, 186 y 216 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, puesto que "de acuerdo a las reglas de la sana crítica V.A.S.M. fue la persona que utilizando un machete se apoderó de los bienes muebles de la ofendida" y que "fue la persona bajo (sic) intimidación y violencia tuvo acceso sexual con la ofendida" (fs.251-252).

SEGUNDA CAUSAL INVOCADA

La segunda causal invocada concierne al "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influenciado en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal" (f.252), establecida en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.

MOTIVOS

El primer motivo, plantea que el juzgador de segunda instancia no valoró el informe médico legal, visible a foja 7, el informe psicológico, visible a fojas 80 y 81 y el informe psiquiátrico visible a foja 96 y 97, mediante las cuales, se constató que la víctima "presentaba laceración en el labio inferior derecho, heridas en pierna izquierda, tercio distal proximal y tercio distal, cara interna y...que tales lesiones fueron causadas con objeto punzante, y que producto de tales hechos se creó afectación emocional de la ofendida" (f.252).

En el segundo motivo, se sostiene que no se apreció el historial penal y policivo del imputado S.M., "en el que se destaca que el mismo ha sido investigado y sancionado en varias oportunidades por los delitos de robo y así como por lesiones personales" (f.253).

En el tercer motivo, se indica que no se valoró la ampliación de denuncia de la víctima D.F. y la declaración jurada de G.M.M., "en las que se establece que la afectada al acudir tres días después del hecho a la Sala de Guardia de la Estación Policial...llegó a reconocer como su agresor a un sujeto que allí se encontraba" (fs.253-254).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Se cita la infracción del artículo 836 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, ya que no se valoraron "los documentos públicos identificados como informe médico legal...informe psicológico...e informe psiquiátrico...que daban cuenta del daño físico y emocional que la misma evidenciaba producto del hecho denunciado, y el historial penal y policivo de V.S." (fs.254-25).

Se señala la infracción del artículo 917 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, puesto que no se apreciaron "los documentos públicos identificados como informe médico legal...informe psicológico...e informe psiquiátrico" (f.255).

Se invocan las infracciones de los artículos 185, 186 y 216 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, toda vez que, las piezas de autos demuestran que el imputado S.M., utilizando violencia, se apoderó de las pertenencias de la víctima y la obligó a mantener relaciones sexuales (fs.257-258).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuradora General de la Nación, mediante vista Nº77 de 31 de julio de 2006, solicita casar la medida jurisdiccional impugnada, por considerar que el juzgador de segunda instancia debió atender la totalidad de la declaración ofrecida por el imputado; que las versiones del imputado como la de su hermana, "no arrojan verosimilitud, se presentan sospechosas, pretenden esconder la ausencia de la ilicitud y por consiguiente eludir la responsabilidad delictiva"; que "en un alto porcentaje la descripción brindada concuerda con las características del ofensor"; que "Los daños a la anatomía de la ofendida que se externan en el informe médico legal...son producto del objeto punzante, aunado al forcejeo propio del la (sic) víctima de violación carnal. También las secuelas traumáticas dentro de su siquis y el consecuente detrimento sicológico, siempre deben ser analizados dentro del estudio del delito sexual" y que "Si el juzgador hubiera valorado a la luz de la sana crítica estos documentos, su convicción de la presente encuesta sería opuesta, ya que el daño físico y emocional, son propios de estas figuras delictivas, sancionados por el juzgador de primera instancia" (fs.276, 277, 278 y 288).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El primer cargo de infracción legal, que le atribuye el F. recurrente a la sentencia de segunda instancia, corresponde al error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva penal. Esta causal de fondo, según lo tiene establecido la doctrina jurisprudencial, se configura cuando el Tribunal de segunda instancia acepta un medio probatorio al que la ley no le atribuye tal idoneidad, o bien cuando le asigna a una pieza de convicción una fuerza probatoria que la ley no le otorga, o cuando en sentido inverso, niega al medio probatorio el valor jurídico que la ley le atribuye (Cfr. Registro Judicial de enero de 1995, pág.234).

El funcionario de instrucción identifica la errónea valoración de las siguientes piezas de convicción: 1. la declaración indagatoria del imputado S.M., 2. la declaración jurada de L.M.S.M., 3. el testimonio de la víctima D.F., 4. la descripción física del imputado consultable en su declaración indagatoria, y 5. el informe médico, visible a fojas 78 y 79 de las sumarias.

