Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 19 de Marzo de 2004

Ponente:César Pereira Burgos
Fecha de Resolución:19 de Marzo de 2004
Emisor:Segunda de lo Penal
RESUMEN

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA SENTENCIA QUE CONDENA A MICHAEL ÁNGEL RUIZ GUTIÉRREZ, POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE REMIGIO SANJUR DUARTE

 

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante sentencia Nº47 de 18 de junio de 2003, condenó a M.Á.R.G., a la pena principal de 16 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años una vez cumplida la principal, por ser autor del delito de homicidio doloso agravado, cometido en detrimento de R.S.D..

Contra la citada medida jurisdiccional, el licenciado L.C.A.R., quien actúa en su condición de defensor de oficio de R.G., formalizó, en tiempo oportuno, recurso de apelación.

RECURSO DE APELACIÓN

En su escrito de sustentación del recurso de apelación, el defensor técnico plantea su disconformidad con la resolución impugnada, por considerar incorrecto el encuadramiento de la conducta de su defendido en el tipo penal de homicidio agravado, por motivo fútil. A juicio de la defensa oficiosa, el tribunal a-quo arribó a esta postura "Sin realizar un análisis detallado de las circunstancias y condiciones que rodearon este hecho...se trata del homicidio de un homosexual que prostituía a jóvenes adolescentes con miras a satisfacer sus apetencias sexuales desmedidas, lo que es indudablemente el motivo determinante...Existe además, una circunstancia más grave y no valorada que se observa en el expediente, mi patrocinado es una persona con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y que por considerar que este señor se lo había transmitido es por lo que lo mata, bajo los efectos de bebidas alcohólicas y de drogas" (fs.915-916).

El abogado recurrente también solicita que a R.G. le sea reconocida una rebaja de pena, de conformidad con el numeral 8 del artículo 66 de Código Penal, toda vez que se trata de un joven "que solo tenía 21 años de edad cuando se realizó este crimen y que se explotó su carencia de medios económicos para convertirlo en el amante de un homosexual" (f.915) y "porque su muerte está cada día más cerca como consecuencia de esta enfermedad" (f.916).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El escrito de apelación, fue corrido en traslado a la Fiscal Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, quien opinó que la sentencia censurada debe ser confirmada, pues "el procesado le causó un sufrimiento adicional a su víctima para producir su muerte", por lo que "no existe duda en que se trata de un horrendo homicidio de carácter agravado cometidos por medios de ejecución atroces" (f.924).

La funcionaria de instrucción señala que la justificación ofrecida por la defensa en el sentido de que el crimen se concretó porque la víctima había contagiado al victimario del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no tiene ningún apoyo pues el imputado "era sumamente promiscuo y sabía del contagio que había sufrido mucho antes de la ocurrencia de los hechos, lo cual no lo frenaba a seguir manteniendo un número plural de relaciones con personas de ambos sexos sin importarle la gran posibilidad de transmitir a los demás tan terrible mal" (f.926).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Por conocido lo medular de la censura planteada por la defensa técnica y cumplida la formalidad de ley de traslado al Ministerio Público, corresponde a esta Corporación de Justicia resolver el recurso de apelación propuesto, lo que hará de acuerdo a la regla procesal descrita en el artículo 2424 del Código judicial, es decir, sólo sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por el recurrente.

Con tal propósito, se advierte, como cuestión previa, que la presente causa penal guarda relación con el homicidio de R.S.D., cuyo cuerpo sin vida se encontró en horas de la noche del 27 de abril de 1999, en el departamento de su propiedad, ubicado en el Edificio F, calle 12, corregimiento de Río Abajo, provincia de Panamá, con evidentes señales de heridas por arma blanca, que con posterioridad se pudo conocer, le fueron infligidas por M.Á.R.G.. Las consideraciones médicas consignadas en el protocolo de necropsia evidencian que el occiso presentaba "traume severo al cuello por degüello, es decir, sección completa de vasos arteriales y venosos de ambos lados, arteria carótida y venas yugulares esto motivo a parte de la falta de aire, broncoaspiración hemática por objeto cortante" (f.232). Se estableció como causa de muerte: "A. CHOQUE HEMORRAGICO BRONCOASPIRACION HEMATICA (POR OBJETO CORTANTE)" (f.232).

Es importante tener en consideración que la culpabilidad de M.Á.R.G. fue declarada por un tribunal de jurados de conciencia, decisión consultable a foja 892 del expediente, por lo que no tiene ninguna cabida jurídica termas concernientes a la responsabilidad penal del imputado, ya que la decisión de jueces legos se caracteriza por ser autónoma, definitiva y no sujeta a censura.

El primer reclamo formulado por la defensa gira en torno a que el comportamiento homicida del sentenciado R.G. no fue realizado por motivo fútil, toda vez que existió un motivo determinante para que el imputado procediera delictivamente, cual fue el hecho de que la víctima lo había contagiado con el virus o síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

La Sala para resolver este reparo, empieza por resaltar que el fallo emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia no es preciso en cuanto a la circunstancia que agrava el proceder homicida del imputado R.G.. Esto, porque se aprecia que inicialmente el juzgador de instancia manifiesta que la conducta del procesado se encuadra en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, pues "le causo un sufrimiento adicional innecesario a su víctima para producir su muerte" (fs.900-901), lo que es indicativo que está razonando según los términos de la circunstancia relativa a medios de ejecución atroces; sin embargo, luego manifiesta sencillamente, sin ofrecer ninguna explicación, que se trata de "homicidio calificado por medio fútil" (f.901).

