Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 26 de Abril de 2004

Ponente:Roberto González R.
Fecha de Resolución:26 de Abril de 2004
Emisor:Segunda de lo Penal
RESUMEN

SUMARIAS EN AVERIGUACION (ENRIQUE EDUARDO JACK SHIRLEY) SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL.

 

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia Nº 10 de 19 de junio de 2003, condenó a E.E.J.S., a cumplir la pena principal de tres (3) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como autor del delito de Homicidio Doloso Simple en grado de Tentativa, en perjuicio de A.E.P..

Tal decisión jurisdiccional fue apelada por el procesado E.E.J.S., así como por su Defensor de Oficio, Licenciado D.M., quien al ser notificado, sustentó el recurso de apelación.

FUNDAMENTO DEL APELANTE

El recurrente mediante el citado recurso de apelación solicita se revoque la sentencia impugnada y se absuelva de los cargos al señor E.E.J.S., toda vez que existe duda en cuanto a la vinculación de su patrocinado con el hecho punible, por lo que se fundamenta en el principio in dubio pro reo. Además, sostiene que existe una causa de exclusión de la culpabilidad conocida como error de prohibición o defensa putativa.

De igual manera, la defensa técnica solicita, que en caso que la Sala de lo Penal no comparta los puntos señalados, sea reemplazada la pena impuesta por una represión pública o privada, o conversión a días multa, de conformidad con lo establecido en los artículos 2395 del Código Judicial y 82 del Código Penal, debido a que su patrocinado no posee antecedentes penales, fue la primera persona que puso los hechos en conocimiento de las autoridades y además fue un miembro ejemplar de la Fuerza Pública, lo cual le ha valido gozar de una muy merecida jubilación.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público, estuvo a cargo de la Fiscal Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licenciada C.D.C.G., la cual presentó contestación de traslado visible de fojas 292 a 303.

Sostiene la H.F., que en ningún momento el señor E.E.J.S., se presentó voluntariamente a las autoridades sino que fue aprehendido en el lugar de los hechos.

Por otro lado sostiene, que el imputado J.S. efectuó dos detonaciones, ninguna de prevención, que por su dirección, ubicación y gravedad, revelan sin dudas, la intención de causar la muerte al ofendido, hecho que considera fueron realizados bajo circunstancias de superioridad en detrimento del afectado, quien se encontraba desarmado.

Finalmente, indica que en el presente caso no se configura la defensa putativa o el error alegado por la defensa técnica, puesto que el procesado no hizo disparos al aire, además no fueron accidentales los mismos y muy por el contrario se dieron porque el imputado saco el arma de fuego y el ofendido en defensa de su vida trató de evitar un mal mayor.

Por estas razones, recomienda se confirme la sentencia impugnada, en la cual se estableció la pena de tres años de prisión a E.E.J.S..

CUADRO FÁCTICO

El 3 de octubre de 1996, en horas de la noche, en la Terminal de buses de Colón-Panamá, ubicada en calle 13, provincia de C., resultó herido con arma de fuego el señor A.E.P.A., y según el informe médico forense se le encontró herida de ingreso de proyectil en cuadrante inferior interno y cuadro de shock hipovolémico, herida que colocó su vida en peligro (f. 14)

De este hecho de sangre resultó vinculado el señor E.J., dado que fue la persona que llevaba consigo el arma de fuego con la cual hirió al señor A.E.P.A..

ANÁLISIS DE LA SALA

Al entrar a analizar el recurso de apelación instaurado, la Sala procederá a examinar los puntos a que se ha referido el apelante en su libelo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2424 del Código Judicial. Veamos.

En primer lugar, tenemos que, el recurrente, centra su inconformidad contra la sentencia del Tribunal Ad quo porque la misma sin mayores elementos probatorios y análisis concluye responsabilizando a J.S. de la comisión del hecho punible, sin estar debidamente motivada y justificada la sentencia, además, los elementos probatorios que se utilizaron para acreditar el dolo o la supuesta intención de tratar de quitarle la vida al ofendido resultaron insuficientes.