El actor sostiene que la adecuada valoración de los elementos probatorios supracitados, certifica: 1. que el procesado S.M., no consiguió demostrar que se encontraba en un lugar distinto al de los sucesos; 2. que la declaración de L.M.S.M., no es coincidente con el relato que ofreció el imputado; y 3. que la descripción que brindó la víctima de su agresor, corresponde a las características físicas del procesado.

Para resolver lo que en derecho corresponde, la Sala debe, en primer término, determinar si el Tribunal Superior valoró tales las piezas de convicción; en segundo lugar, analizar si su ponderación resulta acorde con las reglas de la sana crítica y; por último, acreditar, de existir un vicio probatorio, que el error sea de trascendencia, de modo que permita variar lo dispositivo de la resolución judicial impugnada.

A tales efectos, consta que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, efectivamente, ponderó los elementos probatorios que el casacionista indica mal valorados. A propósito de estas piezas, el Tribunal "Ad-Quem" afirmó:

"Que dicho justiciable negó los cargos que se le formula

(sic), alegando que para la fecha del ilícito se encontraba en un lugar

distinto y distante al de los hechos...lo cual es corroborado con el testimonio

de su hermana...L.M.S.M., el cual es coincidente en las

circunstancias de modo, tiempo y lugar excepcionadas por el implicado.

Por otro lado, se ha podido constatar igualmente que la descripción del asaltante brindada por la ofendida al presentar la denuncia...no coincide con la indicada por el sindicado al rendir declaración indagatoria...y tampoco con la consignada en la evaluación médica legal realizada a ese señor..." (f.227).

Para determinar si la consideración transcrita, constituye el juicio de valor que sobreviene de la correcta valoración de los medios citados, esta Superioridad pasa enseguida a su análisis probatorio.

De esa manera, se consulta la declaración indagatoria de V.A.S.M., quien manifestó que el día de los hechos "me encontraban (sic) en San Miguelito acompañando a mi hermana L.S., ya que su esposo había muerto...fui acompañarla los 9 días del velorio y que me encontraba con el hermano del difunto con PAPO en el velorio" (f.61).

El indagado agregó que no recordaba la fecha en que ocurrió el deceso del esposo de su hermana, ni los días en que se desarrolló el novenario (f.61).

A juicio de la Sala, la versión que ofrece el imputado S.M. no reviste eficacia probatoria para establecer que estaba en un lugar distinto y distante, para la fecha en que ocurrieron los hechos punibles que se le endilgan. Nótese que S.M., afirma categóricamente que en horas de la madrugada del 16 de enero de 2004 (fecha en que se ejecutaron los ilícitos), se encontraba en la residencia de su hermana L.M.S.M., ubicada en San Miguelito, acompañándola durante las honras fúnebres y el período de nueve días dedicado a la memoria de su difunto cuñado; sin embargo, al ser cuestionado sobre la fecha en que ocurrió el deceso de su cuñado y los días de celebración del novenario, respondió que no recordaba la fecha. Entonces, cómo puede asegurar el imputado S.M., que para la fecha en que ocurrieron los delitos, estaba con su hermana, acompañándola durante las reuniones religiosas por la muerte de su cuñado, si no conocía ni la fecha en que falleció, ni los días en que inició y culminó el período del novenario.

Esta sola consideración, constituye motivo suficiente para no darle validez jurídica a la coartada que formula el imputado, de pretender ubicarse en un lugar distinto al de los acontecimientos, circunstancia que no fue anotada por el juzgador de segunda instancia, que se limitó a dar como buena la excusa del imputado. Por lo tanto, cabe el reproche probatorio que el F. recurrente le endilga a la valoración probatoria que se le dispensó a la declaración indagatoria de S.M..

El mismo reparo jurídico cabe hacerle al análisis probatorio que el Tribunal "Ad-Quem", le otorgó al testimonio de L.M.S.M., hermana del procesado. Y, es que el Tribunal Superior sostiene que la deponente corrobora las excepciones del imputado, lo que no se ajusta a la realidad procesal, veamos:

S.M., sostuvo que acompañó a su hermana "los 9 días del velorio" (f.61); sin embargo, L.M.S.M., señaló que su hermano "llegó a la casa el 12 de enero de 2004...con tres personas...y ellos se fueron el 19 de enero de (sic) las once de la mañana" (f.151). Es decir, según la deponente L.M.S.M., su hermano la acompañó ocho (8) días, lo que no coincide con lo manifestado por el imputado.