Sin duda, el a-quo incurre en un error manifiesto al desplegar su labor de determinar el encuadramiento penal de la conducta del imputado. De ahí el necesario llamado de atención de esta Sala, para evitar que en el futuro se repitan estas actuaciones que acarrean graves perjuicios en la correcta administración de justicia. Y, es que yerros de esta naturaleza producen inseguridad jurídica en la situación procesal del condenado, porque no le permiten conocer con exactitud la norma, motivos y circunstancias que se le atribuyen para sustentar la sanción penal que se le aplicó y que incluso pueden influir negativamente en una defensa eficiente, como ocurre en esta oportunidad, cuando por la inexactitud del tribunal de definir si estamos ante un homicidio por motivo fútil o por medios de ejecución atroces, el defensor de oficio en lugar de presentar sus argumentos para desacreditar la segunda circunstancia aludida, que es la que en realidad agravó el proceder de su defendido como veremos más delante, lo que hace es limitarse a censurar la sentencia sólo con relación a la primera circunstancia señalada.

Hay que tener presente que el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal describe dos circunstancias distintas que agravan el delito de homicidio. La primera corresponde al motivo fútil, que sobreviene cuando el homicida actúa por circunstancias baladíes, nímias, insignificantes, sin importancia, y la segunda concierne a medios de ejecución atroces, que concurre en el evento de que se acredite que se hizo sufrir cruel e innecesariamente a la víctima y que la muerte sobrevino mediante tales sufrimientos.

Por esa razón, el juzgador tiene la obligación de determinar, si acaso va a aplicar dicho numeral, en cuál de las dos circunstancias aludidas se subsume el comportamiento del imputado, seguido de los motivos que justifican o comprueban la concurrencia de uno u otro elemento de agravación.

En el presente negocio, vemos que la práctica judicial reseñada en el párrafo que precede no se cumplió a cabalidad. Ahora bien, una atenta lectura de la resolución impugnada, permite colegir que la sanción penal que el Segundo Tribunal Superior impuso a R.G. por la infracción del numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, sobrevino por la consideración de la circunstancia que se refiere a "medios de ejecución atroces", pues fue únicamente con la alusión de esta situación que se ofreció enseguida una explicación fáctica sobre su concurrencia, lo que no sucedió con el motivo fútil, el que sólo se trae al escenario jurídico por la simple referencia de su nombre, sin ningún apoyo de hecho. Esta comprobación constituye la razón principal para inferir que lo que debió censurar la defensa oficiosa, fue la circunstancia de medios de ejecución atroces, no la de motivo fútil. No obstante, como quiera que esa equivocación de la defensa fue inducida por la incorrecta labor jurisdiccional desplegada por el a-quo, esta S. estima prudente y de justicia, examinar la encuesta penal, a los efectos de determinar si en este caso se encuentra acreditada la circunstancia de medios de ejecución atroces.

En esa labor, esta Superioridad considera pertinente ampliar el concepto de de medios de ejecución atroces, a fin de contar con un soporte teórico suficiente para emitir un adecuado juicio de valor en la causa. De esa manera, se resalta que dicha circunstancia está constituida "por actos que revelen una crueldad extrema o ausencia total de sentimientos morales en el agente del delito. Tales actos podrían ser, por ejemplo, la mutilación o el destrozo innecesario del cadáver, o haber infligido graves torturas físicas y morales antes o durante la ejecución del homicidio. Es decir, que la agravante de medios atroces, además de los hechos físicos que puedan constituirla deben revelar en el delincuente una mayor insensibilidad moral" (Cfr. Registro Judicial de febrero de 2001, pág.219).

Asimismo, se consulta la posición de que el homicidio agravado por medio de ejecución atroces, es denominado en la doctrina "como sevicia o ensañamiento moral y físico, el mismo consiste en...`matar haciendo sufrir en forma intencional o innecesaria a la víctima; no sólo en propinar heridas, golpes innecesarios, ni producir excesivo dolor a la víctima, como tampoco en el solo hecho de ocasionar destrozos o mutilaciones en el cuerpo de la víctima, sino que además se necesita el obrar en forma deliberada, es decir, el querer producir sufrimientos crueles e innecesarios" (Cfr. Registro Judicial de mayo de 2003, pág.498).

Visto lo anterior, lo que sigue es la consideración de los medios de prueba incorporados en la encuesta penal, a afectos de determinar la concurrencia o no de los elementos y circunstancias constitutivos de la situación agravante analizada.