En ese sentido, señala el recurrente, que es censurable que sea acreditada la participación del señor E.J., a través de las declaraciones rendidas por Z.S., L.E.V., REYNALDO JAÉN y ANA SANTAMARÍA, cuando es sabido que la participación responde a la intervención de dos o más personas en la comisión de un ilícito.

Ahora bien, al confrontar la sentencia apelada puede apreciarse que en efecto le asiste parcialmente la razón al recurrente, ya que el Tribunal Ad quo incurrió en error en responsabilizar al procesado en calidad de partícipe de la realización del hecho punible, ya que desde que se le abre causa criminal su conducta se configura como la de autor.

De otra parte, el recurrente señala, que la señora Z.S. no puede ser considerada testigo válido para acreditar la actuación de E.J., toda vez que no es testigo presencial de los hechos, sino testigo de oídas y que conforme al artículo 920 del Código Judicial no hace fe el testigo que declare sobre un hecho oído a otros.

En dicho artículo se expone lo siguiente:

"No tiene fuerza la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a otros, sino cuando recae la declaración sobre hecho muy antiguo o cuando se trata de probar la fama pública."

En este sentido, la Corte ha señalado, que: "el testimonio de referencia o de oídas carece de fuerza probatoria para modificar una decisión sobre responsabilidad penal." Añade que "la doctrina jurisprudencial clasifica los testimonios referenciales como pruebas originales." (Fallo de 10 de marzo de 1997. Registro Judicial, Marzo, 1997, página 293.)

Ahora bien, al confrontar el testimonio de la señora Z.S. consultable a foja 9, evidentemente la misma es un testigo de oídas ya que explica como se realizaron los hechos según versiones que le expusieron personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

Así tenemos que, la señora Z.S. mediante denuncia expresó que "... de acuerdo a las versiones de personas que se encontraban en el lugar de los hechos JACK le pegó primero a mi señor y luego mi señor le respondió por lo que J., cayó en el piso y cuando se estaba levantando sacó su arma de fuego (revólver) e hizo varios disparos y el último de los disparos fue que cogió a mi señor a quemaropa a la altura de la cintura al lado izquierdo..."

En tal sentido, la Sala observa, que le asiste la razón al recurrente dado que el testimonio de Z.S., carece de valor probatorio por cuanto que al denunciar el hecho hizo referencia de lo ocurrido por versiones de personas que, según ella, estaban presentes en el lugar de los hechos. En consecuencia, el tribunal de la causa incurrió en error al incluir la denuncia de Z.S. como medio probatorio para acreditar la responsabilidad del imputado, por cuanto no estuvo presente en el lugar en donde ocurrieron los hechos.

Por otro lado, destaca el recurrente que de las declaraciones de L.E.V. y REYNALDO JAÉN, surgen divergencias y contradicciones, al igual que no dan fe de lo ocurrido. Y, de conformidad con contenido del artículo 921 del Código Judicial, estos testimonios no tienen valor probatorio para determinar que la reacción del señor E.J. fue intencional.

Vale advertir, que la norma citada (art. 921 C.J.) establece que:

"No hará fe el dicho del testigo que se contradiga notablemente en una o más declaraciones; en cuanto al modo, lugar, tiempo y demás circunstancias del hecho o que declare sobre hecho inverosímil. Tampoco tendrá valor alguno la declaración del testigo que declara por cohecho o seducción."

Ahora bien, las declaraciones de L.E.V. y REYNALDO JAÉN, se observa que fueron testigos presenciales de lo ocurrido el día de los hechos.