De otra parte, el procesado S.M. afirmó que "me encontraba...con PAPO en el velorio" (f.61), lo que no se compadece con lo que manifestó su hermana, en el sentido que llegó "con tres personas, uno de esos muchachos le dicen `PAPO´ se llama L.T., el otro J.C." (f.151).

Aunado a lo anterior, se advierte que la declaración de L.M.S.M., no representa, a la luz de la sana crítica, un testimonio con fuerza y eficiencia probatoria, pues la deponente asegura que su hermano no salió de la residencia en todos los días que estuvo allí, "porque se encontraba en mi casa jugando dominó" (f.151). Se trata de un argumento que atenta contra la razón y el sentido común, pues la deponente quiere dar a entender que su hermano, se dedicó a la práctica de un juego de mesa las 24 horas del día, mientras permaneció en su residencia. En realidad, de esta declaración no se desprende un solo argumento razonable y verosímil, que justifique la presencia del imputado en un lugar distinto al de los hechos.

Por comprobado que la declaración del imputado S.M., presenta contradicciones; que su relato no coincide o no es corroborado por el testimonio de su hermana L.M.S.M.; y que esta última no pudo acreditar que el imputado permaneció en su residencia, todo el tiempo que duraron las reuniones religiosas, todo ello, permite colegir que contra el procesado S.M., opera un indicio de mala justificación. La doctrina jurisprudencial tiene establecido que "si la coartada que presenta el procesado no encuentra amparo probatorio, su actuación acreditaría indicios de mala justificación en su contra, ya que, como afirma la doctrina, si da una explicación mala o contradictoria, refuerza el indicio permitiendo atribuir un sentido desfavorable al hecho sospechoso" (Registro Judicial de marzo de 1997, pág.258).

Las piezas de convicción, cuyo análisis probatorio resta determinar, corresponden al testimonio de la víctima D.F., la descripción física del imputado consultable en su declaración indagatoria, y el informe médico, visible a fojas 78 y 79 de las sumarias. Con relación a ellas, el Tribunal "Ad-Quem" precisó que la descripción que la ofendida ofreció de su agresor, no coincide con las características físicas del imputado S.M..

En la denuncia que la víctima Douglas Fuentes presentó ante la autoridad pública, señaló que el sujeto que la atacó es "de tez trigueña, estatura media, bigotes bien poblados, ojos bien pronunciados, los pómulos y la parte superior de los ojos estaban como inchados (sic), tenía aproximadamente 40 a 41 años de edad" (fs.4-5).

En la diligencia de declaración indagatoria, se describió al imputado S.M., así: "cuenta con 37 años de edad...de tez trigueña, cabello semi ondulado, cabello de color negro semi canoso, tiene barba abundante canosa, mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, pesa 150 libras aproximadamente...tiene el ojo del lado derecho semi cerrado y manifiesta que perdió la vista en este, tiene una cicatriz a la altura del pómulo izquierdo" (f.27).

El informe médico, visible a fojas 78 y 79 de las sumarias, describe a S.M., como un "Paciente masculino de unos 38 años de edad...Mide 170 cms...El ojo derecho tiene antecedente de lesión traumática...(ojo ligeramente hundido) cierre parcial bipalpebral, con respecto al ojo izquierdo".

La Sala considera que la descripción que ofreció la víctima sobre su agresor, sí concuerda, en varios aspectos, con las características físicas del imputado que se identificaron en las diligencias de declaración indagatoria y el examen médico legal. En ese sentido, coincidieron los datos relativos al color de piel (trigueña), a la edad aproximada del sujeto (según la víctima de 40 a 41 años y el imputado tiene 37); a su estatura (según la víctima de estatura media y el imputado mide 1.70 metros); a la vellosidad facial (según la víctima presentaba bigotes bien poblados y el imputado tiene barba abundante); y a los ojos y pómulos (según la víctima presentaban hinchazón y el imputado presenta deficiencias a nivel de uno de sus ojos y cicatriz en el pómulo izquierdo).