Así las cosas, se cuenta con la versión de los hechos que ofrece el sentenciado R.G., quien al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria manifestó, concretamente sobre la forma en qué ultimó al ahora finado, que "estaba un proco ebrio me acordé que yo tenía S.I,.D.A. por culpa de él...de ahí para allá me fui cerrando...yo agarre un cuchillo que estaba en la mesa y le comencé a tirar cuchilladas y cuando ví que el tipo calló (sic), yo pensaba que estaba vivo y lo amarré y le tape la boca con un trapo que estaba en la silla y lo amarré con una soga que estaba ahí en la casa también. Bueno yo lo agarré y lo dejé ahí mismo" (f.140).

Evidentemente que si sólo consideráramos el relato ofrecido por el imputado, resultaría claro determinar que en su proceder no existió un ánimo perverso de causarle sufrimientos innecesarios a la víctima, ya que depone que actuó impulsado por enojo, que las heridas las infligió precipitadamente en el cuerpo del occiso producto de su ira y que luego de ello lo ató porque asumió que aún estaba con vida.

No obstante lo anterior, a juicio de esta Sala la estimación minuciosa de la propia declaración que ofrece el procesado, al igual que la valoración de otras piezas de convicción idóneas, permiten arribar a un criterio distinto del resaltado en el párrafo que precede, pues acreditan que el imputado aumentó el dolor y sufrimiento de la víctima al momento de cometer la conducta homicida, no sólo por la existencia de diversas heridas y golpes en la anatomía del occiso y la extrema gravedad de una de ellas, sino por el hallazgo de ataduras y amordazamiento que son indicativas de que el occiso padeció tormentos y suplicios innecesarios antes de fallecer.

En primer lugar, la atenta lectura de la versión del imputado pone de manifiesto que no consigue ofrecer una explicación razonada y coherente, para explicar por qué el occiso se encontraba atado y amordazado. En su afán por pretender ocultar la saña con la que actuó, vemos que el imputado indicó que ató y amordazó a la víctima luego de infligirle las heridas por arma blanca, pues creyó que todavía estaba con vida. Sin embargo, esa excusa resulta poco creíble, pues carece de toda lógica inmovilizar a una persona que, por las heridas que recibió, ni representaba peligro para el victimario, ni podía interferir con su ánimo de apropiarse de ciertos objetos que estaban en el lugar de los hechos, ni estaba en la capacidad de solicitar auxilio. Ello, aunado al hecho de que la herida inferida al cuello de la víctima era necesariamente mortal, descarta la idea de que el ahora finado pudo haber dado muestras de vida, luego que fue atacado.

En el expediente también se consulta el protocolo de necropsia practicado a la víctima, que dejó constancia que el cuerpo presentó un "trauma severo al cuello por degüello...sección completa de vasos arteriales y venosos de ambos lados, arteria carótida y venas yugulares" (f.232).

De igual manera, obra diligencia de reconocimiento y levantamiento de un cadáver, reveló que además de la herida mortal, el occiso presentaba "en la parte posterior de la cabeza...herida excoriada área occipital...presenta en el costado izquierdo del tórax una herida de aproximadamente 4 cm. de largo, y debajo de la tetilla del mismo lado una herida de 1.0 cm. de largo aproximadamente, en ambas piernas en sus pantorrillas presenta lesiones" (f.6).

Finalmente, se considera el informe de investigación preliminar, que dejó constancia que "El cadáver se encontraba en la recámara principal decúbito dorsal con ambas piernas levantadas descansando sobre el sofá, ambas manos atadas al doso (sic) del cuerpo, la boca sujetada o amordazada con un pedazo de tela de algodón, ambos ojos completamente cerrados" (f.19).

El examen concatenado de los elementos probatorios citados, permite colegir, con adecuado juicio de valor, que la víctima no sólo recibió varias heridas por arma blanca y que una de ellas prácticamente le cercenó casi en forma completa el área del cuello, sino que además también fue golpeado, atado y amordazado, antes de que se le cegara la vida, situación que indica que existió por parte del imputado una actuación de causar un castigo cruel y tormentoso a la víctima. Las consideraciones médicas consignadas en el protocolo de necropsia confirman que "La mordaza y atadura de mano posterior hasta el tronco indica sometimiento y tortura" (f.230). Por consiguiente, resulta comprobado que el acto homicida realizado por el sentenciado R.G. fue ejecutado por medios de ejecución atroces.

El siguiente reparo que el abogado defensor formula en su escrito de apelación radica en la solicitud de que se le reconozca al procesado una rebaja de pena, de conformidad con el numeral 8 del artículo 66 de Código Penal. No obstante, l desestima de inmediato este reclamo, pues en innumerables precedentes judiciales esta Superioridad ha sostenido que el reconocimiento de la circunstancia contenida en el citado numeral 8 se encuentra adscrita a la libertad discrecional del juzgador.

Como quiera que no ha prosperado la censura propuesta por el defensor técnico, lo que procede en derecho es confirmar la resolución judicial venida en grado de apelación.

Por las consideraciones que anteceden, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia Nº47 de 18 de junio de 2003, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, venida en grado de apelación.

N. y D..

CÉSAR PEREIRA BURGOS

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- GRACIELA J. DIXON C.

MARIANO E. HERRERA (Secretario)