En ese sentido, al evaluar la declaración del señor L.E.V., consultable a foja 13, se observa que explica el modo, lugar, tiempo y demás circunstancia del hecho. Señala, que "...lo que vi fue que el señor PARKER, estaba silbado a las dos hijas del Policía que estaban con él, al rato el Policía dejó a sus dos hijas en la Panadería PEPE, luego él Policía JACK, regresó donde el señor que se apellida PARKER. Le dijo ese es mi hija, el señor P. contestó, no tiene nada de malo, se formó una discusión entre ellos, y el Policía Jack, le metió un garnatón al señor P., luego el señor P. se enfrentó a pelear, y después el Policía JACK, sacó un arma, y disparó una bala al piso, después el señor P., se enfrentó de nuevo, y le dijo VEN A MATARME, MATAME, PARKER, agarró la mano del Policía JACK, y empezaron a luchar, bajando hacia el piso, y luego se oyó un tiro, y después el mismo Policía Jack, disparo en el costado..." También señala que estaba en la Terminal vendiendo periódico (La Prensa) con tres personas, aproximadamente a las 7:30 P.M. del día 3 de octubre de 1996, cuando pudo presenciar el incidente.

Por otro lado, al examinar el testimonio de REYNALDO JAÉN, visible de foja 54 a 56, tenemos que señala el modo, lugar, tiempo y demás circunstancia del hecho. En cuanto al modo señala que "ese día yo vi que ambos peleaban a los puños, luego vi que el señor Policía...E.J., sacó un arma de fuego (revolver) de la cintura del costado izquierdo similar al de calibre 38, de cañón largo, de color negra, en el cual accionó el arma realizando un tiro al aire, pero aún seguía peleando con el vendedor de saus a los puños pero sujetando con la mano derecha el revolver, en eso el vendedor de saus el señor A.P., le dio al policía JACK un puñetazo en el abdomen el cual creo que le sacó el aire, y allí fue cuando el policía JACK detonó por segunda vez el revolver, hiriendo al vendedor de saus a la altura de la cintura, cayendo éste al suelo, pero en eso al policía JACK, por el nervio se le cayó el revolver al piso..." En cuanto al lugar y tiempo señala que "...ese día me encontraba en la Terminal de buses, ubicado en calle 13 y 14 avenida Bolivar, la cual me encontraba en la sección de buses de la ruta de San Judas, desde las siete de la noche a siete y cuarenta y cinco minutos de la noche (7:00 p.m. a 7:45 p.m.) y me encontraba sólo ese día y en ese instante..."

De los testimonios de LUIS EDUARDO VALLEJOS y REYNALDO JAÉN, queda evidenciado que ambos coinciden en señalar que el señor E.J. sostuvo una pelea a los puños con el señor A.P., y en medio del combate el señor E.J. sacó un arma de fuego en un lugar concurrido, como lo es una terminal o piquera de buses, hace una detonación que no impacta a nadie, pero provoca una lucha o forcejeo entre el señor A.P. y E.J., del cual resultó herido por proyectil de arma de fuego A.P..

En consecuencia, queda desvirtuada la tesis del recurrente en cuanto a que los testimonios de L.E.V. y REYNALDO JAÉN, no generan convicción de culpabilidad ya que se contradicen notablemente. Obsérvese que, estos testigos coinciden mayormente en el modo, lugar y tiempo en que se dieron los hechos, contrario a la notable contradición que argumenta el apelante. Además, la culpabilidad del señor E.J., se verifica desde que consciente de su voluntad actúo en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Esto se infiere de la lógica ya que al momento de los hechos era miembro de la Fuerza Pública, pero cuando ocurrieron lo hechos no se encontraba de servicio como consta a foja 83. Además, tenía conocimiento de que el arma de fuego que llevaba consigo no contaba con el permiso correspondiente y decidió sacarla y hacer una detonación colocando en peligro posiblemente la vida de los transeúntes.

Además, adicional a las pruebas testimoniales presentadas constan las experticias médico legales que certifican el lugar donde ingresó el proyectil de arma de fuego a la anatomía del señor A.P.. De ahí que, según informe médico legal se encontró perforaciones de intestino delgado y laceración de arteria ilíaca izquierda (f. 14). También puede apreciarse a través de fotografías que reposan de foja 41 a 43, el área próximo en donde ingresa el proyectil de arma de fuego al cuerpo del señor A.P.. A través de estas pruebas se demuestra que en medio de la pelea el señor A.P., intentó desarmar al señor E.J., y es ahí cuando realiza la segunda detonación sobre el abdomen de la víctima.