Llama la atención que el juzgador de segunda instancia se haya limitado a señalar que "la descripción del asaltante brindada por la ofendida al presentar la denuncia...no coincide con la indicada por el sindicado al rendir declaración indagatoria...y tampoco con la consignada en la evaluación médica legal realizada a ese señor..." (f.227), sin precisar cuáles eran las supuestas características físicas disímiles, que existían en una y otra prueba.

No se trata de exigir que entre los datos que brinda la víctima, sobre la constitución física de su agresor, y los rasgos distintivos del imputado, exista exactitud y precisión en cuanto a edad, estatura, contextura, atributos faciales y de piel , pues debe tenerse presente que debido a las peculiares condiciones del lugar donde se ejecuta el hecho, o por la manera en que se materializa el ilícito, a la víctima no le sea posible definir o puntualizar todas las facciones y características físicas del victimario. Lo que se requiere es que, en términos generales, exista un parecido o semejanza entre los datos físicos que aporta la persona ofendida y la real apariencia del agente, y ese extremo fáctico, como quedó expuesto en párrafos precedentes, se satisface en el presente caso, pues la ofendida, en su denuncia, aludió a datos de edad, estatura, y características faciales y de tez, que son muy parecidos al aspecto de S.M..

Como corolario de lo anterior, se advierte que en el expediente existe otra circunstancia fáctica, que certifica que S.M., es el sujeto que agredió sexualmente y en su patrimonio a D.F.. Y, es que la ofendida, después de identificar los rasgos físicos de su agresor, fue enfática al señalar que "si lo veo nuevamente lo puedo reconocer" (Resalta la Sala) (f.5), lo que, en efecto, aconteció, pues a sólo tres días de haber ocurrido el hecho, D.F. visualizó a S.M. en la Sala de Guardia de la Estación de Policía del sector de Vacamonte, y enseguida, indicó que se trataba de su agresor, lo cual confirmó el agente de la Fuerza Pública G.M.M. (fs.15-16).

Lo anterior demuestra, contrario a lo que arguyó el juzgador de segunda instancia, que no existen dudas sobre la identificación de S.M., por lo que también cabe reconocer el vicio de infracción probatorio que el F. recurrente formuló a este respecto.

En síntesis, del examen jurídico practicado hasta este momento, se desprende que la sentencia de segunda instancia incurrió en la errónea apreciación de la declaración indagatoria del imputado S.M., la declaración jurada de L.M.S.M., el testimonio de la víctima D.F., la descripción física del imputado consultable en su declaración indagatoria, y el informe médico, visible a fojas 78 y 79 de las sumarias, y que los yerros probatorios influyen en la parte resolutiva del fallo, pues la adecuada apreciación de tales elementos indica: 1. que el relato del imputado S.M. es contradictorio, 2. que el testimonio de L.M.S.M. no corrobora lo que declaró el imputado, 3. que contra el procesado pesa un indicio de mala justificación, 4. que los datos físicos que ofreció la víctima coinciden con la apariencia del imputado, y 5. que la ofendida reconoció plenamente a S.M., como la persona que la agredió sexualmente y en su patrimonio.

En consecuencia, se declara probado el cargo de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva penal; consideración procesal que releva a la Sala de pronunciarse sobre la procedencia de la segunda causal de fondo invocada por el activador judicial, de conformidad con el artículo 2446 del Código Judicial. Y, que con la segunda causal presentada, se pretende traer a la discusión, medularmente, la no valoración de los informes médico legal, psicológico y psiquiátrico practicados a la víctima y el historial penal y policivo del imputado S.M., con el propósito de establecer las lesiones físicas y la afectación emocional que presentaba la víctima, así como que S.M. no es ajeno a la comisión de conductas delictivas como las que ahora se le endilgan, todo lo cual se relaciona con el aspecto objetivo del delito, situación jurídica que no está sometida a controversia, en este momento procesal.

En ese sentido, se debe tener presente que el examen probatorio que desplegó el Tribunal "Ad-Quem", tuvo la finalidad exclusiva de establecer si la vinculación subjetiva de S.M., estaba o no plenamente demostrada en el proceso, no para comprobar la concurrencia o no de los delitos investigados. Una sencilla lectura de la resolución judicial impugnada, revela que el juzgador de segunda instancia, absolvió de los cargos a S.M., por considerar que no existían pruebas vinculantes, no porque las conductas delictivas atribuidas no se encontrasen adecuadamente acreditadas. Por ende, carece de trascendencia procesal incursionar en el examen probatorio de los elementos que acreditan los delitos, que son precisamente los que se aducen con la segunda causal invocada.