Por estas razones, es improcedente aplicar el principio in dubio pro reo y mucho menos la excluyente de culpabilidad ya que el agente no actúo por error de prohibición o defensa putativa como pretende hacer ver la defensa técnica. No obstante, vale advertir que, nuestro ordenamiento jurídico-penal define con claridad en su artículo 31 que: "Obra con dolo quien quiere la realización del hecho legalmente descrito, así como quien lo acepta, previéndolo por lo menos posible."

En segundo lugar, el recurrente solicita, que la pena impuesta a E.J., sea reemplazada por una represión pública o privada, o conversión a días multas, de conformidad con los artículos 2395 del Código Judicial y 82 del Código Penal, teniendo en cuenta que el señor E.J. no tiene antecedentes penales según consta a foja 90 y 138; desde el primer momento puso el hecho en conocimiento de las autoridades (fs. 1-2); y fue un miembro ejemplar.

Al analizar esta petición, la Sala advierte que, es improcedente suspender condicionalmente la ejecución de la pena de 3 años de prisión impuesta a E.J., ya que para que se configure este beneficio la pena impuesta al imputado no debe exceder de los 2 años de prisión. Esta disposición se encuentra inmersa en el Código Penal en su artículo 77 que señala en su primer párrafo lo siguiente:

77. Se confiere a los Tribunales la facultad de suspender condicionalmente de oficio o a petición de parte, la ejecución de la pena cuya duración no exceda de 2 años de prisión.

En cuanto a la solicitud de reemplazo de la pena de prisión impuesta a E.J., debemos destacar que, el artículo 2395 del Código Judicial establece que:

"El juez del conocimiento, al dictar la sentencia definitiva, podrá reemplazar la pena de prisión no mayor de tres años cuando no se encuentren reunidas las condiciones que le permitan suspender condicionalmente la ejecución de la pena, siempre que se trate de delincuente primario. En estos casos podrá decretar, según proceda en derecho, cualquiera de las medidas previstas en los ordinales 1 y 2 del artículo 82 del Código Penal."

De la citada norma (art. 2395 C.J) en concordancia con el artículo 82, ordinal 1 del Código Penal, consideramos que E.J., puede recibir el beneficio del reemplazo de pena de prisión por conversión a días multa, ya que la pena a él impuesta es de 3 años de prisión, al igual que no reúne los requisitos para suspender la ejecución de la pena a él impuesta, y se trata de delincuente primario.

En ese sentido, esta S. observa que se han configurado los presupuestos que establece el artículo 2395 del Código Judicial, para reemplazar la pena de prisión impuesta a E.J., por la pena de días multas.

Como quiera que el procesado devenga un sueldo de B/.494.40 y dependen de él 4 personas, es decir, 2 hijas menores de edad, su cónyuge y madre como bien señala a foja 120, se procede a reemplazar la pena de 3 años de prisión, por la pena de días-multa. En consecuencia, se impone a ENRIQUE JACK la pena de 365 días multa a razón de B/. 3.00 por cada día multa. Para tales efectos, el sancionado está obligado a pagar al Erario Público la suma de B/. 1.095 en un plazo no mayor de 3 meses. Vale advertir que, la falta de pago produciría su conversión en Días Multa a razón de un día de prisión por dos días de multa, sin perjuicio de la facultad del Estado de hacerla efectiva en los bienes de aquél o de su fiador (art. 51 C.P.)

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia Nº 10 de 19 de junio de 2003, y en consecuencia CONDENA a E.E.J.S., de generales conocidas en autos, a la pena de 365 días multa a razón de B/. 3.00 por cada día multa, consistente en la obligación de pagar al Estado la suma de B/. 1.095 en un plazo no mayor de 3 meses y cuyo incumplimiento produciría su conversión en Días multa a razón de un día de prisión por dos días de multa, sin perjuicio de la facultad del Estado de hacerla efectiva en los bienes de aquel o de su fiador, y confirma en lo demás.

N..

ROBERTO GONZÁLEZ R.

CÉSAR PEREIRA BURGOS -- GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ

MARIANO HERRERA (Secretario)