Ante la comprobación de la primera causal de fondo aducida, procede la Sala a invalidar el fallo impugnado y "dictar el que debe reemplazarlo conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2449 del Código Judicial.

Así las cosas, se resalta que V.A.S.M. es culpable de infringir el numeral 1 del artículo 186 del Código Penal, que describe el tipo delictivo de robo agravado, por utilización de armas, que establece una sanción que oscila de 5 a 7 años de prisión, y el artículo 216 de la misma excerta penal, que describe la conducta de violación carnal, que establece una sanción que oscila de 3 a 10 años de prisión, ambos en perjuicio de Y.I.D.F.. Dado que ha de juzgarse a S.M. por dos hechos punibles, que tienen una misma clase de sanción, se sigue la regla penal estatuida en el literal a) del artículo 64 del Código Penal.

Tomando en consideración los factores que contempla el artículo 56 del Código Penal, especialmente: 1. que al momento de ocurrir los hechos, el imputado contaba con 37 años de edad (f.27); 2. que el imputado realizó estudios hasta el cuarto grado de educación primaria (f.27); 3. que la víctima contaba con 28 años de edad, al momento de ocurrir los hechos (f.3); 4. que el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando la ofendida se dirigía hacia un centro de salud; 5. que el imputado S.M. presenta antecedentes penales en la comisión de delitos de robo, hurto, posesión de drogas y lesiones personales (fs.54-56); y 6. que el imputado, luego de ser detenido, se evadió de las celdas del Cuartel de la Policía Nacional de Chorrera (f.31); la Sala estima prudente fijar la pena base, por el delito más grave (violación carnal), en diez (10) años de prisión, y por el delito de robo, en seis (6) años de prisión.

De conformidad con el literal a) del artículo 64 del Código Penal, se escoge la pena por el delito más grave (10 años) y se aumenta en una tercera parte (1/3) de la sanción que le correspondió por el delito de robo, lo que representa un incremento de dos (2) años, resultando una pena base, para ambos delitos, de 12 años de prisión.

En cuanto a las circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, cabe aplicarle al imputado un aumento de una cuarta parte (1/4), en consideración de la concurrencia de la circunstancia que se refiere a la reincidencia, pues la consulta del prontuario penal de S.M., pone de relieve que el 7 de febrero de 2001, fue condenado por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, confirmada el 8 de mayo de 2001 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a la pena de 5 años de prisión, por la comisión del delito de lesiones personales agravadas, en perjuicio de A.F.M. (f.56).

En cuanto a los aspectos atenuantes de la pena, cabe reconocerle al imputado S.M. el beneficio de haberse acogido a las reglas del proceso abreviado, con lo cual se le reconoce una disminución de una sexta parte (1/6) de la pena base.

La operación aritmética correspondiente, arroja un resultado de una pena líquida a imponer de trece (13) años de prisión.

En cuanto a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, se considera conveniente fijarla en el término de cinco (5) años, computable luego de cumplida la pena principal.

Por las consideraciones que se dejan expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTES SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia Nº7 de 26 de enero de 2006, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y CONDENA a V.A.S.M. a la pena principal de trece (13) años de prisión, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años, luego de cumplida la sanción principal, por ser autor de los delitos de violación carnal y robo agravado, cometidos en perjuicio de Y.I.D.F..

Se ordena la inmediata detención de V.A.S.M..

La pena de prisión impuesta, deberá ser cumplida en el establecimiento penitenciario que disponga el Órgano Ejecutivo.

El imputado tiene derecho que se le compute, como parte de la pena impuesta, el tiempo que permaneció sometido a la medida cautelar personal de detención preventiva, para este caso particular.

Se ordena remitir copias debidamente certificadas de la presente resolución, a la Dirección General del Sistema Penitenciario, a la Policía Técnica Judicial, al Tribunal Electoral y a la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría general de la República, para los fines legales pertinentes.

N. y devuélvase.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

GRACIELA J. DIXON C. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

FATIMA Y. CEDEÑO G. (Secretaria Ad-hoc)

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